Separame a estos siete

Rodrigo Abelenda

Brecha, Montevideo, 20-19-2013

El pedido de procesamiento de Zabalza, Leites y otros militantes de izquierda que concurrieron a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a protestar por el traslado de la jueza Mariana Mota parece disparar una alarma sobre incipientes procesos de criminalización de la protesta social.

Al poco tiempo de que la jueza Gabriela Merialdo iniciara una investigación penal por la manifestación en la sede de la SCJ para oponerse al traslado de la jueza Mariana Mota, un fotorreportero que concurrió a la concentración fue interceptado en plena calle y conducido hasta el Departamento de Operaciones Especiales (DOE), en procedimientos atípicos.

A otro colega suyo, la DOE lo citó por teléfono. Poco después se supo que allí también habían sido interrogadas algunas de las personas que denunciaron en 2011 más de 120 casos de torturas durante la última dictadura (algunos de estos casos están a cargo de Merialdo).
Luego vinieron las polémicas infiltraciones a las marchas en las que participó la Plenaria Memoria y Justicia. Y ahora un pedido del fiscal Gustavo Zubía para que Merialdo procese a siete de los manifestantes que concurrieron al Palacio Piria, sede de la SCJ.

Al pasar raya, el resultado es una “atmósfera, una escalada de represión contra la manifestación social, en donde un fiscal se siente con las manos libres para ensañarse” y elegir siete individuos de entre 300 personas para procesar, evaluó el ex tupamaro Jorge Zabalza, quien junto a Irma Leites, Álvaro Jaume y la profesora Patricia Borda pueden ir a prisión por “atentado especialmente agravado”.

Los cuatro, según Zubía, actuaron el día de la manifestación en calidad de “instigadores” porque sus acciones fueron “tendientes a cuestionar o impedir lisa y llanamente el acto” de traslado, según se desprende del escrito presentado por el fiscal.
El delito consiste en impedirle al funcionario público asumir la función o tomar posesión del cargo, según el Código Penal.
Para el fiscal lo ocurrido en el Palacio Piria encuadra en ese delito porque la ceremonia de traspaso de cargo se pospuso tres horas. Zubía también pidió el procesamiento sin prisión del dirigente de ADEOM Aníbal Varela y de Eduardo y Diego Jaume. Ellos, según el fiscal, actuaron a partir del “impulso multitudinario”.

Ayer todos los indagados realizaron sus descargos ante la jueza Merialdo, quien estudiará los alegatos para tomar una resolución en un plazo de 45 días. Zubía no se hizo presente en la indagatoria.
La defensa de los indagados presentó queja ante la jueza, porque no pudo tener acceso al expediente mientras Zubía lo sustanciaba. Fueron avisados de la solicitud de procesamiento el martes.
Los indagados fueron acompañados por militantes de Crysol, Plenaria Memoria y Justicia, ADES Montevideo, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, y COFE.

Un móvil de la Policía quiso ingresar dentro del perímetro vallado alrededor del juzgado, pasando entre la multitud, lo que provocó algunos forcejeos. Todo bajo la atenta mirada de las cámaras de la Policía que registraban a los presentes.

Por el clima creado, según el abogado Juan Fagúndez, el pedido de Zubía se trata de una “causa política y no judicial.

El que la haga una causa judicial es un mentiroso y un tramposo. Es una causa política instaurada en el derecho penal”.
Por eso, la defensa que ensayaron los indagados ayer jueves, fue un “alegato político”. Para Fagúndez la acusación de Zubía tiene “intencionalidad política”, por lo que se evalúa acusar de delito al fiscal.

En caso de que la jueza acceda al pedido de procesamiento, el fallo será apelado, y de no resultar favorable esa instancia, se irá a una corte internacional.

El relevamiento de prueba, sostiene Fagúndez, revela esa discreción política: los videos fueron editados, los ministros de la SCJ declararon por informes (con lo cual no se pudo rebatir el argumento), y no se tomó en cuenta la declaración de algunos de los indagados, que en “la cara del fiscal dijeron que estaban en paz hasta que entró la Policía”.

Los fotógrafos de prensa Santiago Mazzarovich e Iván Franco, que fueron conducidos al DOE, y el dirigente del gremio de judiciales, Gustavo Signorelle, no fueron incluidos en el pedido de Zubía, lo que revela intencionalidad política en la selección, dejando afuera a la prensa y al Poder Judicial, evaluó el abogado.

La declaración del vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, la de los ministros de la SCJ (promotores de la causa) y los “numerosos videos que se separaron con respecto a los indagados” para Zubía son las pruebas fundamentales, según su escrito.
Oxandabarat, cuyo testimonio merece “especial referencia” para el fiscal, declaró que algunos de los manifestantes “estaban en la posición extrema de que no sólo no iban a abandonar el lugar, sino que iban a impedir el juramento”.

La declaración de los ministros, “que durante tres horas soportaron los gritos e insultos de los manifestantes”, de acuerdo al fiscal, da cuenta de los “hechos anómalos y violentos” que impidieron el desarrollo de la ceremonia.
También toma como prueba las declaraciones de policías que refrendan “el sentido distorsivo” de las conductas. Algunos de los videos tomados en cuenta por Zubía son declaraciones ante la prensa, que –según él–denotan “intenciones impidentes” del acto.

Sobre los indagados, el fiscal sostiene que –mediante sus testimonios– buscaron “ostensiblemente” aminorar su responsabilidad. Destaca, sin embargo, que las declaraciones de Mazzarovich “establecen la existencia de insultos y un clima de tensión permanente que no era apto para realizar la ceremonia”.
Además señala que las acciones de algunos concurrentes no son “aisladas”, sino que están en un “entronque conceptual de largo aliento”, y sus “métodos operativos” responden a “mecánicas probadas” en procura de determinados objetivos.

También hace referencia al “destacable criterio de la sede penal” de ubicar e identificar a “figuras claves de lo sucedido” mediante tareas “administrativas” (léase la intervención del DOE), algo que no se hizo en la manifestación en “atención a lo variado de las personas” que concurrieron al Palacio Piria.

En este tipo de eventos, “separar la paja del trigo” es tarea del “operador”, dice Zubía.

Varias denuncias sobre criminalización de la protesta social están en la órbita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). En ese sentido, en abril de este año la CIDH expresó preocupación por “el hostigamiento contra los defensores y defensoras de derechos humanos, así como actos de violencia en manifestaciones de protesta social, y la criminalización de las actividades de defensa de los derechos humanos” en Perú y Ecuador.

fiscal

Zubía ingresó al Ministerio Público en 1981, aún en dictadura. Es hijo del general Eduardo Zubía, considerado como uno de los ideólogos de los sucesos de febrero y junio de 1973, a quien Zabalza denunció por torturas en la Región Militar número 1.
Ello, sin embargo, no le generó ningún reparo ético al fiscal para solicitar el procesamiento de Zabalza.
La causa por la manifestación en el Palacio Piria junta al hijo del denunciado con el denunciante, aunque –paradójicamente en un gobierno de izquierda– quien es sometido con celeridad a la justicia es el ex guerrillero.

A %d blogueros les gusta esto: