La diaria – 11 – 11 – 13 – Por Marcelo Jelen
En un solo día, el lunes 4, los derechos humanos bajaron en Uruguay unos cuantos escalones. Por la tarde, la Justicia aplicó una lectura perversa del Código Penal para procesar, a instancias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a siete opositores por participar en una protesta. Esa misma noche, tres balas policiales, dos de ellas por la espalda, se cobraron la vida de Sergio Lemos, de 19 años, mientras paseaba en moto por el barrio montevideano de Santa Catalina.
Ambas noticias echaron nueva luz sobre errores en la defensa estatal de los derechos humanos. El lunes pasado, en cuestión de horas y por distintos motivos, fueron la Policía y la Justicia las instituciones que tropezaron, confirmando una prolongada tendencia a la degradación.
Esta azarosa simultaneidad ilustra cómo afianzar las impunidades del pasado e incita a quienes aspiran a la impunidad en el presente. La falta en el Estado de una política de derechos humanos firme, clara, coherente y homogénea abre fallas por las que se cuelan la intimidación y las provocaciones de funcionarios armados contra civiles desarmados y la criminalización de la protesta, la pobreza y la juventud, entre otros problemones.
La actitud de la SCJ hace peligrar la condena del puñado de militares y civiles presos por crímenes de la dictadura y otras causas que se remontan a esa época, las cuales avanzan cuesta arriba y siempre al borde del risco. A pesar de las nuevas leyes relativas a la “nueva agenda de derechos”, este país está lejos de ser el paraíso de las libertades, y el lunes bajó unos escalones hacia el infierno.
La inteligencia policial se infiltra en manifestaciones. En barrios empobrecidos son frecuentes las razias. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, advirtió hace dos años que existen en la Policía nichos de corrupción que conspiran contra la reforma de la fuerza. Pero él mismo suele apresurarse a darles la razón a sus subordinados que manchan el uniforme reprimiendo festejos deportivos, protestas y motines carcelarios, mostrando desidia en el incendio de la cárcel de Rocha o abusando y asesinando en Santa Catalina, por ejemplo. A veces termina retractándose, como en el caso Lemos.
Esas demostraciones de fuerza denominadas “megaoperativos” tienen resultados muy magros: muchos arrestos, pocos procesamientos. Pero inspiran a la sociedad a identificar al pobre y al distinto con el enemigo en esta deshumanizada guerra televisada contra el crimen: 49,83% de los encuestados para un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales creen que la Policía debería actuar al margen de la ley contra la delincuencia. Instituciones de derechos humanos tan prudentes como Serpaj y Ielsur dieron cuenta la semana pasada de una “escalada represiva” y del “aumento de la gradación de la violencia estatal en procedimientos policiales”.
Mientras, el Poder Judicial aprovecha las contradicciones del Poder Ejecutivo para reafirmar la impunidad de los crímenes de la dictadura, contrariando el derecho internacional. “¿Está la Corte Suprema uruguaya a la altura de la misión de custodiar el templo de la democracia? Con todo respeto, mi respuesta es que no”, alertó en mayo en París el ex juez supremo francés y ex alto funcionario de la Organización de las Naciones Unidas Louis Joinet.
La SCJ declaró inconstitucional la Ley 18.831, con la que el Parlamento pretendió en 2011 desactivar la Ley de Caducidad, y trasladó del fuero penal al civil a la jueza Mariana Mota cuando analizaba 55 causas sobre de crímenes de la dictadura. La SCJ tuerce la verdad al argumentar que la motivaron “razones de mejor servicio”, porque lo empeoró. Retrasó esos procesos. Además, el “traslado a un cargo no conceptuado como ascenso” es una sanción, según la Ley Orgánica de la Judicatura.
La mitad de las 300 personas que el 15 de febrero criticaban el traslado de Mota frente al Palacio Piria ingresaron en el edificio y fueron expulsadas de allí luego de tres horas de un torpe operativo acordado entre la SCJ y la Policía de Montevideo. La cúpula judicial derivó de inmediato los incidentes a la jueza Gabriela Merialdo.
La magistrada calificó de “asonada” el ingreso espontáneo de manifestantes y los forcejeos que, sin lesiones ni daños, siguieron a la ejecución policial de una supuesta “orden judicial” de desalojo (golpes, codazos y patadas leves, cánticos, aplausos, agresiones verbales y una bofetada aislada a un agente). De los 150 “asonadores”, fueron procesados sólo siete porque hablaban con la prensa y parecían liderar a otros, según declaraciones policiales. Los acusados coinciden en cierta exposición pública, su militancia contra la impunidad y su pertenencia a una izquierda crítica hacia el gobierno. ¿Llegará el día en que la Justicia uruguaya vuelva a penar con cárcel el ejercicio de la libertad de expresión? ¿Cuánto falta?
Los supremos “temieron por su seguridad” y se sintieron “secuestrados” y “privados de su libertad”, según testimoniaron. Ni se percataron de que patrocinaron sin vergüenza el procesamiento de víctimas de secuestros reales y atroces, como Álvaro Jaume, torturado en Boiso Lanza, y su hijo Eduardo, que siendo niño fue obligado a presenciar una de esas sesiones en los años 70.
Ayer y hoy, dos supremas injusticias.
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En reiteración real
Institución Nacional de Derechos Humanos presentó denuncia penal por golpiza policial a una joven de Santa Catalina.
La diaria – 11 – 11 – 13 – Por Natalia Uval.
Lorena Fagúndez tiene 20 años. Era amiga de Sergio Lemos, el joven asesinado por un policía en el barrio Santa Catalina el lunes 4. Como otros jóvenes y vecinos del barrio, ese lunes fue hasta el Centro de Salud del Cerro a reclamar información sobre Lemos. Al llegar no sabían si el joven estaba vivo o muerto; cuando se enteraron de que había fallecido, exigieron que les mostraran a los padres su cuerpo.
Según relataron a la diaria varias personas que estuvieron presentes allí ese día, en el lugar había varios patrulleros, una camioneta de la Guardia Republicana y dos autos de policías de Investigaciones de la Seccional 19ª vestidos de particular. Se formó un cordón policial para impedir el ingreso al centro de salud. En determinado momento, una mujer que los vecinos no conocían rompió un vidrio del policlínico. Esto determinó que la Guardia Republicana y los oficiales actuaran y empezaran a golpear a varios de los jóvenes que estaban en el lugar.
Un policía vestido de particular, que los presentes identifican como perteneciente a Investigaciones de la Seccional 19ª, le pegó un puñetazo a Lorena en el ojo. Cuando caía, otro policía le pegó un palazo que le abrió la nuca. Cayó desmayada, y tres policías siguieron golpeándola en el piso. La esposaron y querían llevarla a la comisaría, mientras otros jóvenes intentaban impedirlo. Una mujer embarazada agarró de los tobillos a Lorena para impedir que se la llevaran, y les avisó a los policías que estaba embarazada. “Mejor, un pichi menos”, comentaron los funcionarios. “Llevá a esta perra al calabozo”, comentó otro.
En ese momento intervino una doctora del centro de salud y les reclamó a los policías que la dejaran, que Lorena no había hecho nada. Los policías le dijeron que la joven estaba detenida. La doctora continuó exigiendo que le sacaran las esposas y la dejaran allí, para que pudiera curarla. “Ahora es mi paciente”, les remarcó a los oficiales. “Si no se la sacaban, la mataban ahí en el suelo”, aseguró una mujer que presenció el hecho.
En el Centro le cosieron la nuca y la atendieron por el traumatismo en el ojo; luego la joven fue atendida en el Hospital Maciel. Pese a que los policías habían afirmado que estaba detenida, en ningún momento intentaron localizarla luego para proceder a su detención.
Los jóvenes que concurrieron al centro de salud no tenían armas, no arrojaron piedras ni atacaron de ningún modo a los policías, según relataron los presentes. Investigaciones de la Seccional 19ª también fue protagonista de los abusos policiales a jóvenes en el mismo barrio a principios de setiembre. Un policía de la Guardia Republicana fue el que asesinó a Sergio Lemos el lunes.
El viernes, la familia y vecinos de Lorena presentaron la denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), con el apoyo de Ielsur. Lorena Fagúndez tiene un traumatismo en el rostro, varios golpes en la cabeza y un tajo en la nuca. Hasta hoy sufre mareos y dolores de cabeza. El mismo viernes, autoridades de la INDDHH se presentaron ante el Juzgado Penal de 14º Turno, a cargo de la jueza María Helena Mainard -la misma que falló en el caso de Sergio Lemos-, y presentaron una denuncia. El escrito está firmado por la presidenta de la INDDHH, Mariana González Guyer, y por la ex fiscal Mirtha Guianze, también integrante de la institución, según confirmaron ambas jerarcas a la diaria. “Intentamos facilitar que la gente tenga acceso a la Justicia”, explicó Guianze. A Lorena la vio el forense y también la jueza que estudiará el caso.
El viernes, la INDDHH se comunicó con el Ministerio del Interior (MI) para informarle que formularía la denuncia. Fernando Gil, director de la Unidad de Comunicación de la cartera, dijo a la diaria que todavía no manejan una versión de la Policía de lo que pasó el lunes en el Cerro. Consultado respecto de si se instruirá una investigación interna, respondió que esta semana se tomará una decisión al respecto.
Otros seis jóvenes que recibieron golpes ese día se presentarán probablemente hoy ante la INDDH para concretar la denuncia. Los agredidos no concurren a la Justicia ni a la Policía por desconfianza y miedo, y optan por acudir a las organizaciones de derechos humanos. “Hay algunos gurises que tienen miedo a represalias”, admitió un vecino. La presidenta de la INDDHH informó que todavía no recibieron una respuesta por escrito del MI sobre lo acontecido en Santa Catalina, aunque algunas preguntas ya fueron respondidas públicamente. Con estos elementos y las nuevas denuncias, la institución “seguramente” formulará recomendaciones, señaló González Guyer.
