Declaración de la Corriente Estudiantes del Pueblo

Declaración ante la represalia del gobierno contra el Fiscal Dr. Enrique Viana
El sumario contra el Fiscal Enrique Viana, es una medida reaccionaria del gobierno atacando a quien cuestione su polìtica de entrega de la tierra a las transnacionales imperialistas.

El Dr. Viana desde hace años lleva a cabo una incesante denuncia contra los mega emprendimientos extractivistas de los monopolios imperialistas con apoyo del gobierno como UPM (ex Botnia) y el proyecto Aratirí. También fue un destacado denunciante en los casos de contaminación con plomo en La Teja.

Pero lo que desencadenó la represalia del gobierno fue la presentación de la acción de incostitucionalidad de la ley 19.126 «Ley de MInería de Gran Porte» conocida como «Ley Aratirí». La acción fue admitida por la Suprema Corte de Justicia para ser estudiada. Asì se abre la posibilidad de poner trabas al gobierno en su impulso del proyecto. Además en la acción se pide la medida cautelar de no innovar (no tocar más nada, es decir frenar las actividades en el suelo) para que no se avanzara en el proyecto hasta que se resuelva el asunto, que a consecuencia del sumario, dicha acción puede perder efecto.

Los argumetos que maneja el Fiscal, son que la ley es violatoria del art. 47 de la Constitución, que declara de interés general la protecció del Medio Ambiente, debiendo abstenerse de cualquier acto que deprede, destruya o contamine, supeditando el derecho de propiedad al interés general de la protección del medio ambiente, siguiendo la doctrina más recibida.

El mismo art. 47 de la Constitución, reconoce al agua como recurso natural esencial para la vida y el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental. El proyecto Aratirí amenaza una parte importante de la cuenca del Plata y el Acuífero Guaraní. Otro argumento es la violación del prinicpio de igualdad (art. 8 de la Constitución), que se produciría en base al acuerdo entre la empresa y el gobierno, que nos pone de rodillas y en inferiores condiciones frente a aquélla, brindándole ventajas y beneficios desmedidos.

El gobierno, de forma ridícula se apoya en la escasa asistencia a las audiencias cuandó está previsto el plazo de 20 días para expedirse una vez recibido el expediente cuando los fiscales no actúan como parte, sino como tercero «veedor», como ocurre muchísimas veces con los fiscales civiles (art. 30.2 Código General del Proceso).

Desde la Corriente Estudiantes el Pueblo, declaramos nuestra solidaridad y apoyo con el Fiscal Viana, quien es víctima de una nueva medida artera del gobierno.

Debemos continuar convocando a la lucha, a los estudiantes y a todo el pueblo, por nuestra soberanía y nuestros recursos naturales, en contra de los proyectos de extracción y entrega que impulsa este gobierno proimperialista. NADA PODEMOS ESPERAR SI NO ES DE NOSOTROS MISMOS, LA TIERRA NO SE VENDE, LA TIERRA SE DEFIENDE.

La Corriente Estudiantes del Pueblo junio de 2014.

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