El andamiaje represivo de la última dictadura protegió y dio sustento a la implementación de un modelo económico que priorizó la valorización de los activos financieros y el endeudamiento externo y desmanteló el proceso de industrialización que se había iniciado a mediados de la década de 1930.
El balance de los juicios por crímenes de lesa humanidad indica que, hasta octubre último, 559 represores habían sido condenados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico – militar, de acuerdo al relevamiento realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Hubo 61 absoluciones y sólo 125 sentencias se encuentran firmes.
Desde 1983 hasta la actualidad se realizaron 145 juicios, pero 128 de ellos se llevaron a cabo a partir de 2004. Durante 2013, concluyeron 24 juicios. En otras palabras, la Argentina vive un proceso histórico de juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado en esta última década, de reparación a los familiares y víctimas de estos delitos y de consolidación de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia. En este marco, se vuelve necesario profundizar la investigación sobre la complicidad civil con los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. En especial, se debe poner el foco en la participación de los empresarios y el rol de los propios funcionarios judiciales.
Actualmente, en la megacausa ESMA está siendo juzgado el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, alias Teniente Vaca, quien está procesado por noventa casos de “imposición de tormentos”, dos seguidos de muerte y 430 privaciones ilegales de la libertad, siete seguidas de muerte, como presunto participante de los vuelos. También el economista Juan Ernesto Alemann. En su declaración indagatoria, el ex secretario de Hacienda durante la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz al frente del Ministerio de Economía (1976-1981) afirmó que la imputación de haber participado de los tormentos aplicados al militante político Orlando Ruiz, “es una acusación por un hecho inexistente”. Alemann sostuvo: “No lo vi, por lo tanto, no lo torturé”, aunque admitió haber visitado la ex ESMA luego de haber sufrido un atentado, ya que, según dijo, fue invitado a conocer las armas con que había sido atacado. “Jamás torturaría ni mataría, soy muy cobarde para hacerlo”, manifestó ante los tribunales. Ruiz fue secuestrado junto a su compañera, Silvia Beatriz María Dameri. Ambos fueron llevados a la ESMA. Sus hijos estuvieron con ellos hasta el grupo de tareas que comandaba Emilio Eduardo Massera decidió repartirlos. Marcelo pudo restituir su identidad en 1989; María de las Victorias en 1999; y Laura en 2008.
Responsabilidad empresaria
Desapariciones y asesinatos de obreros; detenciones masivas; secuestros y torturas; bloqueos a plantas industriales con tanques de guerra, carros de asalto y helicópteros; el sitio de ciudades completas; la cesión de los predios de las fábricas para el funcionamiento de centros clandestinos de detención provisoria; la confección de listados del personal “marcado”; la provisión de equipamiento y vehículos para facilitar los operativos; las donaciones, los “pagos extras” y la contratación de integrantes de las fuerzas represivas; la facilitación del acceso a “infiltrados”; la intervención de los propios ejecutivos en los interrogatorios a los trabajadores secuestrados. Así fueron las diversas formas de complicidad que tuvieron distintas empresas con el terrorismo de Estado que sufrió la Argentina entre 1975 y 1983. El objetivo era uno y claro: el desmantelamiento de cuerpos de delegados y comisiones internas, la destrucción de los lazos de solidaridad de las clases populares y el disciplinamiento de la organización sindical. Ese andamiaje represivo protegió y dio sustento a la implementación de un modelo económico que priorizó la valorización de los activos financieros y el endeudamiento externo y desmanteló el proceso de industrialización que se había iniciado en la Argentina a mediados de la década de 1930. Martínez de Hoz reconoció: “Un lustro, pensábamos, era el tiempo necesario para revertir los treinta años de atraso a los que el peronismo nos había sometido”.
Las estadísticas revelan la radicalidad de la transformación de la estructura económica y social que provocó el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. El nivel de ocupación se redujo un 34% entre 1974 y 1983; se produjo una brusca caída del salario real; y los índices de pobreza pasaron del 5,8% en 1974 al 37,4% en 1982. La deuda externa se elevó de los 7.875 millones de dólares de 1975 a 45.069 millones en 1983. En 1974, la clase trabajadora tenía una participación en el ingreso cercana a los 47 puntos del PBI. En 1983, se redujo a menos de treinta puntos. Comprender estos números contribuye a revelar los verdaderos beneficiarios del terrorismo de Estado.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) presentaron de forma reciente un protocolo que sistematiza una serie de medidas que deben considerarse al investigar las maniobras realizadas por los directivos de empresas y grupos económicos durante el terrorismo de Estado y fue distribuido entre los fiscales que intervienen en ese tipo de causas. Por otra parte, diputados del Frente para la Victoria impulsan la creación de una bicameral que elabore un informe sobre la complicidad empresaria y sobre las consecuencias de las políticas “económica, monetaria, industrial, comercial y financiera” adoptadas por la dictadura.
Estos avances en el proceso de juzgamiento registrados en los últimos años exigen un control y una custodia permanente por parte de la sociedad argentina. El ejercicio de justicia requiere no establecer diferenciaciones de acuerdo a las características de las personas involucradas, un límite que sólo puede estar dado por las pruebas y las normas penales. El juzgamiento de los responsables civiles y empresarios de la última dictadura representa la posibilidad de avanzar sobre los nichos de impunidad del terrorismo de Estado, profundizar el ejercicio de memoria colectiva y fortalecer el proceso democrático iniciado en 1983.
