Uruguay – ALLANAMIENTOS NOCTURNOS Y LIBERTADES INDIVIDUALES

Andrés Núñez Leites

La Constitución de 1830 contenía algunos elementos fundamentales para la construcción de una república. Uno de ellos, ahora, casi 200 años después bajo amenaza, es el carácter sagrado del hogar y la consiguiente imposición de un freno al poder del gobierno y del Estado: la prohibición de los allanamientos nocturnos por parte de sus funcionarios. Se venía, no hay que olvidar, de la época de las monarquías absolutas y se apostaba fuertemente al equilibrio, a la división y el control mutuo de poderes, porque se comprendía que el abuso es su tendencia natural.

Una forma de representarse mentalmente el poder, es verlo en términos de una energía que tiende a acumularse, concentrarse y volverse crecientemente asimétrica en relación a su entorno, modificándolo. Las jerarquías son naturales en la medida que no todos los individuos (de cualquier especie) son iguales en sus características y habilidades, en su capacidad de obtener recursos, inteligir el mundo, etc. y en muchas ocasiones las jerarquías ayudan a la supervivencia de la población. No es por casualidad que elogiamos a los antiguos generales que supieron protegernos en tal o cual guerra, o cotidianamente reconocemos y agradecemos la autoridad del médico que toma la decisión justa e inteligente capaz de salvar la vida de un ser querido. Pero el poder, cuando se acumula demasiado, se vuelve despótico, es decir, despliega su lógica propia por encima de las reglas. Por eso no queremos ni que los generales disuelvan los parlamentos ni que los médicos puedan imponer un tratamiento sobre nosotros sin nuestro convencimiento, aún cuando tengan las mejores intenciones.

La policía, los fiscales y jueces, es decir, los funcionarios públicos implicados en la decisión grave que implica irrumpir en una casa y revolver todo buscando evidencias de un crimen, no son buenos ni malos, es decir, hay de los buenos, de los malos y de los indiferentes a los dilemas morales, y, cualquiera sea el caso, todos ellos trabajan en instituciones con sus propias jerarquías, virtudes y defectos. Por eso conviene apoyar su función con medios materiales, dignificarla presupuestalmente, pero limitarla en sus potestades.

Pensemos en el error y/o en la maldad de la acción humana siempre antes de legislar o cambiar nada menos que una norma constitucional básica. Nadie puede decir “a mí no me va a pasar porque no soy delincuente”: sobran los ejemplos de errores en las denuncias de parte de otros ciudadanos y las acciones policiales, fiscales y judiciales. Porque repito: se trata de humanos en instituciones que no son perfectas. Un error de allanamiento nocturno implica, por ejemplo, entrar en una casa de familia, causar inevitablemente destrozos de los bienes personales, y aún sin pretender abusar, insultar o agredir físicamente, conlleva por ejemplo sacar de la cama a los niños que allí vivan para una revisión, con armas a la vista. El efecto, deseado o no, es el terror.

Luego está la cuestión operativa, técnica, que no es más que una excusa que no resiste el menor análisis. Cuando el gobierno del Frente Amplio propuso permitir los allanamientos nocturnos, lo hizo utilizando el ejemplo de las mujeres víctimas de la violencia machista. Pues dicha violencia no se combate haciendo allanamientos nocturnos sino a través de intervenciones de equipos sociales multidisciplinarios en primer lugar y si uno de aquellos es realizado porque pide ayuda una mujer ante una situación de emergencia, pues ningún juez ha condenado a un policía por acudir al llamado y pasar el umbral de la puerta. Cuando ahora lo propone el gobierno Multicolor, lo hace utilizando como ejemplo el hecho de que los vendedores de drogas ilegales utilizan su casa en la noche para operar. Resulta que no es necesaria una operación de inteligencia del nivel del MI6 británico para poner bajo observación una boca de drogas y registrar quiénes llegan, a qué hora y con qué intenciones, y de la puerta para afuera puede interrogarse a consumidores e intermediarios sin mayor problema legal, además obviamente de conversar con la gente en el almacén, en el bar, es decir, hablar con los vecinos informalmente y obtener los datos necesarios a plena luz del día.

El autoritarismo, amable lector, puede venir vestido con las mejores intenciones, y puede llegar tanto desde la derecha o desde la izquierda, cualesquiera sean los significados que puedan atribuirles a esas definiciones más topográficas y relativas que absolutas. Y el autoritarismo, una vez que se instala, es difícil de erradicar, requiriendo el empleo de una relación de fuerzas contraria suficiente para reducirlo. No podemos resignar nuestras libertades individuales en favor de un “poder bueno”, porque el riesgo es enorme. Además, el contexto jurídico en el cual se estaría legalizando el allanamiento nocturno, no podría ser más negativo para la libertad individual: habiendo sido de hecho y contra la Constitución arrasado el Poder Judicial en favor del Poder Ejecutivo en materia de procedimiento penal (en la medida que de acuerdo al último código del proceso penal es el fiscal, un funcionario dependiente del Poder Ejecutivo, el que inicia de hecho la aplicación del poder punitivo contra los ciudadanos), si agregamos herramientas que potencialmente puedan ser utilizadas para el abuso del poder del Estado, dicho sea coloquialmente: “nos estamos regalando”. Imaginemos un mal gobierno, impopular, acorralado, plagado por la corrupción, con la capacidad legal y constitucional de utilizar herramientas como el allanamiento nocturno contra sus adversarios. O imaginemos la misma situación de mal gobierno a nivel de una ciudad, una villa, un pueblo y el uso abusivo puede ser el mismo. Reducir las libertades y las garantías individuales no es y nunca fue la respuesta a los problemas de seguridad. Parece mentira tener que decirlo dos siglos después de habernos librado de la monarquía absoluta

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