Deuda argentina, el pasado que no pasa.

¿Qué futuro?

Por Eduardo Lucita |

Las negociaciones por la Deuda que lleva adelante el Gobierno Nacional, los 20 años del Fallo basado en las investigaciones de Alejandro Olmos y la necesidad de enjuiciar el mecanismo de endeudamiento permanente, se han dado cita en medio de la pandemia.

Por esas ironías de la historia, que a su paso va dejando indicios, que en algún momento son recuperados, han coincidido la presentación de la última oferta que el Ministro Guzmán hiciera a los bonistas tenedores de deuda bajo legislación extranjera y el 20° aniversario del Fallo del Juez Ballesteros basado en la causa iniciada por Alejandro Olmos. Conviene recordar que su investigación y posteriores denuncias demostraron las irregularidades de la Deuda Externa contraída por la última dictadura militar que ensombreció al país instalando el terrorismo de Estado, cuyos efectos aún nos conmueven y nos impulsan a la acción. El Juez Ballesteros remitió al Congreso Nacional sus actuaciones para que allí se investigara. Desde entonces pasaron varios gobiernos todos, en algún momento, tuvieron mayoría en las Cámaras, pero nada sucedió. El reclamo sigue vigente.

El pasado que no pasa

El historiador italiano Carlo Ginzburg en su ya clásico ensayo El queso y los gusanos trata de establecer un modelo de análisis cultural que se caracteriza por tratar de rescatar los problemas desde “la perspectiva misma de las víctimas” de los procesos históricos estudiados. Este modelo de historia crítica, con las salvedades del caso y el respeto por el mismo, puede aplicarse a la historia de la Deuda desde la dictadura hasta hoy.

Veamos:

En 1976 la Deuda era de 8.000 millones de dólares; en 1983 saltó a 45.000; para 1989 ya sumaba 63.000; en el 2001 trepó a 144.000 y en 2004 alcanzó a 191.000. Con el canje de 2005 se redujo a 149.000. Luego vendría el pago anticipado al FMI por unos 9.000 millones. Los distintos gobiernos que aplicaron el Plan Brady (1991), el megacanje y blindaje (2001) y las re-estructuraciones (2005 y 2010), no se ahorraron en decirnos que las deudas hay que honrarlas, que entrar en cesación de pagos nos aislaba del mundo en términos financieros y comerciales; que luego de esos canjes y re-estructuraciones se solucionaba el problema del endeudamiento y que se abrían las posibilidades para un crecimiento sostenido de nuestra economía.

Los resultados están a la vista. La Deuda Pública del Estado Nacional al 31.12.2019 alcanzaba los 324.000 millones de dólares. De ese total se pueden recortar unos 100.000 que es deuda tomada en tiempo récord y a muy corto plazo por la administración Macri, básicamente son los bonos 2016/18 y parte de la deuda intra-Estado. Pero el resto es deuda de arrastre que se ha reestructurado una y otra vez, sus orígenes se encuentran en aquella deuda contraída por la dictadura genocida de 1976.

Ahora se esgrimen los mismos argumentos de siempre, pero son los argumentos de las clases dominantes, de los gurúes de la City y de los medios hegemónicos a su servicio. Es decir de los ganadores de siempre. Pero siguiendo el modelo de Ginzburg podemos encontrar indicios de que la historia permite otra lectura. Esos indicios se encuentran en la investigación de Alejandro Olmos, que el Congreso ha desestimado una y otra vez. Se encuentran en los cientos de irregularidades que su investigación demostró, que van desde anomalías en la contratación de seguros de cambio, en forzar el endeudamiento de las empresas públicas, en deudas por proyectos de inversión que nunca se realizaron, en el desconocimiento expreso de la Carta Orgánica del Banco Central; en la inexistencia de registros de la deuda tanto en el Ministerio de Economía como en el Banco Central, hasta una suerte de libreta negra donde se registraban las colocaciones de reservas en el exterior.

Si se continuaran las investigaciones a partir de lo hecho por Olmos, seguramente se encontrarían muchos más indicios que permitirían caracterizar oficialmente a esta Deuda de fraudulenta, de ilegítima y de odiosa.La Deuda a Juicio. La «Autoconvocatoria por la Suspensión los Pagos y la Investigación de la Deuda», que reúne a referentes de derechos humanos, economistas y dirigentes sindicales, sociales y políticos, viene desarrollando tareas de información y esclarecimiento sobre el impacto de la perpetuación de la deuda y la negativa a investigarla, ha organizado un Juicio Popular e independiente al mecanismo de dominación que contienen tanto la deuda como las relaciones con el FMI.
Este juicio dio inicio el mismo día en que se homenajeó a Alejandro Olmos, evidenciando la necesidad de que al menos esta vez se investigue la Deuda Eterna.

La estructura del Juicio. Cuenta con 4 Fiscales, 2 Defensores, 3 Peritos, 9 integrantes del Jurado y una larga lista de testigos que desde distintas disciplinas -salud, educación, ambiente, trabajo, mujeres y disidencias- exponen el impacto de la deuda en esas actividades y en su propia vida. Los Foros temáticos dieron inicio el pasado 27 de julio y continuarán todos los lunes hasta el 30 de septiembre. En octubre se instalará el Juicio y se conocerá el veredicto final. Todo puede seguirse por Facebook, Youtube.

Ahora, si aplicamos el criterio de Ginzburg de estudiar este largo proceso desde “la perspectiva misma de las víctimas” sería suficiente con comparar la evolución del endeudamiento con la de los índices de pobreza, de desempleo, del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, del PBI per cápita y de las desigualdades sociales desde 1976 a la fecha. El balance sería lapidario.

Un nuevo paso en la dirección de siempre

Ya en la campaña electoral el ahora presidente Alberto Fernández trazó una hoja de ruta para negociar la re-estructuración de la Deuda Pública del Estado nacional. A poco de asumir envió al Congreso un Proyecto de Ley, aprobado por todos los bloques, con excepción de la izquierda, que lo habilitaba para iniciar las negociaciones. En ese acto el Gobierno legalizó una Deuda claramente ilegal y fraudulenta, y que bien se la caracterizó por algunos sectores como odiosa.

Sin embargo, en marzo pasado se desató la pandemia del Covid-19 que cambió bruscamente todas las relaciones económico-sociales a nivel mundial y, que hundió la economía en niveles nunca vistos desde la crisis del ’30 del siglo pasado. En Argentina fue peor, porque el parón de la economía cayo luego de dos años consecutivos de recesión. Para tener una idea a fines de este 2020 el producto per-cápita será unos 20 puntos menor que en 2010. El Gobierno tenía ahí una oportunidad única para declarar el estado de excepción por la pandemia y suspender el inicio de las tratativas y de los pagos e iniciar una investigación de la deuda tomada por el gobierno Macri. Hubo un punto favorable, por iniciativa del propio presidente, que le pidió al Banco Central un informe sobre los prestamos tomados en el período 2016-2019 y la salida de capitales. Este trabajo muy detallado y fundado detalla con precisión el ingreso de los fondos y la fuga de los mismos por medio de empresas y personas físicas. Ahí esta toda la información necesaria, sin embargo quedó archivado como un “paper académico”.

Luego de 8 meses de arduas y trabadas negociaciones, en que el Ministro de Economía Guzmán presentó 5 ofertas, en cada una de ellas fue cediendo a los pedidos de los bonistas, se llegó a un acuerdo con los tres grupos de Fondos que detentan el 60% de los bonos emitidos bajo legislación extranjera. Ahora, para convalidarla siguen tres pasos: a) hasta el 24 de este mes hay tiempo para que los bonistas entreguen sus bonos sujetos a canje; b) luego se conocerá el porcentaje de aceptación del canje-se espera bordee el 80%- si se logró la mayoría necesaria ( esto significa que no habrá bonistas que no aceptaron el canje o que si los hay no tienen entidad suficiente como para hacer peligrar el acuerdo), mientras tanto se redacta la letra chica de los bonos (habrá sorpresas?) y c) canje de los 21 bonos vigentes hasta ese momento por 5 nuevos bonos con las condiciones acordadas. Si se cumple todo quedará perfeccionado el acuerdo.

Las condiciones

Mínima quita de capitales, 1.9% que en la deuda total final se compensa porque los intereses caídos durante la negociación (1757 millones) se capitalizan. Fuerte quita de intereses, la tasa promedio pasa del 6.6% actual a 3.07%, lo que significa una quita respecto de los montos originales de 31.700 millones de dólares en el período 2021 a 2047.

El VPN de la deuda se estableció en 54.8 dólares por lámina de 100. Si se compara con la primera propuesta del gobierno, cuando el VPN era de 40 dólares, hay una cesión a favor de los bonistas de 13.300 millones de dólares.

En el período 2020-2023 no hay vencimientos de capital y los intereses son mínimos, alcanzan a 3.127 millones de dólares en los tres años (2021:136; 2022: 1204 y 2023: 1787) cuando eran 19.000 según la deuda original. Si se agregan los intereses por la deuda bajo legislación nacional, el pago en esos tres años se estima trepará a 4.500 millones.

Todo se complementa con las modificaciones legales en los términos de las Clausulas de Acción colectiva (CAC’s) estas no inciden sobre la actualidad sino a futuro. En realidad, los bonistas se cubren ante una posible nueva crisis de deuda a futuro. De todas formas, estas modificaciones que cambian las condiciones estándar utilizadas hasta ahora por el sistema financiero internacional, tienen que ser aprobadas por los organismos respectivos, algo en lo que Black Rock (que es un jugador mundial) está interesado, pues para ellos el caso argentino es un caso testigo, y las condiciones económicas y legales que aquí se aprueben serán referencia en otros casos en los que están involucrados como prestamistas. “Argentina será de los países donde mejor se apliquen las CACs, se va a convertir en ejemplo” dicen los representantes de algunos Fondos.

El resto de la Deuda

Este acuerdo solo cubre el 20% de la Deuda Pública total del Estado Nacional. Se espera, así lo dijo el Ministro Guzmán en numerosas oportunidades, que la Deuda emitida bajo Legislación Nacional seguirá el mismo criterio tanto con el capital como con los intereses (Diputados acaba de aprobar la Ley que habilita ese canje). Para tomar dimensión del nuevo escenario que se perfila: la carga de vencimientos anuales por la deuda en monedas duras (bonos emitidos bajo Ley Extranjera y Nacional) es del orden del 1% del PBI hasta el 2024, cuando en la situación actual era del 3%.

Queda acordar un nuevo acuerdo con el FMI (Argentina es el principal deudor del FMI, 44.500 millones de dólares), y al mismo tiempo esa deuda es producto del préstamos más grande otorgado por el Fondo a un país. El anterior préstamo ya caducó pero sus vencimientos están aún vigentes. Por lo tanto, Argentina tiene que negociar un nuevo préstamo para pagar el anterior préstamo. Es muy posible obtenga como mínimo una postergación de los pagos por tres años, habrá que esperar si es un Stand by o un Plan de Facilidades Extendidas, porque los plazos de repago y los condicionantes son distintos en cada caso. Si hay arreglo con el Fondo, con el Club de París, unos 2000 millones, se hará rápido. Por último, hay prestamos de otros organismos internacionales (BM, BID, CAF) del orden de los 25.000 millones.

Conclusiones rápidas

El objetivo de mínima del Ministro Guzmán está cumplido: logró despejar de vencimientos todo el período de la Administración Fernández-Fernández. Los vencimientos vuelven a cobrar fuerza a partir del 2025 y más aún en los años que van de 2030 a 2035. El esquema del Ministro supone que en tres años el país podrá volver a endeudarse en los mercados “voluntarios” de crédito, y volver a la rueda de pagar intereses y renovar indefinidamente el capital. Esto es posible porque hay una hiperliquidez en el mundo, resultado de la mayor expansión monetaria de los gobiernos para enfrentar el Covid-19 y sus consecuencias económicas (es el triple de lo emitido cuando la crisis del 2008). Las tasas están bajando rápidamente, el bono del Tesoro de EEUU a 10 años paga hoy una irrisoria tasa de 0.54% anual. En Europa hay tasas de interés negativa. En el mundo financiero se está hablando de una “era de dinero gratis”.

Todas las expresiones políticas, empresariales y la propia CGT, salvo la izquierda, saludan el acuerdo. Como, dice el amigo Julio Gambina, se trata del “partido de la deuda” que siempre está dispuesto a pagar en forma serial, sin preguntar cuánto ni porqué. El gobierno saldrá fortalecido si logra capitalizar la reestructuración. La derecha y los gurúes de la city se han quedado sin argumentos, solo recurren a que la negociación fue demasiado larga y que se podría haber acordado antes, pero estos argumentos no son sostenibles. El arreglo es celebrado con bombos y platillos por las corporaciones que operan en nuestro país y las empresas locales que se financian en el mercado internacional, que acumulan una deuda de 16.000 millones de dólares, que ahora podrán re-financiar a tasas bajas. También mejoran las posibilidades de las provincias endeudadas de reestructurar sus deudas.

Claro que esto solo arregla transitoria y parcialmente la cuestión financiera, a partir de ahora se discutirá la post pandemia, esto es la economía real y como salir de la crisis. Nada de todo esto garantiza que lleguen inversiones productivas, salvo en algunos nichos en que se garantice alta y rápida rentabilidad, se reforzará la tendencia a la agroindustria, la gran minería o la industria del conocimiento porque aportan divisas de exportación. Mientras tanto la rueda de la Deuda seguirá girando.

Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).

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