Uruguay – El desguase del BROU

 
Banca Oficial de AEBU denuncia política de desmantelamiento del Brou en favor de redes de cobranzas, pero nuevo director asegura que no hay intención de liquidar sucursales

Escribe Belén Riguetti

 El debate sobre la reestructura del BROU y el papel de Abitab, Red Pagos y las financieras en el sistema.
“No es intención entrar en una etapa de liquidar sucursales, por el contrario, el sentir de los directores, sin haberlo tratado formalmente, es preservar la presencia del banco en las 130 sucursales de todo el país. Es cierto que hay temas de vacantes, pero estamos procurando mantener los servicios sin afectar la atención”, dijo a la diaria Max Sapolinski, uno de los nuevos directores del Banco de la República (BROU).
En el Sector Financiero Oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) hay incertidumbre por la aplicación del decreto de austeridad (90/020) que limita la ocupación de vacantes. Matías Arbizu, integrante del Consejo del Sector Financiero Oficial, dijo a la diaria que desde 2010 vienen cerrando las sucursales del BROU en forma parcial y “eliminando algunos puestos de trabajo, en especial las jerarquías y algunos puestos de atención directa al público”. El sindicato asegura que estos cierres benefician a los corresponsales (Abitab y Red Pagos) que terminan con comisiones de dos millones de dólares mensuales. En 2017 el Sector Financiero Oficial ya había denunciado una política de desmantelamiento, pero ese conflicto quedó zanjado con el ingreso de 500 funcionarios nuevos.
Sin embargo, autoridades de la administración anterior del banco, el actual directorio y el Sector Financiero Privado de AEBU coinciden en la necesidad de que el BROU esté presente en estos locales de cobranza.
Un integrante del directorio del período pasado, que prefirió no ser mencionado, dijo a la diaria que el modelo actual es impensable sin los corresponsales. “Una de las cosas que la gente más valora son los puntos de atención, y no se trata de una política reciente, el BROU hace tiempo que tiene convenios con las redes de cobranza, lo que permitió que se llegara a miles de personas”. El ex director aseguró que el BROU pasó a ser un banco de clientes “casi de élite, a tener en pocos años 400 mil clientes más”.
Además, aseguró que si bien el banco contrata a los corresponsales, al mismo tiempo compite con ellos “en el corazón de su negocio, que es el cobro de facturas”, puesto que en la actualidad en la página web del BROU se pueden hacer ese tipo de transacciones.
Por su parte, Sapolinski afirmó que cada vez más se usan las aplicaciones de las que dispone el banco y aseguró que la actividad de mostrador tradicional cambió. También adelantó que uno de los objetivos de este período es que el BROU tenga una mayor presencia en cuanto a tarjetas de crédito, “que es donde está el vínculo con las personas en forma individual”.
Sobre los funcionarios Sapolinski dijo que hay una rotación, pero que es normal y que “se prestan los servicios de manera adecuada”. Por el contrario, para Arbizu “el hecho de tener dependencias cuestionadas es un problema, porque se perdería el contacto directo con el BROU en algunas localidades. La pérdida de ese rol social es algo que tenemos que revertir”, ya que considera que la educación financiera es una de las funciones que debe tener el BROU.
Martín Ford, secretario del interior del Consejo Central de AEBU e integrante del Sector Financiero Privado, aseguró a la diaria que el sindicato siempre estuvo a favor de la inclusión financiera, porque fue el “puntapié inicial para la inclusión social” y para que “por lo menos una base de los productos financieros llegaran a toda la población de forma gratuita”. Sin embargo, cuando se aprobó que las redes de cobranza funcionaran como “corresponsales bancarias”, se opusieron. “La primera reacción corporativa de nuestro colectivo fue decir que nos estaban robando el trabajo. Ahora en el mundo, donde se ha disparado la inclusión financiera y la bancarización, estos actores juegan un papel importante, porque permiten la capilaridad y llegar a todos los rincones. Es imposible que una sucursal bancaria pueda instalarse en localidades pequeñas, por toda la reglamentación que le exige el Banco Central del Uruguay. Esos lugares estarían excluidos y esas personas deberían trasladarse a los centros más poblados o a los barrios más céntricos”, dijo. Además, argumentó que los bancos privados “hace años vienen cerrando agencias en el interior, por lo que es casi utópico pensar que se podría instalar sucursales en algunos lugares del país”. Las redes no se dedican sólo al negocio bancario, su principal ingreso es por el cobro de facturas, los giros y además son agentes de Loterías y Quinielas: “Esos negocios conexos les permiten tener la ventanilla abierta”.
Para Ford uno de los argumentos más fuertes de la dirección del BROU es que la banca privada también está en las redes de cobranza, por lo que si el banco estatal se retira, quedaría en inferioridad de condiciones frente a la competencia.
Sobre la diferencia de opiniones entre las dos ramas de AEBU, Arbizu dijo que ellos parten de la base de que hay redes de cobranza en los mismos lugares en donde está el BROU, como por ejemplo los shoppings.
Trabajadores precarizados
Con la proliferación de los corresponsales surge un nuevo problema: ¿qué papel cumplen los trabajadores? Ford aseguró que a pesar de que hacen actividades propias de un banco, como conceder un crédito, sólo los trabajadores de las casas centrales de las dos empresas más grandes pueden estar afiliados al sindicato. “Recordemos que estas empresas son franquicias, por lo que el propietario de un Abitab en un lugar puede ser un ciudadano que tiene ese local solo, y puede tener empleados o trabajar la familia”, comentó.
A pesar de que han logrado sindicalizarse otros colectivos en el que los trabajadores están dispersos y no tienen un mismo empleador, como por ejemplo el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, el Sector Financiero Privado no ha logrado solucionar ese inconveniente. “Por ahora hemos decidido no afiliarlos por esa dificultad, y de hecho hay momentos en que los ha afiliado Fuecys [Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios] y nosotros hemos dado apoyo con jurídica, pero no los afiliamos porque tenemos esa discusión interna. Hay mucha rotación y es un sector muy complicado”, aseguró, y aclaró que AEBU les ha ayudado dando asesoramiento y permitiendo reuniones en su local sindical.
De todas formas, Ford indicó que, desde la reinstauración de los Consejos de Salarios, el Consejo Superior Tripartito asignó a los trabajadores de intermediación financiera y seguros al Grupo 14 (Intermediación financiera, seguros y pensiones) y en un subgrupo por separado están los de las redes de cobranza, las agencias de quinielas y los cambios de moneda. “Hemos tenido una discusión con los propietarios de estos locales porque los empleados hacen todas las funciones en un mismo local y por un solo salario y muchas veces por el mínimo de las categorías. En pocos locales los trabajadores están claramente divididos, hay algunos que están en juegos de azar otros en la parte de cobro de factura o cambio, pero en los más pequeños todos hacen todo”, dijo.
Lo que sí pretende el sindicato es que estos trabajadores aporten a la Caja Bancaria y no al Banco de Previsión Social: “En la reforma [de la Caja Bancaria] del 2008 se incorporaron un montón de colectivos, pero las redes de pago no, ahí tenemos una debilidad”, dijo.
La multitarea no es exclusiva de los empleados de los corresponsales, en las casas de crédito los trabajadores también cumplen varias funciones, pero en este caso sí son parte del sindicato. “Los logros en el sector bancario se han conquistado con un sindicato que tiene 78 años, no fue de un día para el otro. En los sectores no bancarios estamos haciendo el camino y estamos más avanzados”, dijo el sindicalista y mencionó como un buen ejemplo el caso de OCA, que era una empresa nacional que después fue comprada por el Banco de Boston y luego por Itaú. “Es una empresa que tienen más de 20 años con afiliados a AEBU y tenemos una negociación colectiva constante, permanente, y se lograron condiciones de trabajo más que dignas”.
La historia de OCA se fue repitiendo con otras empresas: Pronto primero fue adquirida por el Nuevo Banco Comercial y luego el Scotiabank compró a las dos empresas; a su vez Creditel y Crédito de la Casa son propiedad del Banco Santander.
“Esas empresas son grupos económicos, bancos internacionales, pero también están las financieras nacionales, como Créditos Directos, Créditos Naranja y Credisol”, comentó Ford.
Sobre el trabajo en las financieras, Arbizu, de Banca Oficial, opinó que las instituciones privadas trasladan su operativa y “precarizan las condiciones de trabajo”, además “dan prestamos con condiciones totalmente distintas a las que otorgan los bancos privados; se están aprovechando de la gente y después se terminan llevando el dinero al extranjero, donde está la casa matriz”.
Una de las empresas mencionadas anteriormente tiene una promoción en la que presta 150.000 pesos en 26 cuotas de 12.000 pesos, por lo que la persona paga en más de dos años 312.000 pesos, más del doble de lo que pidió, eso sin contar las moras y los recargos en el caso de que haya un atraso en el pago. Ford dijo que desde el sindicato no tienen pruebas de que se configure el delito de usura en este tipo de préstamos y consideró que se manejan dentro de lo permitido por la ley, pero al límite: “Las empresas lo que hacen es tratar de tener más renta con un negocio que tiene más riesgos. El crédito al consumo tiene muchos menos controles bancocentralistas, y si bien es más lucrativo, porque tiene tasas más altas, también tiene más morosidad. Está dentro de la normativa, las empresas no van más allá de lo que pueden porque en definitiva son propiedad de los bancos y tienen algunos controles”, aseguró Ford. Antes de la pandemia la tasa de morosidad de los bancos privados fue de 2,6%, en el BROU fue de 5% y en las financieras, 18%. “Es una tasa baja para las financieras”, comentó.
Estas empresas internacionales trasladan el negocio minorista y dejan en los bancos los corporativos. “Son empresas separadas, tienen otro mercado, otro tipo de trabajo y otras condiciones. No podemos trasladar las condiciones de trabajo de los bancos a estas empresas porque si no sería muy sencillo, no tienen las mismas condiciones, pero sí la cobertura sindical y sí se han dado pasos adelante”, dijo Ford sobre los trabajadores de las casas de crédito. Contó que las empresas de préstamos surgieron después de las crisis de 2002, “cuando algunos capitalistas nacionales empezaron a armarlas, fueron muy exitosas y luego las vendieron. Hubo años en el que los bancos ganaron más por las financieras que por la actividad del banco”.
Una de las razones por las que una persona puede sacar un préstamo sin garantías en estos lugares es porque se supone que trabajan con capitales propios: “Los bancos no pueden prestar a ciudadanos que no tengan garantía porque ellos manejan ahorros públicos, en cambio las financieras, como trabajan con fondos propios, sí lo pueden hacer”, dijo.
Por último, si una persona no puede terminar de pagar el préstamo, en general la cartera es vendida a un estudio jurídico y terminan negociando la deuda, porque al final termina siendo impagable.

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La política de tercerización del banco país, que inicialmente abarcó actividades no bancarias, tuvo un empuje agresivo y comenzó a colonizar la gestión esencial del banco, el análisis de los créditos y la recuperación de las deudas. En el siguiente informe los detalles del análisis de créditos en manos de CPA Ferrere, las diez trasnacionales que controlan el sistema informático, los contratos con las empresas de seguridad, la sociedad anónima que integra, junto con República AFAP y República AFISA, el Grupo Banco República. 

 Según cifras preliminares sobre la gestión de los 12 meses cerrados en junio, el Banco República (Brou) exhibe, por primera vez desde 2005, un resultado menor que el conjunto de los bancos privados, de acuerdo con un informe elaborado por Aebu. Al pasar la mitad del año el Brou contabilizaba ganancias por 49,3 millones de dólares, mientras que los bancos privados trepaban a 55 millones de dólares. Incluso en los dos peores años para la actividad financiera, 2015 y 2016, la caída en las utilidades mantenía una relación de supremacía para el Brou.

Este cambio en la ecuación quizás esté anunciando que finalmente se instala una relación de competencia a la que aspiraban los organismos internacionales, en particular el Banco Mundial desde 1987, cuando la absorción de los bancos quebrados (Comercial, Pan de Azúcar, de Crédito, La Caja Obrera) ponía al Estado bastante cerca de la estatización bancaria, al controlar casi el 80 por ciento de toda la actividad financiera, un pecado contra el capitalismo neoliberal. Desde entonces el banco-país vino declinando posiciones, pero siempre representó la mitad y algo más del mercado.

En estos tiempos de bancarización e inclusión financiera quizás sea una simple coincidencia que los resultados alarmantes ocurran en medio de un implacable proceso de tercerización que está desguazando al Brou. Quizás no.

La política de tercerización, que inicialmente abarcó actividades no bancarias –como la seguridad, y particularmente la limpieza–, a partir de 2011 tuvo un empuje agresivo y comenzó a colonizar la gestión esencial del banco, el análisis de los créditos y la recuperación de las deudas. La salida y la entrada de dinero, el flujo sanguíneo de cualquier banco, está de hecho en manos privadas, tanto por la gestión directa como por el control informático de los datos y los procesos.

Tomando en cuenta las cifras del año pasado, a la consultora Cpa Ferrere (que tuvo un papel significativo en el proceso de privatización de Pluna y del Nuevo Banco Comercial) se le encomienda el estudio de más del 50 por ciento de todas las carteras de solicitudes de crédito, y que en montos, siempre comparando con el ejercicio pasado, no serán inferiores a los 2.000 millones de dólares. El argumento principal para justificar la tercerización fue el atraso que se produce en el análisis de los créditos –y por tanto en las decisiones sobre la aceptación o el rechazo de las solicitudes– a raíz de los dos picos de zafra, en agosto y en diciembre. Como argumento es endeble para fundamentar un traspaso de información tan sensible.

Un segundo plano de tercerización deviene de las licitaciones para la incorporación de servicios informáticos. No se trata sólo de la compra o el arrendamiento de equipos, software o sistemas, sino también de su gestión y mantenimiento. Ibm y Atos Bull lideran una lista de diez multinacionales que operan todos los sistemas y acceden a toda la información. Más de 140 técnicos de estas empresas trabajan en los diferentes departamentos y oficinas del banco.

El tercer plano de tercerización está a cargo de República Microfinanzas, una sociedad anónima creada por el propio banco para desarrollar actividades en régimen de actividad privada. Microfinanzas monopoliza las actividades de Banca Persona y Canales Digitales (call center, back office, asistencia en cajeros automáticos, e-brou y tarjetas de crédito). Es el sector más opaco de la tercerización, en relación con empresas contratadas cuyos términos no son de acceso público. Por ejemplo, se desconocen los acuerdos con Abitab y Red Pagos por funciones de corresponsales, y sólo se sabe, de fuentes internas del banco, que las dos empresas cobran en conjunto 1,1 millón de dólares mensuales por comisiones. En algunos casos la fundamentación de la tercerización radica en el aumento del volumen del trabajo, y en otros en “la reducción presupuestal en el rubro de horas extra”.

REMUNERACIONES SUMERGIDAS. Microfinanzas, además, es la principal responsable de una consecuencia de la tercerización, esto es, los sueldos o jornales sumergidos de los que son víctimas los guardias de seguridad, el personal de limpieza, las llamadas “azafatas” y los estudiantes universitarios, contratados a un promedio de 130 pesos la hora, a diferencia de los técnicos informáticos contratados a un precio-hora de 2 mil pesos. De modo que, con remuneraciones sumergidas, en Análisis de Crédito no se llenan las vacantes, al igual que el personal de Conserjería, que es sustituido por becarios, también por azafatas de Microfinanzas y en parte por guardias de seguridad.

Un efecto de la tercerización, entonces, es la reducción de los salarios que se pagan a los tercerizados. En algunos casos el Brou desembolsa más dinero que el que destinaba a un funcionario de planta (véase recuadro). Y una consecuencia adicional es la violación de aquel santuario constituido por el secreto bancario. Los requerimientos de agilidad y eficiencia han prácticamente eliminado aquella reserva: el personal tercerizado accede a las claves informáticas para conocer cualquier secreto de un cliente, ya sea sus movimientos diarios de tarjetas o los niveles de endeudamiento de una empresa (véase “El core de la tercerización”). Ello conlleva una paradoja: estudiantes y becarios acceden fácilmente a una información que el banco les niega a los legisladores, como ocurrió con el pedido de informes sobre empresas morosas.

VO, CARTERO. En otros tiempos más racionales, funcionarios de diversas divisiones del Brou se encargaban de todos los traslados: cheques, efectivo, documentos, correspondencia y, desde que aparecieron los cajeros automáticos, la reposición de sobres de depósitos, dinero y tarjetas.

Después vino la onda tercerizadora con Microfinanzas SA, y esas actividades fueron no sólo tercerizadas sino fragmentadas entre tres empresas trasnacionales que se reparten los contratos. Más un camioncito, que responde a una empresa contratada por Microfinanzas, y que repone sobres nuevos para los depósitos en los cajeros automáticos de las dependencias. No se entiende bien por qué las dependencias no hacen acopio de sobres. Lo cierto es que el camioncito recorre las sucursales en una o dos visitas semanales y cobra por cada dependencia tarifas que van de 8.500 a 13.800 pesos.

El costo mensual más Iva trepa a 227.006 pesos y el monto anual adjudicado a 3.323.367,84 pesos. Lo más insólito es que la tarifa para la entrega de sobres en el edificio 19 de Junio es de 8.566 pesos, por más que el depósito de sobres está en esa misma sucursal.

SEGURIDAD FÍSICA. Tres empresas trasnacionales, Prosegur (de origen español), Group 4 Securicor (G4S, de origen inglés) y Securitas (de origen sueco) monopolizan las tareas de seguridad física para el Brou (la seguridad informática está en otras manos, principalmente Ibm). Las tareas comprenden la custodia de valores (guardias armados y choferes), vigilancia en los locales, patrullaje y recorridas externas, monitoreo de videovigilancia y mantenimiento del sistema de grabación en los circuitos cerrados de tevé.

El banco tiene aún 22w blindados y vehículos con los que se realizaban todos los traslados de dinero, cheques y correspondencia. La custodia estaba en manos de personal policial; un convenio entre el Brou y el Ministerio del Interior sigue vigente hasta noviembre, pero hoy todos los guardias del Brou son privados.

¿Cómo se operó la tercerización completa de los servicios de seguridad? Mediante un patrón aplicado en distintas áreas: no reponer los cargos, no llamar a concurso, no desplazar personal. Los argumentos y las justificaciones son variados, pero una es la vedette: se ahorra dinero.

Esa premisa no está debidamente explicada en materia de seguridad: Securitas cobra, por monitoreos, recorridas y mantenimiento de sistemas, 43 millones de pesos anuales; G4S tiene un contrato vigente por “servicio de vigilancia con guardas privados para Montevideo y Canelones” por 200 millones de pesos anuales, y en 2021, cuando se cumplan todas las renovaciones, habrá percibido más de 920 millones; Prosegur cobra por sus servicios de vigilancia 60,1 millones de pesos anuales, más 20 millones por el arrendamiento de vehículos con chofer para el transporte de valores. Prosegur destina al Brou tres vehículos para los fines de semana y feriados a un costo de 1.855 pesos más Iva y 8,86 pesos más Iva por quilómetro recorrido. Por año el Brou paga 320 millones de pesos en seguridad, unos 12 millones de dólares.

GESTIÓN INFORMÁTICA. Diez empresas trasnacionales (véase cuadro) controlan el sistema informático del Brou por el que se canaliza todo el volumen de negocios. Implica la información, y en ciertos casos la gestión, de toda la operativa tradicional de créditos y depósitos, y las nuevas modalidades: “áreas de negocio, tales como Sfb, Nex, Scb, canales digitales, sistema de gestión humana, Siec, Siep, modelo de compra de oro y apoyo al nuevo core en títulos y tesorería, valores, Comex, migración y data cleansing de cuentas y clientes e interfaces de integración”, según la enumeración de las resoluciones del directorio.

Por medio de licitaciones abreviadas y contratos –que aparentemente en todos los casos eludieron las normas del Tocaf, con el argumento de que dichas actividades están sujetas al derecho privado puesto que la institución actúa en competencia con los bancos privados–, en 2017 el Brou lleva destinado a la tercerización de los servicios informáticos con esas diez trasnacionales un total de 7.759.589 dólares y 371.576.278 pesos, unos 15 millones y medio de dólares. Las cifras son mayores si se calcula el estimado cuando culminen los períodos de contrato. Por ejemplo, Aci North Data, la representación de Aci Worldwide, trasnacional de origen estadounidense especializada en software de pagos, cobrará al finalizar el año algo más de 2 millones de dólares, pero embolsará en total unos 10 millones cuando terminen en 2019 sus nueve contratos, algunos de los cuales comenzaron a partir de 2014.

Las empresas de gestión informática alojaron en las oficinas del Brou a 143 empleados, cuya recontratación como personal tercerizado se realiza automáticamente, dado que “es de suma importancia conservar a las personas que actualmente se han desempeñado en las disciplinas que se contrataron”, en parte porque, se argumentó, el entrenamiento de nuevo personal llevaría tiempo y sería costoso, “con la puesta en marcha del proyecto de cambio del sistema central del banco, no es deseable ni aconsejable prescindir o sustituir el conocimiento ya adquirido”. Esos 143 empleados de las empresas privadas trabajan en un mismo lugar físico con otros 177 funcionarios del banco.

Atos Bull, trasnacional de origen francés, destinó 26 empleados para los servicios al Brou; Ibm, y Unisys, ambas trasnacionales estadounidenses, tienen 20 empleados cada una; Hexa, una compañía de origen uruguayo ahora multinacional, tiene 16; Insight, otra compañía uruguaya asociada a Ibm Rational, Microsoft, European Software Institute (Esi) y LearnQuest, destina 15; Quanam, una federación de firmas de consultoría, 11; Sonda, de origen chileno, destinó diez empleados. Con cifras menos significativas aparecen Genexus-Artech, Arnaldo Castro, Interamericana de Cómputos, Infoland, Microsoft, Paystudio (integrante de la trasnacional Worldpay) y De Larrobla. A diferencia de la tercerización de análisis de créditos, la actividad informática no exige la presencia obligatoria de los tercerizados en las dependencias del Brou, por lo tanto se desconoce el contingente total de empleados de esas trasnacionales que acceden a toda la información informatizada.

 ANALIZAME LAS SOLICITUDES DE CRÉDITOS. Como resultado de una política de tercerización del análisis del crédito corporativo (empresarial y agropecuario) la consultora Cpa Ferrere tiene a su cargo desde fines de 2016 el estudio de unas 3 mil carteras de créditos del Banco República. Ello supone manejar información sensible de los clientes corporativos e incidir en el otorgamiento de préstamos que en el último ejercicio representaron un total aproximado de 2.000 millones de dólares. En el llamado a propuestas para la contratación de firmas consultoras se establecía “el cometido de brindar asistencia técnica temporal en el Área de Análisis de Crédito Corporativo, en lo que respecta a la calificación del pilar financiero de su cartera corporativa comercial. El pilar financiero es la evaluación de la capacidad de pago del deudor considerando la información referida”.
Cpa –una transformación cualitativa del original bufete de abogados Ferrere y Asociados, que se presenta a sí misma como una empresa que brinda “servicios profesionales en las áreas de tercerización contable, consultoría económica y financiera, estrategia y capital humano, procesos y tecnología, impuestos y auditoría”– ganó en agosto de 2016 la licitación abreviada para el análisis de créditos, por un período de contratación de hasta tres años y por un monto de 45 millones de pesos. El universo de estudio son las solicitudes de préstamos de hasta 600 mil dólares, que en 2016 representaron 1.230 millones de dólares, en conjunto. Cpa ganó la adjudicación al superar las propuestas de Kpmg y Price Waterhouse Coo-per. En febrero de 2010 Cpa había obtenido, en una resolución firmada por Tabaré Vázquez y Danilo Astori, la concesión de diversos beneficios promocionales y exoneraciones fiscales por un proyecto de inversión de 1.893.232 unidades indexadas, para “satisfacer el crecimiento de la demanda de nuevos servicios profesionales de alta calidad utilizando la misma tecnología que emplean las firmas profesionales líderes a nivel mundial”.
La tercerización del estudio de las solicitudes de préstamos está a cargo del Comité de Crédito que, según fuentes del banco, dirige el señor Álvaro Correa, asesor personal externo contratado por el presidente del directorio, Jorge Polgar (con un salario de 134.200 pesos). De esta manera habría cierta coherencia en que esa tercerización sea monitoreada por un tercerizado.
La asistencia técnica en materia de análisis crediticio es responsabilidad del contador Nelson Mendiburu, socio de Cpa Ferrere, que capitanea un equipo integrado además por otro contador y seis estudiantes de ciencias económicas. Los ocho analistas de Cpa trabajan en unas oficinas del edificio Empresas, en Treinta y Tres y 25 de Mayo. En principio las carpetas no pueden salir físicamente de la institución; sin embargo, según la memoria descriptiva del contrato, “el Brou otorgará a la consultora adjudicataria una licencia de uso de Connect Direct Ftp +”, lo que significa que Cpa puede acceder desde fuera del banco a la misma información que desde dentro de él.
El estudio de las carpetas incluye la evaluación del patrimonio de los clientes, los resultados contables de las empresas, su nivel de endeudamiento en el conjunto del sistema financiero, su eventual morosidad y su papel en una estructura de grupo económico, si así fuera. A efectos de confirmar informaciones o pedir ampliaciones, los analistas de Cpa contaban con correos electrónicos personales pero con dominio Brou, de modo que el cliente no sabía que su gestión de crédito –y por ende toda su información sensible– estaba en manos de tercerizados. La situación cambió a comienzos de este año cuando un intercambio de correos electrónicos entre un analista y un cliente derivó en lo que este último consideró una amenaza. La protesta del cliente reveló el carácter privado y tercerizado del análisis de crédito, de modo que a partir de entonces se transparentó esa situación.
El equipo de analistas está sujeto a las normas de confidencialidad que establece la ley de acceso a la información pública, lo que para el directorio del Brou es resguardo suficiente para la apertura del secreto bancario a estudiantes tercerizados que reciben unos 16 mil pesos nominales mensuales. El contrato de tercerización estipula el precio que se pagará a Cpa por cada carpeta analizada: según un ajuste de marzo de 2017, la tarifa es de 6.908 pesos más Iva para los informes comunes; 5.464 más IVA para los informes básicos; y 1.648 más Iva para los informes simplificados. Con sólo tres carpetas básicas, que no pueden insumir más de tres días, un estudiante cubre su mensualidad.
Además del análisis de créditos, Cpa-Mendiburu tiene vigentes otros ocho contratos con el Brou por un total de 10 millones de pesos.
SERVICIOS DE ABITAB Y RED PAGOS. Hasta hace un año era posible ver en alguna sucursal del Banco República un box de cajero ocupado por un muñeco de cartón. Era una manera, ingeniada por los trabajadores sindicalizados, de dar a conocer a los clientes la pérdida de un puesto de trabajo: simplemente el directorio del banco no reponía el puesto que había quedado vacante por diversas razones.
Hoy la realidad le pasó por encima a esa estrategia de resistencia: con el cierre de sucursales, aperturas tres veces por semana en dependencias del interior del país, la reducción drástica de cajeros adquiere un ritmo demoledor que en parte se justifica con una supuesta “modernización” de la actividad bancaria, por el empuje en la aplicación de las nuevas tecnologías y por la inclusión financiera.
El banco decidió que sólo los que tienen mucha plata gozan del beneficio de ser atendidos por un ser humano en sus oficinas; depósitos inferiores a 160 mil pesos y retiros inferiores a 30 mil o 10 mil pesos (según si el cajero está en un Brou o no) deben realizarse en cajeros automáticos… o en los locales de Red Pagos y Abitab. La transmutación de las colas hacia los locales de estos “corresponsales” le cuesta al banco un millón largo de dólares al mes, por concepto de comisiones: por cada retiro el Brou paga a Abitab y Red Pagos unos diez pesos. Por depósitos de hasta 30 mil pesos paga 11 unidades indexadas; y por depósitos de hasta 40 mil pesos 22 unidades indexadas, por depósitos de hasta 50 mil, 33 unidades indexadas. El pago por comisiones rondaba en 2016 los 6 millones de pesos mensuales, mientras que en 2011 apenas superaba el millón. El pago de comisiones podrá aumentar notoriamente cuando se concrete el anuncio de que sólo quedarán siete dependencias del Brou con funcionarios-cajeros. Y en algunas localidades del Interior, en la misma cuadra o plaza donde las oficinas del banco sólo abren dos o tres días a la semana, sugestivamente han aparecido nuevos locales de Abitab y Red Pagos.

Fuente: https://elmuertoquehabla.blogspot.com/

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