Por Sam Olukoya |
Fuentes: IPS
Migrantes nigerianos retornan a Lagos desde Libia. En los últimos años miles de ciudadanos de Nigeria han sido rescatados en Libia, Líbano y otros países de Medio Oriente tras ser víctimas de diferentes modalidades de trata de personas, incluida la esclavitud. Al menos 80 000 nigerianas fueron retenidas como esclavas sexuales o trabajadoras forzadas en diferentes países de esa región. Foto: Sam Olukoya / IPS
LAGOS, 14 sep 2020 (IPS) – «Necesito ayuda, ahora mismo no puedo caminar correctamente», suplicó la víctima nigeriana de trata de personas Nkiru Obasi desde su cama de hospital en un vídeo en la capital de Líbano que publicó en línea.
La joven nigeriana resultó herida en la explosión del 4 de agosto en Beirut, que arrasó parte de la capital libanesa, mató al menos a 190 personas, hirió a otras 6500 y dañó 40 por ciento de la ciudad. Sin embargo, no son sus heridas las que la mantienen en el Líbano, sino un sistema restrictivo y abusivo de leyes sobre migrantes.
Obasi es solo una de las miles de jóvenes nigerianas traficadas a Líbano con falsas promesas de una vida mejor.
El periódico New Telegraph, que se edita en Lagos, la ciudad más poblada el país, citó a una fuente de la embajada de Nigeria en Líbano que aseguró que unas 4541 mujeres nigerianas fueron traficadas al país el año pasado.
«El sistema restrictivo y explotador de kafala atrapa en Líbano a decenas de miles de trabajadoras domésticas migrantes en situaciones potencialmente dañinas al vincular su estatus legal al de su empleador, lo que facilita condiciones altamente abusivas que, en el peor de los casos, equivalen a la esclavitud moderna» (Aya Majzoub).
La política y presidenta de la Comisión de Nigerianos en la Diáspora, Abike Dabiri-Erewa, describió la tasa a la que las mujeres nigerianas son traficadas al Líbano como «una epidemia».
Tras sufrir heridas en la explosión, Obasi intentó regresar a Nigeria, pero ella y otras cuatro personas fueron detenidas en el aeropuerto bajo el sistema de “kafala” (patrocinio, en árabe).
Ese sistema, que consolida la explotación laboral y se practica ampliamente en Líbano y otras partes de Medio Oriente, prohíbe a los trabajadores migrantes salir del país sin el permiso de su empleador.
«El sistema restrictivo y explotador de kafala atrapa en Líbano a decenas de miles de trabajadoras domésticas migrantes en situaciones potencialmente dañinas al vincular su estatus legal al de su empleador, lo que facilita condiciones altamente abusivas que, en el peor de los casos, equivalen a la esclavitud moderna», según Aya Majzoub, investigadora en Líbano de Human Rights Watch.
La organización humanitaria internacional con su sede principal en Nueva York pidió que ese sistema sea sustituido por un contrato que reconozca y proteja los derechos de los trabajadores garantizados internacionalmente.
A fines de mayo, Nigeria intentó repatriar a 60 mujeres víctimas de trata desde Líbano, pero solo 50 pudieron regresar a casa. Los activistas contra la trata en el Medio Oriente dijeron que las 10 mujeres restantes fueron retenidas en Líbano bajo el kafala.
El sistema kafala propicia acciones de esclavitud con las mujeres víctimas de trata y/o de tráfico.
Un ejemplo: en abril, un libanés publicó un anuncio en Facebook en su sección de «Compra y venta en el Líbano». «Trabajadora doméstica de Nigeria a la venta con nuevo documento legal, tiene 30 años, es muy activa y muy limpia», decía el anuncio en árabe. El precio era de 1000 dólares.
Una protesta de Nigeria obligó a las autoridades libanesas a rescatar a la mujer, mientras que un hombre al que se creía responsable de la publicación de Facebook fue arrestado. El Ministerio de Trabajo libanés dijo que el hombre sería juzgado por trata de personas, aunque trata estos delitos como casos aislados.
Pero está lejos de ser un caso aislado. Muchas mujeres nigerianas traficadas a Medio Oriente cuentan historias similares sobre cómo fueron vendidas como esclavas.
En enero, Ajayi Omolola, de 23 años, apareció en un vídeo en línea asegurando que ella y algunas otras mujeres nigerianas estaban retenidas en duras condiciones y que sus vidas corrían peligro.
«Cuando estamos enfermas, no nos llevan al hospital, algunas con las que llegué al Líbano han muerto», dijo.
Omolola denunció que a su llegada a Líbano, le quitaron el pasaporte y la «vendieron».
«Inicialmente no me di cuenta de que me habían vendido como esclava», dijo, y agregó que solo tomó conciencia de la gravedad de su situación cuando su jefe le dijo que no podía regresar a Nigeria porque la había «comprado».
Kikelomo Olayide tiene una historia similar. A su llegada al Líbano desde Nigeria, la llevaron a un mercado. «En ese mercado nos llaman directamente esclavos» y los trataban como tales, dijo.
Roland Nwoha, director de programas y coordinador de migración y trata de personas de Idia Renaissance, una organización nigeriana que trabaja para desalentar la migración irregular y la trata de personas, dijo a IPS que aunque Europa es un gran atractivo para los nigerianos en busca de un futuro mejor, Medio Oriente está resultando una creciente alternativa.
Nwoha explicó que, a diferencia del viaje a Europa, que implica un peligroso viaje por tierra a través del desierto del Sahara y un cruce igualmente peligroso del mar Mediterráneo, los traficantes llevan a sus víctimas al Medio Oriente por avión después de conseguirles visas y la promesa de buenos empleos.
El presidente del Comité de Asuntos de la Diáspora de la legislativa Cámara de Representantes de Nigeria, Tolulope Akande-Sadipe, dijo que 80 000 mujeres nigerianas están detenidas como esclavas sexuales y trabajos forzados en Medio Oriente, especialmente en el Líbano, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Omán.
Las mujeres nigerianas traficadas hacia el Medio Oriente «casi siempre terminan en explotación laboral y sexual», dijo Daniel Atokolo Lagos, comandante de la Agencia Nacional para la Prohibición de la Trata de Personas.
Gloria Bright es una maestra nigeriana a la que se le prometió un trabajo de docente con un salario mensual de 1000 dólares en Líbano, pero cuando llegó a Beirut se la obligó a trabajar como empleada doméstica y estuvo cautiva por sus empleadores.
Logró publicar un vídeo en que pedía ayuda para ser rescatada, donde denunció que además de forzarla a trabajar en condiciones extenuantes, su jefe la acosaba sexualmente. «A veces me pide que le dé un masaje, me abraza, me besa», dijo.
Bright tuvo mucha suerte porque fue rescatada por las autoridades nigerianas antes de la explosión del 4 de agosto en Beirut.
La política Dabiri-Erewa insistió en que el tráfico de nigerianos al Líbano «se está convirtiendo en una gran vergüenza y hay que detenerlo».
En un esfuerzo por detener el crimen, las autoridades nigerianas han arrestado a varias personas, incluidos residentes libaneses en Nigeria. Un libanés está siendo investigado en relación con la trata de 27 mujeres al Líbano, dos de las cuales han sido rescatadas.
El embajador libanés en Nigeria, Houssam Diab, asegura que su legación está ayudando al gobierno a detener la trata de mujeres a su país. Dijo que la emisión de visas de trabajo hacia su país se suspendió tras la confirmación de casos de abuso de mujeres nigerianas a manos de sus empleadores libaneses.
El embajador dijo que el Ministerio de Trabajo libanés buscará una «forma legal y sistémica de hacer que el personal doméstico ingrese legalmente al Líbano sin temor a un trato inhumano».
Los activistas, como Nwoha, que trabajan contra la trata de personas, ponen el foco sobre el gobierno y aseguran que debe hacer más para reducir las actividades de los traficantes en este país de África occidental y más de 220 millones de personas, 90 millones con menos de 18 años y una gran proporción en situación de pobreza.
Además, demandaron que el gobierno debería mejorar las condiciones en casa para evitar que los nigerianos busquen desesperadamente una vida mejor en el extranjero.
T: MF
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2020/09/sistema-explotacion-atrapa-mujeres-nigerianas-esclavas-libano/
Níger, las muertes secretas
Por Guadi Calvo |
Fuentes: Rebelión
El pasado 9 de agosto, hombres armados en motocicletas, atacaron el vehículo en el que viajaban seis voluntarios franceses de la ONG ACTED (Agence d’Aide à la Coopération Technique Et au Développement) junto a su guía y un chofer ambos nigerinos, cuando atravesaba la reserva de jirafas de Koure, a 65 kilómetros Niamey, la capital de Níger.
Todos los ocupante del jeep murieron en el hecho y si bien desde el inicios de las investigaciones era dado por cierto que los atacantes pertenecían a alguna de las dos grandes organizaciones terroristas que operan en la región: la franquicia de al-Qaeda global, que en 2017 tras la unión de varios grupos pasó a llamarse Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin o Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en inglés) o la perteneciente al Daesh, Estado Islámico del Gran Sahara (EIGS), aunque en el momento ninguna de las dos organizaciones, en guerra entre sí, se había responsabilizado del hecho (Ver: Sahel: Una guerra por la gracia de Dios).
En su momento, el general Dominique Trinquand, ex jefe de la misión militar francesa en la ONU, había declarado que el objetivo jamás había sido el secuestro, sino la muerte de los cooperantes, por dos motivos: en venganza contra Francia por la presencia de la Operación Barkhane, que con más de 5 mil militares franceses, opera en la región contra estos grupos y justamente la presencia de estos efectivos, hace mucho más difícil a los terroristas la posibilidad de mantener rehenes para negociar su liberación, gestión que muchas veces se ha demorado años. Sumado a un golpe de efecto mediático, algo que siempre buscan estas organizaciones, ya que este tipo de acciones siempre produce gran repercusión en la prensa y pone el nombre de esas organizaciones en lo alto para la mirada de muchos jóvenes aspirantes a incorporase a alguna de estas khatibas.
A más de cuarenta días del ataque en la reserva natural de Koure, en un reciente comunicado de al-Naba, el sitio oficial de Daesh, reconoció la responsabilidad del ataque al jepp de los cooperantes, además de informar de nuevos enfrentamientos con al-Qaeda en diferentes puntos del Sahel.
En muchas oportunidades estos grupos demoran reconocer sus acciones, esperando primero la reacción tanto de la prensa, como de los gobiernos afectados por esas acciones, por lo que al-Qaeda a las pocas horas de conocerse ese ataque, había sacado un comunicado donde negaba cualquier participación en el hecho.
La acción del pasado 9 de agosto recordó la emboscada del 4 de octubre de 2017 en la región suroccidental de Tillabery, Níger, próximo a la frontera con Malí y Burkina Faso, donde murieron una docena de militares, cuatro de ellos boinas verdes norteamericanos, junto a ocho efectivos del ejército nigerino. Lo que dejó en evidencia la presencia de Washington en ese conflicto, información hasta ese momento absolutamente desconocida, para gran parte del pueblo norteamericano. (Ver: Níger: Cacería en el Sahel.)
La venganza como táctica.
En diciembre del año pasado un ataque terrorista contra la guarnición militar de la ciudad occidental de Inates en la ya crítica región de Tillaberi, había dejado 71 militares muertos y una docena de heridos, en esa oportunidad el vocero del ejército nigerino había informado que también que 54 terroristas habían muerto en la acción.
Durante los meses de abril y mayo, de este año, se reportaron al menos la desaparición de 102 civiles que vivían en proximidades al área de la acción de diciembre, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comenzó la investigación que se suma a la denuncias acerca de la desaparición de otras 200 de las que según la CNDH estaría involucrados no solo al ejército de Níger, sino también los de Malí y Burkina Faso.
Se acaba de conocer que dicha comisión ya ha descubierto 71 cuerpos, en seis fosas comunes, que según los investigadores, todos los cuerpos aparecieron con las manos atadas a la espalda, heridas de bala y puñaladas, los turbantes en el cuello y los cráneos destrozados. La comisión responsabilizó de las “ejecuciones sumarias y extrajudiciales de civiles desarmados” a miembros de las Fuerzas de Defensa y Seguridad (FDS) de Níger, sin determinar si los altos mandos del ejército fueron quienes dieron las órdenes de las ejecuciones.
El jefe de la comisión investigadora y presidente de la Red Panafricana por la Paz, la Democracia y el Desarrollo Abdoulaye Seydou dijo que se entrevistó con más de setenta testigos entre mayo y julio pasado, y que todavía su informe estaba incompleto, aunque ya fue presentado al presidente nigerino Mahamadou Issoufou, aunque no ha habido respuestas.
Esta matanza de civiles no es ninguna novedad en la región donde la coalición conocida como el Grupo G5 Sahel (G5S) conformada por los ejércitos de Burkina Faso, Chad, Mauritania, Mali, Níger, acompañada por distintas misiones de occidente mantienen desde 2012 un guerra contra grupos insurgentes vinculados a el Daesh y al-Qaeda, que solo el año pasado ha dejado 4 mil muertos y millones de desplazados.
Los ejércitos regulares como venganza y como estrategia suelen atacar aldeas remotas, y tras saqueos y violaciones ejecutan a los pobladores encubriendo sus actos como “operaciones antiterroristas”,
Un informe de la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) acusó al ejército de Malí de la ejecución de 101 civiles entre enero y marzo de este año al tiempo que se documentaron 589 violaciones de derechos humanos, incluidas 30 ejecuciones extrajudiciales masivas, realizadas por miembros del ejército nigerino estacionados en Malí como parte del G5S.
Por su parte también el ejército burkinés y malí ha recibido acusaciones por la violación a los derechos humanos después de la desaparición de cerca de 200 personas entre febrero y abril.
Las acciones de terror aplicadas por los ejércitos regulares, contra aldeanos indefensos, según los expertos se deben fundamentalmente la pésima preparación de los mismos, ya que han sido entrenados para la guerra clásica y no luchar contra un enemigo espectral, en la mayoría de los casos mejor preparado, mejor armado y mejor pago. Lo que redunda en su baja moral de combate y su propensión al latrocinio, prefiriendo no arriesgarse frente a un desconocido y asegurarse matando primero e investigando después.
En las comunas malíes de Diabaly y Dogofry en la región de Segú se pudo comprobar que al menos 23 personas fueron asesinadas extrajudicialmente, mientras que otras 27 fueron desaparecidas después de haber sido detenidas por el ejército entre el 3 de febrero y el 11 de marzo de este año. Se constató que el 16 de febrero en Belidanedji, fueron ejecutadas de manera ilegal otras cinco personas, cuyos restos debieron ser enterrados por los propios aldeanos al tiempo que otras 18 que fueron detenidas desde entonces no han vuelto a aparecer. Historias similares se replican en Burkina Faso, donde la violencia integrista se ha instalado particularmente en el norte del país obligando a casi un millón de personas a abandonar sus hogares en procura de lugares más seguros, lo que los pone en la mira de las fuerzas de seguridad que poco distinguen entre un terrorista y un campesino.
Durante la cumbre entre Francia y el G5S, que se llevó a cabo en la ciudad francesa de Pau, el 13 de enero pasado, donde se discutieron diferentes temas de la seguridad de la región, Macron llegó a un acuerdo con sus pares africanos para investigar, controlar y castigar los “excesos” de los ejércitos contra la población civil. A más de ocho meses de aquello, todavía ninguno de esos gobiernos ha dado una respuesta efectiva, ni tampoco Francia ha pedido explicaciones por lo que las muertes secretas se seguirán produciendo ignoradas por todos.
Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC
