Carabineros es ya un problema de seguridad nacional, por lo que urge su refundación
por El Mostrador octubre, 2020
Cuando la mitad o más de los problemas de mayor complejidad de la agenda política nacional tienen su origen o están relacionados con su policía, el país en cuestión experimenta un problema de seguridad nacional. Y ello, apunta al vértice de los organismos superiores del Estado. Ya no se trata solo de asuntos internos policiales, de corrupción institucional, ineficiencia operativa o desorden y problemas de gestión, cuestiones que podrían enfocarse desde la perspectiva sectorial de la seguridad. No. A estas alturas es un tema de gobernabilidad e incumbe la responsabilidad de los niveles políticos más altos del Estado.
Cuando esto ocurre, no queda otra cosa que intervenir drásticamente a la policía y empezar muy de abajo y paso a paso. No se puede disolver la policía, porque no hay Estados ni democracias modernas sin servicios policiales. Pero sí los hay con policías corruptas, ineficientes, mentirosas e insubordinadas, y eso es lo que se debe evitar para Chile.
Carabineros ha adquirido, en un proceso prolongado y continuo, el carácter de un problema de seguridad nacional. Sus métodos y actuaciones, entre discrecionales y brutales, ya en demasiadas oportunidades lesionan los derechos civiles de las personas en el país. Pero esto es, a estas alturas, solo una manifestación parcial –por cierto muy grave pero no la única– de una crisis más profunda.
De ahí que resulte urgente declarar formalmente a Carabineros en plena reestructuración institucional global, relevar el mando actual y arbitrar los mecanismos y criterios para enfrentar un proceso que será extremadamente complejo, tanto en lo conceptual sobre la policía que el país requiere, como en la arquitectura institucional y profesional interna de ella.
De lo contrario, y tal como vienen sucediendo las cosas, Chile corre el riesgo de quedarse sin una policía confiable para la ejecución del orden y la ley.
Hoy, la policía de Carabineros se agazapa y taima frente a las críticas de los poderes civiles, actúa corporativamente como cuerpo y su mando ampara o justifica las irregularidades. Se malversan los recursos fiscales o se los sustrae en beneficio propio de algunos, y, en el exceso de autonomía relativa con que se autogobierna, todo lo que ocurre son episodios susceptibles de ser explicados, generalmente mediante engaños y rectificaciones que van licuando las responsabilidades mientras el tiempo pasa.
Lo dicho no es una exageración. Si una parte sustantiva del mando institucional, hoy procesado criminalmente y en prisión preventiva, fue capaz de desfalcar los fondos de toda la institución, no existe ninguna razón para pensar que no podrían aceptar sobornos del crimen organizado, o negociar armas, impunidad e información con ellos, o simplemente constituirse en una policía de niveles inaceptables de fraccionamiento y corrupción.
Ello no significa que todo esté perdido. Pero esa es la prospectiva de la institución que se alza ante nuestros ojos, debido a la inmovilidad del mundo político para intervenir de manera cierta en el tema.
Como en todas las cosas, por cierto hay una historia y elementos rescatables. Y seguramente una inmensa masa de uniformados siente de manera verdadera la vocación profesional del policía. Pero hoy Carabineros de Chile está dominado por la inercia profesional, el corporativismo y, sobre todo, la falta de profesionalismo.
Por lo que hay que tomar acciones drásticas y urgentes, al menos en cinco campos, y que ya son muchos, con un horizonte máximo de un año.
Primero, se le debe intervenir externamente, poniéndosele una Comisión Técnica Policial por sobre el mando, formada por un cuadro de civiles, policías, militares, jueces y auditores, capaces de hacer el control superior del servicio, como un Comité Interventor.
Segundo, se deben hacer al menos –de inmediato– tres auditorías generales, una de patrimonio y finanzas, otra de personal, y una tercera de procedimientos policiales, a fin de determinar el estado más exacto posible en que se encuentra la institución, incluidos sus cuerpos especializados. En medio de la discusión presupuestaria, lo más probable es que Carabineros llegue con peticiones que nadie sabe siquiera si existen o se usan. Como los 6 mil efectivos que nunca existieron, pero que fueron informados por años al Gobierno y al Congreso, con el mero objeto de conseguir ilícitamente más recursos del erario nacional.
Tercero, se debe dividir la estructura nacional del cuerpo en cinco macrozonas, cuyas jefaturas se entiendan directamente con la Dirección General, pero bajo supervisión de la Comisión Técnica Policial, atendiendo a las áreas geográficas y sus necesidades.
Cuarto, se debe liberar la mayor cantidad de servicios periféricos no policiales (tránsito, custodia, otros). Ello incluye el inicio del estudio profundo de la currícula profesional, las exigencias psicológicas y físicas, y la creación de una sola escuela de policías, lo que ampliaría su perspectiva profesional.
Y quinto, la dirección de Inteligencia debe ser reestructurada completamente bajo supervisión del Comité de Inteligencia Nacional.
Es imprescindible empezar a debatir estos temas gruesos ya, para evitar que Carabineros se siga deteriorando en manos de un mando inútil, que se ampara en un control político civil sin ninguna preparación y sin voluntad de hacer lo que tiene que hacer.
La policía en democracia y el déficit de Carabineros de Chile
por Alejandra Luneke octubre, 2020
Durante los últimos días, nuevamente, hemos sido testigos de la represión policial de Carabineros en el centro de la ciudad. Un menor de edad fue arrojado al río Mapocho en el contexto de movilización y protesta. Desde el 18-0 hemos sido testigos de contundentes informes, denuncias y querellas por violaciones de los Derechos Humanos y el uso abusivo de la fuerza.
También, y hace casi nueve meses, dos comisiones entregaron sus informes respectivos al Gobierno para definir el camino de una reforma policial que evitase que estos hechos se repitieran. Sin embargo, no ha habido avances sustantivos en la materia. Por el contrario, el Gobierno ha sido ambivalente respecto al accionar policial en este caso y, tras los hechos de violencia rural acontecidos el sábado contra un trabajador en Collipulli, ha jugado con la teoría del empate en contrapartida.
Por su parte, hoy las autoridades policiales zigzaguean en sus declaraciones, quienes primero negaron los hechos, ocultando información y/o cambiando pruebas. Se han refugiado en el apoyo político que han recibido del actual Gobierno, y también retóricamente, se apoyan en el respaldo social que reciben de “la gente de bien”, como señalara otrora el general director Mario Rozas.
En democracia, la policía no elude su responsabilidad ante hechos como el homicidio frustrado contra A.A., no es ambivalente, tampoco hubiera antes escondido o cambiado pruebas. Tampoco, define ciudadanos de primera o segunda categoría. En democracia no hay enemigos internos, no hay enemigos implacables, ni gente de bien ni gente mala. Hay ciudadanas y ciudadanos que son iguales ante la ley, que merecen igual resguardo o igual castigo, que merecen una policía imparcial, que sea capaz y eficiente en proteger los valores supremos incluso en situaciones complejas.
La policía se debe a su ciudadanía, no en contra de ella. La policía democrática es parte de la sociedad y no ajena. La policía no es un ejército frente a un adversario, sino un servicio público cuyo objetivo es reforzar las normas colectivas que hacen posible la confianza mutua, el ejercicio de los derechos y la dimensión social y común de la vida (Roche, 2019).
En democracia no debería existir una policía al servicio de una ideología de guerra que termina siendo, al final del día, una ideología política. Requerimos de una policía que se comprometa con los valores democráticos, que sea eficiente en el control del orden público, al tiempo que dé resguardo y protección a toda la ciudadanía.
Los hechos acontecidos nos muestran que es urgente avanzar en su reforma, al mismo tiempo, que parece también necesario replantear el carácter militar de su doctrina.
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