Uruguay – Mapa de la Impunidad

La JUP

 ¡Qué  tanto  Gre-gre  pa  querer  decir  Gregorio!

Estaban y están… organizándose.

Personas atacadas en plena calle al grito de ¡Comunista!, incendiadas o golpeadas con bates de béisbol por individuos que viajan en autos de ‘alta gama’… Atentados a locales y militantes sindicales y políticos… Placas de la memoria vandalizadas…

Y más recientemente, cartelería de la JUP en algunos centros liceales.

¿Cuánto más debemos esperar para reconocer que no se trata de hechos azarosos o aislados?

¿Quiénes son?

Algunos análisis los definen como neonazis; otros como neofascistas.

Más allá de dichos aportes, la jerga popular los escracha sin confusiones ni eufemismos: ¡son fachos!

¿Quiénes fueron?

La Juventud Uruguaya de Pie, organización de extrema derecha nacida en Salto, ha sido un instrumento muy activo de la violencia política del fascismo. Surgió en octubre de 1970 como un movimiento social que logró aglutinar a un sector conservador de la población, tras las banderas del anticomunismo y cierta forma de patriotismo, en contra del avance y el fortalecimiento del movimiento popular. 

En su seno convergieron agrupaciones juveniles de todo el país autodefinidas como ‘demócratas’, que tenían como objetivo enfrentar al estudiantado movilizado en torno a metas revolucionarias y diversos proyectos de justicia social.

Su accionar tuvo un hondo impacto público hasta su autodisolución formal en 1974.

Esta organización se manifestó a través de acciones violentas, propaganda escrita y radial, ataques a centros estudiantiles y actos públicos en todo el país. Su discurso predicaba el patriotismo nacionalista y ruralista, de la mano de un anticomunismo militante y catolicista que defendía el militarismo y el status quo de la injusticia capitalista dominante (en síntesis, las ideas más conservadoras y fundantes de los partidos Blanco y Colorado).

En el ámbito juvenil protagonizaron la voz de la contrarrevolución que se instaló en toda América Latina.

Si bien actuaron especialmente en ámbitos estudiantiles, su convocatoria trascendió dicho espacio generacional. 

En 1972, este grupo propagandeaba su proyecto de ‘revolución nacional’, de neta resonancia falangista. Apostando por la vía del golpe militar, hacían loas de la dictadura brasileña, instalada desde 1964.

Desde ese discurso, ejercieron violencia política contra centros estudiantiles en lucha y contra el domicilio de diversos militantes, cuyas viviendas eran ‘señaladas’ y atentadas.


La JUP planificó y cometió varios asesinatos, reivindicando las prácticas del terrorismo de Estado.

El diario La Mañana, medio de difusión de la derecha más rancia, obró como caja de resonancia de sus planteos, en los que reclamaban el intervencionismo en la Enseñanza y la restauración de la autoridad y del año lectivo en los centros de estudio, a cualquier costo.

Así lo evidencia  el siguiente fragmento de su página editorial del 7 de octubre de 1971:

“Desde un tiempo a esta parte los voceros del comunismo pretenden confundir a la ciudadanía desprevenida del país con una andanada de ataques contra el movimiento de la Juventud Uruguaya de Pie. El más manido es la de imputarle todos los disturbios acaecidos en Secundaria.

La JUP sería algo así como aparcera de la feroz policía en la provocación de conflictos, contra inocentes estudiantes de izquierda […]”.

No es de extrañar que, algunas décadas después, este medio oficioso del fascismo reabriera sus puertas en 2019, guiado genealógicamente por la mano de Hugo Manini Ríos, integrante de la JUP y detentor de su jefatura.

Ya en 1970 los jupistas abonaban el reclamo de ‘mano dura’: “[…] Montevideo parece un campo de batalla, con piedras, gases lacrimógenos por todos lados y barricadas que se erigen, se levantan, vuelven a instalarse […] La medida de suspensión (de los cursos) desnuda la imposibilidad del gobierno de restaurar el orden”

“Somos los que vamos al Liceo a hacer algo hasta que cumplamos 18 años y podamos trabajar. Somos hijos de familias que no nos usan de instrumentos de sus rencores políticos ni de sus situaciones económicas”. (Revista Cuestión, febrero de 1972).

Desde su surgimiento el accionar de la Juventud Uruguaya de Pie fue incrementándose en respuesta a la lucha social que se desarrollaba y avanzaba.

En agosto de 1970, mientras estudiantes y profesores organizaban contracursos y ‘liceos populares’ contra la intervención del pachecato en la Enseñanza, la JUP proponía la aplicación de una ‘guerra pedagógica’ que centraba la función de los sistemas educativos en formas de socialización promotoras de la despolitización de los jóvenes, ya que estos eran, según su análisis, los principales opositores al gobierno.

Para ello, requirieron de un cuerpo docente dispuesto a ‘colaborar’ (lo que implicó, como contrapartida, decenas de destituciones) y de un sector estudiantil comprometido a garantizar, por cualquier medio, que el año lectivo pudiera desarrollarse con ‘normalidad’.

Al reanudarse los cursos en marzo de 1971, se produjeron serios enfrentamientos entre las dos posturas estudiantiles. Varios centros de estudio de Montevideo y de la zona metropolitana (liceos Nº 18, Nº 9 y Nº 13, el Bauzá, el IAVA y el Liceo de Las Piedras) fueron focos de dichas confrontaciones.

Los choques iban desde golpes de puño, cadenas y cachiporras a armas de fuego. Los jupistas actuaban bajo la protección de la policía (encubierta o uniformada) y sus acciones eran financiadas por el Ministerio del Interior y varias embajadas (EE.UU, Francia, Inglaterra e Israel), tal cual habría de confirmarse, cuarenta años después, a partir de la información obtenida con la apertura de diversos documentos hasta entonces clasificados.

La intervención en la Enseñanza cayó el 12 de junio de 1971 por decisión parlamentaria, debido a la alta impopularidad de la misma. En respuesta, el gobierno de Pacheco Areco designó a Armando Acosta y Lara (expresidente del Consejo Interventor) como  subsecretario del Ministerio del Interior. Diez meses después, el 14 de abril de 1972, habría de ser ajusticiado por el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros por pertenecer al Escuadrón de la Muerte.

La JUP sostuvo un discurso opositor al levantamiento de la intervención y a la acción de los Consejos Interinos, argumentando que se trataba de una claudicación del Parlamento ante la presión sindical y estudiantil. “Todo el Gobierno ha entregado la Educación Secundaria al control comunista. Todos nos damos cuenta. Es la verdad”, decía Hugo Manini Ríos, habitual vocero de las posturas jupistas.

Y a modo de defensa de sus acciones describía su particular punto de vista acerca de cómo se desarrollaba el conflicto a nivel estudiantil: “La violencia que soportaban los militantes de la JUP era  más moral que física. Como el caso de (Mario) Soca que fue juzgado y desgremializado en la Universidad. Mi hermano Bruno que fue desgremializado en Agronomía y no pudo seguir estudiando Agronomía, infinidad de casos…”


En mayo de 1971, el diario El País informó sobre un ataque con pintura roja arrojada sobre la cabeza de un conocido militante ‘demócrata’: Miguel Sofía.

Fotografiado en el patio del liceo IAVA, resultaba una imagen de corte impresionista, con la pintura roja corriendo por su barba y mejilla.

En realidad, Miguel Sofía ya era conocido en los ambientes de la militancia estudiantil como integrante de la JUP y, desde 1972, señalado por Nelson Bardesio como miembro activo del Escuadrón de la muerte.

El Liceo Bauzá se constituyó en el principal nicho de la derecha en los liceos de la capital. Los enfrentamientos entre facciones opuestas en dicho centro venían de tiempo atrás, pero los incidentes en los meses de abril, mayo y setiembre de 1971 marcaron un mojón en esa confrontación.

El 27 de abril una patota de la JUP asaltó el Bauzá con garrotes y revólveres ‘a la cintura’, en momentos en que se realizaba una asamblea estudiantil que analizaba precisamente las provocaciones de ese grupo contra varios/as jóvenes del liceo.

El ataque dispersó a las/os asambleístas a balazos. No hubo heridos de gravedad de pura casualidad, pero al día siguiente, los jupistas ocuparon el local de estudios mientras madres, padres y alumnos realizaban, en la puerta del mismo, un acto de desagravio por los hechos ocurridos el día anterior. La JUP volvió a disparar contra la gente y la policía intervino para apresar a las/os estudiantes que, al grito de ¡Fascistas… fascistas!, protestaban contra la ocupación.

Los agredidos marcharon hasta el Viaducto del Paso Molino, donde unos individuos volvieron a dispararles desde un auto VW. Más tarde, los tiradores fueron vistos conversando con los ocupantes del Bauzá.

Las víctimas de esos atentados identificaron a trece de sus atacantes, entre los cuales figuraba ‘El manco’ Ulises Fernández, miembro de la Policía y protagonista de graves sucesos que habían acontecido con anterioridad en el liceo Bauzá. 

El Consejo Interventor llegó a ser denunciado como cómplice en ese tipo de incidentes.

La policía y la JUP actuaban en connivencia: la comisaría próxima al liceo funcionaba como base de operaciones del grupo.

“Bajo el alón protector del pachecato, al fascismo se le hace el campo orégano […]”. Así analizaban los socialistas la situación.

En su página del Suplemento Verde del periódico La Mañana, la JUP daba su opinión sobre los hechos de abril de 1971 bajo el título “Los hechos del Bauzá. Una juventud sana ante el fanatismo foráneo”.

La violencia en los liceos se agudizó en la previa al golpe de Estado de junio de 1973. El ataque al Liceo Nº 8, aquel 11 de agosto de 1972, terminó con la vida del estudiante Santiago Rodríguez Muela, militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR). El grupo de agresores, encabezado por Enrique Mangini y compuesto por unos quince jóvenes ajenos al instituto, entró al recinto liceal disparando contra quienes allí estaban.

Varios de ellos fueron detenidos por la policía y siete terminaron procesados por el delito de “atentado a la propiedad privada”.

Poco tiempo después, el grupo fue beneficiado por una amnistía a presos comunes y la causa por el homicidio fue archivada, hasta su reapertura en 2009.

Sin embargo, al día de hoy, el asesinato de Santiago continúa impune.

El semanario jupista Nuevo Amanecer tituló el episodio con un sarcasmo infame: “Por fin encontraron el muerto”.

Obviamente deslindaba toda participación de la JUP en los sucesos del Liceo Nº 8 y señalaba que “[…] la juventud sana y patriótica, los estudiantes que lo son porque quieren estudiar, los jóvenes que sienten la responsabilidad de su destino y la patria a la que pertenecen dieron un ejemplo de lucha […]”.

En el liceo Bauzá reafirmaron su discurso ante el crimen: “Hemos defendido, preservado […] por estudiantes que se adelantaron al vandalismo de los izquierdistas, evitando que éstos se adueñaran de la casa de estudios.” “No fuimos” (pero) “estamos con ellos”.

Reconocieron también que su agrupación ‘Siempre Bauzá’ recibía apoyo externo de gente armada entre la cual destacaba el grupo que comandaba ‘El Manco Ulises’, un policía que, en algunas de sus acciones era financiado por los ‘yanquis’.

En esos años se registraron unas doscientas ochenta acciones violentas por grupos parapoliciales-paramilitares. De ese total, noventa y cinco operativos se produjeron en 1971, año en que la JUP realizó un acto público en la ciudad de Montevideo (específicamente, el 10 de noviembre en la plaza Viera, situada en la esquina de Av. Rivera y Francisco Muñoz).

Además de la JUP, también actuaron en dicho período otras agrupaciones  como el Movimiento Nueva Generación (MNG) de origen pachequista, la Coalición Renovadora de Estudiantes Independientes (CREI), el Movimiento de Restauración Nacionalista (MRN) presuntamente vinculado a la extrema derecha blanca, el Movimiento Obrero Estudiantil Nacional Socialista del Uruguay (MOENSU), el Comando Oriental Anticomunista (COAC) que perpetró ataques contra sindicalistas de la salud en 1969 y el grupo ultracatólico Tradición, Familia y Propiedad (TFP).

Para la realización de acciones puntuales también contaban con la participación de agrupaciones estudiantiles como ‘Siempre Bauzá’ y otras ‘bandas’ eventuales.

Los documentos de la embajada estadounidense en Montevideo presentados al Departamento de Estado y las declaraciones realizadas por el agente policial Nelson Bardesio a los tupamaros que lo secuestraron con el fin de investigar las acciones de los grupos parapoliciales, mencionan a Miguel Sofía y a Ángel Pedro Crosas como miembros activos de los Escuadrones de la Muerte y también como integrantes de la Juventud Uruguaya de Pie.

Hugo Manini declaró que “con esos grupúsculos nunca quisimos saber nada”.

Según Manini, las relaciones entre la JUP y el movimiento juvenil pachequista Nueva Generación (MNG) terminaron en una ruptura radical. Así se refería al episodio: “Nosotros no tuvimos grandes problemas con el MNG […] hasta que un día quisieron copar la sede nuestra…”, refiriéndose al episodio ocurrido el 31 de enero de 1972 cuando un grupo de hombres armados ingresó al local de la JUP en la Av. 18 de Julio. (Revista Cuestión, febrero de 1972)

La prensa habló de un incidente con heridos de bala; algunos medios de izquierda titularon el hecho como “Escándalo en la JUP: batalla campal con varios heridos”.

Se había producido una disputa entre grupos rivales por la supremacía interna. “Manini, armado con metralleta, acusó de traición a otros dirigentes en plena reunión del Consejo Federal”. (Revista Cuestión, febrero de 1972).

Manini había llegado con cuatro guardaespaldas armados con metralletas, gritando de forma histérica ¡La JUP es mía!

El resultado habría sido que Gabriel Melogno se retirara herido y que Ricardo Trindade fuera detenido y luego procesado por lesiones graves.

Pocos meses después, el sábado 22 y el domingo 23 de abril de 1972,  el Consejo Federal de la JUP se reunió en la ciudad de San Carlos, desalojando del lugar a la señora Orgaz y otras personas, conocidos miembros del MNG y del MPA.

La JUP también contó con una audición radial gracias a la intervención de Juan José Gari y Olga Clerici de Nardone, quienes le cedieron a dicho grupo un espacio en Radio Rural.

Ya en octubre de 1970, esta organización ocupaba un lugar protagónico en el interior del país y Maldonado fue uno de sus centros de operación.

Lograron crear agrupaciones liceales que se autoproclamaban ‘demócratas’ y actuaban contra los gremios estudiantiles con el apoyo de docentes y padres también autodefinidos como ‘demócratas’.

En esos meses Jorge Batlle reclamó a la embajada de EE.UU. que “era necesario crear… sin tantos miramientos, un grupo secreto que solucionara el problema de la guerrilla… fuera de las autoridades legítimamente constituidas”. (Revista Cuestión, febrero de 1972).

El vínculo histórico entre el aparato represivo del Estado, la JUP, los grupos ‘demócratas’, las fracciones partidarias, los grupos de choque y los Escuadrones de la muerte, es negado aún hoy, aunque la evidencia es tanta que ya conforma una enorme montaña.

Su apoyo al golpe cívico-militar, la reivindicación de las Fuerzas Armadas, el autoritarismo y el catolicismo conservador, continúan siendo proclamados en la actualidad.

El 4 de setiembre de 2001, Daniel García Pintos reivindicó a la JUP desde su Facebook, lo cual generó que la DNII realizara un informe muy poco formal de siete páginas. (Obviamente este organismo de Inteligencia no intervino en ninguna de las acciones de estos reaccionarios).

Desde las embajadas de Francia y EE.UU. se han desclasificado filmaciones y fotos que dan testimonio de los vínculos ‘íntimos’ entre la JUP y los promotores del terrorismo de Estado.

Sin embargo todas las responsabilidades de la violencia derechista no estatal del período 1968-1973 han quedado en la penumbra.

Esta historia está aquí, forma parte de nuestro presente y se visibiliza en las actuales relaciones entre la derecha social, Cabildo Abierto, el Centro Militar, el Círculo Militar y el reciente resurgir de la JUP, así como en los vínculos con los estados terroristas y sus multinacionales que saquean nuestras tierras.

No hay olvido, no hay perdón, no hay reconciliación con las/os poderosos de todos los tiempos, que ayer y hoy sostienen la desigualdad, la injusticia y la omertá para proteger sus privilegios y riquezas.

Ellas y ellos, los impunes de siempre, continúan recurriendo al aparato represivo del Estado y a sus leyes, amparándose en la tolerancia, la indiferencia, el miedo y el silencio.

Por todas nuestras compañeras y compañeros torturados y asesinados.

 Por todas nuestras compas desaparecidas/os.

Por la disolución de todos los aparatos represivos, civiles, policiales y militares.

Por las libertades nos autoconvocamos a reforzar las peleas.

Ni la JUP, ni el Partido Militar, ni las FF.AA. nos callarán.

¡¡No pasarán!!

Referencias bibliográficas:

Aldrighi, Clara (2007). El caso Mitrione Montevideo. Ediciones Trilce.

Bucheli, Gabriel (2019). O se está con la patria o se está contra ella Montevideo. Ed. Fin de Siglo.

Rico, Álvaro (2008). Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985) Tomo I. Montevideo. Udelar.

26M Revista Cuestión (febr. 1972).  Informe sobre la JUP y su interna Montevideo.

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