El primer arrestado por la represión del régimen de Jeanine Áñez
El comandante de la guarnición militar de Cochabamba, el general del Ejército de Bolivia Alfredo Cuéllar, fue detenido por las autoridades fiscales de la región por un presunto delito de asesinato en la masacre acontecida en Sacaba el 15 de noviembre de 2019, donde murieron al menos once personas por impacto de bala.
Así lo comunicó su abogado, Edwin Paredes, tras la declaración de Cuéllar frente a la Fiscalía, en la que expuso que él «solamente cumplió funciones administrativas, nunca tomó decisiones de operación». Se trata del primer arrestado por estos hechos, ocurridos entre el primero de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, como consecuencia de las protestas surgidas tras el golpe de Estado contra Evo Morales a quien la oposición y las Fuerzas Armadas no reconocieron como ganador de los comicios presidenciales.
Al menos once personas murieron por los impactos de bala recibidos en la ciudad de Sacaba, en el centro del país, después de que efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas cerraran el paso a una columna de simpatizantes del expresidente Evo Morales que pretendía llegar a Cochabamba para mostrar su apoyo.
Paredes presentó en su declaración el plan estratégico que se aplicó en los conflictos postelectorales desatados «en cumplimiento a un decreto y obviamente a una orden del Comando en Jefe (de las Fuerzas Armadas)».
Ese plan, continuó Paredes, «básicamente dice que no se debe utilizar armamento letal». Tras la declaración, ha sido detenido por las autoridades «al existir riesgo de fuga y obstaculización de la investigación, además de otros elementos en contra el efectivo militar», ha informado la fiscal Lizeth Martínez, informa ‘La Razón’.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró el lunes que en Sacaba y en Senkata «hubo una masacre contra todos los que se atrevían a responder al régimen de facto de Jeanine Áñez».
Por su parte, los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibieron este martes de parte del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, la documentación recopilada por los familiares de la masacre para ayudar a su investigación sobre los hechos.
El grupo de expertos del CIDH empezó su investigación sobre los acontecimientos este lunes, aunque en un informe preliminar calificó de «masacres» la represión de Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, en La Paz, en las protestas registradas tras la dimisión de Evo Morales. Murieron más de 25 personas y hubo un centenar de heridos..
https://www.pagina12.com.ar/308064-un-general-del-ejercito-de-bolivia-fue-detenido-por-la-masac
Bolivia. Procurador General del Estado se reunió con la CIDH por las masacres del golpe y la dictadura de Áñez
“Cuando hay vulneraciones de los derechos humanos lo que hay que garantizar es el derecho a la verdad”
El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez Serrano, se reunió este 26 de noviembre con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con quienes intercambió información sobre los hechos de violencia suscitados en noviembre – diciembre de 2019.
El procurador Chávez Serrano respondió a todas las preguntas y cuestionamientos de los miembros de la GIEI respecto al ordenamiento jurídico legal del Estado boliviano y la forma en que esta se podría aplicar en las masacres de Senkata, Sacaba y El Pedregal.
Chávez Serrano remarcó que la principal expectativa de la Procuraduría General del Estado (PGE) es que se “garantice el derecho a la verdad” y que todas las familias y personas afectadas por esos luctuosos hechos tengan justicia y se les restituyan sus derechos humanos y garantías constitucionales.
“Cuando hay vulneraciones de los derechos humanos lo que hay que garantizar es el derecho a la verdad”, afirmó la autoridad, al referirse a los juicios que se podrían instaurarán producto de las investigaciones por las citadas masacres.
El procurador Chávez Serrado marcó una diferencia con el enfoque asumido por la anterior gestión en la PGE, que abordó esta temática como si las muertes de más de 35 bolivianos se hubiesen producido en el marco de un enfrentamiento civil, y la que fue asumida por la Defensoría del Pueblo.
En ese sentido, denunció que la Procuraduría realizó labores de “persecución política” contra los representantes del pueblo y dirigentes sindicales que reclamaban por la vigencia y respeto a la democracia que fue violentada por el golpe de Estado de 2019.
Asimismo, aseguró que en la presente gestión, la PGE se enmarcará en la defensa de la verdad, justicia y derechos humanos, en atención al mandato principal de la institución, que es la defensa legal del Estado tanto a nivel nacional como internacional.
El Procurador General del Estado estuvo acompañado por la subprocuradora de Defensa y Representación Legal del Estado, Patricia Guzmán, y otros profesionales de la PGE, mientras que por parte del GIEI, estuvieron presentes Jaime Vidal, Nancy Bautista, Julián Burger, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez, Marlos Weichert y Magdalena Correa.
Finalmente ambas partes acordaron volver a reunirse para continuar intercambiando información sobre las masacres de 2019.
Fuente : Kaos en la red
