Argentina – Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983/2020


En el siguiente link podés descargar el informe y listados completos del Archivo 2020 de Casos de Personas Asesinadas por el estado: En este link


Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado:
1) ¿Por qué hacemos el archivo?
2) ¿Cómo hacemos el archivo?
3) Las conclusiones

Situación Represiva Nacional

Las necesidades del pueblo son esenciales, ¡la represión no!

Hace un año, tras las elecciones y el cambio de gobierno, iniciamos una etapa con cambios, pero también con continuidades. La alianza Frente de Todos, con su heterogénea amplitud, asumió la gestión del gobierno nacional y de la mayoría de las provincias, entre ellas la de Buenos Aires, pero el macrismo continuó gobernando la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Mendoza, Jujuy y Corrientes, además de algunas intendencias claves en la provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata, más varias del conurbano, como Lanús, Vicente López y Tres de Febrero.

El día que asumió la presidencia, Alberto Fernández dijo ante la Asamblea Legislativa “Debemos escapar al gatillo fácil y a la lógica de la muerte por la espalda”, expresión que entendimos como reivindicación a la lucha consecuente, por décadas, de las familias de las víctimas de la represión estatal, que por primera vez en la historia argentina era reconocida por un jefe de estado y por gran parte de su base social. El caudal considerable de apoyo social que acompañó al gobierno al momento de su inauguración abría el camino a tomar medidas favorables en este sentido. Por eso, desde el minuto cero, incluso antes de la asunción del mando, exigimos al nuevo gobierno algunas medidas urgentes e imprescindibles para terminar con la doctrina Chocobar, para frenar la militarización de los barrios y calles, las detenciones arbitrarias, las torturas y el gatillo fácil y la criminalización de la protesta y el conflicto social, todas luchas compartidas a lo largo de la pesadilla macrista con buena parte de su base.

Veníamos de cuatro años de presidencia de Mauricio Macri con su alianza Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, que nos dejó la más grave crisis económico-social de las últimas décadas, y una profunda transformación de la política represiva en el país, llevada a niveles nunca antes vistos desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica. Fue un gobierno que, al tiempo que reivindicaba el terrorismo de estado de la dictadura, decretó la pena de muerte a punta de reglamentaria, con protocolos de actuación de las fuerzas que generaron un verdadero estado de excepción; récord absoluto de muertes de personas por fusilamientos de gatillo fácil; operativos contra la protesta social con un despliegue bélico cada vez más marcado; presas y presos políticos, y centenares de nuevas causas con imputaciones gravísimas contra manifestantes; un aparato de seguridad recargado, con el hostigamiento y persecución constante a trabajadores, jóvenes, migrantes, disidencias sexuales y de género y a quienes sobreviven con tareas precarias en la vía pública, y un sistema penal especializado en criminalizar pobres, con cárceles con una superpoblación como nunca se vio en Argentina, mientras beneficiaron a genocidas y represores de la democracia con libertades o arrestos domiciliarios.

Fue una gestión que instaló un verdadero estado de excepción, con suspensión de derechos y garantías, con el objetivo de imponer el más férreo disciplinamiento y control social para tratar de cumplir su objetivo de fondo, que no era otro que la profunda transformación de la relación capital-trabajo en nuestro país.

El pueblo trabajador no se mantuvo inmóvil frente al avasallamiento de sus derechos, conquistados a lo largo de décadas de luchas populares, y salió a las calles a enfrentar el ajuste y también la creciente represión. En un marco de unidad de acción indispensable frente al gobierno de la derecha más reaccionaria, protagonizamos jornadas multitudinarias contra el avance de esas reformas estructurales, como las de diciembre de 2017, que, aunque no alcanzaron para evitar la previsional, frenaron la laboral. A la vez, fueron imponentes las manifestaciones en todo el país que repudiaron el intento del 2×1 a los genocidas, la domiciliaria a paradigmas del terrorismo de estado como Etchecolatz, la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel y la imposición de la Doctrina Chocobar, con su inmediata consecuencia del record absoluto de asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad en democracia.

Fue entonces que construimos nuestra Agenda Antirrepresiva, que propone una serie de medidas urgentes con capacidad para reducir significativamente la letalidad cotidiana del accionar de las fuerzas de seguridad. Un pliego de exigencias y reivindicaciones inmediatas que, finalmente, se enlaza a una perspectiva social de cuestionamiento y transformación al sistema actual.  

Asumida la nueva gestión, a su pedido, presentamos la Agenda a la nueva ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederic, que a menos de 15 días de asumir cumplió con cinco de ellas, referidas a los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad federales impuestos por su antecesora, Patricia Bullrich:

  • Derogación de la Resolución 956/2018 que habilitaba el uso del arma reglamentaria de las FFSS federales en cualquier circunstancia.
  • Derogación de la Resolución 845/2019 que sistematizaba y masificaba la intercepción y detención de personas “para identificar” en las estaciones de trenes (Programa “Ofensores de Trenes”).
  • Derogación de la Resolución 598/2019 que creó el “Servicio Cívico Voluntario en Valores” a cargo de GNA, para adoctrinar y militarizar a la juventud.
  • Derogación de la Resolución 395/2019 que aprobó el uso de las picanas Taser.
  • Revocación de la Resolución 932/2019 que creó el “Centro de Formación de Gendarmes” en la Unidad Turística Chapadmalal.

Poco después, el mismo ministerio prohibió el uso del arma reglamentaria a los miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria fuera del horario y lugar de servicio, y derogó un sexto protocolo, el destinado a la detención de personas LGBTTIQ+. 

En todos esos casos, consideramos esas medidas como un avance progresivo, sin dejar de marcar que, tomadas de forma parcial y aislada, sin acometer el conjunto, no producirían cambios significativos, como lo probó en el curso de 2020 la constante de innumerables situaciones de violencia represiva, con las desapariciones forzadas seguidas de muerte de Facundo Astudillo Castro y Francisco Javier Cruz en la provincia de Buenos aires, y de Luis Armando Espinoza en Tucumán como extremos, lo que remite a la urgencia y necesidad de la Agenda en su conjunto.

A la vez, debimos señalar decisiones del gobierno que contradecían, en los hechos, aquel incipiente camino auspicioso, como la designación del teniente coronel retirado Sergio Berni como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el anuncio del Comando Unificado de fuerzas federales y provinciales tras la primera reunión Berni-Frederic o la resolución nacional que puso en manos de las fuerzas federales la implementación del ciberpatrullaje.

Ya en febrero, defendimos -no sin marcar sus limitaciones- el proyecto de ley antinegacionismo anunciado por el presidente a su regreso de la gira europea. Pero apenas 10 días después, en lugar del envío del proyecto, Fernández llamó a “dar vuelta la página” con las FFAA, lo que necesariamente debimos repudiar.

Entrado el mes de marzo, el Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 impuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país, medida sin dudas correcta desde el punto de vista sanitario frente a la irrupción de la pandemia, pero que no fue acompañada por medidas de carácter social y asistencia suficientes para garantizar su cumplimiento por la totalidad de la población. Las asignaciones de emergencia como el IFE o la continuidad de la AUH no llegaron a asegurar un ingreso universal que permitiera sobrevivir en la emergencia al 40% de la población más precarizada y vulnerada, ni garantizaron las medidas de protección correspondientes. Empeoró el escenario que las fuerzas de seguridad fueran designadas como responsables de la implementación del aislamiento, con control de la circulación en las calles.

El gobierno, que asumió con la promesa de gobernar a favor de los que menos tienen, y contaba con el suficiente consenso para acometer medidas importantes en ese sentido, a poco de andar inclinó la balanza en defensa de los que más tienen. La formulación de un capitalismo en el que todos ganen no existió -ni existirá- y, en plena crisis económica mundial, sostener los privilegios de los dueños de todo implica que los pobres sean cada vez más y más pobres. El mensaje al FMI de “no vamos a pagar a costa del pueblo”, terminó con la adopción de las recetas ortodoxas de siempre que someten a los países a la más cruel dependencia. Lejos de suspender el pago de la deuda externa, y mucho más de investigar su carácter ilícito e ilegítimo, como fue el reclamo de muchas organizaciones populares e incluso simpatizantes del Frente de Todos, el gobierno hizo un acuerdo que implicará mucho sacrificio para el pueblo.

Como cada vez que el FMI ha dirigido la economía de países a los que contribuyó a destruir (los ejemplos de Ecuador y Grecia están al alcance de la mano) las recetas “estabilizadoras” resultan en un cúmulo de medidas antipopulares que, en nuestro caso, ya se han puesto en marcha. El no pago del IFE 4 y el descongelamiento de las tarifas por servicios esenciales, el cambio de actualización en haberes jubilatorios, la baja de varios productos de primera necesidad del sistema de precios cuidados, anuncian un verano por demás caliente.

Los créditos de Facilidades Extendidas (EFF) a los que aspira el gobierno, implican necesariamente someterse a ajustes estructurales en tres materias de profundo impacto social y de especial repercusión en amplias franjas de la población: las jubilaciones y pensiones (cuyos índices de actualización ya cambiaron en detrimento del poder adquisitivo), el régimen de trabajo (la reforma laboral tan reclamada por los empresarios y legitimada por la burocracia sindical de la CGT) y la estructura tributaria (en la que el carácter regresivo se impone y el aporte extraordinario a las grandes fortunas se dilata).

El gobierno pretende que habrá un rebrote en la actividad económica y con él un ascenso de la recaudación que permitirá sostener el déficit fiscal. Pero si el rebrote no es tal, o es escaso, el estancamiento será algo más que una posibilidad. En un país que tiene al 45% de su población en la pobreza (más de seis de cada diez niños y niñas ya lo son) el panorama no es el mejor.

El gobierno también propone, como salida a la crisis, la continuidad y profundización del extractivismo, con la expansión del agronegocio, la instalación de mega-granjas porcinas, la gestión de los hidrocarburos y la megaminería, todo de la mano de empresas trasnacionales. Un modelo que implica la producción y exportación de bienes primarios con escaso valor agregado y que, con el atractivo del ingreso de divisas y de inversiones especulativas extranjeras, esconde la reprimarización de la economía característica de la región, que viene de la mano de la militarización de los territorios, la represión y la criminalización a quienes luchan por la defensa de los bienes comunes y el medio ambiente y resisten las políticas de saqueo y contaminación.

Las perspectivas de tensión social se incrementan con la profundización de la crisis económica y el desempleo. Y con ellas, las que contienen respuestas represivas que –como se ha demostrado a lo largo de la cuarentena- han crecido exponencialmente con más recursos y facultades a las fuerzas represivas.

Como hemos mencionado, las medidas sociales adoptadas durante el ASPO se mostraron insuficientes, con lo que el aspecto represivo cobró relevancia y el resultado fue un incremento exponencial de detenciones arbitrarias, con su natural correlato de aplicación de tormentos y muertes en comisarías, seguido por un importante número de fusilamientos de gatillo fácil en las calles. Nuestro Archivo registra un número preocupante de casos, más aún si tenemos en cuenta que la disminución notoria de la circulación de personas debió haber generado una mengua importante. En las barriadas, a la ya fuerte presencia policial y de otras fuerzas de seguridad, se sumó la facultad del control de circulación con lo que la arbitrariedad y violencia policial se reflejaron en centenares de situaciones que hemos ido denunciando en nuestros reportes. 

Tampoco hubo respuesta oficial alguna frente a la muy alarmante situación en los lugares de encierro, particularmente las cárceles. En cuanto se planteó la posibilidad de arrestos domiciliarios, libertades asistidas u otras soluciones procesalmente adecuadas para la población carcelaria en riesgo, para paliar la enorme sobrepoblación, la presión de sectores reaccionarios bloqueó esas medidas, que fueron respondidas con la represión a los reclamos por las condiciones inhumanas que enfrentan las personas privadas de su libertad, sin los privilegios de los que gozan represores, genocidas y otros “presos VIP”.

Las protestas que se sucedieron a lo largo y ancho del país desde la primera semana de vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio y siguen hasta hoy, se originaron por la falta de respuestas a esos reclamos básicos, como la provisión de insumos para comer, higienizarse y desinfectar los pabellones, y por la ausencia de todo cuidado por parte de los carceleros, que, en cambio, cumplieron al pie de la letra la orden de reprimir.

Según los datos que hemos podido recopilar, desde que inició el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio el 20 de marzo de este año, hemos dado con la inconcebible realidad de que más de 250 personas murieron en lugares de detención, una quinta parte de ellas a causa del virus COVID-19. Durante la represión a los reclamos y protesta, cinco personas murieron en las cárceles de Santa Fe, y en las provincias de Corrientes, Florencio Varela y Jujuy, cuatro jóvenes fueron fusilados por miembros del servicio penitenciario con balas de plomo.

En ese escenario nacional –del que la provincia de Buenos Aires acapara más de la mitad, igual que lo hace con el conjunto de la población- claramente la respuesta no puede ser más represión, ni tampoco la construcción de más cárceles, que lejos de “resolver” la superpoblación se llenarán de nuevas personas presas en iguales condiciones a las actuales. Así lo demuestran experiencias anteriores, como la política de construcción de nuevas cárceles llevada adelante en la provincia de Buenos Aires entre los años 2004 y 2007, que sumó una decena de nuevas unidades, entre las que están las que mayores conflictos presentan hoy, como las de San Martín y Florencio Varela.

Del mismo modo se advirtió la falta de soluciones concretas y suficientes para mujeres en situación de violencia machista y para el colectivo LGTTBIQ+, muy en particular la comunidad travesti-trans, seriamente afectada por la precarización de sus formas de subsistencia que se agravaron en el contexto de la pandemia y que es hostigada constantemente por las fuerzas represivas que, en la práctica, violan sistemáticamente la ley de identidad de género.

Con el caso de Guernica como mayor exponente, numerosas ocupaciones de tierras fiscales o abandonadas por sus dueños en todo el país, llevadas adelante por familias que perdieron sus viviendas en la pandemia o que arrastran hace décadas el déficit enorme que afecta a más de dos millones de personas, han sido desalojadas de manera violenta por el aparato represivo estatal. En el caso de Guernica quedó expuesta la responsabilidad política del gobierno, que paralelamente a la decisión de reprimir intentó culpabilizar a las organizaciones populares que acompañaban a las familias de la falta de acuerdo, cuando la propuesta del estado era totalmente insuficiente para resolver el problema de vivienda.

En franca contradicción con sus medidas iniciales, promediando la cuarentena, el gobierno nacional habilitó el uso de pistolas Taser para grupos especiales de las fuerzas federales y dio carta blanca a distritos como la ciudad y la provincia de Buenos Aires para su uso, al amparo de la autonomía de las provincias. A ello se suma el Plan de Fortalecimiento de Seguridad para la provincia de Buenos Aires, con una partida presupuestaria de 38 mil millones de pesos que ya comenzaron a llover sobre los municipios, como Quilmes y Lomas de Zamora, bajo la forma de construcción de nuevas cárceles y adquisición de patrulleros y otros pertrechos, además de financiar el reclutamiento de otros 10.000 efectivos policiales que se suman a los 96.000 ya existentes. En una palabra, contrariamente al reclamo de sectores de la oposición y del mismo Frente de Todos sobre estas realidades, se concedió más presupuesto para aumentar el poder de fuego de las policías.

Frente a los acuerdos paritarios bajísimos de la mayoría de lxs trabajadorxs, en particular de la salud y la educación, que enfrentan la pandemia en un contexto de híper explotación, se otorgaron aumentos salariales y un festival de suplementos y premios a las fuerzas provinciales y federales, en particular a la de la provincia de Buenos Aires, que protagonizó un reclamo extorsivo con amotinamiento, sin sanción alguna para sus protagonistas. Mientras tanto, se han reprimido en distintos lugares del país, con resultado de heridxs y detenciones, movilizaciones de trabajadorxs, DDHH y otros sectores del campo popular, así como las organizaciones populares que aportan soluciones concretas a las necesidades insatisfechas, sin que el cambio de ASPO a DISPO en la zona metropolitana muestre señales de modificaciones sustanciales en esta política.

Una agenda antirrepresiva urgente

Ya hace bastante tiempo CORREPI decidió arriesgarse a un salto de calidad en su intervención pública, para pasar de sólo denunciar la represión y definirla como política de estado a elaborar una agenda de medidas de coyuntura, que, aunque naturalmente nunca van a lograr la eliminación de un rasgo propio de cualquier gobierno en el marco del sistema capitalista, pueden reducir significativamente su letalidad cotidiana.

Nuestra agenda antirrepresiva urgente remite a temas tan sensibles históricamente como portación del arma reglamentaria fuera de servicio, facultades para detener personas arbitrariamente, uso indiscriminado y masivo de la prisión preventiva -salvo cuando son represores-, defensa técnica institucional de miembros de las fuerzas imputados en causas penales, dificultad del acceso a las causas de las familias de las víctimas, mantenimiento en servicio de los funcionarios imputados, entre otras.

Se trata de medidas que no requieren la previa transformación profunda del sistema social –única vía para terminar de cuajo con las prácticas represivas como política de estado-, sino que podría tomar, aquí y ahora, cualquier gobierno que quisiera realmente poner un mínimo freno a las detenciones arbitrarias, las muertes en lugares de detención, el gatillo fácil, las desapariciones, los femicidios de uniforme, la represión a trabajadorxs organizadxs y a conflictos de tierra y vivienda.

En algunos casos se trata de reclamos que se remontan casi al origen de nuestra institucionalidad, en otros de medidas de muy reciente data. Incluso hay algunos puntos que tienen el aval del sistema regional de DDHH, como la exigencia de la derogación del sistema de detenciones arbitrarias, ordenado al Estado Argentino por la Corte IDH en la sentencia del Caso Bulacio en septiembre de 2003, que sigue incumplida en ese tramo.

Por ejemplo, si se universalizara a todas las fuerzas de seguridad la prohibición de portar el arma reglamentaria fuera de servicio, como ya rige para la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se reduciría un 50% el gatillo fácil, ya que la mitad de los fusilamientos en la vía pública son protagonizados por funcionarios de franco con su arma reglamentaria. Si se derogaran las normas que habilitan a las fuerzas a detener personas arbitrariamente y se eliminaran las prácticas no normadas como las razzias, tal como lo ordena el fallo Bulacio, caerían a la mitad las muertes en comisarías. Más del 50% de las personas que mueren bajo custodia policial no estaban detenidas por orden judicial, sino que eran “demoradas” por averiguación de antecedentes, “contraventores” por faltas o contravenciones o arrestadas en razzias u otros procedimientos masivos sin intervención previa  judicial. Ésas son solamente dos de la veintena de medidas propuestas, cuyo cumplimiento seguimos exigiendo.

A punto de cerrar este año 2020 de tan graves consecuencias para la totalidad del pueblo trabajador, en Argentina y en el mundo, vemos que, a pesar de aquellas palabras del presidente Fernández cuando llamó a terminar con el gatillo fácil y la lógica del disparo por la espalda, y de esas primeras medidas auspiciosas del ministerio nacional con la derogación de seis de los Protocolos Bullrich, vivimos hoy una realidad que, aunque no alcanza –por ahora- la situación de excepción sin precedentes que nos impuso el macrismo, no es nada alentadora y se agrava cada día que pasa. Como sostenemos hace más de 30 años, la política represiva no es un fin en sí mismo, sino la herramienta para imponer el control social y el disciplinamiento cuando el consenso no alcanza.Por eso, hoy presentamos la actualización 2020 del Archivo de personas asesinadas por el aparato represivo estatal y el informe de la situación represiva nacional, y exigimos el cumplimiento de la agenda antirrepresiva urgente, bajo la consigna: Las necesidades del pueblo son esenciales, ¡la represión no!

Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado

1. ¿Por qué hacemos el Archivo?

En el mes de abril de 1996, el presidente Carlos Menem “explicó” a los medios por qué crecían las denuncias públicas por fusilamientos policiales: “Hay periodistas de pluma fácil”, dijo. En los meses siguientes, la tesis fue reforzada por el jefe de la Policía Federal, comisario Adrián Pelacchi, y por el ministro del Interior y responsable de las fuerzas de seguridad federales, Carlos Vladimiro Corach, que agregó una frase en la que resonó la voz de Videla respondiendo sobre los desaparecidos: “¿Dónde están los nombres?”.

Era necesario que CORREPI diera una respuesta contundente, pero no se nos ocurría cómo, hasta que Delia Garcilazo, mamá de Rodolfo “Fito” Ríos, torturado hasta morir en la cárcel de Caseros en noviembre de 1992, propuso en una reunión: “Hagamos una lista de todos los asesinados por las fuerzas de seguridad, de todo el país, desde que terminó la dictadura, y llevemos ese archivo a Plaza de Mayo”.

Promediaba el año, no teníamos acceso a internet ni correo electrónico, y sólo dos militantes de CORREPI tenían computadora. Delia organizó un equipo de tres compañeras, que, armadas con una birome y un cuaderno de espiral, se dedicaron a reunir los datos. Empezaron con los casos de los familiares organizados en CORREPI y siguieron con los contactos del interior del país. Recorrieron redacciones de diarios y hemerotecas y consultaron periodistas que, como Enrique Sdrech y Carlos Rodríguez, pusieron a nuestra disposición sus propios archivos de “casos policiales” para rastrear fusilamientos por gatillo fácil, muertes en cárceles y comisarías y desapariciones desde fin de 1983.

Cerca de fin de año, presentamos el Archivo de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo Estatal, con datos de 262 casos, en Plaza de Mayo. Mientras transcurría la radio abierta, una delegación de los familiares cruzó la calle Balcarce y entregó una copia en la mesa de entradas del ministerio del Interior, indicando que le traían al ministro Corach la lista de los nombres que había pedido.

La repercusión que tuvo la humilde actividad, y la enorme utilidad que pronto advertimos que tendría contar con una herramienta que nos permitiera mostrar, en nuestra militancia cotidiana, lo más invisibilizado y naturalizado de la represión, nos motivó a sostener sistemáticamente la actualización del Archivo, y a reiterar cada año su presentación pública.

El Archivo siguió creciendo, fuimos perfeccionando las técnicas de búsqueda y las herramientas de análisis de los datos, y la actividad evolucionó hacia el Informe Anual de la Situación Represiva, incorporando a su contenido todas las formas de represión, no sólo las que transcurren en los barrios sobre los sectores no organizados de la clase trabajadora. Casi un cuarto de siglo después, aquella lista a mano en el cuadernito de Delia es una base de datos con miles de registros, al que aportan sistemáticamente organizaciones compañeras y contactos desde distintos lugares del país. El acto de su presentación anual se convirtió en una instancia de síntesis de las luchas antirrepresivas en todo el país, que convoca la presencia de organizaciones y compañeros y compañeras de todos los sectores, y permite, más allá de los vaivenes del “interés” de la prensa hegemónica, según los vientos que corran, visibilizar masivamente lo más silenciado e invisibilizado de la política represiva de los sucesivos gobiernos.

Este Archivo no es un pulido y perfecto trabajo estadístico por muchos motivos. El fundamental es que, a pesar de que perfeccionamos cada año los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, la creciente invisibilización de los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores sociales más vulnerables, hace que no lleguemos a conocer infinidad de casos. Hay provincias enteras de las que sólo contamos, como fuente, con lo poco que trasciende en los medios de comunicación a nuestro alcance. Se percibe, así, la diferente calidad de información de que disponemos en las regiones donde hay activa militancia antirrepresiva. Por eso, convocamos a toda persona que lea el Archivo a revisar los datos, completarlos, corregirlos y aportarnos la información que falta.

Es imposible calcular la “cifra negra” del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura. Solo podemos afirmar que permanentemente incorporamos, además de los casos ocurridos en el año en curso, otros de años anteriores, comprobando, en la práctica, que muchos homicidios perpetrados desde el estado no trascienden siquiera en esta humilde base de datos. En particular, resulta difícil acceder a los datos de las personas que mueren en cárceles, de las que, salvo cuando trascienden por la lucha de sus familiares, solo conocemos informes oficiales como los de la Procuración Penitenciaria de la Nación, para el sistema federal, o los de la Comisión Provincial por la Memoria o el Comité de Prevención de la Tortura para la provincia de Buenos Aires. Esas muertes, que totalizan centenares al año, solo son conocidas en esos pocos distritos, y al año siguiente de producidas, lo que demora su incorporación al Archivo.

En segundo lugar, este no es un trabajo destinado solamente a cruzar datos y obtener gráficos, aunque contar con esos elementos demostrativos del alcance de la represión estatal sea sumamente útil y permita acceder a una realidad que padecemos a diario pero que los distintos gobiernos ocultan con el fin de mantener su legitimidad. Con la confección del Archivo, CORREPI se propone generar una herramienta que sirva a la organización y la lucha antirrepresiva, poniendo a disposición de la militancia un reflejo aproximado de lo que es el día a día represivo en nuestro país.

Quizás la prueba más contundente del valor que tiene esta herramienta para las luchas populares hayan sido los esfuerzos de varios gobiernos nacionales y provinciales a lo largo de estos años para intentar desacreditarla. El más sistemático fue el protagonizado por la ministra de Seguridad Nacional de Cambiemos –hoy Juntos por el Cambio- Patricia Bullrich, que culminó con el patético contra-informe titulado “Ministerio de Seguridad vs. CORREPI”, presentado con gran pompa y circunstancia el 30 de septiembre de 2019, que no pudo desmentir un solo dato. Por el contrario, terminó, a su pesar, confirmando la precisión de los datos contenidos en este Archivo y hasta completó algunos registros en los que no contábamos con el nombre o grado del victimario, o ignorábamos la resolución judicial. No pudo señalar un solo caso como falso. En su cuenta mágica para bajar los números, descartó las muertes bajo custodia, los femicidios y otras modalidades; limitó su cuenta a tres fuerzas federales (PFA, PNA y GNA), y excluyó los casos considerados “legítima defensa” por “sus fuentes”, a las que tuvo a bien enumerar para que no quedaran dudas: las fuerzas, el ministerio y la justicia.

El objetivo de este Archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de estado. Porque, adopte la forma que adopte, la represión es siempre de clase, y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación.

2. ¿Cómo hacemos el Archivo?

Las pautas que utilizamos para la construcción del Archivo son las siguientes:

1.            Incluimos todo caso que implique la aplicación de una política represiva estatal, así como la utilización de los recursos del aparato estatal, cuyo resultado sea la muerte de la víctima.

2.            Respecto de los victimarios, incluimos todo caso en que los responsables sean miembros de las agencias represivas del estado: policía federal, policías provinciales, policía de la Ciudad, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad privada, grupos de choque tercerizados y fuerzas armadas.

3.            Incluimos todas las modalidades represivas que utilizan los gobiernos, y solo lo que responde a la aplicación de esas políticas estatales. El Archivo no es un conteo de “civiles muertos” en enfrentamientos con fuerzas de seguridad o de “lamentables accidentes”, sino de personas que murieron como consecuencia directa o indirecta de la necesidad intrínseca de los gobiernos de reprimir.

4.            A los fines estadísticos, desagregamos las modalidades en: gatillo fácil (fusilamientos); muertes de personas detenidas (que en buena medida corresponden a la aplicación de tormentos, e incluyen, también, algunos casos de desapariciones); fusilamientos en movilizaciones u otras protestas (es decir, los asesinatos cometidos en el marco de la represión a la protesta y el conflicto social); muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que el autor utiliza, para “resolver” un conflicto interno o familiar, en palabras de Rodolfo Walsh, los recursos represivos que le provee el estado); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos y otras circunstancias (que incluye la mayoría de las desapariciones). También desagregamos, sin perjuicio de la modalidad de la muerte, el total de desapariciones forzadas y de femicidios, femicidios relacionados y trans-travesticidios.

5.            Cerramos la búsqueda de datos entre fines de octubre y principios de noviembre, de modo que buena parte de noviembre y todo diciembre se incluyen en el Archivo del año siguiente.

6.            Recurrimos a toda fuente disponible, aunque las básicas son el contacto directo con los familiares o amigos de las víctimas; el chequeo sistemático de diarios nacionales y provinciales; el aporte que recibimos de los compañeros que, desde sus provincias, sistematizan y nos remiten información ya chequeada y los informes de otras organizaciones y de organismos oficiales que registran datos de interés

3. Las conclusiones

Los datos registrados, con una acumulación de más de dos décadas, permiten extrapolar tendencias y sacar algunas conclusiones. Las que nosotros sistematizamos y exponemos se basan estrictamente en la información recogida, que nunca ha podido ser desmentida ni puesta en duda por ninguno de los sucesivos gobiernos a los que señalamos como responsables de las políticas que llevan a la represión en su respectiva etapa.

Pero debe quedar claro que el trabajo de compilar el Archivo y las conclusiones que sacamos de estos fríos números son parte de la lucha organizada contra la represión que nos determina como militantes. Por ello, no esperen encontrar un trabajo aséptico, desligado de las convicciones y los principios. La contundencia de los datos sólo confirma, año a año, la necesidad de profundizar, en todo el país, la aplicación práctica de nuestra consigna fundacional: ¡CONTRA LA REPRESIÓN, ORGANIZACIÓN Y LUCHA!

Primer año de la gestión del Frente de Todos:

Rupturas y continuidades con la marca de la pandemia

Este año 2020, “el año de la pandemia”, toda nuestra cotidianeidad cambió brutalmente a partir de 20 de marzo. La cuarentena decretada ese día en todo el país, a través del DNU 297/2020, sus sucesivas prórrogas y modificaciones, cambió sustancialmente la dinámica social, y la construcción de este Archivo no fue ajena a las dificultades que enfrentamos en toda nuestra vida diaria.

El confinamiento, la restricción del uso del transporte público y la profunda crisis económico-social, que cargó su peor parte sobre quienes ya eran más vulnerables, también dificultaron el acceso a la información y su chequeo. Sirva como ejemplo que, particularmente en el AMBA, aún hoy, a mediados de noviembre, no podemos acceder presencialmente, salvo muy puntuales excepciones, a los expedientes judiciales, tarea que tenemos limitada, como tantas otras cosas de nuestra vida, a la virtualidad informática. Del mismo modo se viene dificultando el contacto directo con las familias afectadas, que sólo ahora, a partir de la transición hacia el DISPO nos permite conocer sin la intermediación de una pantalla, y siempre con los máximos cuidados preventivos. Esa realidad repercutió de manera importante en la recopilación y análisis de los datos, que este año sabemos que son más incompletos que de costumbre.

Algunas medidas iniciales tomadas por la nueva gestión, en particular en relación a las fuerzas de seguridad federales, permitían imaginar un descenso del altísimo voltaje represivo de la gestión anterior, signada por el record absoluto de muertes a manos del estado desde 1983. En el mismo sentido, al inicio del aislamiento, supusimos que habría un descenso marcado de las muertes por fusilamientos de gatillo fácil en las calles, por cierto no por falta de balas policiales, sino por la escasez de blancos, dada la marcada disminución de la circulación de personas.

Hoy, los datos marcan la insuficiencia de aquella presunción. Aun con menos personas en las calles, y sin varios de los protocolos Bullrich, el gatillo fácil no desapareció. No menos importante, el nivel de impunidad garantizada oficialmente a sus autores no se modificó de manera significativa. Se produjeron tres desapariciones forzadas de personas, luego encontradas muertas, con responsabilidad policial, durante la cuarentena. Paralelamente, otra de las consecuencias más gravosas de la pandemia en relación a la cuestión represiva fue el incremento notable de muertes en lugares de detención. Como veremos en los apartados específicos, mucho más de la mitad de las personas asesinadas este año por el aparato represivo estatal, estaban presas en cárceles, comisarías u otros lugares de encierro. 

En esta 25ª actualización, incorporamos 496 casos al Archivo, totalizando 7.587 hasta mediados de noviembre de 2020, contra 7.091 que teníamos registrados hace un año.

De esos 496 casos nuevos, 411 ocurrieron entre el 10 de diciembre de 2019 y el 19/11/2020, es decir, bajo la gestión de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

De ese total de 411 casos, 348 ocurrieron después del inicio de la cuarentena y 63 entre el 10/12/2019 y el 19/3/2020.

Confirmando la permanente provisionalidad de la información del Archivo, siempre sujeta a crecer a partir de nuevos hallazgos, además de los 411 ocurridos después del 10/12/2019, incorporamos 61 casos de 2019; 8 de 2018, 4 de 2017 y uno de 2000, 2005, 2008, 2012, 2013 y 2015, respectivamente. Cabe señalar, respecto de las muertes en lugares de detención informadas por organismos oficiales, que en muchos casos no registran la fecha exacta, por lo que no podemos discriminar las posteriores al cambio de gestión. En consecuencia, aun con la certeza de que al menos una docena tienen que haber ocurrido en el mes de diciembre, históricamente el de más muertes bajo custodia, sólo se atribuyen a la actual gestión los casos con fecha cierta después del 10/12/2019.

La tabla y gráfico anteriores muestran la cantidad de casos registrados en esta actualización para cada año. Además de advertir que la información disponible de los años 80 es poca e incompleta (los registros “sin datos” son todos anteriores a 1990), se destacan picos en los años de crisis (1989/91, 2000/2001, 2009/10, 2013 y, sobre todo, 2016/2019). Los años 2018 y 2019, con 497 y 480 casos respectivamente, muestran el récord absoluto de muertes a manos del aparato represivo estatal bajo el reinado de la Doctrina Chocobar.

El año 2020, muestra un retorno, por ahora, a valores similares a 2014, aunque hay que tener en cuenta que falta registrar la mitad de noviembre y todo diciembre.

CASOS ACUMULADOS POR ARCHIVO
AñoSuma
1996262
1997382
1998471
1999635
2000833
20011.008
20021.292
20031.508
20041.694
20051.888
20062.114
20072.334
20082.557
20092.826
20103.093
20113.393
20123.773
20134.011
20144.278
20154.644
20164.960
20175.462
20186.535
20197.091
20207.587

La tabla anterior muestra la cantidad de casos totales que fuimos conociendo a la hora de cerrar cada actualización anual, desde la primera presentación en 1996, hasta esta vigésimo quinta, en 2020.

El impacto de las medidas en pandemia

El inicio de la gestión de gobierno encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner estuvo signada, en materia de política represiva, por el discurso inaugural del presidente, que llamó a “escapar al gatillo fácil y a la lógica de la muerte por la espalda”, claramente en un sentido distinto al que padecimos durante la administración de Mauricio Macri, seguido por algunas medidas auspiciosas del Ministerio de Seguridad de la Nación, como la derogación de varios de los protocolos de actuación para las fuerzas de seguridad. A la par, debimos señalar otras decisiones del gobierno que contradecían, en los hechos, aquel camino, como la designación del teniente coronel retirado Sergio Berni como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el anuncio del Comando Unificado de fuerzas federales y provinciales tras la primera reunión Berni-Frederic o la resolución nacional que puso en manos de las fuerzas federales la implementación del ciberpatrullaje.

El escenario comenzó a cambiar a partir de la pandemia de COVID-19, el dictado del DNU 297/2020 y sus ampliaciones y actualizaciones. Las medidas sociales adoptadas durante el ASPO se mostraron insuficientes, con lo que el aspecto represivo cobró relevancia. El resultado fue un incremento exponencial de detenciones arbitrarias, con su natural correlato de aplicación de tormentos y muertes en comisarías, seguido por un importante número de fusilamientos de gatillo fácil en las calles.

Del total de 411 casos registrados desde el 10/12/2019 al 19/11/2020, en el lapso anterior a la pandemia, casi el 30% del tiempo de gestión, se produjeron poco más del 15% de las muertes. En cambio, en el período posterior al 20 de marzo, que representa poco más del 70% del total de días de gobierno, se concentra casi el 85% de los casos.

 Casos%Días%
Antes de la pandemia6315,33%10029,07%
En pandemia34884,67%24470,93%
Total Gestión Fernández411100%344100%

Intervención de las distintas fuerzas

Si desglosamos la totalidad de casos registrados desde diciembre de 1983 por fuerza responsable, resulta que las policías provinciales en conjunto ocupan el primer lugar, con el 46,63% de los casos, seguidas de lejos por los servicios penitenciarios federal y provinciales con el 38,54%, y, mucho más lejos aún, la policía federal (8,01%) y con incidencia muy menor el resto de las fuerzas.

En cambio, este año, en función de las medidas de gobierno tomadas antes y después de la irrupción de la pandemia, el mapa de intervención de las distintas fuerzas de seguridad tiene diferencias marcadas con lo que era hasta ahora tendencia general.

En la siguiente tabla y su gráfico se advierte que no se registran, desde el 10 de diciembre de 2019, casos de responsabilidad de dos fuerzas federales, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Del mismo modo, la incidencia de la Policía Federal bajó de un 8% histórico a poco más del 5% y Gendarmería Nacional bajó de un promedio total de 1,44% a la mitad, 0,73%. También disminuyeron los casos de integrantes de agencias de seguridad privada. También la incidencia de las policías provinciales varió de casi el 47% a un no menos preocupante 29,20%. Por el contrario, los servicios penitenciarios, federal y provinciales, se alzan con un impactante 57,66%, cuando no llegan al 40% en el acumulado total.

La primera y muy evidente conclusión, como se ratifica en el gráfico que sigue sobre modalidades, es que durante 2020 –muy especialmente durante la pandemia- hubo un crecimiento exponencial de muertes bajo custodia, especialmente en cárceles provinciales y federales. De hecho, es la primera vez en décadas que debemos contabilizar cuatro muertes en unidades penitenciarias causadas por disparos de arma de fuego de integrantes del servicio contra personas presas desarmadas. Federico Rey en Florencio Varela, José Candia en Corrientes, Marcelo Montenegro y Dardo Yapura en Jujuy fueron fusilados en la represión a los reclamos y protestas por la falta de respuesta oficial a la crítica situación en las cárceles. La tasa de mortalidad por contagios de COVID-19 en los penales casi triplica la extra muros, además de contabilizarse una elevada cantidad de otras muertes en contexto de protestas (seis sólo en Santa Fe), así como por incendios, ahorcamientos y enfermedades no asistidas.

La ausencia de casos atribuibles a la PSA se explica a partir de la prohibición a los miembros de esa fuerza federal de portar el arma reglamentaria fuera de servicio, y es un buen ejemplo –sin perjuicio de la baja incidencia de esa fuerza, la menos numerosa del país- de cómo se podría reducir esa práctica a la mitad si la misma decisión se tomara respecto de la totalidad de las fuerzas, ya que más de la mitad de los fusilamientos en la vía pública son cometidos por funcionarios de franco, pero que usan el arma reglamentaria. En el mismo sentido debe interpretarse la disminución relativa de casos de PFA y GNA, despojadas de los protocolos de actuación que les brindaban un bill de inmunidad en la gestión anterior.

La causa de la disminución de casos de la PFA es obvia, a partir de que la mayor parte de sus integrantes, desde enero de 2017, revistan en la Policía de la Ciudad. Justamente no escapa a la lectura que esta fuerza, inaugurada con gran pompa y circunstancia como la “policía de la modernidad” con la fusión de la extinta Policía Metropolitana y la totalidad de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, ha multiplicado por cuatro su incidencia. De un ya preocupante 1,20% del total en el total de casos, en este año la “nueva policía” acapara un impactante 5,35%, a la par de la PFA residual. 

Éste es el mapa de la incidencia de las distintas fuerzas desde el 10/12/2019:

Fuerzas en gestión FernándezCasos%
Servicio Penitenciario23757,66%
Policías Provinciales12029,20%
Policía Federal Argentina225,35%
Policía de la Ciudad225,35%
Otras Fuerzas61,46%
Gendarmería Nacional Argentina30,73%
Seguridad privada10,24%
TOTAL411100%

Primera causa de muerte a manos del estado:

Estar en un calabozo

Este es el mapa de modalidades represivas sobre el total de casos registrados en el Archivo, que muestra la incidencia de las dos modalidades más frecuentes de la represión orientada al control social: las muertes de personas detenidas (50%) y los fusilamientos de gatillo fácil (36%).

Sin embargo, las decisiones oficiales tomadas durante la pandemia que abarca casi todo este año lo modifican sustancialmente, con gran preeminencia de las muertes en lugares de detención, que suben a más del 66%, lo que hace reducir la incidencia de gatillo fácil a un 25%.

La suma de esas dos principales modalidades directamente dirigidas al control social es impactante:

Estar en un calabozo o caminar por la calle sin pinta de ser “alguien” fue la causa del 91,24% de las muertes a manos del aparato represivo estatal en el último año.

Modalidades en gestión FernándezCasos%
Muerte en cárcel, comisaría o bajo custodia27266,18%
Gatillo fácil10325,06%
Muerte intrafuerza o intrafamiliar174,14%
Otras circunstancias*122,92%
Causa fraguada o consecuencia de otros delitos71,70%
Total411100%
*Incluye cuatro desapariciones forzadas.  

En la categoría de muerte de personas privadas de su libertad, que incluyen cárceles, comisarías y todo otro lugar de detención (incluso patrulleros) confluyen los clásicos “suicidios”, que encubren, en una enorme proporción, la muerte por aplicación de tormentos, e incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda y que, invariablemente, no reciben auxilio o lo reciben tardíamente. Por otra parte, las muertes violentas por heridas de arma blanca son, en muchos casos, ejecuciones por encargo de los servicios penitenciarios, que usan para ello los llamados “coches-bomba” (sicarios). También se registran de manera creciente fallecimientos por enfermedades que nunca causarían la muerte con una mínima atención médica (apendicitis, hepatitis, tuberculosis, diabetes, etc.). En este año en particular, informes oficiales denuncian, al mes de octubre, 53 muertes por COVID-19.

Es indudable que el aumento espectacular de la población carcelaria condiciona el incremento de las muertes intramuros, máxime frente a la pandemia. Como se desarrolla más extensivamente en la nota editorial, de 34.000 personas presas antes de la crisis de 2001, en 15 años llegamos a 75.000. Luego, en los duros años del manodurismo puntivista del trío Macri-Bullrich-Ritondo, esa cifra superó los 100.000. A ese total hay que sumar otras 20.000 personas presas en comisarías, alcaidías e institutos.

El 60% del total son jóvenxs de 18 a 30 años de edad. Más de la mitad no tiene condena, sino que cumple prisión preventiva como pena anticipada. Casi el 90% de las personas detenidas están acusadas o condenadas por delitos contra la propiedad (robos, tentativas de robo, hurto, etc.) o por infracción a la ley de drogas, siempre por narcomenudeo, u otros delitos menores sin violencia.

La provincia de Buenos Aires registra el mayor índice de superpoblación, con casi el 112% de su capacidad desbordada. Con cerca de 20.000 efectivos, el servicio penitenciario bonaerense encabeza la dotación de penitenciarios a cargo de las cárceles, seguido del federal, que reúne a 10.000 en las mismas funciones.

No pueden sorprender ni el hacinamiento, ni la falta de higiene o de alimentos, la falta comunicación con sus familias, ni los levantamientos en reclamo de condiciones dignas. Por eso no sorprendieron tampoco los reclamos que se desataron en cárceles de todo el país como consecuencia de la explosión pandémica. Cinco muertos en las cárceles de Coronda y Las Flores, Santa Fe; uno en la Unidad 1 de Corriente, otro en el complejo Florencio Varela de la provincia de Buenos Aires y dos en Gorriti, Jujuy, como directa consecuencia de la represión, a los que hay que las muertes más como resultado de la falta de atención médica, los clásicos “suicidios” inexplicables y los homicidios, tantas veces ordenados o promovidos por el propio servicio para librarse de “molestias” dan la pauta de la gravedad de la situación.

Respecto de las muertes en comisarías, es necesario remarcar que la mayoría corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones. En esos casos resulta aún más incomprensible el argumento de la “crisis depresiva”, como dicen los partes policiales para justificar los “suicidios”, pues son personas que en horas recuperarían la libertad. Rodolfo Walsh lo explicaba mejor que nosotros: “Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu, los ebrios, los chilenos carteristas y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella. Otro factor deprimente que acaso contribuya a la ola de suicidios en tales calabozos son las inscripciones que dejan los torturados”.

En los últimos 10 meses, registramos 34 muertes en comisarías y dos en lugares de alojamiento de niños y niñas (Pablo Nogués y Almafuerte). Algunos casos, como el de Florencia Magalí Morales en la comisaría de Santa Rosa del Conlara, cobraron alguna visibilidad, pero la regla es el silencio.

Respecto de las desapariciones forzadas, que totalizan 203 desde diciembre de 1983, la mayoría de personas que fueron vistas por última vez en una comisaría, o cuando eran detenidas, este año se produjeron cuatro: Carlos “Bocacha” Orellano el 23 de febrero en Rosario, Facundo Astudillo Castro, cerca de Bahía Blanca, el 30 de abril, y Francisco Javier Cruz en Florencio Varela, y Luis Armando Espinoza en Tucumán, desaparecidos el 15 de marzo y el 15 de mayo respectivamente. En los cuatro casos, sus cuerpos fueron encontrados semanas o meses después, en circunstancias que confirman la intervención policial en la desaparición y asesinato.

Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, reconfirman la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, trata de personas, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas, potenciadas por la coexistencia de más de una fuerza en los territorios.

Edad de las víctimas

Disciplinar desde la cuna

Hay un 19% del total sin datos suficientes, especialmente debido a la falta de información accesible sobre la edad de personas muertas en prisión, aunque los propios informes oficiales, como el de la PROCUVIN, señalan que son personas de menos de 30 años en su mayoría. Aun así, resulta que más de la mitad de los casos en los que se conoce la edad exacta o aproximada de la víctima es de la franja menor de 25 años. El 40% del total corresponde a personas de 25 años o menos.

El dato confirma que la selectividad de la represión apunta a la edad, además de la clase. Así como son excepcionales los fusilamientos callejeros de jóvenes de sectores medios o altos, y los pocos que hay responden, por lo general, a que eran pibes o pibas con la pinta, la actitud o en el lugar “equivocado”, es también poco frecuente que sean personas mayores las destinatarias de las políticas represivas que sirven para implementar el control social. Este año, sin embargo, es alta la proporción de personas mayores muertas en el ámbito carcelario, por COVID-19 u otras enfermedades relacionadas.

Los rangos de edad que muestra el gráfico anterior, con absoluta preeminencia de las víctimas jóvenes, son un claro indicador de ese contenido de control social de la represión: el 39% corresponde al segmento de 15 a 25 años, y si se suman los menores de 15 y los de 26 a 35 años se llega al 64%.

En cambio, las personas de 36 a 45 años, y los mayores de 45, apenas suman de conjunto el 12%.

Es necesario reiterar que el 24% sin datos precisos de edad corresponde abrumadoramente a las muertes en prisión, de los que es muy difícil conseguir información. La Procuración Penitenciaria Nacional publica la cantidad y causa de las muertes en cárceles federales, pero no suele proporcionar la edad y nombre de las víctimas. A la inversa, la Comisión Provincial por la Memoria publica listado de nombres, sin indicar en qué unidad murieron, ni su edad o fecha de la muerte. A veces logramos identificar alguno o alguna por noticias periodísticas, por contacto con familiares o amigos o por denuncias en redes sociales. En algunas oportunidades, cuando se conoce la unidad carcelaria, es posible determinar un rango posible de edad, como en el caso de los que llaman “menores adultos”. Teniendo en cuenta la composición etaria de la población carcelaria, es altamente probable que la mayoría de esos casos sin edad conocida correspondan a la franja hasta 25 años.

Distribución por territorio

De Ushuaia a La Quiaca

Si limitamos la mirada a la cantidad de casos registrados de cada provincia, queda clara la hegemonía absoluta de la provincia de Buenos Aires, con el 53,58% del total, seguida de lejos por Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, como lo muestra este gráfico.

Pero, mientras la provincia de Buenos Aires tiene más de 15 millones y medio de habitantes, Mendoza apenas supera 1.700.000. Por lo tanto, no es posible sacar conclusiones comparando los 4.065 casos de una con los 309 de la otra, si no contemplamos, a la vez, esa enorme diferencia poblacional.

Para tener una imagen más clara que permita comparar distritos con tanta desproporción poblacional, debemos calcular la incidencia de la represión estatal en relación a la cantidad de habitantes:

Al obtener un índice por millón de habitantes conforme los datos del último Censo, vemos que la represión se descarga de manera muy uniforme en todo el territorio nacional, con mínimas diferencias entre los distritos, que responden en muchos casos a la falta de suficiente información confiable.

La provincia de Buenos Aires continúa primera, pero con mucha menos diferencia con las que la siguen, Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut y Mendoza, y un segundo pelotón compacto, La Pampa, Río Negro, CABA, Santiago del Estero y Córdoba.

Ni una menos

Femicidios de uniforme

Desde que empezamos a elaborar el Archivo, advertimos que la enorme mayoría de los asesinatos de gatillo fácil, con su fuerte componente de control social, correspondía a varones, especialmente adolescentes, con muy pocos y excepcionales casos de mujeres y niñas. El número de mujeres muertas en lugares de detención es sensiblemente menor que el de varones, lo que se explica por la diferencia cuantitativa de la población carcelaria y de comisarías en relación al género.

Sin embargo, también advertimos que, en un porcentaje importante, los casos registrados de víctimas mujeres se relacionaban con situaciones de violencia machista y patriarcal. La cantidad de mujeres asesinadas por integrantes del aparato represivo estatal por razones de género nos llevó a empezar a sistematizar esas situaciones, sin perjuicio de que, simultáneamente, encuadraran en otras modalidades según la forma de la muerte.

En el caso de las personas trans y travestis, encontramos la gran dificultad de que, en los reportes oficiales, especialmente de personas muertas en lugares de detención, pero también en casos de fusilamientos, se consignan los nombres de los documentos de identidad. Así, aunque sabemos que son más, sólo parecen registradas como tales 8 casos de femineidades travesti-trans, de los cuales la mitad son trans-travesticidios cometidos por miembros de las FFSS.

En el caso de los femicidios, los dos primeros casos registrados como femicidios se remontan a 1992. Desde entonces el índice ha sido creciente, hasta llegar hoy a 389 femicidios sobre un total de 671 víctimas mujeres.

Esa cifra convierte los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal.

Registramos, además, 46 femicidios relacionados, es decir, hijos u otros familiares o personas cercanas a la víctima asesinadas en contexto de violencia machista, para castigar a la mujer o cuando intentaron defenderla. Casi un tercio de los femicidios relacionados tienen niños y niñas como víctimas.

Este gráfico compara la proporción de femicidios en cada una de las modalidades registradas. Se advierte que casi la totalidad de los casos de muertes en contexto intrafuerza o intrafamiliar son a la vez femicidios de uniforme. Sobre 352 muertes de mujeres en casos intrafuerza o intrafamiliar, 343 fueron femicidios, mientras que es mucho menor la incidencia de la violencia de género como factor determinante en las demás modalidades:

En algunos casos, que han crecido en estos últimos años, es la mujer, perteneciente a una fuerza de seguridad, la que mata a su pareja, hombre o mujer, o a sus familiares, incluso hijos e hijas.

El notable el incremento de los casos de femicidio y femicidio relacionado cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, especialmente en los últimos años, nos llevó a comparar nuestros datos con las estadísticas generales de femicidios. Estimamos, tomando como base los registros existentes a nivel nacional que, hasta fin de 2020, una de cada cinco mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria. Ello da cuenta de cómo se potencian, cuando se cruzan, la violencia represiva estatal con la violencia machista y patriarcal.

Una muerte cada 20 horas

Al término de 2019, cuando presentamos el balance final del período de gobierno de Mauricio Macri, destacábamos que, por primera vez desde 1983, una gestión había superado la marca de una muerte diaria a manos del aparato estatal. Hoy, con la inclusión de registros de 2019 ocurridos o conocidos después de esa publicación, se ratifica que la administración Cambiemos fue la más letal, con un promedio de 1,31 muertes por día. Dicho de otra forma, una muerte cada 18,34 horas.

Con el gráfico que sigue se advierte que la gestión iniciada en diciembre de 2019 muestra un leve descenso, con 1,19 muertes por día –una cada 20,09 horas-.

Es razonable presumir que uno de los factores que permitieron que, en apenas un año, las muertes a manos del estado retrocedieran de una cada 18 horas a una cada 20, radique en la menor letalidad comprobada en estos meses de las fuerzas federales. Como se señala en el apartado correspondiente, no se registraron en este período casos de responsabilidad de Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, y sólo tres de Gendarmería Nacional. En el caso de la Policía Federal, el descenso de su intervención proporcional ya se había notado a partir de la transferencia del personal de comisarías a la Policía de la Ciudad en enero de 2017, pero en los restantes casos no se puede obviar el efecto positivo que pudieron tener las reformas normativas de la actual gestión, concretamente la derogación de la Res. 956/2018 que habilitaba en disparo por la espalda a personas desarmadas, así como, en el caso de la PSA, la prohibición de portar el arma reglamentaria fuera de servicio. No es menor reparar en que, aunque no faltaron en el año las represiones a situaciones de protesta y conflicto social, con multiplicidad de detenciones y de personas heridas, no se produjeron muertes en esas circunstancias.

En el mismo sentido, es posible relacionar el incremento de muertes en lugares de detención, que es el dato más destacable, por su profundización, en 2020, con las decisiones políticas tomadas por los gobiernos nacional y provinciales frente a la crítica situación carcelaria durante la pandemia, así como la promoción de facultades para detener personas arbitrariamente. Finalmente, la subsistencia del gatillo fácil, que debió tener un descenso muy superior ante la marcada disminución de la presencia de personas en la vía pública, es directamente atribuible a la ampliación de facultades que, a contrapelo de aquellas decisiones relacionadas con las fuerzas federales, se dio a las provinciales y de la ciudad en el marco de la emergencia sanitaria.

Este dato empírico ratifica la indudable pertinencia y utilidad de las medidas que promovemos como parte de la Agenda Antirrepresiva urgente, que permitirían mejorar sensiblemente la protección de la vida y la integridad física de las personas frente a la violencia descargada por el aparato represivo estatal.

Por eso, cerramos este informe con la actualización de esa Agenda, que no requiere la previa transformación profunda del sistema social –única vía para terminar de cuajo con las prácticas represivas como política de estado-, sino que puede tomar, aquí y ahora, cualquier gobierno con la decisión política de poner un mínimo freno a las detenciones arbitrarias, las muertes en lugares de detención, el gatillo fácil y las desapariciones forzadas.

Las muertes en la represión a la protesta

Desde 1983, se registran 91 muertes en la represión a manifestaciones, movilizaciones y reclamos por trabajo, tierra y vivienda. En este rubro, sigue llevando la delantera el gobierno de la Alianza radical-peronista, entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001, con un total de 45 asesinadxs, de lxs cuales 39 cayeron el 19 y el 20 de diciembre o murieron posteriormente por las heridas recibidas. Lo escolta el gobierno de Cristina Fernández, con 20, y Alfonsín, con 16 en los saqueos de mayo de 1989. Menem, Duhalde y Néstor Kirchner empatan con dos casos cada uno, superados Mauricio Macri, que sumó a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en Chubut y el fusilamiento de Rafael Nahuel en Río Negro, ambos en el marco de la represión descarnada contra los pueblos originarios en lucha por la recuperación de su territorio, el fusilamiento del niño Ismael Ramírez en Sáenz Peña, Chaco, en la represión a un piquete de desocupados, y a Rodolfo “Ronald” Orellana, militante de la CTEP, en el ataque a una toma de tierras para vivienda en La Matanza.

Agenda antirrepresiva urgente

Detenciones arbitrarias:

  • Cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio vs. Argentina, del 18/09/2003, que ordenó la derogación de todas las facultades normadas y la eliminación de todas las prácticas no normadas de las FFSS federales y locales para detener personas fuera de las hipótesis constitucionales y de los convenios internacionales de orden judicial previa o delito flagrante.
  • Cese inmediato del permanente y sistemático hostigamiento a las personas que se ven obligadas a sobrevivir con tareas precarias en la vía pública, como la venta ambulante, el arte callejero o servicios como el cuidado de autos, limpieza de parabrisas, etc.

Legislación y justicia:

  • Derogación de las reformas regresivas que se llevaron adelante en los últimos años en toda la legislación represiva nacional, de las provincias y de la Ciudad, y de las incorporadas al Código Penal por las leyes antiterroristas entre 2004 y 2010.
  • Retiro inmediato del proyecto de reforma del Código Penal elaborado por la comisión presidida por el juez Borinsky, revisado y presentado por el Poder Ejecutivo en marzo de 2019 en el Senado, que incrementa la criminalización de la pobreza y la protesta, consagra la impunidad de los represores y universaliza la prisión preventiva.
  • Derogación del Decreto 489/2019 que creó el RePet (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento).
  • Anulación del DNU 70/2017 que habilita la deportación exprés de migrantes.
  • Derogación de la Resolución nº 144/2020 del Ministerio de Seguridad que establece el protocolo de actuación para que las fuerzas de seguridad hagan “tareas de prevención” (espionaje) sobre plataformas y fuentes digitales públicas.
  • Gratuidad para el acceso a la justicia de víctimas y familiares de víctimas de hechos represivos.
  • Aplicación estricta de las medidas internas de suspensión del servicio de funcionarios de las fuerzas implicados en causas penales por hechos represivos.

Actuación de las fuerzas:

  • Eliminación de los protocolos de lógica bélica para la actuación de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones.
  • Prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio.
  • Prohibición de requisas personales y de pertenencias por mera sospecha.
  • Eliminación de los “Comandos Unificados” para la intervención conjunta de fuerzas federales y locales en las provincias y la Ciudad.
  • Prohibición de la asunción de la defensa técnica de miembros de seguridad acusados por hechos represivos por los cuerpos profesionales de los ministerios de Seguridad nacional, provinciales y de CABA.
  • Fin de la reestructuración de comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, que dilata entre 8 y 10 horas que los organismos de DDHH, las organizaciones antirrepresivas y hasta la Defensoría Oficial de la Justicia de la Ciudad y abogadxs particulares puedan confirmar una detención y ubicar a la persona arrestada para asistirla.
  • Cese de la militarización de los barrios populares, con presencia masiva de fuerzas federales y locales, con su correlato de hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo fácil.

Cuestiones presupuestarias:

  • Derogación del Programa de Fortalecimiento de Seguridad para la provincia de Buenos Aires que destinó $38.000 millones de pesos para fortalecer el poder de fuego de la bonaerense.
  • Retiro del “Plan de Infraestructura Penitenciaria” presentado a la Legislatura Bonaerense por el ministro de Justicia Julio Alak y el gobernador Axel Kiciloff para la construcción de más cárceles.
  • Redirección de las partidas destinadas a esos planes y programas para mejorar las condiciones de habitabilidad en los lugares de detención.
A %d blogueros les gusta esto: