Uruguay – Debate por la Caja Militar: Ministerio de Defensa entregó proyecciones y cuestionó efectos de la reforma de 2018

Mathías da Silva

La comisión de expertos analiza la situación del régimen de retiro militar y el Frente Amplio planteó críticas al contenido de este punto del borrador.

Las discusiones sobre el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas —conocido como la Caja Militar de jubilaciones— dominan cada algunos años la arena política desde al menos tres décadas. La dictadura en 1974 instauró, por medio de la ley orgánica militar, un régimen que permitía jubilarse con 15 años de trabajo y con retiros obligatorios entre 45 y 60 años dependiendo del escalafón, con una retribución de 100% del salario.

A pesar de varias modificaciones vía decreto que subieron a 20 los años de servicio y bajaron la tasa de reemplazo, esa ley permaneció hasta 2018, cuando el Frente Amplio (FA) aprobó, “con sus problemas y diferencias, la reforma que fue posible”, en palabras de la ex senadora Constanza Moreira.

La reforma del sistema militar se había discutido por el envío de proyectos de ley al Parlamento en 1996 y 2002, pero siempre sobrevuela cuando se debate cualquier tema vinculado con la seguridad social. Entre otras cosas, porque la asistencia financiera que el sistema militar requiere del Estado se mantiene desde hace al menos cinco años en alrededor de 1% del producto interno bruto, y debido a que los analistas entienden que desde el punto de vista técnico se deberían unificar los regímenes previsionales e igualar las condiciones de acceso a la jubilación.

Según supo la diaria, en el gobierno se maneja como una posibilidad que sea el Banco de Previsión Social el que asuma la gestión de todos los subsistemas jubilatorios —incluido el militar—, y existieron consultas en esa línea. Sin embargo, no es claro que esta idea tenga consenso dentro de la coalición, y será un tema de debate hacia adelante.

“Nadie tuvo el coraje cívico para enfrentar el Sistema de Retiros y Pensiones Militares dentro del Estado”, sostuvo Moreira en 2018, cuando se votó la ley tras varios meses de discusión dentro del FA, en particular con el diputado Darío Pérez. Otro actor que cobró protagonismo en aquellos meses, como portavoz del rechazo militar a la reforma, fue Guido Mannini Ríos, por entonces comandante del Ejército y actual senador de Cabildo Abierto (CA), que fue sancionado con 30 días de arresto a rigor por exigir públicamente a los diputados que frenaran el proyecto.

La reforma salió un mes después aunque con cambios al proyecto original del Ejecutivo, que por un lado aumentaron los niveles de aporte para rebajar la asistencia financiera pero por otro redujo la cantidad de militares abarcados. Según un análisis publicado en 2018 en el portal Transparencia presupuestaria, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), los “primeros efectos significativos de la reforma en términos económicos” se estiman para 2033. Se agrega que la reforma de la Caja Militar es “la que menos activos alcanza de forma plena dentro del régimen reformado entre las impulsadas desde el año 1995”, período en el cual se han modificado legalmente todos los subsistemas jubilatorios.

Con este contexto previo, en la ley de urgente consideración (LUC) que impulsó el gobierno se dispuso incluir a la Caja Militar dentro del análisis que ya comenzó a hacer una comisión de expertos, con representantes de los partidos políticos y sectores sociales. Una de las preguntas que se responderán en los próximos meses es si habrá cambios en las reglas de retiro para los militares, y en torno a eso han surgido en los últimos días distintas expresiones.

Visión y proyección desde la Caja Militar
La comisión de expertos ha recibido en audiencia a más de 40 actores relacionados con la seguridad social, y en referencia a la Caja Militar fue el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) en diciembre. Días atrás se publicó la presentación realizada por el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas —formó parte de la delegación su director, el coronel Gustavo Lazo—, en que se detalla que a noviembre de 2020 había 37.209 retirados que percibían una jubilación más 14.618 que cobran pensiones: en total, 51.827 pasividades.

Sobre la financiación, en los últimos cuatro años lo aportado por Rentas Generales osciló entre 106 y 140 millones de dólares, lo catalogado como asistencia financiera entre 405 y 465 millones de dólares, y la recaudación del IASS —que pagan las jubilaciones mayores a 36.000 pesos— entre 39 y 46 millones de dólares. En total, el Estado volcó a la Caja Militar 623,9 millones de dólares en 2017, 648,1 millones al año siguiente, 621,3 millones en 2019 y el año pasado 551,6 millones de dólares.

La diferencia entre lo aportado por Rentas Generales y lo catalogado como asistencia financiera responde a que hoy día conviven dos grupos de retirados: los anteriores a 1986 están a cargo de Rentas Generales por la inexistencia de aportes del Estado como empleador, y los que lo hicieron posteriormente a esa fecha tienen una jubilación cubierta en parte por los aportes y en otra por la asistencia financiera.

La presentación hace referencia a la ley de 2018, aprobada por el FA: “La reforma implementada fue en el sentido correcto, para corregir la trayectoria, pero la demora hizo que los cambios implementados debieran ser muy profundos”. La visión que hay desde el ámbito militar es que la reforma fue de magnitud y perjudicó principalmente al personal subalterno.

En esa línea, el MDN incluyó una comparación a valores de 2020 que muestra que con el régimen anterior un soldado cobraba 89% más, un cabo de segunda, 95% por encima y un sargento, 105% más. La gráfica comparativa pone el énfasis en que la afectación es inferior en los grados más altos: un general se retiraba antes con 32% más en comparación con las nuevas reglas, un coronel, 21% por encima y un teniente, 28%. Además, se incorpora el ejemplo de un soldado que gana en actividad 22.113 pesos, que habría cobrado 39.141 pesos por el régimen anterior y 16.500 pesos con “22 años de servicio” tras la última reforma. Esto porque “en el régimen anterior por la aplicación de leyes [que establecen beneficios] al personal subalterno se le compensaba el bajo nivel salarial”.

Acerca de los montos que paga la Caja Militar a los retirados, se detalla que hay 14.465 pensiones (28% del total) por debajo de las 12 unidades reajustables (UR), unos 15.500 pesos. Mientras que las pasividades mayores a 100.000 pesos “representan 7% del total”, es decir, 3.627 personas.

Como proyección a futuro, se señala que “la evolución de los retiros en los últimos años muestra una tendencia decreciente” que se espera que continúe, y se estima que si bien los egresos del subsistema militar seguirán con una tendencia “creciente”, el aumento será “cada vez menos en los próximos cinco años”. La proyección para 2025 es que se requerirán del Estado 2.004 millones de pesos mensuales, lo que pasado al dólar actual y a cifras anuales corresponde a unos 571 millones de dólares.

Sobre el final, el documento que entregó el MDN a la comisión de expertos defiende la “especificidad” de la actividad militar por tener una “justicia, un sistema disciplinario, derechos, licencia, remuneraciones, nocturnidad, horas extras y extensión de servicio” distinto al resto de los trabajadores.

Diagnóstico y respuesta del FA
A finales de 2020 el presidente de la comisión de expertos, Rodolfo Saldain —designado por el gobierno—, entregó a los integrantes un diagnóstico borrador del sistema previsional, como base discutir el primer informe que debe consensuarse en el ámbito multisectorial. Como resumió la diaria días atrás, allí se habla de que las cajas paraestatales tienen como factor común “la generosidad de los beneficios” que ofrecen.

Específicamente sobre el régimen previsional militar, el borrador dice que “se financia fundamentalmente mediante recursos fiscales generales y prevé beneficios marcadamente excepcionales”, brindando una pasividad “vitalicia con condiciones de acceso y de cuantía excepcional tanto a personal denominado ‘combatiente’ como ‘no combatiente’”. Además, analiza que “las edades de retiro obligatorio se definen mediante criterios propios de la actividad militar, ajenos a valoraciones previsionales”. Por estas condiciones, se concluye que “el volumen de recursos requeridos es muy elevado desde el punto de vista fiscal”.

Por su parte, en un documento que redactó el FA como respuesta al diagnóstico borrador y que será presentado ante la comisión de expertos, se expresa que “la descripción realizada sobre el régimen previsional militar resulta equívoca”, ya que su cobertura, beneficios y diseño no responden a lógicas de los sistemas previsionales.

La oposición agrega: “La valoración respecto de la situación financiera y la proyección de egresos de la Caja Militar no se comparten, en la medida que la información sobre la que están fundadas es parcial e incompleta”. El borrador fue repartido a la comisión después de la comparecencia del MDN, pero aclaró que restaba procesar la información recibida para hacer “una evaluación actuarial”.

https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2021/1/debate-por-la-caja-militar-ministerio-de-defensa-entrego-proyecciones-y-cuestiono-efectos-de-la-reforma-de-2018/#!

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