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 Desconocer la deuda externa para combatir la pobreza y la pandemia

Foto: Roncoroni / EFE

Ante la creciente crisis social, el Gobierno mantiene un fuerte ajuste a las jubilaciones y asignaciones. No hay IFE para los precarizados y desempleados. Con la pobreza superando el 42 %, es urgente tomar medidas de fondo para recomponer los ingresos de la mayoría de la población. Incluimos informes del Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores, que integra la Oficina de Salud Laboral de APA sobre la importancia de la inclusión legal del COVID-19 en el listado de la Ley de Riesgos del Trabajo. Y del impacto de la pandemia sobre el mercado de fuerza de trabajo del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma). Por Mario Hernandez


Jubilaciones y AUH se hundieron entre un 10 % y 15 % en el último año

La nueva ley de movilidad (Ley 27.609) votada el año pasado fue acompañada de declaraciones del Gobierno que negaban se trate de un ajuste, pero los números publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre el primer trimestre del año, dejan claro el ataque sobre los jubilados, pensionados y aquellos que cobran asignaciones. Además los empleados estatales también se vieron perjudicados como parte del ajuste para poder cumplir con las exigencias del FMI.

En el informe presentado afirman que las asignaciones familiares y por hijo (a las cuales se destinó $ 125.855 millones) presentaron una disminución de 15,5 % en el primer trimestre, en comparación al mismo período del año pasado, teniendo en cuenta la inflación. La suba de precios que llegó al 13 %, en los primeros tres meses del año, fue superior al de las jubilaciones y pensiones que tuvieron un incremento de sólo 8,07 %, en marzo. Por esto el Estado destinó un 10,5 % menos, en términos reales, para los jubilados y pensionados (en el primer trimestre) que en 2020.

Eugenio Semino, el Defensor de la Tercera Edad en CABA, fue contundente: “a pocos meses de haberse cambiado la forma de cálculo de la movilidad vemos cómo los jubilados entre el trimestre octubre, noviembre y diciembre del año pasado, enero, febrero y marzo, vieron cómo perdieron respecto a la inflación general doce puntos más de poder adquisitivo de su haber”.

Desde el Gobierno afirman que la baja en el gasto en prestaciones sociales, que alcanzó un total $ 958.224 millones y tuvo una caída real de 8,3% en relación a igual período de 2020, fue compensado por la ampliación del Repro y el ATP, pero estas partidas representan una pequeña parte de lo recortado. Al programa Potenciar Trabajo se destinó $ 31.912 millones y a las Políticas Alimentarias $ 29.251 millones, al REPRO II $14.012 millones y al Salario Complementario en el marco del AETP $ 10.296 millones. Los cuatro sumados no llegan a igualar una sola de las rondas del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgadas durante el 2020 y que fue eliminado para 2021.

Por su parte, los recursos provenientes de la Seguridad Social sumaron $ 448.913 millones, lo que implicó una caída de 8,4% interanual. El informe señala que: “se verificaron caídas en la comparación interanual de la cantidad de aportantes al sistema y de la remuneración imponible» y agrega: «Por la baja en el empleo registrado y el atraso en los salarios nominales, desde junio de 2018 la masa salarial se ubica sistemáticamente por debajo del Índice de Precios al Consumidor». Además en comparación con el 2020, lo destinado a los salarios de los empleados estatales cayó un 6,5 % (siempre teniendo en cuenta la inflación). Esto refleja el grave empeoramiento del empleo tanto privado como público.

Pese a la crisis económica, el alza de los precios internacionales de los alimentos, como la soja o la carne, generaron un crecimiento importante en lo recaudado por los derechos de exportación; pasaron de implicar el 12 % de los ingresos tributarios al 20 %. La suba podría

haber sido mayor si el Gobierno no hubiese otorgado una serie de beneficios a las grandes multinacionales exportadoras. Pero estos recursos no están siendo puestos en función de las necesidades de las grandes mayorías, cuando más del 42 % de la población se encuentra en la pobreza.

Alberto Fernández sólo anunció un bono de $ 15.000 para las familias del AMBA que cobran la AUH y los que integran las categorías más bajas del monotributo como paliativo ante las nuevas medidas de restricción a la circulación. Si el IFE que totalizó $ 30.000 en seis meses no pudo evitar la profundización de la crisis social, mucho menos lo hará esta medida limitada.

El Gobierno elige recortar las ayudas sociales para seguir ajustando el Presupuesto en función de las exigencias del FMI. Una deuda fraudulenta que no ha dejado de crecer a un ritmo acelerado en las últimas cuatro décadas y provocando un saqueo constante de los recursos del país. Las familias trabajadoras y los jubilados no pueden seguir pagándola a costa de pasar hambre, es urgente declarar el desconocimiento soberano de la deuda externa y poner en primer lugar combatir la pandemia y la pobreza.

Si Mingo lo dice…

Domingo Cavallo afirmó que Martín Guzmán «puede exhibir los resultados de los cuatro primeros meses como un ajuste fiscal muy superior al presupuestado».

Cavallo dijo que: «un examen más detallado de las cuentas fiscales de enero a abril de 2021 pone de manifiesto que el ajuste fiscal que se está produciendo es consecuencia de un gran aumento de la recaudación impositiva y de un atraso importante de las prestaciones de la seguridad social y de los sueldos públicos en comparación con el resto de los gastos». También agregó como motivo: “la aceptación, hasta ahora sin grandes reclamos, de aumentos a los jubilados muy por debajo de la tasa de inflación».

Pese a que desde el Gobierno repiten que están aumentando la ayuda social y que los jubilados no están perdiendo con la inflación, los números muestran otra cosa y un neoliberal como Cavallo ve con agrado esas cifras. Según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) los fondos destinados para las jubilaciones en primer cuatrimestre del 2021 cayeron más de un 10 % en comparación con el mismo periodo del 2020 y las prestaciones sociales en más de un 40 %, gracias a la eliminación del IFE.

El autor del corralito analizó que: “El ministro Guzmán confía en que este comportamiento de las cuentas fiscales no empeore en los próximos meses, con lo cual podría llegar a sobre cumplir la meta de reducción del déficit fiscal primario. Eso le daría un importante argumento en la negociación con el FMI».

Cavallo concluyó su análisis alentando a Guzmán a mantener el ajuste en el tiempo y que no sea algo circunstancial, al opinar que “el curso de las cuentas fiscales no puede ser tomado como un avance sostenible hacia el equilibrio fiscal que necesitaría la economía para poder encarar un programa antiinflacionario con chances de éxito.”

Al respecto, señala el Lic. Héctor L. Giuliano en su artículo “Destino Emisión” del 8.5.2021: “[…]

La tríada Oficialismo-Clase Política-Medios está empeñada en hacerle creer a la Opinión Pública que el Estado Argentino financia su Déficit Fiscal con Emisión Monetaria cuando ello, estrictamente hablando, no es cierto:

– Primero, porque el Tesoro no se financia con el emisionismo del BCRA sino con el endeudamiento del BCRA, sin apelar entonces a una emisión monetaria directa y autónoma.

– Segundo, porque ni siquiera se llega hoy a financiar realmente el Gasto Público con emisión dado que la mayoría de la impresión de billetes se hace para sostener el costo del endeudamiento del BCRA -el pago de los intereses propios- antes que las necesidades financieras de la Tesorería.

Se está engañando al Pueblo Argentino vendiéndole la idea de que la culpa de todos los males de la Economía Argentina deviene de la Emisión Monetaria sin respaldo para financiar el Déficit Fiscal y que la misma es la causa de la Inflación cuando el verdadero problema de fondo es la Deuda… y la Inflación que generan los Intereses de dicha Deuda”.

El Frente de Todos pagó USD 10 millones diarios a organismos internacionales y otros Estados

El lunes 31 de mayo vencía la última cuota de la deuda con el Club de París por US$ 2.400 millones, el Gobierno decidió no pagarla por el momento buscando llegar a un arreglo para aplazarla dentro de los 60 días previstos en el acuerdo firmado por Axel Kicillof en 2014 con el organismo.

La gestión del Frente de Todos viene optando por abonar todos los compromisos internacionales. Hasta el mes de abril, según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), fueron destinados más de US$ 6.000 millones para el pago de préstamos en moneda extranjera (sumando los intereses y las amortizaciones) con organismos multilaterales de crédito y otros Estados.

Alberto Fernández no se cansa de repetir que no quiere hacer recaer las consecuencias de la crisis sobre el pueblo, pero mientras sigue priorizando el pago de la deuda externa la pobreza alcanza a más del 45 % de la población. Tampoco dejó de hacer crecer el endeudamiento. Desde principios del año pasado la deuda externa acumuló un crecimiento de US$ 25.202 millones, acumulando un total en abril de US $338.501 millones, según los datos de la Secretaría de Finanzas.

De no llegar a un acuerdo con el Club de París, al país se le cobraría una tasa del 9% en dólares retroactiva a mayo 2014 por el saldo a pagar, lo cual elevaría sustancialmente una vez más el monto total. Una deuda con una porción importante que corresponde a la dictadura militar y que Kicillof, cuando era ministro de Economía, aceptó casi se duplique al pasar de US$ 5.000 millones a US$ 9.600, una estafa sin final.

Con el FMI en el informe de abril (de la Secretaría de Finanzas) lo adeudado ascendía a U$S 45.827 millones, constituyendo uno de los pesos más grandes que carga el Estado. Durante 2020 los pagos de interés a organismos multilaterales, totalizaron US$ 1.994 millones, de los cuales el 65% (US$ 1.306 millones) corresponden al préstamo Stand By del FMI; otros 300 millones de dólares fueron destinados en mayo para el mismo fin.

Para hacer frente a estos pagos y mostrarse “sustentable” a futuro el Frente de Todos viene llevando adelante un duro ajuste que más allá de las diferencias internas todos sus legisladores aprobaron con el Presupuesto 2021 que fue votado en el Congreso. En el primer cuatrimestre del año el resultado primario (sin tener en cuenta los pagos de deuda) de la administración pública nacional arrojó un déficit de apenas 0,2 % del PIB, contra 1,42 % en igual período de 2020; siete veces menos. Para lograrlo recortaron las jubilaciones en más de un 10 % y las prestaciones sociales en más de un 40 %, gracias a la eliminación del IFE.

El Mapa argentino de la pobreza

Bajo este título, el informe realizado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) analiza  cómo impacta la pandemia en las provincias argentinas. Claudio Lozano, integrante del Instituto, afirma: “El impacto social de la pandemia quedó reflejado en la información del INDEC para el segundo trimestre del 2020. 21 millones de pobres y casi 6 millones de hambrientos. Esta dramática situación se distribuye en las diferentes regiones y provincias del país”

El economista de la CTA Autónoma y Diputado Nacional (MC), aseveró que “cinco provincias superan la tasa de pobreza registrada a nivel nacional (47%), encabezadas por la Provincia de Buenos Aires (53,9), seguida por Chaco (50,8%), Salta (49,9%), Río Negro (48,4%) y Neuquén (47,5%). Chaco, Buenos Aires, Santa Fe y Salta superan el promedio nacional en niveles de indigencia”.

“En este marco, y con estos datos, resulta inentendible que el Gobierno aún dude respecto a la necesidad o no de pagar el IFE 4 y que el proyecto de Presupuesto Nacional no incluya el IFE, no avance hacia un salario universal para la población en situación de desempleo e informalidad y que frente al aumento del hambre se reduzca la inversión de recursos públicos en los programas alimentarios”, remató Lozano.

Las brechas

Los resultados aquí presentados expresan las desigualdades estructurales que a nivel regional atraviesan las familias que habitan el suelo argentino, producto de las cuales el hecho de residir en una u otra provincia influye en la probabilidad de alcanzar umbrales materiales de vida que aseguren una reproducción en condiciones adecuadas. En efecto, mientras la información más reciente indica que hay provincias donde al menos la mitad de la población es pobre, en otras jurisdicciones este guarismo desciende a un tercio de la población o incluso menos. Asimismo, la magnitud de la indigencia llega a quintuplicarse en las provincias más golpeadas respecto a aquellas que alcanzan niveles más bajos.

Por otra parte, este documento aporta un análisis de la evolución que experimentaron estos indicadores en el último período, lo cual adquiere especial relevancia a fin de mensurar los efectos que provocó la irrupción de la pandemia en las distintas jurisdicciones. De esta manera, este informe complementa el análisis de los resultados de pobreza e indigencia a nivel nacional que publicamos previamente.

La emergencia socioeconómica y sanitaria generada por la llegada del coronavirus, impactó sobre un cuadro social que ya se encontraba en estado crítico, a causa del acelerado proceso de pauperización experimentado desde el año 2018 y los elevados niveles de informalidad y precariedad que alcanzó el mercado de trabajo en los últimos años. Desde mediados de marzo del 2020, la situación epidemiológica y las medidas de prevención adoptadas comenzaron a tener un fuerte impacto, como era esperable, tanto en la actividad económica como en la situación laboral. En el segundo trimestre, el PBI se contrajo un 16,3%, al tiempo que el empleo cayó a su nivel más bajo desde el año 2002, lo cual se tradujo en una pérdida de 3,7 millones de ocupaciones respecto al primer trimestre.

En los cuatro años de Cambiemos los trabajadores perdieron un cuarto de su poder de compra

Por Magdalena Rúa

Durante la gestión del gobierno de Cambiemos, los trabajadores perdieron más de una quinta parte de su poder adquisitivo, teniendo en cuenta el nivel de inflación registrada en esa etapa. La pandemia agudizó la crítica situación que muchos asalariados ya venían experimentando. La reactivación de la economía en pandemia y su reconstrucción en la pos pandemia debe darse de la mano de la recomposición del salario real, que reactivará el consumo, principal componente de la demanda que representa más de dos tercios del PIB.

Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, la evolución de la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) fue de aproximadamente 214%, mientras que, en ese mismo periodo, la inflación según el Índice de Precios al Consumidor de INDEC fue del 299%. Esto significa que durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos hubo un fuerte derrumbe del salario real de alrededor del 21,4%, lo que equivale a un desplome del poder de compra. Si se analiza la variación general del nivel de precios tomando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), la caída registrada de los salarios reales se torna más profunda. Considerando a este último índice, el incremento de los precios ronda un 340% entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, lo que equivale a una caída del salario del 28,6%.

Esta drástica situación para los trabajadores estables se profundiza con la pandemia. Más allá del empeoramiento de las condiciones económicas y sociales de amplios sectores, la reducción del salario real de los trabajadores estables también resulta en un retroceso de la actividad a

partir de la contracción del consumo, que conforma la mayor parte del Producto Bruto Interno (PIB).

[…] En el presupuesto de 2021 se proyecta un repunte de la actividad y crecimiento del PIB del 5,5%. En este sentido, parece ser que el mejor camino para apuntalar la actividad económica consiste en reactivar el consumo interno y, para ello, recomponer los salarios reales. Considerando que el consumo privado representa alrededor del 70% del PIB -a junio de 2020, representó el 68% del PIB, siendo el principal componente de la demanda global-, la reactivación del producto requiere un aumento de los ingresos de aquellos sectores que se vuelcan preponderantemente al consumo; y estos son los sectores de menores recursos, es decir, los de ingresos medios y bajos.

La política neoliberal de la gestión de Cambiemos ha dejado un saldo social escandaloso, que se profundiza con la crisis actual. Según INDEC el coeficiente de Gini (que es una medida de la desigualdad que indica mayores niveles de inequidad cuanto más cerca se encuentre de 1) pasó de 0,427 del segundo trimestre de 2016 —primer dato de la serie que publica actualmente el INDEC— a 0,449 en el tercer trimestre de 2019. El empeoramiento de la estructura social de nuestro país en los últimos años interrumpió la tendencia de avance obtenida durante las gestiones kirchneristas, cuando se había logrado reducir ostensiblemente el Gini que había dejado la crisis del 2001, que arrojaba 0,538 para el año 2002, según los datos del Banco Mundial. En pandemia, a junio de 2020, el Gini alcanza 0,451.

En el segundo trimestre de 2016, la brecha de ingresos promedio entre el decil más rico (el 10% de la población con ingresos más elevados) y el decil más pobre (el 10% de la población con ingresos más bajos) era de 19 veces. En el tercer trimestre de 2019, era de 23 veces. A junio de 2020, la brecha es de 25 veces. El 10% de mayores ingresos obtiene el 33% de los ingresos totales, mientras que el 20% más rico obtiene alrededor del 50% de los ingresos totales, es decir, lo mismo que el restante 80%.

La tasa de desempleo pasó del 8,9%, en diciembre de 2019, a 13,1% en junio de 2020 (aunque se encontraba en 10,6% en el mismo periodo del año anterior).

A junio de 2020, la tasa de empleo no registrado alcanza el 23,8%, el porcentaje de personas por debajo de la línea de la pobreza es del 40,9% y el de personas indigentes, del 8,1%.

No se puede dejar de mencionar que esta situación afecta en mayor medida a las mujeres, dado que están sobrerrepresentadas entre los sectores de menores ingresos. La brecha de ingresos promedio entre varones y mujeres es del 29%, lo que indica que los varones obtienen ingresos promedio 29% superior a los de las mujeres.

Las mujeres también son las más golpeadas por los efectos de esta pandemia. El Covid-19 tiene un mayor impacto en ellas, dado que el crecimiento de la pobreza, la mayor cantidad de tareas de cuidados y el aumento del desempleo las afecta de manera desproporcionada. Todo ello considerando la sobrerrepresentación de las mujeres en los sectores con ingresos por debajo de la línea de la pobreza, en los sectores de empleo afectados por la crisis y en los sectores informales.

La pandemia desnuda el abandono de una enorme masa de excluidos y la desatención de los derechos económicos, sociales y culturales, consagrados por la Constitución Nacional a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (que goza de jerarquía constitucional) y en el artículo 14 bis. Sin embargo, pareciera ser que determinados sectores buscan atribuirle una jerarquía inferior a estos derechos y otorgarles preeminencia a otros, como el de propiedad privada, con idéntico rango constitucional que los primeros.

[…]Un trabajo realizado por Fabián Amico (2015) en el CEFID-AR sobre los salarios reales en el largo plazo demuestra que, desde 1950, en términos reales siguieron una tendencia a la suba, alcanzando su pico máximo en 1974. A partir de allí comienza una tendencia declinante que persiste hasta 2002, cuando alcanza un mínimo histórico y desde allí comienza a revertirse. Durante el gobierno de Cambiemos, el aumento del desempleo y la caída del salario real dieron por tierra con estas conquistas.

Teniendo en cuenta que el mensaje del proyecto de Ley del presupuesto del 2021 señala el rol central que debe jugar el Estado en pos de fomentar la recuperación económica, partiendo de una situación de profunda recesión, no puede perderse de vista que la recomposición del salario real es un elemento crucial para apuntalar la demanda y reactivar la economía. La recesión desencadenada por las políticas del gobierno de Cambiemos y profundizada por la crisis del Coronavirus provoca un aumento de los niveles de desempleo que erosiona el poder de negociación de los asalariados, en un contexto en el cual persiste la inflación y existen fuertes presiones por una devaluación, a partir del cual los sectores más favorecidos buscan reducir los salarios reales e incrementar su margen de ganancia. Deberá ser el Estado en este crítico contexto quien guíe e impulse la recuperación.

ATE y UPCN aceptaron una recomposición salarial del 35% con revisión en noviembre

Se llevó a cabo la paritaria nacional para las y los trabajadores estatales en la sede del ministerio de Trabajo. En la misma, tanto ATE como UPCN aceptaron la oferta del Gobierno Nacional.

En la firma del acta, los dirigentes presentes en la paritaria dejaron asentado su aceptación a pesar que la pauta salarial era insuficiente respecto de la inflación actual ya que, se promovió la revisión y reapertura de convenios colectivos sectoriales más postergados.

•             La recomposición salarial será del 35% en 6 cuotas: 10%  en junio, 5% en agosto, 5% en septiembre, 4% en diciembre, 6% en enero de 2022 y 5% en febrero del mismo año. Además, se incluyó una cláusula de revisión para el mes de noviembre.

•             Entre lo pactado, también se acordó la continuidad y actualización de los montos que se pagan en concepto de premios estímulos a la asistencia y los 4.000 pesos otorgados en 2020.

•             Asimismo, el reintegro por guardería será del 35% a partir de junio sin cuotas.

•             En SINEP: El incremento en la asignación básica de cada nivel escalafonario en un 4% previo de la aplicación del incremento acordado; equiparación de grados para los contratados que regularicen su empleo; ascenso al nivel escalafonario superior para la planta permanente sin concurso.

•             Convocar dentro de los próximos 45 días a los sectores científicos técnicos para proponer mejoras salariales.

•             En 90 días, desde la CIOT, se elaborará una propuesta de adecuación del CCTG 214/06 para adecuarlo al convenio 190 de la OIT.

•             Dentro de 90 días, se pondrá a consideración el proyecto de modificación del régimen de licencias, justificaciones y franquicias.

En rechazo a la paritaria firmada por las conducciones de UPCN y ATE con el gobierno nacional en la que se acordó un aumento del 35% en 6 cuotas, Juntas internas, organizaciones gremiales y agrupaciones de estatales de reparticiones nacionales realizaron el miércoles pasado una jornada de lucha.

En Ciudad de Buenos Aires, movilizaron con una caravana a la secretaría de Gestión Pública, mientras que en distintas provincias hubo acciones de protesta.

Desde la Junta Interna de ATE Trabajo valoraron que en la jornada se reflejó “el amplio descontento frente a una paritaria de pobreza, avalada de manera inconsulta por las conducciones firmantes, sin atender las inquietudes y urgencias de las y los estatales”.

Les estatales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación aseguraron que “seguiremos en lucha por una verdadera recomposición salarial para las y los estatales en general en la paritaria general; y para los/as trabajadores/as del ministerio en particular, a través de la exigencia de mecanismos sectoriales de compensación salarial, a nivel de nuestro organismo, históricamente relegado en ese plano”.

Por su parte, desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) también hicieron énfasis en que el acuerdo “no fue consultado ni debatido con las bases”, señalaron.

“La propuesta no fue sometida al escrutinio de las asambleas de base. El acuerdo es claramente subinflacionario”, indicó Mirtha Jaime, presidenta de CICOP Posadas y responsable de hospitales nacionales de Fesprosa.

La Fesprosa participó de la caravana con integrantes de su conducción nacional; además de Jaime movilizaron la presidenta de Fesprosa, María Fernanda Boriotti, y Jorge Yabkowski, secretario general de la Federación, entre otres.

La importante caravana generó una gran repercusión en el centro porteño, para luego dar lugar a las intervenciones de representantes gremiales de las distintas juntas internas del INTI, INDEC, ministerio de Trabajo, CONICET y otras.

Luego de finalizada esta instancia de difusión y discusión colectiva, se llevó adelante una reunión de delegados de los distintos centros de salud para debatir sobre la continuidad de la lucha contra el aumento salarial acordado por las representaciones gremiales de ATE y UPCN, que implica seguir convalidando la disminución del poder adquisitivo de los salarios ante la disparada inflacionaria.

Andrés Rodríguez, titular de UPCN, destacó que «si las paritarias no le ganan a la inflación vamos a tener que reverlas. Esperamos que no suceda pero por eso pusimos cláusulas de revisión» y advirtió que «hay productos que aumentan descontroladamente sin ningún motivo».

«Todo lo que pueda ser una ayuda para los trabajadores es bienvenida, pero este Gobierno asumió en un Estado vaciado», resaltó el dirigente. Además indicó que «los organismos multilaterales de crédito deberían tener una situación más generosa con los países que estamos en dificultades».

Sobre la polémica en torno a la paritaria estatal, el titular del gremio mayoritario remarcó que «ATE firmó la paritaria. Firmó y se queja pero firmó» y destacó que «nuestra paritaria es de junio a junio. En ese ínterin vamos a ver cómo dan los índices inflacionarios».

«Si la inflación está por encima de la paritaria de estatales en noviembre lo revisaremos con el Estado empleador», remarcó. Y concluyó: «La decisión es que los estatales no pierdan frente a la inflación».

El secretario Adjunto de la CGT, también dio detalles de la reunión que mantuvo la cúpula de la central obrera con el Gobierno y explicó que «la reunión de ayer fue por una charla que tuvo Daer con el presidente. Nos enteramos por sorpresa que iba a cambiar la estructura de personal de la Superintendencia de Salud y nos reunimos para aclarar esa situación».

Asimismo explicó que «ayer aclaramos que no se va a cambiar la estructura de personal de la Superintendencia de Salud».

Entrevista a Rodrigo Ramos – ATE Enacom

La cláusula gatillo es la forma que encontraron las direcciones sindicales para firmar acuerdos a la baja pero nunca se cumple

M.H.: El miércoles 19 de mayo hicieron una radio abierta las Juntas internas de ATE, delegados del sector, activistas de distintos organismos en la puerta del ministerio de Economía. ¿Cuáles fueron los motivos para llevar adelante esa actividad?

R.R.: Los motivos fueron que se está negociando una paritaria que aparentemente se va a cerrar hoy (26/5); están convocados los sindicatos, tanto ATE como UPCN y la oferta del gobierno es un 35% en 6 cuotas. El cálculo que hace la Junta interna de ATE Indec, que es una de las que hizo la convocatoria del Interjuntas, es que la pérdida salarial que sufrimos los estatales desde diciembre de 2015, que es cuando empiezan las paritarias a la baja, sobre todo en el Estado, es del 42,5%. Esa es la pérdida del poder adquisitivo. Y naturalmente lo que reclamamos es la recomposición de esa cifra. Por eso fuimos al ministerio de Economía a plantear que antes del inicio de la nueva paritaria los estatales necesitan una recomposición del 40%. Obviamente en nuestro reclamo incorporamos el tema de la cláusula gatillo, que varios gremios lo han formulado. Recientemente fueron el SOMU y el SUTNA que lograron esta cláusula que garantiza un ajuste por inflación.

M.H.: Estamos hablando de portuarios y neumáticos.

R.R.: Así es. Entonces el reclamo es este porque en las negociaciones que se filtraron, un eje está dirigido al propio sindicato porque no hay instancias de deliberación, la conducción nacional no está convocando a plenarios de delegados, por lo tanto, las Juntas internas no tienen dónde expresar su opinión. Esta radio abierta también tenía como objetivo llegar al gremio.

El tema con la cláusula gatillo o de revisión, nosotros tuvimos esta última en los últimos años, porque la inflación ya era alta, pero no se cumplen, llega el momento, hay reuniones, se postergan por una razón u otra y no se cumplen. Es la forma que encontraron las direcciones sindicales para firmar acuerdos que claramente son a la baja con la excusa de poder reabrirla y eso nunca pasa. Por eso insistimos con incorporar la cláusula gatillo. Esos son los dos reclamos centrales.

Después hay una gran cantidad de trabajadores estatales que están haciendo trabajo presencial que son esenciales, hay compañeros que se han contagiado y fallecido y no hay un reclamo por un plan de vacunación de parte de los gremios. Ese también fue otro de los motivos.

Obviamente, la precarización en el Estado sigue siendo muy extendida. Estamos reclamando el pase a planta. Se anunció hace pocos días en el marco de la negociación paritaria el inicio de 8.000 concursos. Es una cantidad muy inferior a la totalidad de los trabajadores precarizados y el gran saldo pendiente tiene que ver con la reincorporación de los despedidos, que en varios organismos están organizados y están reclamando las reincorporaciones. Organismos que fueron achicados y vaciados. Esos fueron los ejes de la convocatoria al ministerio de Economía.

También fuimos al ministerio de Trabajo. Y hoy está prevista la reunión en el ministerio de Trabajo, aparentemente de manera virtual, pero las Juntas internas convocan a una reunión virtual hoy a las 16:00 a través del Zoom de la Comisión interna de ATE Trabajo porque vamos a realizar una nueva medida de lucha el próximo lunes 31, que es el primer día luego de estos 9 días de restricciones y es el día que vence nuestra paritaria.

La idea es hacer una caravana en CABA del Obelisco al ministerio de Trabajo y acciones en las provincias. Porque esta paritaria que es nacional le pega a todos los organismos nacionales que tienen delegaciones en todo el país y como instalaron varios diarios, es una paritaria testigo, sirve de referencia. Se está aplicando el mismo modelo de la paritaria que se utilizó en el Consejo del salario mínimo, en esa oportunidad fueron 7 cuotas en este caso son 6. Por todos estos motivos hicimos esa radio abierta y también fuimos al ministerio de Trabajo el viernes pasado. Estamos en la lucha para que no entrar de nuevo en la paritaria con sueldos por debajo de la inflación.

M.H.: Yo periódicamente elaboro un panorama político sindical, corregime si algo de lo que he escrito en los últimos es incorrecto porque yo considero que el salario de los trabajadores estatales es una de las variables del ajuste fiscal exigido por el FMI.

R.R.: Exacto. Uno de los planteos que hacemos en la convocatoria, una consigna, obviamente es “basta de salarios de pobreza en el Estado”, reclamo que está en todos los sectores, porque la enorme mayoría de los empleados estatales está por debajo de la canasta de pobreza, debajo de los 61.000 pesos. Pero ATE indec elabora una canasta de “consumos mínimos” y está calculada en 96.800,91 pesos al 31 de marzo.

El otro punto es que la deuda es con el pueblo y no con el FMI. Muchos periodistas de derecha están exponiendo a este ajuste silencioso de Guzmán que tiene como eje un atraso impresionante en el salario de los estatales y jubilados.

«El cierre de la Clínica San Andrés de Caseros en plena pandemia es un crimen social»

Así lo denuncian los trabajadores y trabajadoras de la Clínica San Andrés de Caseros, en el partido de Tres de Febrero, contra el cierre de la clínica dispuesto por sus dueños. «La clínica atendía a 18.000 afiliados del PAMI, que ahora deambulan por lugares distantes de otros distritos buscando que los atiendan. Adicionalmente, han dejado a todos los trabajadores en la calle. Para nosotros, que somos 144 trabajadores en relación de dependencia, más los médicos y tercerizados, es una situación intolerable que, sin embargo, no ha producido la intervención del gobierno en ningún nivel. Nuestra clínica tiene 12 respiradores, 90 camas, tomógrafo, y aparatología de última generación. Pero para el Intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, esta capacidad de atención a la salud de la población parece no importarle, como tampoco al gobernador Axel Kicillof», denuncian.

Entrevista a Carlos Rojas de Clínica “San Andrés”

La Clínica San Andrés debe ser declarada de utilidad pública

M.H.: La Clínica “San Andrés” tiene 144 trabajadores que vienen peleando en plena pandemia por su reapertura. Llevan cuatro meses de resistencia contra el cierre. Es un centro de salud que tiene trabajadores para afrontar la crítica situación en la que nos encontramos con 35.000 casos de contagios y casi 600 fallecidos por día. Es un centro que tiene tres pisos y otros dos más a terminar con una guardia hecha a nuevo que no llegó a inaugurarse pero, sobre todo, con 10 camas UTI y el único tomógrafo en funcionamiento del distrito, la localidad de Caseros, para detectar neumonía bilateral. Esta situación se da cuando, ya se reconoce un 90% de las camas UTI ocupadas, números que incluso son cuestionados como es el caso del Jefe de Terapia intensiva del Hospital Otamendi que afirma “están mirando otra película” porque la ocupación de camas UTI es mucho mayor.

Carlos amplianos por favor esta información.

C.R.: Venimos en lucha hace 4 meses. Es una empresa familiar que cierra en los primeros días de febrero tras la muerte del socio mayoritario que es el Dr. Atilio Surachi y entran en conflicto los herederos, Hernán Surachi, Dante Surachi que son los hijos, con la tía Sabrina Surachi. En ese conflicto nos vemos envueltos, no recibimos telegrama de despido, somos 144 trabajadores en forma directa y 200 con médicos monotributistas. Como bien dijo usted, la institución cuenta con 90 camas de internación general, 12 de terapia, 10 respiradores, una máquina generadora de oxígeno, un tomógrafo computado, una sala de quirófano con tres salas de cirugía, está muy bien equipada y toda montada, solamente esperamos recibir los pacientes. Nosotros trabajábamos con PAMI con 18.000 afiliados los cuales quedaron boyando y saturando el sistema en la segunda ola del Covid.

M.H.: ¿Qué explicación dan las autoridades municipales y provinciales por la cual no se utiliza este sanatorio?

C.R.: Ellos argumentan que como es una Sociedad Anónima, es una clínica privada, no pueden interferir. Lo que nosotros decimos es que se hagan cargo como ente público ya sea como ente municipal, provincial o nacional y se instrumente para esta pandemia.

M.H.: Declararlo de utilidad pública.

C.R.: Exactamente. Pero el señor intendente dice que él da abasto en el partido de Tres de Febrero con los hospitales que tiene. Que están colapsados como todo el sistema de salud de la provincia.

M.H.: Porque hay varias situaciones, tengo entendido que está la situación del hospital Larcade de San Miguel, el hospital de Trauma de Malvinas Argentinas, el Cap de Moreno, el San Juan de Dios de Ramos Mejía que están atravesando situaciones similares a las que atraviesan ustedes.

C.R.: Sí, son varios los hospitales ya sean provinciales o municipales que también están precarizando a los trabajadores, porque muchos compañeros consiguieron trabajo pero de forma precarizada, utilizados en la pandemia y luego serán descartados. También hay clínicas que han cerrado como la Pelliza, el Sagrado Corazón de Hurlingham, la clínica Constituyentes que está en cesación de pago. Hay muchas clínicas en situación de quiebra.

M.H.: ¿Qué acciones han encarado para lograr la reapertura de la Clínica San Andrés?

C.R.: Nosotros recibimos el apoyo de varias organizaciones, del movimiento obrero, el PO, el PTS, Camioneros nos han ayudado mucho, hay muchas organizaciones peronistas que nos ayudan, nosotros salimos a visibilizar la lucha a la calle, saliendo a juntar firmas, cortando Gral. Paz y Av. San Martín, fuimos al Obelisco, cortamos la 9 de Julio, llevamos un petitorio a Casa de Gobierno, fuimos al ministerio de Trabajo de Nación. Hicimos un acampe. Hemos agotado los recursos, también los judiciales. Lo que pasa es que los tiempos de la justicia no son los tiempos de los compañeros, muchos son jefes de hogar y esta era su única fuente laboral.

Nosotros estamos subsistiendo gracias a la solidaridad de la gente que nos ayuda con el fondo de lucha. La clínica ahora está montada como una rotisería, el 25 de mayo vendimos locro y empanadas para poder juntar fondos para los compañeros que la están pasando mal.

M.H.: ¿Cuál sería entonces, para sintetizar, el reclamo de los trabajadores de la Clínica San Andrés?

C.R.: Nosotros apelamos a la reapertura. Hay una negociación paralela entre los herederos y un grupo inversor, pero sus tiempos no son los de los compañeros. En todo caso apelamos a la pronta reapertura por un ente público, al menos hasta que se dirima el tema entre los hijos y la tía.

M.H.: Realmente es inentendible cómo no se resuelven estas cosas. Inclusive con medios negacionistas como Clarín que vienen planteando hoy, en una nota menor, que ya el 90% de las camas UTI están ocupadas. Cifra que yo pongo en duda a partir de mi columnista el Dr. Reynaldo Saccone, ex Presidente de CICOP, y de las propias cifras que vienen dando, por ejemplo, el Jefe de terapia intensiva del hospital Otamendi e inclusive los dueños de las Clínicas y obras sociales privadas que están derivando hacia los hospitales públicos. Frente a esta situación no se entiende como una clínica con las características de la San Andrés no sea declarada de utilidad pública.

C.R.: Totalmente, nos siguen derivando ambulancias de PAMI a la clínica y no tenemos médicos. Pasan dos o tres horas en la puerta de la clínica hasta que les encuentran otro lugar.

La UTA no acordó en la paritaria para los choferes del interior

El gremio encabezado por Roberto Fernández volvió a encarar una negociación paritaria con una falta de acuerdo anunciada. La parte empresaria acusó al Estado de generar grandes diferencias entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense (AMBA) y el resto del país. La parte sindical remarcó que la paritaria debió cerrar a principio de mayo, que tuvieron paciencia y vocación de diálogo pero que nada de esto alcanzó.

En el acta de la reunión, la representación de la parte empresaria advirtió: «resulta materialmente imposible satisfacer el principio de igualdad de remuneración por igual tarea, si primero no se atiende el principio de igualdad de compensación por igual servicio.» Es decir, no van a cubrir los aumentos paritarios de los choferes si a ellos no se los subsidia de igual forma que a las empresas de transporte del AMBA. Asimismo aclararon que este desacuerdo podría redundar en Procedimientos Preventivos de Crisis.

La Federación Argentina de Transporte por Automotor de Pasajeros (FATAP) argumentó la diferencia en números. Según los empresarios, en la actualidad las empresas del AMBA perciben $ 12.000.000.000 mensuales mientras que las del interior $ 1.500.000.000 mensuales. En estas circunstancias, aseguraron que para sostener los aportes que se establecieron hasta 2018 para sostener el sistema de transportes del interior «se requería un aporte para el año 2021 de CUARENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS ($42.000.000.000).»

Por su parte, la UTA recordó: «hemos sido sobradamente pacientes, encontrándonos sin ninguna respuesta por parte de las empresas». Transcurrido el período de Conciliación Obligatoria, adelantaron que «los cuerpos orgánicos de la entidad determinarán las medidas a seguirse en lo futuro»

La organización gremial emitió un comunicado firmado por Jorge Aldo Kiener, secretario del Interior de la UTA, para informar que «se ha resuelto un cese de actividades en todas las Seccionales del Interior del país, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Tierra del Fuego, Río Gallegos, Tucumán, Mar del Plata, Salta, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, Jujuy, Catamarca y La Rioja, Rosario, La Pampa, Formosa, San Luis, Corrientes, San Juan, Bariloche, Bahía Blanca, Chaco, Río Negro, Santiago del Estero, San Nicolás de los Arroyos y Trelew por 48 horas, sin concurrencia a los lugares de trabajo, a partir de las 00 horas del día 27 de mayo del corriente.»

«Pretendemos el mismo tratamiento que se les ha dado a los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires. Por ello, exigiremos el mismo compromiso por parte tanto de las empresas, como de Autoridades Nacionales y Provinciales, ya que son ellas las responsables por el transporte de pasajeros en el Interior del País.», señalaron.

En el acta de la reunión la próxima audiencia quedó fijada para el día martes 1° de junio de 2021 a las 13:30 horas.

Reproducimos comunicado de trabajadores de la empresa láctea COTAR en el marco de conflicto por deuda salarial:

«TRABAJADORES DE COTAR SUSPENDEMOS PARO EN LA DISTRIBUCION ANTE ACUERDO

Luego de tres días de paro en la láctea COTAR hemos llegado finalmente a un acuerdo con la patronal. El gerente general de CO.MA SRL, Andrés Marmirolli, se comprometió a pagar el sueldo de mayo dentro del mes de junio, y a su vez presentar un plan de pago por los meses de sueldo adeudado.

Desde nuestro gremio, aseguramos que de no cumplirse lo prometido, se retomarán de inmediato las medidas de fuerza.

Asimismo agradecemos las decenas de referentes gremiales de otros sectores que rodearon de solidaridad el conflicto.

¡¡¡Arriba los que luchan!!!»

Los cortes de carne aumentaron en promedio un 75% en 2020

El observatorio de precios del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó los movimientos en los precios de la carne. En 2020, los cortes de carne subieron en promedio 75%, 40 puntos más que la inflación promedio del año. 

A la cabeza de los aumentos sobresalen cortes como el asado (93%), vacío (87%), matambre (85%), tapa de asado (79%) y tapa de nalga y bola de lomo (74%). En esos casos, se trata de una duplicación de la inflación de los últimos 12 meses. Hasta cortes populares como la picada especial o el pollo entero tuvieron subas muy importantes, superiores al 55%. 

Con esos precios, no sorprende que 2020 haya cerrado con el consumo de carne por habitante más bajo en mucho tiempo. Cayó un 2% en relación al último año macrista, caracterizado por el ajuste sobre las clases populares, y un 13% en relación a 2009, el peor año de la etapa kirchnerista. 

El CEPA ensayó algunas hipótesis del porqué de ese aumento fenomenal en un alimento tan sensible para la mesa de los argentinos. La principal: «La decisión del Gobierno de Mauricio Macri, en 2016, de eliminar los ROE (Registros de Operaciones de Exportación) que se habían establecido en 2008 para regular la exportación de productos alimenticios sensibles y para evitar que posibles incrementos en la demanda mundial impactaran de lleno en los precios internos, junto con la aparición de China como principal comprador de carne vacuna», describió el centro de estudios económicos. 

El aumento de las exportaciones fue notable durante el gobierno de Mauricio Macri, donde las ventas al exterior de carne pasaron de 19.000 a 75.000 toneladas. Ese aumento y la ausencia de políticas que separen el precio internacional del local, impactaron sobre el mercado local. Hasta el macrismo, un alto porcentaje de lo producido (entre el 80% y el 90%) se consumía en el país, a precios razonables. Ahora, ese número cayó al 70%. 

Concluyó CEPA: «Estos elementos indican la necesidad de parte de la política económica de desacoplar o desenganchar el precio internacional del precio local, para evitar que el aumento de las demandas de carne o la suba del precio del maíz signifiquen un traslado inflacionario al mercado local, a la par de medidas que permitan controlar los aumentos arbitrarios y excesivos. La inclusión en precios cuidados de 4 cortes de carne vacuna y la posibilidad de ampliación a 12 resulta una buena respuesta para esta última de las situaciones». 

El Nuevo Sindicalismo Rural

Con la participación de dirigentes y dirigentas de todo el país, además de funcionarios y legisladores, la CTA Autónoma le dio la bienvenida a la Federación de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria (FeTAAP-CTAA). “Nuestra historia de lucha nos trajo a esta Central y venimos a construir fuerza para enfrentar a la oligarquía”, afirmó Ernesto Ojeda, Secretario General de la Asociación de Trabajadores Rurales Y Estibadores (ATRES Salta) y de la Federación.

El acto virtual, con la coordinación de Daniel Jorajuría, Secretario Gremial de al CTAA y Jorge Vera de ATRES-FeTAAP, se realizó en octubre del año pasado. Ernesto Ojeda abrió el encuentro recordando el reconocimiento de derechos que significó el histórico Estatuto del Peón de Campo, instituido por Juan Domingo Perón en 1944 y la ampliación de algunos derechos que se hizo en el año 2011 -con la iniciativa de la presidenta Cristina Fernández- para los asalariados rurales. Pero remarcó que, fuera de estas medidas, “siempre estuvimos ausentes y la oligarquía ha tenido una política sistemática de invisibilizarnos para mejorar sus instrumentos de explotación. Encontraron aliados y socios que conducen los poderes institucionales y en el Estado, presentando la explotación de los trabajadores y trabajadoras rurales y la extraordinaria acumulación de riqueza como natural, como si fueran soluciones para la sociedad, ocultando lo peor del sistema capitalista».

El dirigente denunció que esa realidad sólo es posible gracias a la complicidad de la UATRE “que no solamente es una organización que sostiene la injusticia y que es orgánicamente autoritaria sino que también tiene un aceitado mecanismo en el ejercicio de la dominación ya que, por estatuto, excluye toda posibilidad de participación de los afiliados”.

En relación a la distribución de la producción que generan los trabajadores, Ojeda afirmó: “Hay que poner en discusión la extraordinaria ganancia que tienen a costa de utilizar la trata de personas, explotación infantil, semi esclavitud y salarios miserables, porque esto se relaciona directamente con la soberanía, los bienes comunes como la tierra, el agua y el medio ambiente. La democracia tiene una deuda con nosotros: producimos alimentos para el mundo, estamos en la mesa de todos los argentinos, pero no tenemos derechos”.

Finalmente, el dirigente de los trabajadores rurales afirmó: “Nosotros llegamos a CTAA, después de muchos años, buscando apoyo para la lucha y ese proceso nos trae a este espacio de representación de los trabajadores. No hacemos acuerdismos, vamos a construir para enfrentar a la oligarquía. El federalismo es algo que valoramos y tenemos la confianza en que vamos a fortalecer a la Central y a la FeTAAP”.

Luego Gabriela Reartes de ATRES (Salta) realizó un detalle de algunas de las prácticas de UATRE y señaló que “la única vez que se movilizaron fue para oponerse a una ley que nos beneficiaba. Nosotros, en cambio, peleamos y ganamos conquistas mientras que ellos aplaudían al macrismo. Estamos orgullosas y orgullosos de estar en esta Central para que todo cambie, no queremos más ser noticia por el trabajo esclavo, la muerte por agrotóxicos y el

trabajo infantil. Estamos para lo que necesiten y no vamos a parar hasta que cada trabajador y trabajadora tenga sus derechos reconocidos”.

Con más 20 provincias representadas, también participaron en el uso de la palabra dirigentes y dirigentas como Nahuel Beibe, Secretario General de la Corriente Nacional de Martín Fierro; Fernando Gómez, Presidente de la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas (FERCOA); Sergio González; Eduardo “Vasco” Murúa, Director Nacional de Empresas Recuperadas; el Senador Nacional por Salta Sergio Leavy; Mariano Pinedo, ex diputado provincial y actual integrante del equipo jurídico del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia Buenos Aires, entre otros y otras.

Hay medio millón de trabajadores rurales en negro, «sin obra social ni trabajo digno»

El secretario general de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, en un extenso reportaje  remarcó que  hoy tiene 500.000 trabajadores en negro y según dijo “no se ha detenido nunca”.

Voytenco involucró también a la Justicia y reclamó “controles laborales eficientes” por parte del ministerio de Trabajo,  sin que interfieran los intereses de funcionarios o grandes empresarios,  porque de lo contrario “esos expedientes judiciales no caminan, se cajonean y terminamos perjudicando al trabajador rural, su familia y nosotros quedamos mal como sindicato”, denunció el dirigente chaqueño de 58 años.

Este flagelo, que consideró un “drama” incluye 500.000 de trabajadores fuera del sistema de la seguridad social, es decir, trabajadores no registrados, según las cifras oficiales que difunde el INDEC y según reconoció el dirigente de UATRE significa “la principal preocupación que tenemos” y es un “gran desafío por delante” para lo cual se comprometió a “poner toda la estructura a disposición para corregir éstas anormalidades en forma urgente”.

En la provincia de Buenos Aires, en el sector de los trabajadores de la horticultura, “tenemos 75.000 trabajadores que están en negro, que están en la marginalidad total; toda la cadena productiva está así, desde la preparación de la tierra, los plantines, la cosecha, la salida de la chacra. Todo ese proceso, hasta que la lechuga llega a su mesa, está todo en negro, con trabajo ilegal, sin aportes a la seguridad social”, describió Voytenco lo que consideró motivo suficiente para “no quedarnos con la foto de la realidad” sino “hacer las fiscalizaciones que corresponden.

Detectan trabajadores sin registrar y sin elementos de protección del Covid en campos santafecinos

En las últimas semanas la delegación del Registro Nacional de los Trabajadores Rurales y Empleadores Santa Fe Sur, junto a UATRE y el ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, llevó adelante una serie de relevamientos en establecimientos agrícolas del centro y sur de la provincia. Allí pudo detectar altos índices de trabajadores rurales sin registrar.

Además, según consignó el portal Mirador Provincial, se constató que los peones rurales desempañaban sus tareas sin protección sanitaria frente al Covid-19.

En el marco de la plena temporada de cosecha, pulverización y embolsado de granos, los operativos abarcaron zonas rurales como Carlos Pellegrini, Landeta, Las Petacas, San Jorge, Piamonte, Las Bandurrias, Centeno, Larrechea, San Carlos, San Agustín, Barrancas, Monje, Díaz, Casalengo, Irigoyen, Campo Piagio, López, Theobald, y Timbúes.

En las inspecciones realizadas se constataron “altos índices de trabajadores sin registrar, sin la ropa de trabajo ni elementos de protección personal, como así también trabajadores mal encuadrados”, según se informó.

«Seguimos constatando trabajadores sin registrar y en negro, muchos monotributistas que sabemos está prohibido ya que encubre una relación laboral, y quedan desprotegidos frente a accidentes de trabajo”, indicaron.

También manifestaron su «preocupación faltantes de elementos de protección sanitaria para cuidar la salud de los trabajadores frente a la segunda ola de Covid-19”.

Las políticas de fiscalización implementadas por el RENATRE tienen como finalidad comprobar que los trabajadores estén debidamente inscriptos al organismo y fortalecer las acciones que promuevan el trabajo decente y la lucha contra el trabajo informal.

Seis razones para incluir al covid-19 en el listado de enfermedades profesionales

Descargá y leé este documento

Es un documento imprescindible para los trabajadores y trabajadoras elaborado por el Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación de lxs Trabajadorxs, que integra la Oficina de Salud Laboral de APA junto a un gran número de sindicatos de la CTA de los Trabajadores y la CGT.

La importancia del documento radica en que sólo a través de la inclusión legal del COVID-19 en el listado de la Ley de Riesgos del Trabajo, la clase trabajadora podrá contar con un verdadero  resguardo sanitario y legal desde el momento del contagio hasta su reinserción laboral.

Las relaciones laborales en 2020: el año que vivimos en pandemia

Por Observatorio del Derecho Social

Durante el último año, las referencias del impacto de la pandemia sobre el mercado de fuerza de trabajo fueron generalizadas. En particular, la persistente caída del empleo y los salarios fue reflejada en los informes periódicos publicados por distintas instancias gubernamentales y recibió una atención central en los medios de comunicación, que mayoritariamente optaron por concentrar su mirada en la foto del 2020, en vez de analizarlos como parte un proceso cuyos orígenes se remontan a 2012 y que a partir de 2018 tomó un marcado sesgo desfavorable para los trabajadores y trabajadoras. La intervención estatal para tratar de mitigar, al menos parcialmente, los efectos de la crisis también fue abordada desde múltiples perspectivas.

El impulso de programas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), e incluso la promoción de mecanismos institucionales que habilitaron suspensiones masivas de trabajadores y trabajadoras como herramienta para suavizar el impacto en términos de puestos de trabajo, fueron parte de una agenda que estuvo en el centro de la escena a lo largo de todo el año, sumado a la suspensión de la fórmula jubilatoria y el otorgamiento de aumentos discrecionales inferiores a los que hubiera correspondido.

La primacía del análisis cuantitativo en el abordaje del impacto de la crisis sobre el sistema de relaciones laborales impidió que la atención se focalizara en los mecanismos de acción y organización colectiva que, aun en el marco de una de las peores crisis que se recuerde en décadas, continuaron estando presentes. Ello fue una constante desde los primeros días de la pandemia: trabajadores y trabajadoras que ya desde el mes de abril debieron enfrentar estrategias patronales tendientes a eludir restricciones a la movilidad impuestas por el Gobierno Nacional; ajustes salariales generalizados que alcanzaron aún a quienes debieron trabajar más horas y más intensamente que antes como, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras de la salud; transformación de millones de hogares en oficinas sin que los empleadores compensaran los mayores gastos; en definitiva, trabajadores y trabajadoras que pusieron en riesgo su salud y sus vidas, sin por ello dejar de organizarse y reclamar por sus derechos.

Por otro lado, el predominio de una mirada institucionalista, donde los mecanismos de intervención estatal sobre las relaciones laborales aparecen como producto de una decisión tomada de manera autónoma por los miembros del gobierno de turno o las dirigencias sindicales, oculta la existencia de las luchas colectivas, pasadas y presentes, sin las cuales la implementación de dichos mecanismos difícilmente pueda ser explicada.

La organización y la acción colectiva siguieron siendo, durante el 2020, una nota distintiva de la intervención de les trabajadores en materia económica, política y social. Aun con los límites que impuso la pandemia, los reclamos tanto centralizados como descentralizados estuvieron presentes a lo largo de todo el año, por cierto que con distinta intensidad y contenidos: desde conflictos por condiciones de trabajo hasta una negociación salarial que, si bien se postergó en el tiempo, finalmente llegó a casi todos los sectores.

El informe anual 2020 del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) apunta a volver a poner en el centro de la escena a los trabajadores y trabajadoras. No sólo a partir de sistematizar el impacto de la crisis en el empleo y los salarios, sino principalmente a partir de resaltar cómo el conflicto y la negociación colectiva continuaron siendo mecanismos de acción y organización que dan cuenta de una vitalidad que aún se encuentra presente pese a los obstáculos que crecientemente se vienen acumulando desde hace casi una década.

Por otra parte, el 2020 mostró a las claras los límites de circunscribir la acción y organización sindical a los trabajadores formales. El brutal ajuste de la cantidad de ocupados en el segundo trimestre, que se explica fundamentalmente por la pérdida de puestos de trabajo de asalariados no registrados y de no asalariados, sumado al impacto sorpresivo del IFE que superó las previsiones más extremas del propio gobierno, obligan a poner atención sobre un sector de la clase trabajadora que se encuentra en los márgenes de las organizaciones sindicales tradicionales. Los desafíos aquí son incluso mayores, tanto en un contexto de continuidad de las restricciones a la movilidad como en un escenario optimista, donde una hipotética superación de la pandemia del COVID-19 nos volverá a enfrentar con obstáculos estructurales que ya se encontraban presentes, y en estado crítico.

Descargar el informe completo (formato PDF): Reabre la planta de Adidas en Chivilcoy

La planta de la marca deportiva Adidas, ubicada en la localidad bonaerense de Chivilcoy y que cerró en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, reabrió sus puertas de la mano de una firma argentina. Se trata de Bicontinentar Footwear Technologies, que adquirió los derechos de Perchet, una filial de la brasileña Paquetá en el país.

Con 150 trabajadores en una primera etapa, pero con el objetivo de alcanzar los 600 empleos, que sería la mitad de los puestos de trabajo que tuvo la planta antes de cerrar.

“Es una de las mejores noticias que tenemos en Chivilcoy en el último tiempo”, afirmó Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy, quien pidió “que se les dé prioridad a los vecinos de Chivilcoy que están desocupados en este momento, fundamentalmente a los ex trabajadores de Paquetá, para ingresar a la empresa”.

Fuentes: Infogremiales, Clarín, APU, Tiempo Argentino, Anred, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, argentina.indymedia

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