Haití: el asesinato de Moïse y la política de río revuelto
Los mismos inductores del caos organizado en esta auténtica política de río revuelto son los que ahora pretenden saldar la crisis de forma pretoriana, presentándose como garantes del orden y la democracia.
¿Qué está pasando en Haití? ¿Cuáles son los hechos conocidos? ¿En qué contexto se dio el magnicidio de Jovenel Moïse? ¿Cuáles son las hipótesis y los cursos posibles de acción? ¿Hay posibilidad de normalización democrática? ¿Y de una intervención internacional? ¿Quiénes son los ganadores de esta auténtica política de río revuelto?
Los hechos, más allá de la crónica roja
A 24 horas de que tomara estado público el asesinato del presidente de facto de Haití, Jovenel Moïse, lo que sabemos a ciencia cierta es efectivamente poco. Un lacónico comunicado oficial firmado por Claude Joseph, y dos conferencias de prensa igualmente escuetas sostenidas en creole, son apenas toda la información de fuentes oficiales con la que contamos. Sin tener a disposición aún evidencia que convalide o refute la versión estatal, podemos, de todos modos, resumirla como sigue:
-Moïse y su esposa, la primera dama, fueron atacados por un “grupo comando” en su domicilio particular en Pelerin en las primeras horas del día 7 de julio.
-Los atacantes burlaron la seguridad presidencial presentándose como agentes de la DEA, e ingresaron hablando inglés y portugués.
-El primer mandatario murió de forma inmediata, mientras que la situación de la primera dama, atendida de urgencia en un hospital en Miami, es aún indeterminada.
-Tras el hecho, se produjo un enfrentamiento entre el grupo comando y la policía, en el que 4 de los sicarios habrían sido abatidos y otros 2 detenidos, estando éstos en poder de la Policía Nacional. Además, tres agentes fueron heridos y se encuentran ya fuera de peligro.
-Ante el vacío de poder generado, el Primer Ministro de facto Claude Joseph se autoproclamó como presidente interino, asumió el control de las fuerzas armadas y policiales, y convocó de urgencia a un Consejo de Ministros.
-Dicho Consejo decretó por 15 días el estado de sitio en todo el territorio nacional y, entre otras medidas, cerró el aeropuerto internacional Toussaint L’Ouverture.
Moïse, ¿devorado por sus propios demonios?
Es importante dar un breve contexto y una sucinta caracterización de Moïse, ante la tentación post mortem de erigirlo como un mártir de causas que le resultaron, en vida, absolutamente ajenas. Moïse llegó a la presidencia de la república como representante del partido PHTK, una formación política ultraderechista y ultraneoliberal, representante de los sectores residuales del duvalierismo presentes aún en el seno de las clases dominantes haitianas. De hecho, su mentor y fundador, apadrinado por los Estados Unidos y el Core Group, el ex presidente Michel Martelly, inició su “carrera política” como paramilitar a sueldo de la dictadura vitalicia y hereditaria de François y Jean-Claude Duvalier. Diferentes personeros de este régimen que asoló al país entre 1957 y 1986 ocuparon, a lo largo de los gobiernos de Martelly y Moïse, cargos políticos, diplomáticos, legislativos y ministeriales.
Moïse fue ungido como sucesor de Martelly por tratarse de una suerte de outsider de la clase política, en una maniobra recurrente utilizada por las más variadas derechas latinoamericanas. Su “capital” fue amasado como exponente de una oligarquía presuntamente modernizadora, y su nave insignia para arribar a la política fue el proyecto de desarrollo de zonas francas agrícolas orientadas a la exportación con asiento en el noroeste del país, en particular a través de su empresa AGRITRANS S.A., erigida sobre el despojo sicarial de miles de hectáreas de propiedad comunal y campesina.
Las elecciones que lo consagraron presidente en el año 2015 fueron caracterizadas por una práctica de fraude masivo, lo que implicó, tras casi un año de conflictos e interinato, la realización de nuevos comicios que también serían impugnados como fraudulentos por diferentes actores nacionales y veedores internacionales, pero que sin embargo resultarían convalidados por las Naciones Unidas y la OEA, organizadores y financistas casi exclusivos del propio acto electoral. La participación ciudadana, en aquel entonces, fue de apenas un 18 por ciento de los votos, reflejando el hastío y el descreimiento del conjunto de la población.
Una vez iniciado su gobierno, Moïse comenzará a enfrentar rápidamente la oposición de las clases populares, los sectores medios y hasta de algunas fracciones de la burguesía local. La profundización de las políticas neoliberales degradarían rápidamente la situación económica del país, teniendo como punto de no retorno la “recomendación” del FMI de eliminar los subsidios a los combustibles, que catapultó en julio de 2018 a dos millones de personas a las calles del país. A esto se sumaría un desfalco multimillonario de fondos públicos equivalente a por lo menos un cuarto del PBI nacional, según sendas investigaciones del Senado y del Tribunal Superior de Cuentas. El propio Moïse, sus empresas y una docena de sus más altos funcionarios, se verían implicados en el hecho. Ante este proceso de removilización popular que comenzaba a exigir su renuncia, Moïse empezaría a transitar una extensa deriva autoritaria que hemos venido analizando y documentando en los últimos años, la cual incluyó: el cierre del Parlamento, la intervención del poder judicial y el nombramiento de magistrados adictos, el gobierno por decreto, el asesinato de periodistas y opositores, la realización de masacres en barrios populares de la capital, la creación de una suerte de policía política conocida como la “Agencia Nacional de Inteligencia”, la no celebración de las elecciones previstas por la carta magna, el intento de modifidación ilegal de la constitución vigente, y, desde este 7 de febrero, la permanencia en el poder una vez vencido su mandato constitucional.
En los últimos años, se multiplicaron las evidencias de la connivencia de Moïse y el PHTK con el crimen organizado y las bandas armadas, según las investigaciones y denuncias de organismos de derechos humanos como la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos de Haití (RNDDH) y la Fundación Je Klere. Bandas que, vale la pena subrayar, han crecido exponencialmente coincidentemente con el ciclo de removilización popular, en lo que hemos analizado como una suerte de “solución paramilitar” al problema planteado al establishment en una zona tan estratégica como la Cuenca del Caribe. De hecho, una de las primeras hipótesis, que circuló ayer profusamente por todo el país, era que uno de estos grupos, entrenados, armados y financiados contra el propio poder político, y que han ganado en autonomía y capacidad operativa, podrían haber llegado a devorar a uno de sus progenitores.
En el plano internacional, y en particular desde el año 2019, Moïse estrecharía su vínculo con los Estados Unidos y la administración Trump, convirtiéndose en un lobbista de los intereses norteamericanos en los organismos regionales como la OEA, reconociendo al autoproclamado Juan Guaidó como presidente “encargado” de Venezuela, abandonando la plataforma energética Petrocaribe, torpedeando espacios de integración regional como la CARICOM y manifestando apoyo y simpatía por diversos regímenes neoliberales y paramilitares del continente. Esto le daría una suerte de carta de imunidad, y le garantizaría su blindaje internacional.
¿Gendarmes de la paz?
Hace varios meses que el ciclo de removilización comenzó a amesetarse, principalmente por la eficacia del combo explosivo de las bandas armadas, las masacres -13 en los últimos tres años-, la política de secuestros, el tráfico de armas hacia las barriadas populares -más de 500 mil circulando-, los enfrentamientos entre grupos armados rivales y los desplazados -más de 17 mil en el último mes-, así como los asesinatos selectivos -el 30 de junio fueron asesinadas 19 personas en Puerto Príncipe, entre ellas un periodista y una activista feminista opositora-.
Hace tiempo que venimos analizando el recurso posible a dos formas alternativas de saldar la crisis haitiana “por arriba”, la que se explica “por abajo” por la incapacidad del Estado y la clase política de generar el más mínimo consenso social en torno de uno de los proyectos sociales más desiguales e injustos del planeta, en cuyas cifras de espanto no vamos a abundar aquí. Se trata de las dos estrategias utilizadas por la oligarquía haitiana, la burguesía importadora y sus socios trasnacionales durante al menos el último siglo: el recurso a las dictaduras “nacionales”, sean de tipo militar como la del general Raoul Cédras, o de tipo paramilitar como la del clan Duvalier. O el recurso a las ocupaciones internacionales, desde la norteamericana de 1915-1934 hasta los 15 años de las misiones militares multilaterales de “pacificación y justicia” de las Naciones Unidas, que invadieron el país entre el 2004 y el 2009 a través de la MINUSTAH y la MINUJUSTH.
Ya desde el año 2018 y 2019, diversos viajes públicos y clandestinos de autoridades del Estado y partidarios políticos de la oposición conservadora se han estado realizando de forma asidua a los Estados Unidos para negociar, alternativamente, el apoyo para alguna de estas “soluciones”. Las que implican, invariablemente, del concurso técnico, político, económico y armamentístico norteamericano. Los elementos catalizadores de la crisis se aceleraron con la llegada al poder del Partido Demócrata, dado que algunas de sus fracciones internas comenzaron a presionar por algún tipo de seudo normalización institucional en el país de su fiel pero incómodo aliado. Esto, dada la dificultad de explicar a sus sectores más “progresistas” por qué se sostenía el apoyo de un gobierno que no celebraba elecciones, que gobernaba por decreto, que había clausurado el parlamento, que desplazaba y encarcelaba juees, que creaba por decreto una policía política, que asesinaba a opositores políticos y consentía masacres reiteradas.
De ahí la propuesta de un maratónico calendario electoral, cuya compulsión se enfrentaba, conforme se acercaba la fecha de su concreción, a la inapelable evidencia de que Moïse era incapaz de garantizar las mínimas condiciones de seguridad, paz y concordia para realizar algún tipo de comicio, los que fácilmente podrían abrir la caja de pandora, “desamesetar” el ciclo de movilización popular, y volver a colocar en las calles a millones de personas. Sin embargo, lo que nadie podía prever, es que el escenario de elección de algún tipo de estas “soluciones” -la dictadura o la ocupación- por parte de las clases dominantes, se precipitaría de esta manera con un magnicidio y su consecuente vacío de poder.
En este marco, no han de extrañarnos entonces las más recientes declaraciones de algunos jefes de Estado del hemisferio. Ni la del propio Biden, que expresó estar “listo para ir en ayuda de Haití” -un frase que no puede menos que generar consternación en el país-, hasta la mucho más destemplada declaración del presidente colombiano Iván Duque que exhortó a la OEA a intervenir con una misión en Haití de forma urgente para “garantizar la estabilidad democrática e institucional” que el mandatario no puede garantizar en su propio país. Así podemos explicar también la pronta reunión del Claude Joseph con el Core Group, un organismo ad hoc que reúne a la OEA, la ONU, la UE, y a las embajadas de EEUU, Canadá, Brasil y varias naciones europeas, es decir, a todos los actores con intereses políticos, económicos y geoestratégicos en el país. O lo mismo vale para la conversación con el Secretario de Estado norteamericano Antony Blinken sostenida el día de ayer.
Es necesario mencionar que éstos son los mismos actores internacionales que apuntalaron al gobierno de facto de Moïse pese a la acelerada descomposición social y económica del país, y pese a la más completa ruptura del orden democrático. Los mismos inductores del caos organizado en esta auténtica política de río revuelto, son los que ahora pretenden saldar la crisis de forma pretoriana, presentándose como garantes del orden y la democracia. No sería raro que comencemos a escuchar, de nuevo, conceptos tan remanidos del arsenal conceptual colonialista como los del “intervencionismo humanitario”, la “responsabilidad de proteger”, la “no indiferencia”, las “amenazas inusuales y extraordinarias” o el peligro a la “seguridad nacional de los Estados Unidos”.
Una transición, ¿pero hacia dónde?
Como sugerimos, la crisis política en Haití no comenzó con el asesinato de Moïse, aunque su muerte la lleve a un nuevo punto, quizás, de no retorno. La ruptura del orden democrático implica que no haya actores legalmente constituidos capaces de asumir una transición legítima, al menos que se construyan grandes acuerdos sociales y políticos, algo que la oligarquía, la burguesía importadora y los EE.UU. no parecen dispuestos a hacer. El caso de Claude Joseph es elocuente, autodesignado ahora como presidente interino evocando el artículo 149 de la Constitución. Es necesario mencionar que se trata de un primer ministro de facto, elegido de forma unilateral por Moïse, no ratificado -como exige la carta magna- por un Parlamento que de hecho no existe. Incluso se trata de un ex primer ministro de facto, dado que días antes de morir Moïse había nombrado a un sucesor de Joseph, el abogado Ariel Henry, hoy virtualmente desplazado de la escena pública. Quien sí podía asumir una sucesión legal era el presidente de la Corte de Casación, René Sylvestre, pero este falleció hace pocas semanas por coronavirus.
Frente a este vacío de poder, y frente al doble filo de las políticas de shock, pareciera que sólo la reaparición del factor movilizacional podría incidir en una resolución que no sea aún más regresiva. Las fuerzas nacionales, populares y democráticas han ganado en capacidad de articulación, han generado espacios unitarios como el Frente Patriótico Popular, han desarrollado programas y cursos tentativos de acción, pero son aún organizativamente débiles, y su capacidad de incidencia es escasa sin la presencia de gente en las calles. Solo su reaparición y la construcción de algo así como un cerco de visibilidad y solidaridad con Haití, pueden impedir que el país vuelva a ser aplastado por una larga dictadura militar o por una luctuosa ocupación internacional.
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La Policía Nacional de Haití abatió a cuatro sospechosos del asesinato del presidente Jovenel Moise y detuvo a otros dos, informó el jefe de la fuerza, según las agencias de noticias AFP y Sputnik.
El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue ultimado en su residencia de Puerto Príncipe por un comando integrado aparentemente por extranjeros, en un hecho en el que además fue baleada su esposa, y menos de 24 horas después del hecho el gobierno anunció que había detenido a dos sospechosos y abatido a otros cuatro.
Las autoridades haitianas confirmaron también el calendario electoral que prevé en septiembre la votación para la elección de un nuevo mandatario.
El primer ministro, Claude Joseph, informó oficialmente del crimen, detalló que la esposa de Moïse resultó herida en el ataque, fue hospitalizada y luego trasladada a Miami, a la vez que pidió calma a la población.
«El presidente fue asesinado en su casa por extranjeros que hablaban inglés y español», dijo el primer ministro, citado por las agencias de noticias AFP y Sputnik, sin dar más detalles.
«Cuatro mercenarios fueron abatidos, dos puestos bajo nuestro control y tres policías que habían sido tomados como rehenes fueron recuperados»
LEÓN CHARLES, DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Joseph dispuso de inmediato el estado de sitio, cerró el aeropuerto de la capital y blindó la frontera con República Dominicana, país con el que comparte la isla La Española.
«En estricta aplicación del artículo 149 de la Constitución, acabo de presidir un Consejo Extraordinario de ministros y hemos decidido declarar el estado de sitio en todo el país», anunció Joseph en un discurso difundido en las redes sociales.
El funcionario prometió, además, que el crimen de Moïse “no quedará impune” y que los asesinos “pagarán en la Justicia lo que hicieron”.
Cuando no se habían cumplido 24 horas del asalto a la residencia, el gobierno anunció la detención de los presuntos criminales.
«Cuatro mercenarios fueron abatidos, dos puestos bajo nuestro control y tres policías que habían sido tomados como rehenes fueron recuperados», dijo este miércoles por la noche el director general de la Policía Nacional, León Charles, por televisión.
«Los presuntos asesinos fueron interceptados por la Policía Nacional en Pelerin poco después de las 6 pm» (las 19 en la Argentina), escribió en su cuenta de Twitter el viceministro de Comunicaciones, Frantz Exantus.
Un rato antes, el Ejecutivo había oficializado también en Twitter el estado de sitio de 15 días y un duelo nacional por el mismo período, desde el 8 al 22 de este mes.
Un comando, del que no sabía el número de integrantes ni el origen o su motivación, entró de madrugada a la residencia de Moïse en el barrio Pelerin, de Puerto Príncipe -el mismo de las detenciones-, y disparó contra el mandatario. Un hijo estaba en el lugar, pero resultó ileso.
El diario El País de España señaló que varias embajadas de Haití en el exterior dieron a conocer un comunicado en el que precisaron que los asaltantes eran individuos no identificados, “de los cuales varios hablaban en español”.
En medio de la conmoción, el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe fue cerrado y varios vuelos programados con destino a la capital haitiana fueron cancelados o desviados a estaciones aéreas en terceros países, según Listín Diario, de la vecina República Dominicana.
Además, dos aerolíneas que tienen rutas diarias a la ciudad cancelaron sus vuelos.
Moïse venía siendo muy cuestionado por la oposición, que consideraba ilegal su permanencia en el cargo, pero además el país atraviesa una ola de extrema violencia, a partir de la coexistencia de bandas armadas que hicieron del secuestro y los enfrentamientos su modo de subsistencia.
El origen de este conflicto político está en las elecciones de 2015, cuando Michel Martelly terminó su mandato. Moïse fue candidato por el oficialista Partido Tet Kale y ganó, pero hubo denuncias de fraude. No se hizo la segunda vuelta y los resultados nunca se oficializaron.
El país estuvo virtualmente sin autoridades desde febrero de 2016 porque venció el período de Martelly y los comicios recién pudieron hacerse en noviembre de 2016.
Esta vez, Moïse logró una victoria que evitó el balotaje y asumió en febrero de 2017, pero la oposición considera que su mandato comenzó cuando se fue Martelly.
Por esta diferencia de interpretación, el último año el asesinado mandatario lo gobernó a través de decretos.
“Mi mandato empezó el 7 de febrero del 2017 y termina el 7 de febrero del 2022. Entregaré el poder a su propietario, que es el pueblo de Haití. Los oligarcas corruptos acostumbrados a controlar a los presidentes, a los ministros, al Parlamento y al Poder Judicial piensan que pueden tomar la presidencia, pero solo hay un camino: elecciones. Y yo no participaré en esas elecciones”, había dicho Moïse en una entrevista en febrero último.
La casi permanente situación de crisis del Gobierno hizo que en cuatro años Moïse tuviera siete primeros ministros. De hecho, Joseph iba a ser relevado esta semana, después de apenas tres meses en el cargo.
Mientras se habla de posibles mercenarios extranjeros, el vecino Gobierno dominicano ordenó el «cierre inmediato» de su frontera con Haití, de 380 kilómetros, entre otras medidas adoptadas por su Consejo de Seguridad.
Mientras la agencia de noticias Sputnik señaló que Dominicana investigaba una posible fuga hacia su territorio de los asesinos, el diario El Nacional de Santo Domingo citó un informe de inteligencia de Haití que sostiene que algunos de los integrantes del comando que asesinaron al mandatario son colombianos.
«Se pusieron en alerta máxima a los organismos de seguridad en los aeropuertos, puertos y puntos fronterizos para que impidan la salida del territorio nacional de cualquier ciudadano de origen colombiano», señaló el diario.
Otra publicación, Diario Libre, mencionó a un grupo de siete sudamericanos, cuatro colombianos y tres venezolanos, que cumplieron órdenes de «gente muy poderosa involucrada en el narcotráfico y el secuestro».
Ninguna de esas informaciones pudo confirmarse tas el anuncio de las detenciones, porque el viceministro Exantus no brindó detalles.
A este escenario violencia imparable, tensión e incertidumbre, se suma un cuadro de pobreza crónica -es el país más pobre de América- y recurrentes desastres naturales.
En este difícil contexto, el país debe celebrar este año elecciones presidenciales, legislativas y locales, pero también tiene agendado un referendo constitucional en septiembre, después de haber sido aplazado dos veces debido a la pandemia de coronavirus.
EEUU se pronunció por respetar ese llamado a elecciones para el 26 de septiembre, con probable segunda vuelta el 21 de noviembre.
«Estados Unidos aún considera que las elecciones de este año deben mantenerse, porque eso facilitaría una transferencia pacífica del poder a un presidente recién electo”, afirmó el vocero del Departamento de Estado, Ned Price.
Hacia el final de la jornada, el primer ministro Joseph prometió “dialogar con los líderes de la oposición y otros actores de la vida nacional a fin de apaciguar el clima sociopolítico y facilitar la realización de elecciones inclusivas y creíbles según el calendario establecido por el Consejo Electoral Provisional», según su cuenta oficial de Twitter.
El magnicidio del haitiano constituye el octavo de un presidente latinoamericano en ejercicio de su mandato desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Por eso, la noticia dio paso de inmediato a una cadena de repudios, entre ellos el de Estados Unidos, que calificó de «horrible» el crimen y dijo a través de la secretaria de prensa, Jen Psaki, que Washington está dispuesto a ayudar en la investigación.
Además, expresaron su rechazo al crimen el Reino Unido, Francia; los presidentes de la Argentina, Alberto Fernández; Bolivia, Luis Arce; Colombia Iván Duque; Cuba, Miguel Díaz-Canel; México, Andrés López Obrador, y Perú, Francisco Sagasti, y las cancillerías de Chile, Uruguay y Venezuela, junto a la ONU y la OEA.
Boisrolin: Es difícil saber en este momento de dónde proviene el golpe contra el presidente haitiano
Pese a ser destituido el pasado lunes, Joseph ha asumido la dirección del país de forma interina tras la magnicidio. Hasta el momento, las autoridades no han notificado las posibles razones del crimen ni lo que ocurrirá con el Gobierno.
¿Quiénes son y qué quieren las bandas armadas en Haití?
Haití, con el concurso de las grandes potencias, parece despeñarse por el barranco de proyectos paramilitares que promueven el caos organizado, la inseguridad estratégica y la desestructuración del tejido comunitario.
Haití vive, desde hace tres años, un espiral ascendente y aparentemente incontrolable de inseguridad, asociado a la existencia de más de 77 grupos delincuenciales armados, según datos de la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reinserción (CNRDDR). Aunque, como desarrollamos en otro artículo, la proliferación de sectores armados escapa a la sola existencia del crimen organizado y a las fuerzas represivas del Estado -muy lejanas de toda ambición de monopolizar el ejercicio de la violencia- nos concentraremos en el creciente poder de los gangs, tal como se los conoce en el país caribeño.
Pese a los loables objetivos estipulados por el propio nombre de la CNRDDR, reactivada en 2016 tras haber sido disuelta en el año 2011, otro dato viene a confirmar el rotundo fracaso del gobierno de facto de Jovenel Moïse y su partido el PHTK: la circulación, en esta pequeña nación, de más de 500 mil armas -apenas unas 45 mil legalizadas-. El número de armas ilegales se ha duplicado en apenas 5 años, considerando las cifras aportadas por la Policía Nacional en el año 2016. Haití, como es obvio, no es productor ni del armamento ni de la munición de guerra que ostentan algunos de estos grupos criminales altamente organizados. Su origen presumible, según diversos organismos de derechos humanos, sería nada menos que el principal exportador mundial, los Estados Unidos, cuya participación en el mercado mundial de armas ascendió del 32% al 37% en el quinquenio 2016-2020, suministrando armas a más de 96 países, según los informes del Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés). Esta presunción cobró fuerza el 12 de noviembre del 2019, cuando el ex marine Yves Sebastien Duroseau, de 33 años, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Toussaint L’Ouverture, tras descender del vuelo 949 de American Airlines portando tres maletas llenas de armas y municiones.
Estas bandas armadas no sólo han crecido en número y en armamento, sino también en financiamiento, poder territorial y capacidad operativa. Las más poderosas de todas ellas construyeron incluso una federación conocida como el G9 an fanmi e alye -el Grupo de los 9 en familia y alianza-, en relación a sus nueve principales cabecillas. El G9 tiene hasta su propio canal de Youtube, y el 7 de julio del 2020 movilizó a 50 de sus miembros, fuertemente armados, por las calles de Puerto Príncipe, exigiendo una suerte de “reconocimiento legal”. Aquella singular caravana del terror fue realizada en el mismo tipo de vehículos blindados utilizados por las unidades especiales de la Policía Nacional.
En un infrecuente gesto de firmeza de parte del poder político, el entonces Ministro de Justicia Lucmane Délile clamó por la persecución y arresto de los criminales que desfilaban impertérritos, a plena luz del día, por las calles de la ciudad capital. En conferencia de prensa, Délile declaró: “Sentimos que era extremadamente grave que bandidos armados tomaran las calles de la capital para aterrorizar a ciudadanos pacíficos. Haití no es una república bananera donde los delincuentes pueden hacer lo que quieran. Ordeno a la PNH [Policía Nacional de Haití] que localice a estos criminales, porque es repugnante e inaceptable lo que vi en la televisión. ¡No estuve allí, pero he vuelto! No aceptaré esta comedia de mal gusto”. Tras las declaraciones, el ahora ex Ministro fue inmediatamente apartado de su cargo por el presidente de facto Moïse.
El gran organizador del G9, su principal cabecilla y portavoz, es ni más ni menos que un policía exonerado de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UDMO), un cuerpo especializado de la Policía Nacional. Su nombre es Jimmy Cherizier, popularmente conocido como “Barbecue”. Su separación de la fuerza se produjo tras un operativo realizado el 13 de noviembre de 2017 en Grand Ravine, en el que 8 civiles y dos policías perdieron la vida, así como unas 30 personas resultaron heridas.
Hace años que organismos de derechos humanos como la RNDDH y la Fundación Je Klere, así como un amplio arco de oposición que va desde la extrema derecha del ex oficialista Youri Latortue hasta los movimientos sociales del campo y la ciudad, denuncian la connivencia entre Barbecue, Jovenel Moïse y el partido de gobierno. Así, por ejemplo, una entrega de alimentos a las poblaciones más humildes del distrito de Delmas sucedida a comienzos del 2020, fue coordinada por la policía nacional y el propio Barbecue, quién fue tratado con la deferencia que merecería un líder social, y no como un criminal reconocido sobre el que pesa una orden de captura.
Una investigación conjunta entre el medio local AyiboPost y la plataforma Connectas, se refiere al caso del médico Jerry Bitar, cuyo secuestro el día 27 de marzo generó enorme revuelo en las redes sociales, un paro de los trabajadores de la salud y hasta una movilización de importancia. Ante la magnitud nacional e internacional que comenzaba a tomar el caso, el primer ministro de facto Jospeh Joute aseguró que estaba trabajando para garantizar su seguridad, tras lo que Bitar fue liberado con total sincronía. En un tuit que luego borraría, Joute agradecía al propio presidente de facto por su involucramiento personal en el caso. En una suerte de confesión de parte, Moïse declaró en aquel mismo mes: “priorizamos el diálogo, incluso en nuestra lucha con bandidos y pandillas (…) Soy el presidente de todos los haitianos, los buenos y los malos”. Incluso antes del apogeo de Barbecue y el G9, el otro bandido más buscado del país hasta su asesinato, Anel Joseph, había frecuentado reiteradas veces a senadores del partido de gobierno, así como escapado dos veces de prisión con la presunta anuencia del poder político.
El G9 controla completamente las áreas de Martissant, Village de Dieu, Grand Ravin, Bas Delmas, Bel Air, Cité Soleil, Fort Dimanche y muchas otras, emplazadas principalmente en la zona central de Puerto Príncipe y en los accesos norte y sur de la zona metropolitana, lo que, en la singular geografía haitiana, le da una excepcional capacidad de aislar a la capital del resto del país. Estos territorios son centrales por varios motivos: por su abigarrada densidad poblacional -sólo el barrio de Cité Soleil concentra a casi 300 mil personas-; por su específico peso electoral a la hora de definir cualquier comicio; pero principalmente por tratarse de algunas de las zonas más radicalmente movilizadas desde los tiempos del gobierno del cura progresista Jean Bertrand Aristide. En los últimos grandes ciclos de protestas, de aquí han salido las multitudes que se han enfrentado activamente a la carestía de la vida, a la eliminación de los subsidios a los combustibles exigida por el FMI, y al mayor escándalo de corrupción de la historia del país, que produjo el desfalco de un monto equivalente a un cuarto del PBI haitiano.
Entrevistando en Bel Air a algunos de los sobrevivientes de las dos masacres sufridas en el barrio -cuya identidad reservamos por motivos obvios-, los pobladores nos refirieron cómo durante las grandes jornadas de movilización nacional, las bandas armadas bloqueaban los accesos del barrio, impidiendo la libre circulación de las personas y amenazando de muerte a quien pretendiera movilizarse hacia Champ de Mars, centro político del país y epicentro de las protestas.
Además de esta suerte de guetificación intermitente de las periferias, y de las reiteradas masacres -Bel Air, La Saline, Cité Soleil, Tokyo, Carrefour-Feuilles, la lista es larga-, el modus operandi incluye los enfrentamientos armados con bandas rivales y la utilización sistemática del secuestro como forma de financiamiento. El primero de junio, dos pandillas rivales comenzaron a disputarse el control del barrio de Martissant, en una serie de escaramuzas que continúan hasta la fecha. Al menos 10 muertos han sido reportados, y según Pierre Espérance, director de la RNDDH, unas 10 mil personas fueron desplazadas de sus hogares en las últimas semanas. Las hostilidades sólo cesaron el día 6 de junio, cuando el Primer Ministro del gobierno de facto visitó el lugar, lo que alimenta las sospechas de entendimiento y colusión de intereses entre las pandillas y el Estado.
Respecto a los secuestros, quizás sea este uno de los fenómenos que más conmocionan a la sociedad haitiana, más aún cuando niños y estudiantes de liceo resultan sus víctimas. Sus patrones parecieran ser completamente azarosos, teniendo por fin último aterrorizar y desmovilizar a la población en su conjunto, la que ha sido forzada a una dinámica de reclusión al caer la luz del sol. Se ha registrado el secuestro desde profesionales hasta campesinos, desde vendedoras callejeras hasta agentes de policía. Las sumas, exorbitantes, demandadas a las familias -la mayoría de origen humilde- pueden llegar hasta los 100 mil dólares norteamericanos. Ya los reportes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), señalaban el año pasado un incremento del 200 por ciento en la incidencia de este flagelo. Pero si consideramos que la BINUH se basa en fuentes policiales y que la inmensa mayoría de los casos son resueltos entre las familias y las bandas criminales, sin la mediación de la justicia o las fuerzas de seguridad, debemos estimar una incidencia aún más alta. La organización Défenseurs Plus, por su parte, ha calculado en unos 1270 los secuestros ocurridos tan sólo durante el año 2020. Pero las tácticas de financiamiento de estos grupos han dado un salto cualitativo, con el saqueo de tres almacenes ubicados en la Ruta Nacional n° 1, en las inmediaciones de los principales puertos y de la terminal de Varreux, en donde se recibe y deposita el stock de combustible del país.
En un giro tan inverosímil como inesperado, el líder del G9 apareció en público el 23 de junio, en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Acompañado de un pelotón de jóvenes encapuchados y armados -varios de ellos con indumentaria de la propia policía-, Barbecue anunció el comienzo de una “revolución armada”, consumando un giro discursivo contra el Estado, el gobierno y la oposición política. Utilizando la simbología nacional y evocando a los héroes de la revolución de independencia, invitó a la población a armarse y a incorporarse a su organización.
En un contexto en que el establishment nacional e internacional busca una salida a la agónica crisis de hegemonía de las clases dominantes desatada desde las movilizaciones de julio del 2018, la performance de Barbecue no sólo permite blindar al poder político de los cada vez más claros indicios de connivencia y alianza con el crimen organizado, sino que dota de argumentos a quienes pregonan o bien la instalación de una dictadura de tipo neoduvalierista que “pacifique” el país a la fuerza, o bien la instalación de una nueva misión internacional de ocupación. Haití, con el concurso de las grandes potencias, parece despeñarse por el barranco de los proyectos paramilitares que ya han asolado antes a otras naciones de Centroamérica y el Caribe, promoviendo el caos organizado, la inseguridad estratégica y la desestructuración de todo el tejido social y comunitario, abriendo la puerta a una política de shock que logre desmovilizar a sus indómitas clases populares.
Lautaro Rivara es sociólogo, periodista y analista internacional.
@LautaroRivara
Blog del autor: https://todoslospuentes.com/
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No más silencio sobre Haití
La situación en Haití se agrava y en la mayor parte del mundo un silencio culposo oculta la realidad, la nación caribeña lleva años de protestas por mejores condiciones de vida y contra Jovenel Moïse, cuyo periodo de gobierno finalizó el pasado 7 de febrero, siendo sostenido por el régimen neocolonial implantado por el imperialismo estadounidense, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la estructura de ocupación militar de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) establecida desde el 1 de junio de 2004, y que ha sido durante mucho tiempo apoyada por diversas potencias europeas.
El dictador Moïse ha utilizado diversas formas de represión y estrategias legaloides para aferrarse al poder, entre ellas, pretendía efectuar un referéndum constitucional el 27 de junio próximo (para modificar la Carta Magna a su favor), pero debido al aumento de las movilizaciones obrero-populares y de la afectación del Covid-19, el Consejo Electoral Provisional (CEP) anunció el aplazamiento indefinido, dejando en claro, que el gobierno es totalmente ilegitimo y rechazado por la mayoría de la población.
A pesar de la resistencia, las condiciones de vida del pueblo haitiano se han agudizado llegando ya a niveles de crisis humanitaria, las décadas de políticas neoliberales-capitalistas han dejado profundas huellas que ahora se expresan en la conciencia y el rechazo al establecimiento de una nueva dictadura y la prolongación de la condición neocolonial que el imperialismo y sus aliados quieren mantener. Entre las diversas acciones de solidaridad con el pueblo haitiano que se realizan en el mundo, en octubre de 2020 se inició la campaña internacional Stop silence Haiti (¡Basta de silencio en Haití!), con la finalidad de visibilizar, denunciar y revertir los abusos, la violencia y las injusticias incrementadas por el autoritarismo del actual régimen.
Algunas manifestaciones importantes en el seno de los países opresores van surgiendo, como, por ejemplo, la petición de 78 demócratas en el Congreso de Estados Unidos por un cambio en la política de Washington hacia Haití y el hecho de que el Parlamento Europeo mediante una resolución del 20 de mayo pasado determinó no apoyar el referéndum, sin embargo, son apenas expresiones moderadas que debieran ser acompañadas por acciones claras y directas en contra del régimen dictatorial de Moïse, aunque se sabe y es más que claro, que tanto el imperialismo estadounidense como el neocolonialismo europeo, pueden prescindir del gobernante en turno pero no de sus intereses que han generado-profundizado la crisis social-humanitaria en Haití.
Ante estos agravios al pueblo haitiano, la campaña internacional Stop silence Haiti, exige entre otros los siguientes puntos: “1). Respetar la soberanía de los haitianos y haitianas y denunciar toda injerencia; 2). Escuchar a los actores de la sociedad civil haitiana, que se han pronunciado pública y repetidamente en contra de la celebración de un referéndum y de unas elecciones que, en las condiciones actuales, no serán ni libres ni democráticas, y sólo podrán ser una trágica farsa, con el riesgo de conducir a la restauración de la dictadura; 3). Denunciar la ilegitimidad del referéndum y del proceso electoral, así como la ausencia de condiciones para la celebración de elecciones libres y democráticas con Jovenel Moïse en el poder; 4). Apoyar un proceso de transición demandado e implementado por los haitianos y haitianas, basado en la Constitución de 1987”.
Es importante sumarse a la campaña Stop silence Haiti, como una forma de solidaridad internacionalista con el pueblo haitiano y por el fin de la injerencia imperialista-neocolonial en dicha nación. Quien desee puede firmar la declaración hasta el 13 de junio en el siguiente vínculo: http://bit.ly/stopsilencehaiti
¡Rompamos el cerco mediático que oprime a Haití!
