“Gobierno de Colombia usa técnicas de guerra contra la protesta social”

La misión SOS Colombia demandó a la comunidad internacional voltear los ojos a las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido durante el Paro Nacional y pidió a los organismos financieros internacionales que se abstengan de autorizar inversiones destinadas a la fuerza pública, en tanto el Estado colombiano mantenga su desacato a las recomendaciones de la CIDH

Texto: Daniela Pastrana

Foto: Raúl Arboleda / AFP

BOGOTÁ, COLOMBIA.- La misión internacional de observación de la situación de derechos humanos cerró nueve días de trabajo en Colombia con una contundente conclusión: el Estado colombiano usa tácticas de guerra para enfrentar la protesta social.

“Pudimos constatar técnicas de combate de guerra para neutralizar y aniquilar a la población que está protestando”, dice el informe preliminar de la misión SOS Colombia, presentado este lunes en la capital colombiana.

Se trata de un comportamiento de represión “grave sistemático y generalizado”, ejercido por el gobierno nacional y encabezado por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

La misión, integrada por 41 personas de 13 países, recibió más de 70 informes de organizaciones y colectivos y 180 testimonios directos de víctimas, durante su visita a 11 regiones -Caribe, Santander, Cauca, Valle de Cauca, Antoquia, Caldas Rosaralda, Quindío Nariño, Bogotá, Medellín y Cundiramanca- donde constataron patrones sistemáticos de violaciones a derechos humanos.

Luego de nueve días de trabajo, el documento con las conclusiones preliminares fue presentado en rueda de prensa por Miriam Pixtun Monroy, de Guatemala; Matías Vallejos, de Chile; Lisa Haugaard, de Estados Unidos, y Félix Ovejero, de España, quienes manifestaron la gran preocupación del grupo de observadores por la negación de las autoridades colombianas a reconocer las violaciones de cara a las manifestaciones anunciadas el 20 de julio y 7 de agosto próximos.

Durante los días de la misión aparecieron los cuerpos de dos personas que habían desaparecido en las manifestaciones. Se trata de Alquimedez Santana, manifestante desaparecido el 27 de mayo el ‘Puente de Mil Luchas’, en Cali, y cuyo cuerpo fue identificado en la morgue de Medicina legal del municipio de Santander de Quilichao, en Cauca. Y de Duban Felipe Barros Gómez, de 17 años, que desapareció el 5 de junio en el Portal de las Américas de Bogotá. También durante la misión se registró un acto de represión de una olla comunitaria en Popayán, donde dos manifestantes resultaron con heridas graves (uno perdió el ojo izquierdo y el otro los testículos).

“No vemos en este momento cambios en la actitud de la fuerza pública”, dijeron los activistas internacionales, después de reunirse con distintas autoridades. “Exigimos al gobierno colombiano el cese de las agresiones contra quienes protestan y a todas las personas que les quieran ayudar”

La misión hizo un llamado a la comunidad internacional a voltear los ojos a las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido durante el Paro Nacional y pidió a los organismos financieros internacionales que se abstengan de autorizar inversiones destinadas a la fuerza pública, en tanto el Estado colombiano mantenga su desacato a las recomendaciones de la CIDH.

Los integrantes de la misión aseguraron que estas conclusiones serán entregadas a sus respectivos gobiernos, así como a funcionarios del Estado colombiano. Sin embargo, destacaron la actitud negacionista por parte del gobierno y de las instituciones del Estado con las que se pudieron reunir y que se resume con un dato: la Defensoría del Pueblo ha recibido el triple de denuncias de policías contra ciudadanos que de los manifestantes. Es decir, para las autoridades, las víctimas son los policías.

Los actores 

Las violaciones de Derechos humanos han tenido carácter de graves, sistemáticas y generalizadas. Los testimonios individuales y colectivos muestran que el tratamiento dado por la policía nacional y las fuerzas militares hacia la protesta social es similar a la estrategia militar que usa el Estado para combatir actores armados.  “La estrategia de represión utilizada en contra de las movilizaciones sociales es similar a la estrategia militar para combatir actores armados y se utilizan técnicas de combate para neutralizar y eliminar al mayor número de manifestantes posible”, dijo Matías Vallejos.

La misión identificó tres actores causantes de estas violaciones:

  1. La Fuerza pública: Policía Nacional, ESMAD (Escuadrón Antidisturbios), Fuerzas militares, Ministerio de Defensa, Presidencia
  2. Grupos paramilitares que actúan de la mano con la fuerza pública.
  3. Civiles armados con armas cortas y armas largas. Dentro de estas hipótesis existe un claro señalamiento en contra de funcionarios públicos.

La operación

La misión identificó varios tipos de actuaciones que permiten inferir una violación sistemática de los Derechos Humanos.

– El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, caracterizado por disparos a corta distancia, de forma horizontal y apuntando al tercio superior del cuerpo, especialmente al rostro y cabeza

– Uso de armamento con municiones no permitidas y el uso indebido de municiones permitidas para causar el mayor daño sobre la salud y la vida. Se constató el uso de proyectiles hechizos que contienen perdigones, canicas, clavos, puntillas y material cortopunzante.

– Se documentaron casos de víctimas manifestantes heridos con armas blancas y armas de fuego, usadas directamente por integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios., ESMAD.

– Métodos de persecución contra brigadas de salud, defensores de derechos humanos, medios de comunicación alternativos e incluso contra integrantes de la iglesia y cualquier persona que decida apoyar o participaren las manifestaciones.

– Elaboración de montajes judiciales, implantación de pruebas y el abuso del poder para judicializar a las personas detenidas.

– Acciones de terror y de control social con toques de queda, el uso de macanas. Integrantes del ESMAD ingresaron a casas, tiendas y a otros establecimientos públicos para golpear y agredir a quienes allí se refugiaron.

– Infiltración de agentes de policía vestidos de civil en las protestas, con el fin de generar escenarios de confrontación y hacer un seguimiento selectivo de líderes y lideresas

– En algunas regiones como Valle de Cauca, Nariño, Antioquía, Santander y el Eje Cafetaleros, el fenómeno del paramilitarismo que actuaron a la par en conjunto y en coordinación con integrantes de la policía.

Los patrones de violaciones de DDHH

La misión de observación encontró la recurrencia de 11 patrones de violaciones de derechos humanos: 1) homicidios selectivos; 2) lesiones personales, 3) tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes 4) lesiones oculares, 5) agresiones con armas de fuego y de alta letalidad, 6) violencias basadas en género, 7) violencia sexual, 8) detenciones arbitrarias e ilegales, 9) judicializaciones, 10) desaparición forzada, 11) estigmatización, señalamientos y persecuciones.

Los observadores internacionales destacaron que entre la población ay miedo a denunciar y a buscar asistencia médica por temor a la persecución que se desata posteriormente a la denuncia.  Además, resaltaron que en muchas ocasiones los funcionarios de gobierno y de Estado insistieron en su postura de que las violaciones de derechos o los delitos han sido cometidos contra integrantes de la fuerza pública y no al contrario.

“Los jóvenes nos mostraron las cicatrices de las balas y otras armas que han recibido en sus cuerpos, pero las cicatrices no son el único daño”, dijo Luisa Haugaard, quien destacó especialmente las agresiones a pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres y la población LGBTI.

Matías Vallejos, de Chile: Miriam Pixtun Monroy, de Guatemala; Félix Ovejero, de España, y Lisa Haugaard, de Estados Unidos fueron los encargados de presentar el informe preliminar de la misión internacional SOS Colombia, que tras 9 días de trabajo documentó un «grave, sistemático y generalizado» ataque del Estado a las protestas / Foto: Daniela Pastrana

Recomendaciones

En la parte final del informe, la misión presentó 50 recomendaciones al Estado colombiano y a la comunidad internacional. Estas son algunas de ellas:

Para el gobierno de Colombia:

-El cese de la represión de la protesta y de las personas que apoyen o participen en manifestaciones

-Que se detengan lo señalamientos, amenazas y persecución a las personas que lideran las protestas y a quienes realizan actos de solidaridad

-Que derogue el decreto 575 de 2021 de asistencia militar y que se desista de la modificación normativa del decreto 0003, del decreto de 2021, que busca criminalizar los cierres de ruta

– Que elabore un registro con el número de personas detenidas en la protesta, el numero de personas detenidas en traslado de protección los centros a los que los han llevado y el tiempo en el que han estado detenidos

– En los casos de desaparición forzada, reconocer, activar e implementar el mecanismo de búsqueda urgente para dar inmediatamente con el paradero de las personas que continúan desaparecidas.

-Que se reconozcan las graves violaciones a derechos humanos que se han cometido en el marco del Paro nacional, que las investigaciones se realicen en instancias civiles

-Que se adopten medidas para que no operen grupos para policiales

-Que desmilitarice y reforme la policía para llevar a cabo la disolución del ESMAD

– Que funcionarios se abstengan de realizar declaraciones que estigmaticen o inciten a la violencia contra la población.

A la comunidad internacional y otras instancias multilaterales de derechos humanos:

-Que presten especial atención prevención vigilancia y exigencia de respeto a derechos humanos en Colombia, antes durante y después de las movilizaciones.

-Que apoye más a las organizaciones locales, periodistas, iglesia, para que puedan seguir realizando su labor de apoyo humanitario

-Que exhorte al gobierno colombiano a cumplir las recomendaciones de la CIDH

-A la UE que suspenda la venta de armamento militar y material antidisturbios, en virtud del criterio 2 del Código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas

A Estados y organismos financieros internacionales:

-Que se abstengan de autorizar inversiones destinadas a la fuerza pública en Colombia, que ha sido cuestionada gravemente, en su estatus de institucionalidad democrática, en tanto mantenga su desacato a las recomendaciones internacionales.

– Que se abstengan de contribuir a financiación de sectores y empresas en Colombia que amenazan los derechos fundamentales, incluidas aquellas que estigmatizan y promueven la represión violenta de la protesta.

– Que se promueva la activación de las cláusulas suspensivas en caso de la violación de los derechos de los diferentes tratados de comercio suscritos por Colombia.

– Que se haga un seguimiento puntual de los fondos de cooperación internacional para que no se destinen a las violaciones de derechos humanos.

A las empresas que producen transformas, comercian e invierten en Colombia:

-Que implementen las acciones necesarias para garantizar los derechos de protesta y los derechos laborales.

– Que se abstengan de participar, permitir o promover la acción violenta de la protesta y violaciones a derechos humanos.

Fuente: https://piedepagina.mx/el-gobierno-de-colombia-usa-tecnicas-de-guerra-contra-la-protesta-social/

A %d blogueros les gusta esto: