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 Las malas compras

 La JUTEP ha muerto, viva la JUTEP

 Por Carlos Pelaez

El sistema político uruguayo tiene varias singularidades.
Todos los partidos destinan mucho tiempo a crear leyes y normas que luego violan sistemáticamente.
Viven expresando su preocupación por los controles, pero siempre encuentran los vericuetos para burlarlos.
Están absolutamente convencidos que mientras no sean penados por las leyes que ellos mismos aprobaron, pueden hacer cualquier cosa.
Hay mucho de inmoral en esa actitud. Tanto que los hechos se evalúan según quién sea el responsable.
La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) fue creada en 1998, durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti. Es parte del compromiso uruguayo asumido en la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Exactamente durante 20 años ese organismo fue un depósito de declaraciones juradas que nadie controlaba. Dirigida por funcionarios anodinos que apenas operaron como archivadores.
Uno de los presidentes de la JUTEP terminó involucrado en una estafa contra la DGI en Maldonado. Tal la concepción de la ética pública con que se manejaron.

 

 

Todo cambió en el 2017 cuando, con el voto unánime del Senado, asumió Ricardo Gil Iribarne. Los corruptos uruguayos se dieron cuenta entonces que habían creado el mecanismo que los expondría.
Gil Iribarne se apoyó en sus dos compañeros de directorio: la nacionalista Matilde Rodríguez Larreta y el colorado Daniel Borrelli. Y si bien la visibilidad pública de ambos fue escasa, compartieron una misma visión acerca de los asuntos que les fueron denunciados.
No fue una JUTEP partidaria, no primó la pertenencia de cada uno de ellos, sino una misma concepción sobre la ética de los funcionarios públicos sustentada siempre por la ley.
Recibieron duras críticas de todos lados. Basta recordar lo que pasó después que hicieron público el informe sobre Raúl Sendic o los cuestionamientos persistentes de Ignacio De Posadas, quien desde sus editoriales publicados en El País clamaba contra la “jutepización” de la política y pugnaba por su eliminación.
Nunca tuvieron un presupuesto digno. Y si funcionó bien fue por el esfuerzo de sus tres directores y el pequeño número de funcionarios con los que contaban.
Así y todo la JUTEP, y Gil Iribarne, se ganaron el reconocimiento de los ciudadanos que comenzaron a ver que allí había una barrera a los desbordes cotidianos del sistema político.

 

El nuevo gobierno, encabezado por el herrerismo, se propuso vaciarla de contenido. Y lo primero que hicieron fue dejar solo a su presidente, hasta obligarlo a renunciar mucho antes que terminara su período.
Luego la incluyeron en la nómina de organismos en los que se repartirían los cargos por cuota política. Y si los nominados llegaban por un partido político, debían responder a él.
La oposición frenteamplista también se equivocó al aceptar ese planteo y asumir un cargo.
Los nuevos integrantes son personas sin ninguna experiencia en organismos de contralor. Y peor, han vivido quejándose de no tener presupuesto y por lo tanto estar muy limitados.
Dos de sus últimas resoluciones demuestran que la JUTEP tiró por la borda todo el prestigio que había adquirido.
A principios de este año, a solicitud del fiscal de Maldonado Schubert Velázquez, emitió una resolución sobre los sueldos que cobran los ediles de este departamento radicalmente contraria a una del período anterior.
Los dirigidos por Gil Iribarne habían realizado un pormenorizado estudio de la situación y emitieron un extenso informe que hubiera ameritado la formalización fiscal de los ediles.
En cambio la JUTEP actual basó su informe en los que habían presentado 4 abogados contratados por la Junta Departamental de Maldonado que los exoneraba de cualquier delito. Y el fiscal eligió éste informe.
Esto no cambia los hechos: el sueldo de los ediles es inconstitucional, es ilegal y es inmoral. Pero no recibirán sanción y seguirán abusando de su privilegiada posición de poder.
La reciente resolución sobre el Antel-Arena es una muestra más del desatino porque no hubo una investigación propia sino que tomaron casi literalmente la auditoria contratada por el actual directorio del ente.
Una auditoría realizada por un notorio militante herrerista.
Pero en su afán de desacreditar a la JUTEP el gobierno encontró en el Frente Amplio un aliado impensado.
El Partido Comunista del Uruguay puso a disposición del Frente Amplio el cargo de vocal en el organismo “ después de que su representante, Jorge Castro, votara la resolución del organismo en la que se sostuvo que en la construcción del Antel Arena se violaron principios y normas de conducta. Desde nuestro punto de vista fue un grave error, al haber desestimado la utilización política del informe para la profundización de los ataques a las gestiones anteriores”, dijeron dirigentes del PCU.

 

¿Acaso esperaban los comunistas que su representante los consultara ante cada resolución? ¿No sabían que eso hubiera implicado violar la Constitución ya que los miembros de entes y organismos descentralizados no pueden tener militancia partidaria?
Como quiera que sea el Herrerismo y el FA lograron lo impensable: acuerdo implícito para desacreditar al único organismo que podría marcarles límites.
Cualquier integrante del FA que asuma en lugar del renunciante Jorge Castro, quedará ahora bajo sospecha de consultar a su partido para futuras resoluciones.
Y ahora también sabemos que la JUTEP es funcional a los intereses del gobierno, nunca de la ética pública.
La JUTEP ha muerto. Pierden los ciudadanos pero, peor, pierde la democracia.

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