Se lanzó la campaña a favor de la derogación de la LUC

 

Compañeras y compañeros, compatriotas todos y todas.

 

El reporte oficial de la Corte Electoral sobre el proceso de verificación de las casi 800 mil firmas entregadas, del día viernes pasado, dice lo siguiente:

  • se llevan controladas 515.299 firmas
  • se han validado 474.117

Esto quiere decir que tras controlar más del 60% de las firmas presentadas, el descarte es del 7,991%, lo que confirma que se estarán superando con holgura las 671.544 firmas válidas necesarias para que se convoque oficialmente al referéndum.

¡¡¡Compañeras y compañeros, podemos ratificar una vez más que habrá referéndum!!!

Por esta razón, y pese a que aún no ha culminado el proceso de verificación y falta la convocatoria oficial de la Corte Electoral y que se establezca la fecha de la consulta, damos lanzamiento hoy a una campaña que sentimos una causa nacional.

Lo hemos dicho antes  y lo repetimos hoy, esta causa que nos convoca no es una disputa entre partidos políticos, es una cuestión de todas y todos.

Se nos preguntará si queremos anular 135 artículos de la LUC.

Nuestra respuesta, ustedes ya lo saben, es SÍ.

¿Por qué?

  • Porque la LUC va en contra de normas e instituciones, conquistas democráticas y sociales, forjadas por nuestros abuelos y abuelas, que han sido fundamentales para que en nuestro país se implementaran políticas públicas que contribuyeron a la afirmación de la democracia y las libertades, la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la protección de los sectores más vulnerados.
  • Porque los 135 artículos de la LUC representan una reforma estructural de la economía y la sociedad uruguaya que define un modelo de desarrollo basado en la concentración de las decisiones y la riqueza en pocas manos, la rebaja salarial, el recorte del gasto y la inversión pública, la reducción del rol del estado.
  • Porque como complemento conveniente a este modelo, la LUC intenta dotar a las autoridades de un marco legal que les permita reprimir la protesta social.
  • Porque la LUC pretende resolver el problema complejo de la seguridad y la convivencia recortando derechos ciudadanos y apelando a normas que  internacionalmente fracasaron, que solo traerán aparejado más violencia e inseguridad.

Estas pueden parecer solamenete consignas, pero lamentablemente para el país, el sector  trabajador, y las mayorías postergadas y excluidas, no es así.

  • Todos y todas somos testigos de la caída del poder adquisitivo de salarios y pasividades por primera vez en décadas.
  • Hemos visto el notorio incremento del desempleo y la pobreza, la proliferación de las ollas populares ante la imposibilidad de muchas familias de asegurarse una comida decente si no es por la solidaridad.
  • También hemos visto como, a la vez que se utilizan las normas de la LUC para desalojar prestamente a los trabajadores y trabajadoras que en ejercicio legítimo del derecho de huelga ocupan sus lugares de trabajo, el Ministerio de Trabajo ha votado en la mayoría de los casos en los Consejos de Salarios con las patronales, en contra de los trabajadores.

En los próximos meses desarrollaremos con detalle los contenidos de las normas que proponemos anular, pero no podemos dejar de subrayar hoy algunas razones poderosas por las que decimos que la LUC no es Uruguay, y que por eso votamos SI a la anulación de los 135 artículos.

Uruguay es defensa de la vida y de las garantías jurídicas para todos y todas. Uruguay es vivir en paz fomentando mayor convivencia entre compatriotas. Por eso votamos SI.

 

Porque no se alcanza más seguridad y mejor convivencia reforzando la lógica del gatillo fácil, priorizando la propiedad sobre la vida, restándole garantías a la ciudadanía ante la intervención de la fuerza pública, o creando un marco legal impreciso para el accionar policial que es funcional al uso abusivo de la fuerza.

Tampoco se alcanza más seguridad y mejor convivencia apostando a la inflación penal. Nuestro país viene incrementando las penas desde hace décadas lo que, lejos de resolver los problemas ha tenido como consecuencia el hacinamiento carcelario y en muchos casos ha transformado los establecimientos de reclusión en universidades del delito.

No se resuelven los problemas de seguridad y convivencia reafirmando un trato desigual ante la ley que ha llevado a que el narcotraficante que fuera detenido en una residencia en el barrio privado La Tahona, fuera condenado a solo 2 años de prisión, ¡mientras que mujeres pobres por llevar marihuana a la cárcel pueden recibir hasta 4 años! ¿Cuál es el criterio del castigo penal? ¿Esas son las prioridades que marca la nueva normativa que se pretende instalar?

Las normas contenidas en los 135 artículos de la LUC que proponemos anular son funcionales a la violencia, la falta de garantías, la reproducción del delito y el uso abusivo de la fuerza. Lejos de resolver los problemas de seguridad pública, convivencia y violencia que tiene la sociedad uruguaya, creemos que a mediano y largo plazo terminarán agravándolos.

Uruguay es transparencia de la información, Uruguay es la lucha por verdad y justicia. Por eso votamos SI.

 

Las normas contenidas en los 135 artículos de la LUC que proponemos anular tienen un claro contenido concentrador, tanto en términos políticos como económicos, ese contenido se expresa por ejemplo en las modificaciones a las normas sobre la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado.

Se crea una nueva categoría de información “secreta”, otorgando facultad discrecional al director de la Secretaría de clasificar una información como tal. En ese caso, solo se podrá acceder a esta por resolución fundada del presidente de la República en Consejo de Ministros. De esta forma se puede clasificar como secreta información de cualquier índole, inclusive la que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país.

La normas además, transforman a quien era “Coordinadora” del Sistema en “Director”, concentrando en este funcionario, que solo responderá ante el Presidente de la República, la Dirección de los Servicios de Inteligencia que involucra a cuatro ministerios (Defensa, Interior, Economía y Relaciones Exteriores).

Uruguay es educación pública, es esa tradición vareliana y batllista, es la escuela y el liceo público que nos iguala. Uruguay es nuestra Universidad y nuestros científicos que tanto han hecho para combatir la pandemia. Por eso votamos SI.

 

Las normas contenidas en los 135 artículos de la LUC que proponemos anular rompen con el Sistema Nacional de Educación Pública impidiendo la colaboración entre actores públicos para mejores procesos educativos.

Esta ley privilegia a los más poderosos generando un sistema de becas para la formación en educación universitaria, que se dicta únicamente en universidades privadas.

Esta ley viene a cambiar la concepción que tenemos de la educación como un bien público social, un derecho humano para todos y todas y lo cambia para permitir que se trate como una mercancía.

Esta ley le quita autonomía a la educación, modificando normas de más de cien años de vigencia, y parece que el gran problema en la educación de nuestro país es que los docentes opinen sobre un tema de su competencia.

La educación pública como la conocemos está en riesgo y hay que defenderla, porque se concibe una educación cada vez menos integradora, cada vez menos formadora de ciudadanía y cada vez más servida a los intereses del mercado.

Uruguay es un Estado presente que contribuye al desarrollo en todo el territorio nacional, a la inclusión social, a la igualdad de oportunidades. Uruguay son sus empresas públicas. Uruguay es Ancap, ANTEL y el Instituto Nacional de Colonización. Por eso votamos SI.

 

Las normas contenidas en los 135 artículos de la LUC tienen un claro objetivo “desestatizador”, esto es, disminuir la presencia del Estado en la vida económica y social, dejando que sea el mercado, o sea, la sola interacción de los intereses particulares, los que la determinen.

Eso se expresa por ejemplo con la aprobación de una nueva regla fiscal. En plena pandemia cuando más urgía que el Estado destinara recursos a atender las diversas necesidades de la población, se establece una nueva regla fiscal que limita la acción y la inversión del Estado, cuyo impacto ya se ha hecho sentir en toda la sociedad uruguaya. Mientras se recorta en más de trescientos millones de dólares el gasto público en el año 2020 (en plena pandemia), cae el poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y pensiones, se incrementa el desempleo y la pobreza, y hay menos recursos para salud, vivienda, educación y otras áreas esenciales del Estado.

Ahorrar millones de dólares en medio de una pandemia, mientras se deteriora a ojos vista la calidad de vida de nuestra gente y la calidad de los servicios públicos, no es ahorro, es una condena para las y los uruguayos más desprotegidos. Debemos recordar que en ningún país del mundo, con gobiernos ideológicos de todo tipo, se hizo esto.

El retiro del “Estado” que establecen los 135 artículos de la LUC, incluyen normas sobre el control del movimiento del dinero. A juicio de todos los expertos, las normas que incrementan sustantivamente los montos de las transacciones con dinero en efectivo y disminuyen controles, solo pueden servir al crimen organizado. El control del movimiento del dinero es un instrumento muy importante para evitar que fondos adquiridos por acción criminal se integren normalmente al mercado.

Votamos SI porque no queremos que el Uruguay vuelva a ser un paraíso fiscal, una plaza financiera, y un refugio del crimen organizado.

Los impulsores de la ley se preguntan: ¿qué ha cambiado a partir de la LUC?  Y la respuesta es sencilla, la puede dar cualquier uruguayo o uruguaya que vuelva del supermercado constatando el aumento de los precios al consumo a partir del aumento de los combustibles por la aplicación de la LUC.

Desde la aplicación de las nuevas reglas para definir las tarifas, los combustibles, gracias a la LUC, no paran de subir y eso impacta en toda la economía, ahora la nafta y el gasoil se ajustan todos los meses de acuerdo a una regla que el mismo gobierno manipula permanentemente. En los últimos cinco meses hubo cuatro ajustes de precios: tres subas y una baja, y si en octubre y noviembre no suben es a causa del factor R (referéndum).

¿Es bueno para la estabilidad económica que todos los meses se modifique el precio de los combustibles? ¿Los precios que suben en el supermercado cuando aumentan los combustibles, bajan al mes siguiente si los combustibles bajan? A las dos preguntas la respuesta es no, todos y todas lo sabemos menos quienes defienden de la ley.

Se dice que la suba los combustibles acompaña la evolución del petróleo, pero el precio del petróleo en 2020 se desplomó, ¿por qué no aplicaron el precio internacional en ese momento, ya tenían la LUC, por qué no lo hicieron?, ¿por qué no aplicaron la LUC en marzo cuando resolvieron que las y los uruguayos subsidiáramos a los llamados “malla oro”, a los pocos beneficiarios de toda la pandemia?

Sin embargo, pretenden eliminar políticas de alto impacto social como el subsidio al supergás, la producción de biocombustibles o que el combustible cueste lo mismo en todos los rincones del país.

Por eso también votamos SI a la anulación de los 135 artículos, porque defendemos el trabajo y la soberanía nacional, donde está en primer lugar nuestra independencia energética, y por eso defendemos a una ANCAP potente, que siga refinando combustibles en el país, volcando muchos recursos que mueven el comercio y la industria nacional y dan oportunidades de trabajo para miles de compatriotas.

¿Qué hubiese sido de tantas actividades de trabajo, estudio, de servicios y asistencia, de convivencia y recreación, en los momentos más críticos de la pandemia, si no hubiésemos tenido los servicios de ANTEL? ¿Es bueno para un país y para la gente de menos recursos que vive en él, tener una empresa nacional que piense en lo que más le sirve a esa población, para brindarle un servicio esencial como es el de las Telecomunicaciones? ¿Hay o no hay que defender esta empresa? Nos sentimos orgullosos y orgullosas y queremos defenderla, una empresa que es de todos y de todas. Somos uno de los siete países más conectados del mundo, gracias a nuestra empresa pública de comunicaciones. Por ello, por los uruguayos y uruguayas que vivimos en este país, queremos que se sigan realizando las inversiones necesarias para que continúe su desarrollo y siga siendo una empresa de punta, y queremos anular los artículos de la LUC que han sido incluidos atendiendo los reclamos de las empresas transnacionales que compiten con ella. ¡¡¡Por eso también votaremos SI en defensa de ANTEL, en nuestra propia defensa!!!

El 12 de enero de 1948 el parlamento nacional votó la ley n.° 11.029 que crea el Instituto Nacional de Colonización, concebido como el instrumento idóneo para promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurar la radicación y bienestar del trabajador rural y promover además el aumento y la mejora de la producción agropecuaria. Unas 1200 familias por año se presentan ante el instituto como aspirantes a tierra. Familias de productores familiares y asalariados rurales que están necesitando tierra para mantenerse en el campo, para vivir y trabajar en las tierras del Estado y cumplir con las obligaciones de la Ley 11.029.

La LUC ha desafectado decenas de miles de hectáreas del Instituto, esto implica una pérdida patrimonial para el Estado y favorece la concentración y extranjerización de la tierra.

La LUC afecta, reduciéndolas, las posibilidades de las familias de aspirantes a colonos de acceder a la tierra. Además, quita la obligación del trabajo directo y la residencia en el predio del colono, desconociendo fines fundacionales del Instituto. Quitar la obligación del trabajo directo, más la flexibilización de la residencia, dan cuenta de un cambio sustancial en el perfil de los colonos que busca promover la LUC. Mientras el trabajo directo y la residencia es la marca insignia de la producción familiar (PAF) y el asalariado. ¿Dónde se ha visto que el Estado destine recursos para poblar la campaña y luego, por arte de magia, permita que esos mismos colonos vivan en Montevideo o Punta del Este?

Por estas razones, porque defendemos el derecho de las y los productores familiares y las y los asalariados rurales a acceder a la tierra, votamos SI a la anulación de los 135 artículos de la LUC.

Uruguay es el derecho al trabajo. Es la solidaridad. Es la organización de las y los de abajo. Por eso votamos SI.

 

En una relación de dependencia laboral hay una situación evidente de desigualdad y de poder en beneficio del empleador. La negociación colectiva y el derecho de huelga son esenciales como instrumentos de igualación y de libertad de las personas que trabajan bajo dependencia. La protección de los derechos laborales debe hacerse a través de la ley, la organización sindical y la huelga.

La libertad y la igualdad no se contraponen, sino que constituyen dos valores esenciales de una sociedad democrática. El correcto ejercicio de la libertad debe sostenerse en la existencia de  condiciones de igualdad entre las personas.

Con el argumento falaz de la libertad, la LUC trata de desmontar los mecanismos de apoyo al ejercicio de la libertad real de las y los trabajadores, que solo es posible en la plena vigencia de sus derechos de organización y huelga.

La huelga y la protesta son derechos y conquistas obreras desde hace mucho tiempo, en defensa de la cuales convergieron ya en las primeras décadas del siglo XX insignes dirigentes políticos de distinta filiación partidaria, ni la dictadura se animó a tocarlos. La LUC no promueve la libertad y mucho menos la igualdad, la LUC limita el derecho de huelga y de protesta. Por eso también, en defensa de los derechos de las y los trabajadores votaremos SI.

Uruguay es las personas que alquilan. Uruguay es las viviendas de ayuda mutua. Uruguay es la solidaridad de la “Agustin Pedroza” o del Plan Juntos. Por eso también votamos SI.

 

La LUC habla de vivienda, pero no resuelve ninguno de los graves problemas de vivienda que tienen miles de uruguayas y uruguayos, y que se han visto agravados por la caída del salario, la suba de los precios, y el recorte de los recursos destinados en el Presupuesto Nacional a la vivienda.

Quienes defienden la LUC dicen que a partir de esta norma se puede alquilar sin garantía, eso no es verdad, no se necesita la LUC para alquilar sin garantía y de hecho muchas personas ya lo hacían con el régimen anterior.

La LUC crea el régimen del desalojo exprés, donde al tercer día que una persona no pague, puede ser declarada morosa y, como si esto fuera poco, al cuarto día tiene un 60% de recargo, es decir, que si esta persona paga un alquiler de $10.000, al cuarto día de retraso en el pago ya es morosa  y debe $16.000,  y si no los paga en 6 días, sin más trámite puede ser desalojada.

Pero la LUC también se ocupa de la buena o buen pagador, y según este régimen, aunque la persona sea buena pagadora, aunque haya pagado correctamente todos los meses, a los 30 días puede ser desalojada.

En resumen, en materia de vivienda, la LUC crea un régimen que precariza aún más el acceso a esta para las y los inquilinos de más bajos recursos. Entendemos que quien alquila debe pagar lo que está comprometido, pero, en momento de crisis, ¿la respuesta del Estado es crear un régimen para que quienes tienen problemas se les eche sin más trámite a la calle? No estamos de acuerdo, y por eso votamos SI a la anulación de los 135 artículos de la LUC.

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Hemos recorrido algunos aspectos de LUC, esta recorrida da cuenta que la misma aborda temas muy diversos, pero todas las normas tienen algo en común que ya señalamos antes: van en contra de normas e instituciones, conquistas democráticas y sociales forjadas por nuestros abuelos y abuelas, que han sido fundamentales para que en nuestro país se implementaran políticas públicas que contribuyeron a la afirmación de la democracia y las libertades, la inclusión social, la igualdad de oportunidades, y la protección de los sectores más vulnerados.

Por eso hemos dicho y decimos que la LUC no es Uruguay, es ajena al Uruguay, y por eso, votaremos SI en el Referéndum,

Un SI a lo mejor de lo que somos, y un SI a un futuro mejor y posible que entre todos y todas podemos construir.

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Justo es decir que esta empresa no hubiera sido posible sin la formidable red de organizaciones que a lo largo y ancho del territorio nacional dieron soporte logístico a esta campaña, con escasos recursos materiales pero con mucha dedicación y conocimiento de la realidad concreta en cada barrio de nuestro país. A esas mujeres y hombres, que día a día, con lluvia o con sol, sostienen el funcionamiento cotidiano y el vínculo en el territorio con la ciudadanía, nuestro primer gran reconocimiento y homenaje, son la razón fundamental que explica el logro de las casi 800 mil firmas.

No podemos olvidar el proceso que nos trajo hasta aquí:

  • La construcción de la unidad de acción de múltiples organizaciones sociales y políticas.
  • El esfuerzo heroico de la recolección de firmas.

Tampoco podemos olvidar un proceso de recolección de firmas que estuvo signado por dos hechos sustantivos:

-uno, el “muro de silencio” con el que intentaron detenerla quienes defienden de la ley y se negaron a generar un debate público sobre los contenidos de las normas, para que la ciudadanía no adhiriera al recurso del referéndum por desinformación.

-dos, las restricciones a la movilidad y la angustia originada por la situación sanitaria. Está claro que esa situación supuso, con el agravamiento de la crisis y el incremento exponencial de las muertes por covid durante el primer semestre del año, un factor que por momentos generó desmovilización y un enlentecimiento preocupante del ritmo de recolección de firmas. A esto se sumó la aprobación por mayoría en el Parlamento Nacional, a propuesta del Poder Ejecutivo, de una ley que restringió el derecho de reunión, impidiendo de esta forma la realización de actos públicos, instancias muy importantes para promover el conocimiento y la discusión de los artículos a anular.

Hay que recordar que ante el recorte de los derechos políticos para toda la ciudadanía que supuso la restricción del derecho de reunión, la Comisión solicitó a los distintos partidos políticos con representación parlamentaria que se aprobara una suspensión del plazo para la entrega de las firmas mientras esa norma estuviera vigente, preservando el pleno ejercicio del derecho consagrado en la Constitución que se veía restringido, y con el fin de proteger a brigadistas y firmantes del riesgo de contagio y las eventuales graves consecuencias que esto podría traer. No pedíamos un día más, pero tampoco un día menos de los consagrados por nuestra Constitución. Pero una vez más el gobierno y las mayorías parlamentarias no fueron sensibles a la defensa de los derechos ciudadanos, nuestra solicitud no tuvo eco, la campaña debió proseguir, con pandemia, restricciones a la movilidad y derechos políticos recortados.

Fue en ese momento, cuando los mismos que habían aprobado en forma sumaria la LUC y ahora nos negaban la posibilidad de una campaña de recolección de firmas con todos los derechos y garantías, cuando todo parecía más difícil, que la militancia y el pueblo se puso la campaña al hombro, y contra muchos pronósticos, superando obstáculo tras obstáculo, forjó lo que con justicia se ha denominado como una “hazaña democrática”, recolectando casi 800 mil firmas, 30% del padrón electoral,  para convocar al referéndum.

El 8 de julio de 2021, la entrega de firmas se transformó en una gran fiesta democrática, donde miles de uruguayas y uruguayos salieron a la calle, a celebrar que “se había llegado”, mientras otras personas, sorprendidas y seguramente preocupadas, se preguntaban, como en la canción de Pablo Estramín, “que será… que pasará, hoy la gente está distinta, yo no sé, por qué será”.

Pero nosotros sí sabíamos por qué estábamos distintos y distintas. Entre todas y todos, mano con mano, habíamos abierto un debate democrático sobre el país que queremos. Habíamos dejado claro que hay valores, principios e instituciones que son construcciones hechas durante décadas que no se pueden arrasar de un día para el otro. Habíamos afirmado que, en este país, la solidaridad, la inclusión y la participación democrática tienen quien la defienda. ¡Como para no estar contentos!

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Cuando casi nadie lo esperaba, ganamos el primer tiempo.  Ahora tenemos que ganar el segundo.

La campaña de recolección de firmas se forjó desde abajo, surgió desde la razón y el corazón de las mujeres y los hombres que sostienen en silencio, con mucho trabajo, la vida de muchas organizaciones que no hablan de la solidaridad, sino que la practican diariamente. Y desde ese mismo lugar tiene que salir la fuerza y el impulso fundamental para esta segunda etapa.

Nuestro esfuerzo tendrá dos ejes centrales:

UNO:

La máxima amplitud.

Esta campaña no tiene como centro una disputa entre partidos políticos, el debate es sobre la educación, la vivienda, las empresas públicas, el papel del Estado, los derechos de las y los trabajadores, las libertadas públicas, la violencia y la democracia.

Durante el proceso de recolección de firmas han participado activamente organizaciones sociales, hombres y mujeres de diversos partidos políticos, personalidades de la academia, la cultura y el deporte. Al día de hoy y para esta segunda etapa de la campaña, se han sumado a la Comisión nuevas organizaciones y personalidades, que amplían su carácter plural.

Están conformadas, además de la Comisión Nacional, Comisiones Departamentales en los 18 departamentos del interior del país, y 8 Comisiones (una por municipio) en Montevideo, también se han conformado múltiples comisiones locales en localidades y zonas.

Somos una Comisión de puertas abiertas, por eso queremos señalar una vez más que convocamos a quienes no lo han hecho hasta ahora, a sumarse a este esfuerzo democrático e integrarse a la Comisión por la anulación de los 135 artículos de la LUC.

DOS:

Nuestro principal recurso es la militancia de a pie.

No vamos a definir esta campaña en los grandes medios de comunicación con publicidad contratada. Nuestra fuerza está en nuestras razones y en el compromiso de miles con ellas. Esta campaña se juega en la capacidad de que, así como tuvimos casi 800 mil firmas, hoy tengamos 800 mil voceras y voceros.

Como lo hicimos durante la recolección de firmas, y más, vamos a recorrer pueblo a pueblo y barrio a barrio en todo el país, informando a la ciudadanía sobre lo que está en juego y las razones para votar SI.

Dijo José Artigas: “Nada podemos esperar sino de nosotros mismos”, eso está tan vigente hoy como ayer, y hoy decimos ¡¡¡Presente!!!, aquí estamos para defender el mejor futuro del país,

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Decía Mario Benedetti: “La victoria crecerá despacio, como siempre han crecido las victorias”, y esta victoria democrática de nuestro pueblo, también crecerá así, vecinas y vecinos transitando las calles, no habrá grandes héroes ni heroínas sino un pueblo anónimo que decide dirigir su destino.

Compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, es tiempo de caminar, es tiempo de dialogar, es tiempo de forjar entre todos el futuro. Así como conseguimos las 800 mil firmas, y estamos orgullosos de ello, hoy podemos afirmar a viva voz:

¡¡¡Hay Referéndum!!!,

¡¡¡Habrá victoria popular!!!

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