El teniente coronel retirado Carlos Ignacio «Calele» Cialceta fue detenido esta tarde en la ciudad de Salta, por orden de la jueza federal de Garantías Mariela Giménez en una causa en lo que se lo investiga por el secuestro, las torturas y el homicidio del militante peronista y ex trabajador de YPF Jorge René Santillán.

Según trascendió, Cialceta estaba residiendo en una casa sobre la calle General Güemes, en el centro de la ciudad de Salta. El dato llegó esta misma tarde al área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal federal de Salta y el fiscal general Carlos Amad solicitó el allanamiento, que fue llevado a cabo por Gendarmería Nacional.

El mismo fiscal informó que que el militar retirado quedó alojado por ahora en dependencias de esa fuerza nacional.

Calcieta está procesado por el secuestro, las torturas y el homicidio del también gremialista petrolero Jorge René Santillán, hechos cometidos el 10 de agosto de 1976, desde su casa en la localidad de General Mosconi, que en el organigrama represivo de la dictadura quedó bajo el ámbito del Regimiento de Infantería de Monte 28, con asiento en Tartagal, donde revistaba Calcieta. 

El militar retirado venía eludiendo la orden de detención dada por la jueza Giménez a principios de año, en respuesta a un pedido de prisión preventiva realizado por el fiscal Amad el 29 de marzo pasado, luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta revocara un fallo que lo beneficiaba con la falta de mérito.

En ese momento la jueza dispuso también medidas para determinar el paradero de Cialceta. Entonces su pareja informó que ya no vivía más en la casa común, que estaban separados de hecho y desconocía su paradero, igual que sus hijos. Sin embargo, se supo que en realidad la pareja no estaba separada y había un contacto permanente, también con los hijos.

Cialceta está procesado por la privación ilegítima de la libertad y el homicidio de Santillán. Ya al pedir que se ordenara la captura nacional e internacional, en abril pasado, el fiscal había advertido que por la entidad de los delitos de lesa humanidad que se le imputan «resulta factible que, ante la magnitud de la posible condena a recaer, que como ya se adelantó será de ejecución efectiva, el procesado opte por evadir la acción de la justicia”.

Y había destacado que por el interés público nacional e internacional «de impedir la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos», frente a hechos como se le imputa a Cialceta, «se justifica la prisión preventiva en pos de arribar a una sentencia que ponga fin al proceso, máxime en un sistema procesal como el federal argentino que no contempla el juicio en ausencia o rebeldía».

Santillán fue secuestrado la madrugada del 10 de agosto de 1976, de su casa en el pueblo de General Mosconi, a diez kilómetros de Tartagal. Cinco hombres encapuchados irrumpieron en la vivienda familiar. El militante les opuso resistencia, ayudado por su mujer, Irma Yolanda Prado; lucharon durante dos horas, hasta que lograron arrebatarlo y se lo llevaron con rumbo a Tartagal.

Su cuerpo fue encontrado horas después en el camino al paraje Acambuco, a 20 kilómetros de General Mosconi, con signos de haber sido sometido a una explosión, igual que días antes se había hecho con Menena Montilla y el médico Pedro Urueña, también militantes peronistas del norte provincial.

En ese momento Cialceta integraba la plana mayor del Regimiento de Infantería de Monte 28. Revistaba con el grado de subteniente como Oficial de Personal (S-1) y Ayudante del Jefe de Regimiento -Compañía de Comando.

Ya está probado que este Regimiento fue parte del terrorismo estatal. Su jefe, el general Héctor Ríos Ereñú, fue condenado como autor mediato del secuestro y posterior homicidio de Santillán.