Córdoba: jornada de lucha con acampe por alimentos y trabajo genuino
Ante la falta de respuestas del gobierno provincial de Juan Schiaretti y el Grupo Dinosaurio («Dino»), las organizaciones sociales que movilizaron la semana pasada al Ministerio de Desarrollo Social, concentran hoy nuevamente en las cercanías de la Casa de Gobierno provincial, en reclamo de alimentos y trabajo genuino. Fueron recibidas por un fuerte operativo del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER) de la Policía de Córdoba, vallados y carros hidrantes, que impiden que se acerquen a la sede gubernamental. «La funcionaria Valeria Butteler nos dilató y nos mintió cínicamente en la cara. La única respuesta fue la represión con golpes, amedrentamiento y persecución de la policía toda la semana hacia nuestras organizaciones. La situación que vive el pueblo es cada vez peor: los índices de pobreza y desocupación en la provincia y el país son cada vez mas preocupantes. La inflación absorbe cualquier aumento salarial. Sin embargo, el gobierno decide subsidiar a los empresarios y derrochar millones en campaña electoral», remarcan. «Sino tenemos respuestas, acá nos vamos a quedar a acampar», advierten. Por ANRed.
Así se expresaron en un comunicado las organizaciones sociales y territoriales MTR Votamos Luchar, FAR en Marabunta y MAR: «la situación que vive el pueblo es cada vez peor: los índices de pobreza y desocupación en la provincia y el país son cada vez mas preocupantes. La inflación absorbe cualquier aumento salarial. Sin embargo, el gobierno decide subsidiar a los empresarios y derrochar millones en campaña electoral, queriendo conformarnos con migajas mientras se destinan miles de millones en el pago de la ilegitima deuda externa al FMI«, remarcan.
Asimismo, recordaron: «el martes de la semana pasada movilizamos al Ministerio de Desarrollo Social provincial, el Pizzurno. Nuestras demandas son elementales: trabajo genuino y alimentos. La jornada fue intensa. La funcionaria Valeria Butteler nos dilató y nos mintió cínicamente en la cara. Luego de ello, el jueves de la semana pasada volvimos a movilizar, con la determinación de luchar por estas reivindicaciones fundamentales para una vida digna. La única respuesta fue la represión con golpes, con amedrentamiento y persecución de la policía toda la semana hacia nuestras organizaciones. Sin embargo, no nos bajamos de la calle y redoblamos la apuesta», remarcan.
«Ahora, pasaron las elecciones y la pobreza estructural nos atraviesa en lo más hondo de nuestros barrios. Sostenemos que de esta crisis solo se saldrá cuando el pueblo trabajador tome las riendas de su destino. Es por eso que una vez más salimos a la calle», finaliza el comunicado.
Al intentar acercarse a la Casa de Gobierno provincial, sede administrativo del gobernador Juan Schiaretti, fueron recibidas por un fuerte operativo del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER) de la Policía de Córdoba, vallados y carros hidrantes, que impiden que se acerquen a la sede gubernamental. Sin embargo, advierten: «sino tenemos respuestas, acá nos vamos a quedar a acampar».
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Por cuarta vez en lo que va del año
Crisis carcelaria en Ecuador: matar y dejar matar
Las prisiones ecuatorianas se han convertido en los lugares más inseguros del planeta, en espacios físicos donde de forma sistemática y masiva se reproduce la práctica de machacar la sustancia humana.
Una saga de horror y muerte que deja en suspenso el derecho a la vida de cada interno que allí sobrevive. Las cárceles son instituciones totales -como diría Foucault- devenidas en mataderos.
Los familiares de las personas descuartizadas son receptoras de un sugestivo relato. Más allá de la sensibilidad contenida en una condolencia colectiva, el gobierno intenta explicar cada matanza en la emergencia del narcotráfico, la disputa por el territorio y las riñas entre bandas, sin descartar teorías conspiracionistas de última hora que insinúan en móviles políticos como el sabotaje y terrorismo; un extraño empalme discursivo que aparece en tiempos donde también se debaten los Papeles de Pandora para incomodidad del régimen. Sin embargo, las muertes son explicadas desde una peligrosa base moral. Si bien se distingue el pasado judicial de los asesinados, se olvida que todos ellos merecen justicia sin importar lo que hicieron. Las personas masacradas quedan entonces atrapadas en el dilema del “bien” y del “mal”, en una guerra entre presos-delincuentes que ahora no diferencia vinculación a bandas, estado de la causa procesal o nimiedad del delito cometido.
Mientras el Presidente Guillermo Lasso llamaba a cerrar filas contra un enemigo en común, el narcotráfico, se ensamblaron otros relatos. A pocos días de producirse la nueva matanza del 13 de noviembre, la Asamblea Nacional emitió un informe que destaca en las necesidades del sistema penitenciario como problema de Estado, claro está, bajo una sutil mirada que en retrospectiva alcanza curiosamente al gobierno de Rafael Correa. Asimismo, y tras permitir cada estado de excepción, la complaciente Corte Constitucional conminó en marzo al entonces gobierno de Lenín Moreno a preocuparse del estado de las prisiones, aunque sin declarar el estado de cosas inconstitucional como lo hiciera su equivalente en Colombia. Después de la nueva masacre, hasta la propia Fiscalía General del Estado habría de pronunciarse contra el abuso de la prisión preventiva.
A los relatos sobre el incumplimiento de los estándares internacionales para las personas privadas de la libertad se suman las voces de expertos, académicos y opinólogos de coyuntura. La mayoría de sus análisis subrayan en las deficiencias del Estado para la provisión de recursos humanos y económicos, así como la denuncia sobre las deplorables condiciones del encarcelamiento. Bajo una babilónica gama de propuestas multicausales coexisten iniciativas para militarizar y privatizar las cárceles, contratar más policías, construir regímenes de “cárcel dura”, solicitar cooperación internacional, fortalecer la inteligencia, flexibilizar el porte de armas, inmunizar la actuación de policía, reformar las leyes, humanizar las cárceles, indultar y reducir el hacinamiento, desburocratizar los trámites para la pre-libertad, aumentar más jueces penitenciarios, insistir en el uso de la prisión preventiva como ultima ratio; en fin, un conjunto de ideas donde la “mano dura” y la “mano blanda” se yuxtaponen y colaboran.
Todos estos relatos construyen la realidad de los familiares. Pero aunque cada matanza produzca una conmoción nacional, no existe una causa en común. Las explicaciones, informes o análisis se extravían del camino o razón que los motiva. No se discute en sí sobre las masacres en cuanto al esclarecimiento de la verdad, es decir, los pormenores que llevaron a quienes iban a ser descuartizados el 13 de noviembre a llamar y chatear desesperadamente a sus familiares pidiendo que sean rescatados. A pesar que sus madres y hermanos -muchos de ellos apostados en el portón de la Penitenciería del Litoral de Guayaquil- imploraron por auxilio durante varias horas, ningún policía o militar interrumpió el curso causal de la masacre. Los detenidos esperaron que caigan las paredes de su pabellón; sus mensajes transcriben no sólo desgarradoras despedidas, sino también una especial forma de impunidad.
Los familiares de las personas masacradas no merecen recibir el relato de la “mala suerte” o del “destino”. Tampoco la irresponsable versión estadofallista de que las cárceles están controladas por las bandas criminales locales, pues nada de lo ocurrido allí tiene que ver con la existencia de un orden racional alguno sino con el ascenso violento de un poder brutal. La Fiscalía del Ecuador deberá investigar y acusar a quienes actuaron y participaron en estas masacres al interior de las cárceles -paradójicamente mientras es liberado por beneficios penitenciarios uno de sus líderes-. Pero también deberá investigar a quienes no brindaron auxilio teniendo la obligación legal de hacerlo, en especial para descifrar la existencia o no de posibles y complejos entramados de connivencia.
A diferencia de las matanzas del Lurigancho y El Frontón (Perú, 1986) o del Carandirú (Brasil, 1992), las perpetradas en suelo ecuatoriano no vienen precisamente de la mano directa de policías o militares. A simple vista, la sangre habría sólo de salpicar a los miembros de las organizaciones o bandas que, de forma manifiesta, se muestran como criminales. Y, porque además, una ligera lectura o primer plano de la definición jurídica del Ecuador impide subsumir el execrable crimen internacional de ejecución extrajudicial, dado que quienes obraron para matar son extraños a la calidad burocrática como agente de seguridad pública, ni tampoco habrían recibido fácticamente el mandato para ejecutarlos en su nombre.
Lo que olvidan quienes desean invocar el estricto principio de legalidad ecuatoriano es que la definición de la ejecución extrajudicial es producto de la doctrina y jurisprudencia internacional. Es decir, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos el cifrado de su definición jurídica no se ha clausurado, sigue siendo un constructo. De ahí las diferencias entre ejecuciones sumarias o masivas, motivadas o no por razones políticas, con aquiescencia, tolerancia u omisión deliberada como formas de dolo o intencionalidad. Su impronta está en la memoria del “gatillo fácil” y las técnicas de “limpieza social”, pero también en la serie de matanzas producidas en las prisiones latinoamericanas, lugares donde el Estado está en posición de garante de la vida e integridad de las personas que en nombre de sus leyes fueron privadas de la libertad. Por ello, cualquier muerte ilícita producida en las prisiones demanda la aplicación del Protocolo de Minnesota.
En la otrora “isla de paz” del Ecuador han sido masacradas cerca de trescientas personas en lo que va del 2021. Las masacres muestran la crudeza del crimen organizado mediante formas jamás vistas en su vida republicana. También la parsimonia de un Estado que desprotegió a sus ciudadanos al no acudir inmediatamente al llamado de quienes fueron asesinados en sus propias prisiones. Ningún relato es fundamental mientras no haya respuestas. No sólo para satisfacer la sed de verdad de los familiares de las víctimas, sino para que la sociedad ecuatoriana sepa que está conviviendo o no en un Estado de Derecho. Si no se investiga en profundidad cada masacre sus víctimas habrían muerto dos veces: primero por sus victimarios y luego por la impunidad.
*Profesor de la Universidad Central del Ecuador
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/383641-crisis-carcelaria-en-ecuador-matar-y-dejar-matar
Relación entre educación y mercado de empleo, hoy*
Danae Sarthou
La educación como proceso social está condicionada históricamente. En este sentido, siempre ha establecido algún tipo de relación con la actividad productiva de la sociedad en que se desarrolla.
En el surgimiento de los Sistemas Nacionales de Educación (Siglo XIX), si bien formar trabajadores disciplinados fue parte de la encomienda social del capitalismo industrial, también lo fue la formación de ciudadanos críticos de los Estados Nación. La burguesía en ascenso, necesitaba aliarse con el pueblo para ir contra la nobleza terrateniente.
Lo que es relativamente nuevo (segunda mitad del siglo XX), es que los sectores dominantes de la economía, pretendan subordinar la educación a las exigencias de las empresas, como finalidad exclusiva.
Pero en el siglo XXI, la economía digital del capitalismo cognitivo (aquel donde el conocimiento y la información ocupan un lugar central en la acumulación de capitales que producen bienes inmateriales), exige la formación de un trabajador flexible, que adquiera competencias laborales evolutivas (cognitivas, emocionales y de comunicación), acordes a una remodelación de la división internacional del trabajo. En esta, pueden reconocerse, según Nick Dyer Whiteford, tres segmentos: los obreros del conocimiento, un nuevo proletariado global y los prosumidores.
Los obreros del conocimiento realizan trabajo intelectual e inmaterial que implica en general un amplio dominio de las nuevas tecnologías. Trabajan en equipo para competir con equipos de otras empresas, con trabajo en tiempos ultra flexibles, contratos a término y pleno empleo. Se les exige involucramiento, iniciativa, liderazgo, creatividad y compromiso subjetivo con los objetivos de la empresa. Tienen mejores remuneraciones que los otros segmentos, jerarquías flexibles y la sensación de ser libres. Sin embargo, son los más afectados por enfermedades psíquicas como el estrés, el burt-nout y la depresión por la hiper exigencia de productividad, la competitividad extrema, el aislamiento y la incertidumbre. Están por fuera de la tradición sindical y de la protección del obrero estable. Son los que en la pandemia pasaron mayoritariamente a hacer teletrabajo.
El nuevo proletariado global permanece oculto para el discurso neoliberal pero el tipo de explotación que sufre, no difiere mucho de la de la revolución industrial del siglo XIX. Como consecuencia de la deslocalización de la producción se concentran predominantemente en países periféricos. Son los trabajadores de la industria textil de la moda rápida, de los call centers, los que fabrican el hardware y los microchips, los que extraen el coltan en el Congo, los trabajadores de servicios como seguridad, cuidados, los repartidores de plataformas. Si reclaman sus derechos son amenazados de exclusión o desmantelamiento de sus industrias para llevarlas a otros países. Otras veces pueden llegar a reclamar su derecho a la super explotación, como los repartidos españoles de plataformas que se manifestaron contra una ley que pretendía regular las horas de trabajo.
Por último, los prosumidores son consumidores que realizan una actividad productiva no remunerada. A través de las redes proporcionan información sobre gustos, deseos y preferencias que aumenta el Big Data (almacenamiento y análisis de datos) que se empaqueta y vende a empresas y Estados, permitiendo la predicción y manipulación del comportamiento humano. En definitiva, todos somos prosumidores involuntariamente.
En esta economía digital del capitalismo cognitivo, el neoliberalismo toma a la educación como un campo en disputa al que le asigna cada vez mayor importancia. Denuncia una supuesta crisis de la educación frente a las exigencias del sistema productivo. Sostiene que si se transforma la educación, entendida como inversión, y se hace cargo de formar el capital humano que reclama la economía del capitalismo global, habrá desarrollo y disminuirán la pobreza y la desigualdad social. Es el discurso de los organismos internacionales de la economía (Banco Mundial, OCDE, CEPAL, BID) que se va haciendo hegemónico a nivel mundial.
Si bien en nuestro país, este discurso tiene ya 30 años ininterrumpidos, al cual los colectivos docentes han tratado de resistir, con el actual gobierno se han profundizado y acelerado los procesos de adecuación de la educación al mercado gracias a la LUC, el presupuesto y las líneas estratégicas de las políticas educativas.
A modo de titulares estas son algunas de las tendencias que se profundizan: La concentración del poder de decisión del Ministerio de Educación y Cultura con la consecuente violación de la autonomía del sistema educativo consagrada en la Constitución. En el mismo sentido de centralidad de las decisiones abona la eliminación de los Consejos de Primaria, Secundaria y Enseñanza Técnica. Por otro lado, se propone la descentralización de la gestión que recae en los centros educativos, directores gerentes que ejecutan lo que los expertos y políticos deciden. Se hace evidente un recorte de la participación de los involucrados, ya insuficiente en la Ley de 2008. También se apuesta a recortar los derechos de los docentes y la libertad de cátedra.
Pero es conveniente detenerse en dos temas que son centrales en esta reforma y diferenciales respecto de las anteriores. Uno es la centralidad de la Formación Docente y el otro el lugar de las nuevas tecnologías en la educación.
Con respecto a Formación Docente, diremos que adquiere una centralidad que nunca había tenido en reformas anteriores. Los organismos internacionales evaluaron como una debilidad de las reformas de los 90 el no haber producido cambios profundos en la formación de los docentes porque estos fueron un elemento de resistencia frente a la subordinación de la educación al mercado. Por eso ahora, la Formación Docente se convierte en la punta de lanza de la reforma. Lo primero que se elimina a través de la LUC es la posibilidad de una institución de formación docente universitaria, pública, autónoma y cogobernada que era el reclamo de estudiantes y docentes.
Simultáneamente, se crea un mecanismo de mero reconocimiento del título docente, otorgado por ANEP como universitario por parte del MEC. Para ello se crea una especie de mercado de instituciones de formación docente en el cual los centros, las carreras y las regiones competirán entre sí por el reconocimiento y por el alumnado que aspira a ese tipo de título. Podrá haber maestros y profesores universitarios y otros con títulos terciarios no universitarios y se producirá una fragmentación institucional y académica.
Aunque la LUC habla de mejorar la calidad de la Formación en Educación, el Ministro da Silveira anuncia en el parlamento que se brindará un curriculum mínimo con menos de la mitad de horas de clase que tiene hoy una carrera de Formación Docente. Estos docentes con una formación mínima serán meros ejecutores de las decisiones de expertos y autoridades políticas. Aquellos que quieran mejorar esa formación mínima podrán aspirar a becas (del MEC) que desplazará los dineros públicos al mercado nacional e internacional de universidades privadas que ofrecen esos posgrados. Este proceso incorpora a la Formación Docente de nuestro país al llamado proceso de Bolonia que subordinó las universidades europeas al mercado desde el año 1999´degradando las formaciones de grado, haciendo imprescindibles las maestrías y los doctorados que se ofrecen pagando grandes sumas en el mercado europeo de educación superior.
Por último, se pretende para la Formación Docente una enseñanza híbrida. El artífice de esta propuesta es Claudio Rama, economista, sobrino de Germán Rama que fue contratado por el Consejo de Formación en Educación por 15.000 dólares con dinero del BID para reformar la Formación Docente. ¿Qué es la enseñanza híbrida? Una enseñanza totalmente virtual que combina el zoom y las plataformas. Es una forma de economizar en docentes e infraestructura. Para convencer de la necesidad de esta educación totalmente a distancia, acusa a la enseñanza presencial de provocar la desigualdad educativa, mientras la educación virtual supuestamente democratiza. Si esta propuesta hoy se limita a la educación superior es porque la pandemia mostró que en educación primaria y media la virtualidad fue un caos, aunque no se reconozca públicamente.
En lo que tiene que ver con la subordinación de la educación a la economía, la virtualización de los procesos potencia la adquisición de competencias en nuevas tecnologías fundamentales para la economía digital. Por eso para estos sectores, la pandemia se considera una oportunidad para el impulso de los procesos de virtualización además de promotora de una nueva lógica de negocios. Rama nos proporciona los datos: la empresa zoom entre febrero y octubre 2020 multiplicó por ocho veces su valor y Google aumentó su rentabilidad en un 37% en ese mismo período.
Por lo tanto, el avance de la educación virtual es negocio por donde se lo mire: crecen las empresas informáticas, se ahorra en docentes e infraestructura, se acumulan datos personales exponencialmente sin protección que también se venden y se prepara para el teletrabajo de la economía digital. Por otro lado, se avanza en el control y predicción de la conducta humana en base a los datos que aportan los propios usuarios de las tecnologías sobre sus intereses, gustos y deseos.
La Universidad de la República ha ido por el mismo camino, mientras todas las actividades están abiertas la formación docente y la universidad no han tenido prácticamente clases presenciales. En palabras del propio Rama: “El aumento de la productividad (educativa) y la baja de los costos radica en la sustitución del trabajo vivo del docente por el trabajo muerto mediante recursos de aprendizaje preproducidos” (2014)
Ante la constatación del avance de las concepciones neoliberales en la educación pro capitalismo internacional y sus características en este siglo XXI, siempre es legítima y necesaria la pregunta sobre nuestras posibilidades de generar resistencia y hacia donde deberíamos orientar nuestro hacer en búsqueda de alternativas.
En primer lugar, propondría situarnos en la tensión entre la conciencia del condicionamiento socio-histórico de la educación (sin caer en la idea paralizante de que nada puede hacerse) y el voluntarismo ingenuo que nos puede hacer pensar que con nuestro compromiso militante lo podemos todo (el mundo exterior natural y humano existe y nos condiciona).
En segundo lugar, es necesario tratar de desarticular el discurso dominante que afirma que la educación debe someterse a la economía y ser exclusivamente un medio para adaptarse a los cambios y como consecuencia conseguir empleo e insertarse en la sociedad del conocimiento y la información. Esto, en el correr de las últimas décadas se ha transformado en un sentido común que excede a quienes tienen intereses que defender y se extiende por todo el tejido social. Los padres, muchos docentes y la sociedad en su mayoría ha asumido este discurso neoliberal optimista que responsabiliza a la educación de responder a todos los problemas sociales. En este sentido, habrá que convencer de que:
No es verdad que si todos estudian, todos tendrán trabajos bien remunerados pues la educación no crea puestos de trabajo. No es verdad que los obreros del conocimiento, mejor remunerados y con pleno empleo, no sufran explotación. Por el contrario, son sometidos a la exigencia de hiperproductividad, competencia extrema y precarización de sus condiciones laborales, No es verdad que si la economía crece, habrá menos pobreza y exclusión social. Por el contrario, hay evidencia de que el capital se sigue concentrando en una forma que llega a la obscenidad.
En tercer lugar, habría que proponerse demostrar y reivindicar que los fines de la educación deben vincularse con la satisfacción de necesidades humanas y no exclusivamente con los mandatos de la economía que deslegitima buena parte del legado cultural que históricamente fue transmitido por la educación. En este sentido es necesario reivindicar el derecho de las nuevas generaciones al conocimiento como legado histórico de la humanidad y que no se pretenda que solo aprendan los que requieren los capitales para sus empresas.
Es también necesario reivindicar que la educación se articule con el trabajo como actividad humanizadora y emancipadora y no con el mercado de empleo. En este sentido hay dos tradiciones filosóficas que ofrecen esta visión del trabajo como liberador que son la marxista y la anarquista y ambas han incursionado a nivel nacional e internacional en propuestas educativas que vinculan los procesos del trabajo en la educación con la emancipación. Habría que rescatar esas experiencias porque pueden formar parte de nuestro hacer alternativo.
Por último y de acuerdo a las tendencias analizadas, es necesario reivindicar la educación presencial, cara a cara, donde se produce el encuentro humano con los otros en un mismo tiempo y un mismo espacio, donde el diálogo auténtico transforma a quienes de él participan.
De todo esto habrá que seguir debatiendo, para construir pensamiento colectivo que sirva de guía a la acción también necesariamente colectiva para promover la transformación social estructural y profunda que requieren los seres humanos de esta sociedad deshumanizadora.
*Presentación realizada en el taller sobre “La educación en tiempos de pandemia” convocada por el Encuentro de colectivos, militantes sindicales y sociales el 9 de noviembre de 2021.
