1°) Chile: Muere Lucía Hiriart, viuda de Pinochet – ⭐- 2°) Uruguay: Operación Morgan/El operativo de la dictadura contra las finanzas del Partido Comunista

Muere Lucía Hiriart, viuda de Pinochet: Los secretos de la dictadora

La periodista Alejandra Matus realizó una biografía no autorizada de Lucía Hiriart, en la que planteó que fue la persona que convirtió “a su rústico marido en el hombre más poderoso de Chile (…) él, más que sus hijos y ninguna otra obra, es su auténtica creación”.

Este jueves 16 de diciembre se confirmó la muerte de Lucía Hiriart, viuda del dictador Augusto Pinochet, a la edad de 99 años.

Su fallecimiento se habría producido pasada las 15:00 horas en el departamento de su hijo, Marco Antonio Pinochet, en Lo Barnechea, donde se habría encontrado con respiración asistida.

La noticia fue confirmada a los medios de comunicación por el círculo interno de la familia. En las últimas semanas, Lucía Hiriart, había presentado algunos problemas médicos y debió ser hospitalizada por presentar diversos cuadros respiratorios.

Por años fue confidente y estuvo detrás de la figura de Augusto Pinochet en el destino del país durante la dictadura militar (1973-1990).

Hiriart, que nació el 10 de diciembre de 1922, habría sido una de las personas que más influyó en el Golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende ocurrido el 11 de septiembre de 1973 y luego, tras la toma de poder, estaría tras algunas decisiones que adoptó el Comandante en Jefe del Ejército.

La periodista Alejandra Matus realizó una biografía no autorizada de Lucía Hiriart, en la que planteó que fue la persona que convirtió “a su rústico marido en el hombre más poderoso de Chile (…) él, más que sus hijos y ninguna otra obra, es su auténtica creación”.

En el libro Doña Lucía. La biografía no autorizada (Ediciones B), Matus señaló que su principal motivación para apoyar la dictadura, fue ser reconocida como una figura política.

En una entrevista con El Ciudadano, a propósito del lanzamiento del libro en 2013, Alejandra Matus subrayó el importante papel que jugó Lucía Hiriart en la vida de Pinochet y en la historia de Chile, rol que –según su parecer- había sido insuficientemente estudiado.

Con relación a la influencia que habría tenido Hiriart en convencer a Pinochet que se uniera al golpe militar, la periodista indicó que “su incidencia consistió en apoyar a su marido en este paso de traición”.

Pareja de traidores

En el texto se relata que a comienzos de 1974 los chilenos pudieron ver por las pantallas de Televisión Nacional de Chile la versión que ella daba sobre la materia: “Me costó convencer a Augusto pero al final lo terminé por convencer. ‘Mira Augusto, yo no sé hasta cuándo los militares van a seguir aguantando a estos rotos. ¿No te das cuenta de lo que significa el desabastecimiento? ¿No te das cuenta de las colas? ¿Dónde tienes puesto tus pantalones? ‘Me lo puedes decir?”.

Asimismo, se recuerda que “al finalizar el primer semestre del nuevo régimen, era imposible contener el protagonismo de la esposa de Pinochet”.

Para instalarse en la posición de poder que alcanzó junto a su marido, “tuvo que traicionar a círculos de amistades que eran cercanas al gobierno de Allende” y que habían sido muy importantes en el avance de la carrera militar de su marido.

Matus se refirió al hecho que Pinochet ordenó matar a autoridades a las que -junto con su esposa Lucía- había rendido pleitesía. Ese fue el caso de los exministros de Defensa de Allende, José Tohá –muerto el 15 de septiembre de 1974 en el Hospital Militar de Santiago-; y de Orlando Letelier, ultimado en Washington D.C. el 21 de septiembre de 1976.
El proceder traicionero de Pinochet fue retratado por Orlando Letelier en su alocución ante la Comisión Internacional Investigadora de los Crímenes de la Junta Militar en Chile, en reunión sostenida en Ciudad de México en febrero 1975.

Lucía Hiriat tampoco tuvo piedad con su familia, en la que habían destacados militantes de los izquierdistas partidos Radical y Comunista. “Varios familiares –señaló Matus en la entrevista- sufrieron en los días inmediatamente posteriores al golpe, la represión de la dictadura y la indiferencia de Lucía frente a esa situación”.

La periodista expresó –en relación con esto- que uno de los principales descubrimientos de su investigación fue constatar que el padre de Lucía, el abogado, exsenador y exministro de Interior, Osvaldo Hiriart Corvalán, “reprobó privadamente la dictadura”. Y que luego del golpe este “no hablaba a su hija ni a su yerno, salvo situaciones de fuerza mayor, como cuando tuvo que intervenir por algún familiar víctima de la represión”.

Según la escritora, fue Osvaldo Hiriart –y no Lucía- quien intervino en favor de sus sobrinas Mónica y María Luz Hiriart, y de su hermano Jorge, todos los cuales sufrieron persecución política.

Hiriart comenzó a forjar su posición de poder apenas iniciado el régimen militar. Según se manifiesta en el mencionado libro: “ella tenía una fuerza y ambición para las que no fueron obstáculo las esposas de los demás comandantes en jefe, resignadas como eran a tener un papel secundario en la vida de sus maridos”.

Lucía se ocupó en aclararles que, “por ser la esposa del comandante de la rama más antigua (de las fuerzas armadas) ella siempre entraría primero a las ceremonias públicas y ocuparía el primer lugar en las testeras”, como se consigna en el libro de Alejandra Matus.

Asimismo, Hiriart logró que su marido la posicionara –según el protocolo del Gobierno- como segunda autoridad de la República, incluso por sobre los jefes castrenses.

Celadora de la moral y malversación en Cema Chile

Durante su rol como primera dama, estuvo al frente de la institución de voluntariado femenino Cema Chile, que disfrazado de labor social era una instancia que buscaba blanquear los horrores de la dictadura.

En el Cema, fundación que presidió por más de 40 años, Lucía Hiriart reprodujo la estructura jerarquizada del Ejército -donde ella era la mandamás- y que llegó a tener 35 mil voluntarias y casi un millón de socias. Las voluntarias –que sostenían esta organización- eran reclutadas en forma casi obligatoria entre las esposas de oficiales de las fuerzas armadas y funcionarios del Estado. La negativa de una mujer a participar en Cema implicaba truncar la carrera militar o administrativa de su marido.

Según Matus, la esposa de Pinochet “asumió el papel de celadora de la conducta moral de los integrantes no solamente del Ejército, si no que de ministros, asesores, alcaldes”.

Si ella tomaba conocimiento que alguno de ellos había sido infiel con su mujer, exigía su remoción inmediata, sin importar ninguna otra consideración”, a lo que Pinochet le hacía caso.

Matus relató que Lucia Hiriart convirtió a Cema en un mini reinado que no fue fiscalizado por la justicia por más de 10 años.”El patrimonio que acumuló Cema durante la dictadura no ha sido fiscalizado y hay 10 años en que ella pudo comprar y vender los bienes sin ningún tipo de fiscalización”, aseguró la periodista.

En enero de 2016, el Consejo de Defensa del Estado solicitó reabrir el caso Riggs, que sucumbió en 2004 cuando se encontraron una serie de sociedades que tenía el ex dictador en este banco, donde se acreditó más de 27 millones de dolares malversados, en los que estaría involucrada la fundación Cema Chile.

Hiriart habría concretado suculentos negocios vendiendo terrenos de Cema Chile en el sur del país. El último se registró en Chillán, en la región de Ñuble, el 2014, por más de 760 millones de pesos.

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Lucía la derrochadora

En su afán de grandeza, la esposa del dictador no dudó en utilizar recursos del Estado para construir grandes y lujosas viviendas. En la mansión de El Melocotón los Pinochet-Hiriart gastaron un millón de dólares sacados del erario público. Pero pronto Lucía se aburrió de este lugar. Lo encontró muy campestre. “Ella deseaba más. Quería una casa en un lugar con estatus social” y decidió hacer la casa de Lo Curro, sin reparar en gastos.

“Pidió que el hall de entrada en el primer piso fuera de mármol verde. La piedra fue traída desde Italia, pero una vez instalada no le gustó. La hizo sacar y reemplazar por mármol rosa de Alicante, haciendo juego con la escala de mármol rojo con la que se accedía al primer piso”.

Confirman fallecimiento de Lucía Hiriart, viuda del dictador Augusto Pinochet

 

 

“¡Milico de mierda!”

 

Mucha del proceder y la soberbia de Lucía Hiriart, encuentra su raíz en su procedencia familiar. No sólo su padre había ocupado destacadas posiciones en el Estado y en la sociedad chilena. Entre sus antecesores se cuenta el abogado masón Dominique Garat Hiriart –nacido en 1735 en Ustariz- quien en abril de 1789 fue elegido diputado en los estados generales y llegó a ser secretario de la Asamblea Nacional Constituyente entre 1790 y 1791.

Entre sus familiares radicados en Chile, destaca su abuelo Luciano Hiriart Azócar, que combatió en la Guerra del Pacifico (1879-1883) que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia. En 1905 fue alcalde de Talca. Su tío –hermano de su padre- el abogado Luciano Hiriart, fue intendente de la Provincia de Antofagasta entre 1921 y 1923, y más tarde notario.

La madre de Lucía Hiriart, Lucía Rodríguez Auda, era hija del rico abogado Eduardo Rodríguez Ramírez: “(Ella) llamaba la atención en su época porque fumaba, conducía y usaba pantalones”. De familia católica, “descendía del hermano de un obispo de Santiago, José Antonio Rodríguez Zorrilla, militante de la causa realista que se opuso fervientemente a la independencia de Chile”.

Este contexto familiar contribuyó a que la futura esposa de Pinochet Ugarte desarrollara desde muy niña un alto concepto de sí misma. Según se narra en el libro de Matus, siendo una preadolescente y mientras se encontraba en casa de familiares avecindados en Quillota “aquella chiquilla se paraba en medio de las calles, levantando el brazo para que los pocos vehículos que circulaban entonces se detuvieran cuando decía; ‘Paren. Yo soy la hija del senador Hiriart’”.

Por todo lo anterior y considerando que Augusto Pinochet provenía de una familia poco influyente, costó mucho que los Hiriart Rodríguez lo aceptaran. En su fuero interno, su propia esposa lo despreciaba.

Según reveló Alejandra Matus, en la entrevista realizada por Francisco Marín, Lucía Hiriart “maltrataba verbalmente bastante” a Pinochet, “sobre todo en la primera etapa de su matrimonio –verificado en Santiago el 30 de enero de 1943- porque estaba muy amargada y sentía que él no estaba la a altura de las aspiraciones o fantasías de lo que debía haber sido su marido”.

“’¡Milico de mierda!’, comenzó a gritarle a su marido cada vez que discutían. Y cuando empezaba los insultos manaban de su garganta como una cascada imparable. ‘Destinación de mierda que te tocó, ¡inútil!. ‘Yo no fue criada para esto, poca cosa’. ‘¿Cómo fue que se me ocurrió casarme con un milico’? ‘Nunca vamos a salir de este hoyo’. ‘Que distinto eres a mi padre’”.

Esta impactante cita -contenida en Doña Lucía- fue narrada a Matus por la periodista Patricia Lutz, quien departió mucho con sus entonces vecinos Pinochet Hiriart, cuando su padre el entonces mayor Augusto Lutz, era subcomandante del regimiento Esmeralda de Antofagasta, y Pinochet era jefe de Inteligencia y Operaciones del Cuartel General de la Región Militar Norte, con sede en dicha ciudad. Lutz moriría en noviembre de 1974, en extrañas circunstancias, pocos días después de haber tenido una fuerte discusión con Pinochet.

El final de la dictadora

 

Sin embargo, durante su último discurso como comandante en jefe del ejercito, el 10 de marzo de 1998, Augusto Pinochet agradeció a su esposa por el apoyo y comprensión.

“A mi querida esposa, a ella mis cariñosos sentimientos de amor y gratitud porque ha sido para mi fuente inagotable de apoyo y comprensión”, dijo el dictador en esa oportunidad.

El 8 de julio de 2016, Lucía Hiriart renunció a la presidencia del directorio de la Fundación de Apoyo Social, heredera del patrimonio de Cema Chile.

El 14 de diciembre de 2016, tras la reapertura del caso Cema Chile, Doña Lucia fue interrogada por primavera vez como imputada de las indagaciones por presunta apropiación indebida.

En 2017, un artículo de La Tercerea, reportó que la viuda de Pinochet recibía una pensión de 3 millones 119 mil pesos por parte de la Caja de Previción de la Defensa Nacional (Capredena). Al poco tiempo, mientras era atendida en el Hospital Militar, se reveló que padecía de demencia senil y una serie de trastornos digestivos.

Su última aparición pública fue en abril de 2020, luego del fallecimiento del exministro y fundador de Renovación Nacional (RN), Sergio Onofre Jarpa. Según los presentes, Hiriart presentana dificultades para caminar. A partir de allí solo se tuvo noticias de sus constantes ingresos al Hospital Militar por problemas de salud, hasta su fallecimiento este jueves.

 

Fuente: https://www.elciudadano.com/chile/

 

 

 

 

 

 

El botín de la Operación Morgan

 

 

El operativo de la dictadura contra las finanzas del Partido Comunista

La Diaria 14 de diciembre de 2021 ·

Escribe Carla Olivera, Javier Revetria, Leandro Fernández

 

La Operación Morgan fue uno de los principales botines de los represores, que sacaron provecho económico de casas, muebles y vehículos.

Este artículo es el segundo de una serie que se publicará a lo largo de diciembre sobre los delitos económicos cometidos por la dictadura. El primero se publicó el sábado 11. Tienen como base una investigación que aporta información inédita sobre los métodos de financiamiento y los principales botines de la represión.

En la madrugada del 21 de octubre de 1975 se dio comienzo a la llamada “Operación Morgan”, que marcó la debacle de la estructura del Partido Comunista del Uruguay (PCU). ¿El objetivo? Desmantelar los aparatos de propaganda y, por supuesto, el financiero.

Los organismos de inteligencia del Estado desde hacía años acumulaban información respecto al PCU. Basta con revisar los legajos del “fichero ideológico” de la Dirección Nacional de Información (DNI), algunos de ellos encontrados en el Archivo Cruzar, donde consta información de actividades desde al menos comienzos de la década del 50. Este organismo de inteligencia de la Policía se especializó en las actividades de la militancia comunista, información que sería vital para que el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) lograra llevar adelante las sucesivas purgas al PCU a partir de 1975.

El PCU contaba con uno de los aparatos militantes más fuertes y mejor estructurados en Uruguay, con influencias en los centros estudiantiles, las grandes industrias y organismos estatales. Incluso llegaron a tener participantes en las reuniones de las cámaras de Industria y de Comercio. Uno de los principales referentes de este aparato financiero fue Eduardo Bleier, miembro del Comité Central y secretario nacional de finanzas, quien junto al empresario industrial Bernardo Joffe “importarían” el modelo de financiamiento de los partidos comunistas de Italia y Francia y que luego fue imitado, con matices, por los comunistas del Cono Sur.

Una de las frases de Bleier era “no puede quedar nada sin hacerse por falta de recursos”. Eso llevó a que se abocaran a la tarea de generar una estructura de empresas y grandes aportantes, la mayoría industriales, que generasen ingresos al partido. Imprentas, una discográfica, importadoras, textiles. Algunos empresarios afines al partido iniciaron su negocio gracias a su aporte y, por ende, debían ceder un porcentaje de las ganancias; otras empresas dependían directamente del PCU y eran manejadas a través de apoderados.

Este modelo fue aplicado con gran éxito por el Partido Comunista Chileno (PCCh) y también sería objetivo de los organismos de inteligencia de ese país, con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) a la cabeza. El gran golpe de la DINA fue el 29 de mayo de 1977, cuando capturó en Buenos Aires a Jacobo Stoulman, el financista del PCCh, y puso fin a su principal fuente de recursos. La DINA logró acceder a las cuentas bancarias de Stoulman en Suiza, apoderándose de una fortuna. Investigaciones periodísticas posteriores afirmaron que ese dinero se volcó al organismo de inteligencia bajo la empresa pantalla “Sociedad Pedro Diet Lobos”, integrada, entre otros, por el hijo del propio Pinochet. Los restos de Stoulman y su esposa fueron identificados luego de ser hallados en una fosa común de Chile en 2015, lo que confirmó el intercambio de presos entre la DINA y la SIDE argentina.

En Uruguay, en cambio, el gran golpe sería entre octubre y diciembre de 1975, cuando cae toda la plana mayor del PCU. Bleier fue detenido el 29 de octubre y, según diversos testimonios, fue casi nula la información que se pudo obtener de él. Finalmente fue asesinado y sus restos desaparecidos hasta octubre de 2019, cuando fueron encontrados en el predio del Batallón N°13 de Infantería.

Eso no impidió que siguieran cayendo más integrantes de finanzas. El acabose se dio luego de que cayera la escribanía a cargo de Antonio Bonfiglio, quien fuera el escribano del PCU. Allí los militares lograron capturar documentación que les permitió ubicar inmuebles y empresas en la órbita del partido. Aun así, cuesta suponer que esta fuera la causa primaria de las posteriores detenciones. El OCOA ya contaba con información pormenorizada de la estructura partidaria y sus integrantes.

Al estar el partido ilegalizado, implicaba que cualquiera de sus integrantes participaban, a los ojos de la Justicia Militar, de la “sedición” y, por tanto, se podía acusar al detenido de utilizar sus bienes como “objetos del delito”. Un inmueble donde se realizaran reuniones o se encontrara material de propaganda, así como un automotor utilizado para traslados, podían ser catalogados con esa etiqueta y disponerse su embargo. Decenas de inmuebles pasaron a la órbita de las Fuerzas Armadas o la DNI de forma transitoria (con el fin de colocar ratoneras) o de forma definitiva, aunque la mayoría de los bienes analizados por esta investigación fueron devueltos en el marco de la Ley de Amnistía. En el caso de los automóviles, la mayoría pasaron a ser material de los organismos de represión que los utilizaban hasta llegar a un deterioro total y ser finalmente rematados en favor de la unidad que lo usufructuaba. Fueron pocos los casos en que el vehículo fue devuelto a su propietario o se efectuó una compensación económica acorde al valor de mercado.

Los botines

De casi todos los detenidos se sacó algún tipo de provecho económico. No es algo que se pueda afirmar solamente por relatos. Si se analizan los partes de información de los operativos, se puede obtener información de lo incautado. Uno de los archivos que aportan más información al respecto es el Archivo Judicial Procedente de la Justicia Militar (AJPROJUMI), donde se resguardan las causas a los detenidos en el período dictatorial.

Uno de los expedientes más conocidos tanto por detenidos como militares es un expediente de más de 8.000 páginas donde están los procesamientos a casi 150 detenidos en el marco del Morgan. El 6 de febrero se dispuso el embargo genérico a todos los integrantes de la lista y decenas de inmuebles y automóviles pasaron a la órbita de la Justicia Militar.

Bernardo Joffe, quien integra el expediente, recuerda que lo fueron a buscar a su fábrica. “A mí me habían avisado que me tenía que borrar. De hecho me dijeron que fuera directo al aeropuerto y tomara el primer avión a Buenos Aires. Yo no quise, primero tenía que ir a la fábrica a arreglar algunas cosas. Llegué, estuve unos minutos y cuando salí de mi oficina ya estaba [José Nino] Gavazzo con su grupo. En los días posteriores se dedicaron a revisar toda la contabilidad. Gavazzo decía que se iban a quedar con la fábrica. Y no pudieron, yo siempre tuve todo en regla”, comentó.

Aun así, uno de los bienes incautados y que consta en el expediente es su automóvil, un Mercedes Benz azul, único en el país, que adquirió a la Embajada de España. “Yo compré ese auto por 28.000 dólares de la época. Era único en Uruguay, no había otro igual de ese modelo ni ese color. […] Después me enteré de que lo usaba un general. Cuando estaba preso en Libertad lo vi varias veces llegar, era inconfundible”.

Si bien en los expedientes judiciales figura el embargo del bien, en el Registro Automotor no aparece más información que la compraventa a la embajada en 1974. Finalmente Joffe fue “resarcido” con N$ 30.000 (unos US$ 300) en 1985, aunque solo le serían entregados N$ 15.000. “La otra mitad me la descontaron por los gastos del hotel cinco estrellas de Libertad”, bromeó.

Otro de los inmuebles embargados es el domicilio del Dr. León Leibner, quien fue detenido por sus vinculaciones con el PCU y posteriormente obligado al exilio en Israel, donde murió en 1982. En su ausencia, su domicilio de Molinos de Raffo esquina Castro fue incautado provisoriamente por la Justicia Militar y adjudicado a la División de Ejército 1, que lo utilizó como dependencia militar. Por un corto tiempo fue utilizado por el OCOA como centro clandestino de detención. En 1988 su descendencia reclamó el inmueble a través de la Justicia ordinaria, destacando el hecho de que la finca se encontraba repleta de bienes personales, los cuales nunca fueron devueltos.

Tristemente célebre por su uso durante la dictadura fue la finca incautada a Norma Cedrés. El amplio terreno ubicado próximo a Melilla y, por lo tanto, a La Tablada Nacional, tenía frente con Av. Lezica y la calle Medio Día, lo que la hacía propicia para las operaciones de los organismos de represión. El inmueble fue adquirido por Cedrés en 1973, a pedido de la orgánica del PCU con escritura de Antonio Bonfiglio, y se construyó una vivienda con un berretín subterráneo. El lugar fue tomado por las Fuerzas Conjuntas el 22 de octubre de 1975, la misma noche de comienzo de la Operación Morgan. Cedrés fallecería el 16 de enero de 1978 luego de permanecer un mes en coma en el Hospital Militar.

En su domicilio se instaló la base Lima Zulú, que dependía del departamento N° 6 de la DNI al mando de Hugo Campos Hermida y que estuvo a disposición del OCOA para sus operativos a partir de 1977. Allí funcionó un centro clandestino de reclusión donde se efectuaron torturas a detenidos. El régimen de incautación provisoria en el que se mantuvo la finca hizo que en los hechos, una vez fallecida Norma Cedrés, fuera su familia la propietaria, por lo que no hay datos en el Registro de Inmuebles entre 1973 y su devolución en 1990.

Otro caso dentro de la Operación Morgan que involucró la expropiación de un inmueble es el de Esteban Dumas Lorier, hermano del exsenador del PCU Eduardo Lorier. En el año 1975, Esteban compró una casa a nombre del PCU ubicada en la calle Santa Lucía 4002, en Montevideo, por un monto de N$ 39.000. Sin embargo, la propiedad no duró mucho tiempo en sus manos, porque cayó preso el 22 de abril de 1976.

Se trabó el clásico embargo genérico sobre sus bienes y se dispuso la retención y entrega de su dinero a la Justicia Militar. En lo que respecta al inmueble de la calle Santa Lucía, tantas fueron las ganas de los represores por confiscarlo que lo hicieron dos veces. De acuerdo a un pedido de informes al Ministerio de Defensa, la propiedad también estaba asociada a la causa de Ernesto Antúnez Ochoteco, otro militante del PCU que utilizó la casa como vivienda. En un informe para el jefe de OCOA en 1984 que realizó el asesor letrado de la DE1, Mario Abadie Fosatti, se reconoció que este era un “caso de doble confiscación del mismo inmueble, lo que no tiene sentido”. Más allá de la torpeza de la doble confiscación, la propiedad pasó a ser utilizada por el OCOA como “solución habitacional para personal del Ejército”.

Lorier no terminó de pagar el inmueble debido a que le faltó una cuota al momento de su detención. En consecuencia, los anteriores dueños reclamaron que se lo devolvieran, sin embargo, el Ejército se amparó en el artículo 5 de la Ley 14.373 y no accedió a devolverles el bien.

Incluso, el 30 de marzo de 1981, el Comando General del Ejército “consideró conveniente” la adjudicación del inmueble en su favor de forma definitiva. En diciembre del mismo año los antiguos propietarios volvieron a reclamar por el inmueble, pero nuevamente se rechazó su pedido. Años más tarde, en 1985, Lorier fue liberado en el marco de la Ley de Amnistía y el caso pasó a la Suprema Corte de Justicia, aunque al año siguiente los antiguos propietarios hicieron el reclamo del bien por primera vez en democracia.

Finalmente, se dispuso la devolución del inmueble a los propietarios originales el 21 de diciembre de 1986, pero el proceso contó con toda la resistencia posible de parte del Ministerio de Defensa de la época.

En octubre de 1984, con la apertura democrática en ciernes, la DE1 buscó deslindarse de los inmuebles que aún tenía bajo custodia. El único en el cual todavía se mantenía interés era el de Molinos de Raffo.

En el expediente del Ministerio de Defensa Nacional N° 8410398-5 de 1984 se efectúan las consultas correspondientes a los efectos de definir el destino final de los inmuebles. Un informe de Asesoría Jurídica del MDN alegó que los bienes podían ser definitivamente enajenados en favor de la cartera, amparados en las leyes 13.835 (Rendición de Cuentas de 1968) y 14.373, y se sugiere consultar a los comandos de la Armada y la Fuerza Aérea si tienen interés en alguno de ellos.

Allí se incluye una nómina de inmuebles que se encontraban en esa situación a noviembre de 1984 en donde, además de bienes incautados a militantes del PCU, se encuentra el apartamento de Ramón Massini esquina Libertad que perteneció a Elena Quinteros y que aún es propiedad del Ministerio de Defensa y utilizado como vivienda de servicio, denunciado en una investigación del semanario Brecha en 2016.

En esta nómina figura otro inmueble en la calle Santa Lucía 3952, a escasos metros del inmueble adquirido por Lorier, que fue incautado a Eduardo Day Contreras, militante del PCU detenido en Suárez en 1975. Según datos del archivo de AJPROJUMI, el inmueble pasó a la DE1 y a 1990, último año del que se tiene registro, la casa se encontraba ocupada por intrusos. En la Dirección General de Registros no lucen más datos que la compraventa del inmueble por parte de Day en 1975, por lo que legalmente sigue siendo titular del inmueble.

Consultado al respecto, Day comentó que el caso se encuentra desde hace al menos tres años en manos de una abogada y que quiere regularizar la situación del inmueble, ya sea recuperarlo o deslindarse. “No sé quién es la persona que hace usufructo del bien, pero pareciera que pueden ser militares, como en el caso de Elena Quinteros”. Al día de hoy la vivienda se encuentra ocupada y conectada a los servicios públicos.

En la ficha aparece también el inmueble de la calle Lorenzo Pérez 3070. Allí el documento está firmado por Julio César González Arrondo, segundo comandante de la DE1 y jefe del OCOA. Arrondo emitió una carta al juez militar de Instrucción de primer turno con la orden de captura del titular de la finca e incautaron todos sus bienes.

Mientras estuvo retenida, la finca quedó en custodia del sargento Daniel Carballo y luego de Carlos E. Acosta, oficial delegado del OCOA. Los militares no pudieron quedarse con la vivienda ya que la dueña de la casa era la esposa del prófugo, quien años antes de comprar la vivienda había tramitado la separación de bienes, por lo que el inmueble fue devuelto en 1985 luego de sucesivos reclamos.

Por otra parte, Burgues 3701 fue el lugar donde funcionó la imprenta donde se imprimía Carta Popular, una publicación clandestina del PCU. El inmueble fue adquirido por orden de Juan Ormaechea, integrante de la Comisión de Recursos y Finanzas del PCU. Fue devuelto en democracia al Partido Comunista gracias a un acuerdo entre Rodney Arismendi y Julio María Sanguinetti, en el que devolvió además la antigua sede del PCU en Fernández Crespo 1720 y la Seccional 20 en Av. Agraciada 3715.

Una historia como muchas

En la noche del 31 de octubre de 1975 comenzó un calvario que Charna Furman vivió por más de cuatro años y que la marcó de por vida. Tres extraños, vestidos de particulares, irrumpieron en su hogar y la separaron de su familia.

Desde estudiante era una militante activa, participaba en las actividades del Centro de Estudiantes de Arquitectura (CEDA) y en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU). Trabajaba como docente en el Servicio de Climatología de ese instituto hasta 1974, cuando fue despedida por negarse a firmar la fe democrática, un documento en que los funcionarios públicos debían reafirmar sus “valores republicanos y democráticos”, pero a la vez demostrar su lealtad al nuevo gobierno de facto. Además, era integrante de la Unión de Juventudes Comunistas.

Luego del despido y para poder mantener a su familia, ella y su marido abrieron un local de decoración de interiores. Vendían artesanías y valiosos tapices importados. El local se ubicaba en la Galería Costa, en 18 de Julio y Tacuarembó, donde había otros locales cuyos dueños también eran militantes de izquierda. Ya a mediados de octubre se veía un movimiento extraño en los alrededores del local y varios comerciantes habían sido detenidos.

“Ellos fueron hasta allí, no encontraron a nadie, pero preguntaron a un bar vecino y él les dijo dónde vivían mis padres. Cuando estoy diciendo ‘ellos’ estoy hablando de tipos del OCOA. Nunca tuve claro quiénes me fueron a buscar con nombre y apellido, pero sé que eran del OCOA” comentó Charna.

“Fueron hasta la casa de mis padres, allí estaba mi madre con una empleada. Mi padre no estaba. Mi madre, según me explicó después, los llevó hasta donde yo estaba porque tenía miedo de con quién se quedarían mis hijos. Ellos en realidad no sabían en dónde vivía porque me había mudado recién. Pero bueno, así pensó mi madre”, lamentó.

La pareja y sus hijos hacía pocos meses que se habían mudado a un apartamento en el complejo Parque Posadas. Era de noche, pasadas las 20 horas, ella estaba con sus dos hijos pequeños, de cuatro y dos años y medio, y con su empleada doméstica cuando su marido regresó del trabajo. Abajo lo esperaba una camioneta con varios desconocidos, vestidos de particular, que le preguntaron por su esposa y lo hicieron conducirlos a su casa.

Ingresaron con violencia al inmueble. Charna no entendía la situación. Sus niños lloraban y esos extraños comenzaron a revolver toda la casa. Buscaban algo, no se sabía qué. Se llevaron a toda la familia. Bajaron y en la calle los esperaba una camioneta Volkswagen, tipo Combi, donde iban sentadas su madre y la empleada. Los niños fueron entregados a su abuela y los llevaron nuevamente a la casa de ella. A la pareja, sin embargo, les vendaron los ojos y los tiraron en la parte de atrás de la camioneta. Charna recuerda que el camino por el cual los llevaron era ancho, tipo avenida, y veía luces. Reconocía ese camino, posiblemente José Batlle y Ordóñez. Luego se enteró de que los llevaron a la casa de Punta Gorda, el llamado Infierno Chico.

A su marido lo tuvieron retenido solamente cinco días. Si bien también era militante, al parecer ellos no lo sabían. Sin embargo, ella estuvo retenida cuatro años, tres meses y dos días. Hasta febrero de 1976 estuvo completamente incomunicada, vistiendo la misma ropa del día del secuestro y había adelgazado mucho. Mientras estaba en cautiverio se encontró con dos de las empleadas con las que trabajaba en el local de decoración.

En este local ellas recibían y entregaban propaganda y matrices para imprimirla; es este el motivo por el cual se presume que las tres fueron secuestradas. Finalmente fueron emboscadas al ingresar a su jornada laboral por un grupo del OCOA. Estos habían tomado la llave del comercio de Charna cuando la fueron a buscar a ella.

“Una noche, estando en el 300 Carlos yo oía una voz, alguien que hablaba y yo decía ‘yo debo estar delirando’. Me parecía que era el administrador de la galería. Llegó el momento y era él. Entonces ahí empecé a darme cuenta de que no era solo yo”. Charna se terminaría encontrando con varios comerciantes de la galería en su reclusión.

Recién cuando se encontraba en el cuartel es cuando ella se preguntó qué había pasado con su casa, su local y sus pertenencias. La mercadería que tenía en el local rondaba los 25.000 dólares, que en ese momento era mucho dinero. Además, justo se había stockeado de mercadería porque se acercaba fin de año y era la época en que más se venden los artículos de decoración.

“De mi casa no recuerdo haber recuperado nada. Hacía cinco años que con el que era mi marido habíamos ido al viaje de arquitectura y todo lo que trajimos voló. Inclusive me acuerdo ahora de aparatos, proyectores de diapositivas, cámara de fotos. Esas cosas sí desaparecieron todas. Y también teníamos libros que habíamos traído de Europa. Eso se fue. Y eran cosas que, al lado de lo que se robaron de la mercadería, que era mucha plata, era perder los objetos en sí, el valor”.

Cuando su madre volvió al apartamento de Parque Posadas, al poco tiempo de que ella y su marido fueron detenidos, el inmueble estaba completamente vacío. Sólo quedó un calefón abandonado en medio del palier del edificio.

Meses después de la detención, su marido devolvió el apartamento al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y por lo menos pudo contar con el dinero del depósito para sobrevivir, ya que le habían vaciado su casa y su lugar de trabajo.

Charna recuperó su libertad en febrero de 1980 y de a poco pudo comenzar a reconstruir su vida, a pesar del despojo total luego del infierno que le tocó vivir.

 

Tomado de : https://elmuertoquehabla.blogspot.com/

 

 

 

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