El operativo de la dictadura contra las finanzas del Partido Comunista

La Diaria 14 de diciembre de 2021 ·

Escribe Carla Olivera, Javier Revetria, Leandro Fernández

La Operación Morgan fue uno de los principales botines de los represores, que sacaron provecho económico de casas, muebles y vehículos.

Este artículo es el segundo de una serie que se publicará a lo largo de diciembre sobre los delitos económicos cometidos por la dictadura. El primero se publicó el sábado 11. Tienen como base una investigación que aporta información inédita sobre los métodos de financiamiento y los principales botines de la represión.

En la madrugada del 21 de octubre de 1975 se dio comienzo a la llamada “Operación Morgan”, que marcó la debacle de la estructura del Partido Comunista del Uruguay (PCU). ¿El objetivo? Desmantelar los aparatos de propaganda y, por supuesto, el financiero.

Los organismos de inteligencia del Estado desde hacía años acumulaban información respecto al PCU. Basta con revisar los legajos del “fichero ideológico” de la Dirección Nacional de Información (DNI), algunos de ellos encontrados en el Archivo Cruzar, donde consta información de actividades desde al menos comienzos de la década del 50. Este organismo de inteligencia de la Policía se especializó en las actividades de la militancia comunista, información que sería vital para que el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) lograra llevar adelante las sucesivas purgas al PCU a partir de 1975.

El PCU contaba con uno de los aparatos militantes más fuertes y mejor estructurados en Uruguay, con influencias en los centros estudiantiles, las grandes industrias y organismos estatales. Incluso llegaron a tener participantes en las reuniones de las cámaras de Industria y de Comercio. Uno de los principales referentes de este aparato financiero fue Eduardo Bleier, miembro del Comité Central y secretario nacional de finanzas, quien junto al empresario industrial Bernardo Joffe “importarían” el modelo de financiamiento de los partidos comunistas de Italia y Francia y que luego fue imitado, con matices, por los comunistas del Cono Sur.

Una de las frases de Bleier era “no puede quedar nada sin hacerse por falta de recursos”. Eso llevó a que se abocaran a la tarea de generar una estructura de empresas y grandes aportantes, la mayoría industriales, que generasen ingresos al partido. Imprentas, una discográfica, importadoras, textiles. Algunos empresarios afines al partido iniciaron su negocio gracias a su aporte y, por ende, debían ceder un porcentaje de las ganancias; otras empresas dependían directamente del PCU y eran manejadas a través de apoderados.

Este modelo fue aplicado con gran éxito por el Partido Comunista Chileno (PCCh) y también sería objetivo de los organismos de inteligencia de ese país, con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) a la cabeza. El gran golpe de la DINA fue el 29 de mayo de 1977, cuando capturó en Buenos Aires a Jacobo Stoulman, el financista del PCCh, y puso fin a su principal fuente de recursos. La DINA logró acceder a las cuentas bancarias de Stoulman en Suiza, apoderándose de una fortuna. Investigaciones periodísticas posteriores afirmaron que ese dinero se volcó al organismo de inteligencia bajo la empresa pantalla “Sociedad Pedro Diet Lobos”, integrada, entre otros, por el hijo del propio Pinochet. Los restos de Stoulman y su esposa fueron identificados luego de ser hallados en una fosa común de Chile en 2015, lo que confirmó el intercambio de presos entre la DINA y la SIDE argentina.

En Uruguay, en cambio, el gran golpe sería entre octubre y diciembre de 1975, cuando cae toda la plana mayor del PCU. Bleier fue detenido el 29 de octubre y, según diversos testimonios, fue casi nula la información que se pudo obtener de él. Finalmente fue asesinado y sus restos desaparecidos hasta octubre de 2019, cuando fueron encontrados en el predio del Batallón N°13 de Infantería.

Eso no impidió que siguieran cayendo más integrantes de finanzas. El acabose se dio luego de que cayera la escribanía a cargo de Antonio Bonfiglio, quien fuera el escribano del PCU. Allí los militares lograron capturar documentación que les permitió ubicar inmuebles y empresas en la órbita del partido. Aun así, cuesta suponer que esta fuera la causa primaria de las posteriores detenciones. El OCOA ya contaba con información pormenorizada de la estructura partidaria y sus integrantes.

Al estar el partido ilegalizado, implicaba que cualquiera de sus integrantes participaban, a los ojos de la Justicia Militar, de la “sedición” y, por tanto, se podía acusar al detenido de utilizar sus bienes como “objetos del delito”. Un inmueble donde se realizaran reuniones o se encontrara material de propaganda, así como un automotor utilizado para traslados, podían ser catalogados con esa etiqueta y disponerse su embargo. Decenas de inmuebles pasaron a la órbita de las Fuerzas Armadas o la DNI de forma transitoria (con el fin de colocar ratoneras) o de forma definitiva, aunque la mayoría de los bienes analizados por esta investigación fueron devueltos en el marco de la Ley de Amnistía. En el caso de los automóviles, la mayoría pasaron a ser material de los organismos de represión que los utilizaban hasta llegar a un deterioro total y ser finalmente rematados en favor de la unidad que lo usufructuaba. Fueron pocos los casos en que el vehículo fue devuelto a su propietario o se efectuó una compensación económica acorde al valor de mercado.

Los botines

De casi todos los detenidos se sacó algún tipo de provecho económico. No es algo que se pueda afirmar solamente por relatos. Si se analizan los partes de información de los operativos, se puede obtener información de lo incautado. Uno de los archivos que aportan más información al respecto es el Archivo Judicial Procedente de la Justicia Militar (AJPROJUMI), donde se resguardan las causas a los detenidos en el período dictatorial.

Uno de los expedientes más conocidos tanto por detenidos como militares es un expediente de más de 8.000 páginas donde están los procesamientos a casi 150 detenidos en el marco del Morgan. El 6 de febrero se dispuso el embargo genérico a todos los integrantes de la lista y decenas de inmuebles y automóviles pasaron a la órbita de la Justicia Militar.

Bernardo Joffe, quien integra el expediente, recuerda que lo fueron a buscar a su fábrica. “A mí me habían avisado que me tenía que borrar. De hecho me dijeron que fuera directo al aeropuerto y tomara el primer avión a Buenos Aires. Yo no quise, primero tenía que ir a la fábrica a arreglar algunas cosas. Llegué, estuve unos minutos y cuando salí de mi oficina ya estaba [José Nino] Gavazzo con su grupo. En los días posteriores se dedicaron a revisar toda la contabilidad. Gavazzo decía que se iban a quedar con la fábrica. Y no pudieron, yo siempre tuve todo en regla”, comentó.

Aun así, uno de los bienes incautados y que consta en el expediente es su automóvil, un Mercedes Benz azul, único en el país, que adquirió a la Embajada de España. “Yo compré ese auto por 28.000 dólares de la época. Era único en Uruguay, no había otro igual de ese modelo ni ese color. […] Después me enteré de que lo usaba un general. Cuando estaba preso en Libertad lo vi varias veces llegar, era inconfundible”.

Si bien en los expedientes judiciales figura el embargo del bien, en el Registro Automotor no aparece más información que la compraventa a la embajada en 1974. Finalmente Joffe fue “resarcido” con N$ 30.000 (unos US$ 300) en 1985, aunque solo le serían entregados N$ 15.000. “La otra mitad me la descontaron por los gastos del hotel cinco estrellas de Libertad”, bromeó.

Otro de los inmuebles embargados es el domicilio del Dr. León Leibner, quien fue detenido por sus vinculaciones con el PCU y posteriormente obligado al exilio en Israel, donde murió en 1982. En su ausencia, su domicilio de Molinos de Raffo esquina Castro fue incautado provisoriamente por la Justicia Militar y adjudicado a la División de Ejército 1, que lo utilizó como dependencia militar. Por un corto tiempo fue utilizado por el OCOA como centro clandestino de detención. En 1988 su descendencia reclamó el inmueble a través de la Justicia ordinaria, destacando el hecho de que la finca se encontraba repleta de bienes personales, los cuales nunca fueron devueltos.

Tristemente célebre por su uso durante la dictadura fue la finca incautada a Norma Cedrés. El amplio terreno ubicado próximo a Melilla y, por lo tanto, a La Tablada Nacional, tenía frente con Av. Lezica y la calle Medio Día, lo que la hacía propicia para las operaciones de los organismos de represión. El inmueble fue adquirido por Cedrés en 1973, a pedido de la orgánica del PCU con escritura de Antonio Bonfiglio, y se construyó una vivienda con un berretín subterráneo. El lugar fue tomado por las Fuerzas Conjuntas el 22 de octubre de 1975, la misma noche de comienzo de la Operación Morgan. Cedrés fallecería el 16 de enero de 1978 luego de permanecer un mes en coma en el Hospital Militar.

En su domicilio se instaló la base Lima Zulú, que dependía del departamento N° 6 de la DNI al mando de Hugo Campos Hermida y que estuvo a disposición del OCOA para sus operativos a partir de 1977. Allí funcionó un centro clandestino de reclusión donde se efectuaron torturas a detenidos. El régimen de incautación provisoria en el que se mantuvo la finca hizo que en los hechos, una vez fallecida Norma Cedrés, fuera su familia la propietaria, por lo que no hay datos en el Registro de Inmuebles entre 1973 y su devolución en 1990.

Otro caso dentro de la Operación Morgan que involucró la expropiación de un inmueble es el de Esteban Dumas Lorier, hermano del exsenador del PCU Eduardo Lorier. En el año 1975, Esteban compró una casa a nombre del PCU ubicada en la calle Santa Lucía 4002, en Montevideo, por un monto de N$ 39.000. Sin embargo, la propiedad no duró mucho tiempo en sus manos, porque cayó preso el 22 de abril de 1976.

Se trabó el clásico embargo genérico sobre sus bienes y se dispuso la retención y entrega de su dinero a la Justicia Militar. En lo que respecta al inmueble de la calle Santa Lucía, tantas fueron las ganas de los represores por confiscarlo que lo hicieron dos veces. De acuerdo a un pedido de informes al Ministerio de Defensa, la propiedad también estaba asociada a la causa de Ernesto Antúnez Ochoteco, otro militante del PCU que utilizó la casa como vivienda. En un informe para el jefe de OCOA en 1984 que realizó el asesor letrado de la DE1, Mario Abadie Fosatti, se reconoció que este era un “caso de doble confiscación del mismo inmueble, lo que no tiene sentido”. Más allá de la torpeza de la doble confiscación, la propiedad pasó a ser utilizada por el OCOA como “solución habitacional para personal del Ejército”.

Lorier no terminó de pagar el inmueble debido a que le faltó una cuota al momento de su detención. En consecuencia, los anteriores dueños reclamaron que se lo devolvieran, sin embargo, el Ejército se amparó en el artículo 5 de la Ley 14.373 y no accedió a devolverles el bien.

Incluso, el 30 de marzo de 1981, el Comando General del Ejército “consideró conveniente” la adjudicación del inmueble en su favor de forma definitiva. En diciembre del mismo año los antiguos propietarios volvieron a reclamar por el inmueble, pero nuevamente se rechazó su pedido. Años más tarde, en 1985, Lorier fue liberado en el marco de la Ley de Amnistía y el caso pasó a la Suprema Corte de Justicia, aunque al año siguiente los antiguos propietarios hicieron el reclamo del bien por primera vez en democracia.

Finalmente, se dispuso la devolución del inmueble a los propietarios originales el 21 de diciembre de 1986, pero el proceso contó con toda la resistencia posible de parte del Ministerio de Defensa de la época.

En octubre de 1984, con la apertura democrática en ciernes, la DE1 buscó deslindarse de los inmuebles que aún tenía bajo custodia. El único en el cual todavía se mantenía interés era el de Molinos de Raffo.

En el expediente del Ministerio de Defensa Nacional N° 8410398-5 de 1984 se efectúan las consultas correspondientes a los efectos de definir el destino final de los inmuebles. Un informe de Asesoría Jurídica del MDN alegó que los bienes podían ser definitivamente enajenados en favor de la cartera, amparados en las leyes 13.835 (Rendición de Cuentas de 1968) y 14.373, y se sugiere consultar a los comandos de la Armada y la Fuerza Aérea si tienen interés en alguno de ellos.

Allí se incluye una nómina de inmuebles que se encontraban en esa situación a noviembre de 1984 en donde, además de bienes incautados a militantes del PCU, se encuentra el apartamento de Ramón Massini esquina Libertad que perteneció a Elena Quinteros y que aún es propiedad del Ministerio de Defensa y utilizado como vivienda de servicio, denunciado en una investigación del semanario Brecha en 2016.

En esta nómina figura otro inmueble en la calle Santa Lucía 3952, a escasos metros del inmueble adquirido por Lorier, que fue incautado a Eduardo Day Contreras, militante del PCU detenido en Suárez en 1975. Según datos del archivo de AJPROJUMI, el inmueble pasó a la DE1 y a 1990, último año del que se tiene registro, la casa se encontraba ocupada por intrusos. En la Dirección General de Registros no lucen más datos que la compraventa del inmueble por parte de Day en 1975, por lo que legalmente sigue siendo titular del inmueble.

Consultado al respecto, Day comentó que el caso se encuentra desde hace al menos tres años en manos de una abogada y que quiere regularizar la situación del inmueble, ya sea recuperarlo o deslindarse. “No sé quién es la persona que hace usufructo del bien, pero pareciera que pueden ser militares, como en el caso de Elena Quinteros”. Al día de hoy la vivienda se encuentra ocupada y conectada a los servicios públicos.

En la ficha aparece también el inmueble de la calle Lorenzo Pérez 3070. Allí el documento está firmado por Julio César González Arrondo, segundo comandante de la DE1 y jefe del OCOA. Arrondo emitió una carta al juez militar de Instrucción de primer turno con la orden de captura del titular de la finca e incautaron todos sus bienes.

Mientras estuvo retenida, la finca quedó en custodia del sargento Daniel Carballo y luego de Carlos E. Acosta, oficial delegado del OCOA. Los militares no pudieron quedarse con la vivienda ya que la dueña de la casa era la esposa del prófugo, quien años antes de comprar la vivienda había tramitado la separación de bienes, por lo que el inmueble fue devuelto en 1985 luego de sucesivos reclamos.

Por otra parte, Burgues 3701 fue el lugar donde funcionó la imprenta donde se imprimía Carta Popular, una publicación clandestina del PCU. El inmueble fue adquirido por orden de Juan Ormaechea, integrante de la Comisión de Recursos y Finanzas del PCU. Fue devuelto en democracia al Partido Comunista gracias a un acuerdo entre Rodney Arismendi y Julio María Sanguinetti, en el que devolvió además la antigua sede del PCU en Fernández Crespo 1720 y la Seccional 20 en Av. Agraciada 3715.

Una historia como muchas

En la noche del 31 de octubre de 1975 comenzó un calvario que Charna Furman vivió por más de cuatro años y que la marcó de por vida. Tres extraños, vestidos de particulares, irrumpieron en su hogar y la separaron de su familia.

Desde estudiante era una militante activa, participaba en las actividades del Centro de Estudiantes de Arquitectura (CEDA) y en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU). Trabajaba como docente en el Servicio de Climatología de ese instituto hasta 1974, cuando fue despedida por negarse a firmar la fe democrática, un documento en que los funcionarios públicos debían reafirmar sus “valores republicanos y democráticos”, pero a la vez demostrar su lealtad al nuevo gobierno de facto. Además, era integrante de la Unión de Juventudes Comunistas.

Luego del despido y para poder mantener a su familia, ella y su marido abrieron un local de decoración de interiores. Vendían artesanías y valiosos tapices importados. El local se ubicaba en la Galería Costa, en 18 de Julio y Tacuarembó, donde había otros locales cuyos dueños también eran militantes de izquierda. Ya a mediados de octubre se veía un movimiento extraño en los alrededores del local y varios comerciantes habían sido detenidos.

“Ellos fueron hasta allí, no encontraron a nadie, pero preguntaron a un bar vecino y él les dijo dónde vivían mis padres. Cuando estoy diciendo ‘ellos’ estoy hablando de tipos del OCOA. Nunca tuve claro quiénes me fueron a buscar con nombre y apellido, pero sé que eran del OCOA” comentó Charna.

“Fueron hasta la casa de mis padres, allí estaba mi madre con una empleada. Mi padre no estaba. Mi madre, según me explicó después, los llevó hasta donde yo estaba porque tenía miedo de con quién se quedarían mis hijos. Ellos en realidad no sabían en dónde vivía porque me había mudado recién. Pero bueno, así pensó mi madre”, lamentó.

La pareja y sus hijos hacía pocos meses que se habían mudado a un apartamento en el complejo Parque Posadas. Era de noche, pasadas las 20 horas, ella estaba con sus dos hijos pequeños, de cuatro y dos años y medio, y con su empleada doméstica cuando su marido regresó del trabajo. Abajo lo esperaba una camioneta con varios desconocidos, vestidos de particular, que le preguntaron por su esposa y lo hicieron conducirlos a su casa.

Ingresaron con violencia al inmueble. Charna no entendía la situación. Sus niños lloraban y esos extraños comenzaron a revolver toda la casa. Buscaban algo, no se sabía qué. Se llevaron a toda la familia. Bajaron y en la calle los esperaba una camioneta Volkswagen, tipo Combi, donde iban sentadas su madre y la empleada. Los niños fueron entregados a su abuela y los llevaron nuevamente a la casa de ella. A la pareja, sin embargo, les vendaron los ojos y los tiraron en la parte de atrás de la camioneta. Charna recuerda que el camino por el cual los llevaron era ancho, tipo avenida, y veía luces. Reconocía ese camino, posiblemente José Batlle y Ordóñez. Luego se enteró de que los llevaron a la casa de Punta Gorda, el llamado Infierno Chico.

A su marido lo tuvieron retenido solamente cinco días. Si bien también era militante, al parecer ellos no lo sabían. Sin embargo, ella estuvo retenida cuatro años, tres meses y dos días. Hasta febrero de 1976 estuvo completamente incomunicada, vistiendo la misma ropa del día del secuestro y había adelgazado mucho. Mientras estaba en cautiverio se encontró con dos de las empleadas con las que trabajaba en el local de decoración.

En este local ellas recibían y entregaban propaganda y matrices para imprimirla; es este el motivo por el cual se presume que las tres fueron secuestradas. Finalmente fueron emboscadas al ingresar a su jornada laboral por un grupo del OCOA. Estos habían tomado la llave del comercio de Charna cuando la fueron a buscar a ella.

“Una noche, estando en el 300 Carlos yo oía una voz, alguien que hablaba y yo decía ‘yo debo estar delirando’. Me parecía que era el administrador de la galería. Llegó el momento y era él. Entonces ahí empecé a darme cuenta de que no era solo yo”. Charna se terminaría encontrando con varios comerciantes de la galería en su reclusión.

Recién cuando se encontraba en el cuartel es cuando ella se preguntó qué había pasado con su casa, su local y sus pertenencias. La mercadería que tenía en el local rondaba los 25.000 dólares, que en ese momento era mucho dinero. Además, justo se había stockeado de mercadería porque se acercaba fin de año y era la época en que más se venden los artículos de decoración.

“De mi casa no recuerdo haber recuperado nada. Hacía cinco años que con el que era mi marido habíamos ido al viaje de arquitectura y todo lo que trajimos voló. Inclusive me acuerdo ahora de aparatos, proyectores de diapositivas, cámara de fotos. Esas cosas sí desaparecieron todas. Y también teníamos libros que habíamos traído de Europa. Eso se fue. Y eran cosas que, al lado de lo que se robaron de la mercadería, que era mucha plata, era perder los objetos en sí, el valor”.

Cuando su madre volvió al apartamento de Parque Posadas, al poco tiempo de que ella y su marido fueron detenidos, el inmueble estaba completamente vacío. Sólo quedó un calefón abandonado en medio del palier del edificio.

Meses después de la detención, su marido devolvió el apartamento al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y por lo menos pudo contar con el dinero del depósito para sobrevivir, ya que le habían vaciado su casa y su lugar de trabajo.

Charna recuperó su libertad en febrero de 1980 y de a poco pudo comenzar a reconstruir su vida, a pesar del despojo total luego del infierno que le tocó vivir.

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