Uruguay exporta cereales y ganado e importa fugadores seriales
En ambos márgenes del Río de la Plata la política tiene sus vaivenes y correlatos desde tiempos de la conquista española. En este continium histórico, la reciprocidad de las élites de un lado y el otro lado sigue existiendo.
Por un lado Uruguay rompe records de exportaciones de ganado y cereales, mientras por lo llano los trabajadores rurales reclaman. Por el otro, los millonarios argentinos que no quieren ceder ni un sólo dólar de su fortuna para paliar la crisis provocado por la Covid-19, se refugian en la esquina sur del continente, buscando paz…y que nadie les toque la caja fuerte.
Advierten que el impuesto a la riqueza en Argentina provocará fuga de inversiones a Uruguay. El director del programa de Latinoamérica del Wilson Center dijo que el impuesto contribuirá a que Uruguay reclute “argentinos adinerados”, titulaba el sitio Montevideo Portal.
Hasta el diario inglés The Guardian se ocupó del tema y señaló que los argentinos acuden en masa a Uruguay en medio de la pandemia», donde asegura que se mudaron entre 15.000 y 20.000 argentinos desde que empezó la pandemia.
Añadió que Uruguay estáfomentando el flujo. No solo redujo el valor mínimo de las propiedades que los extranjeros deben adquirir para obtener la residencia fiscal de 1,7 millones de dólares a solo 380.000 dólares a principios del 2020, sino que también aprobó una nueva ley que ofrece a las personas que llegan una «moratoria fiscal» de 10 años, añadió.
La pandemia y parece que el impuesto a las grandes fortunas contribuyeron para que personajes de la plana mayor del empresariado argentino se mudaran hacia el Uruguay. Ejemplo de ello es el director ejecutivo de Mercado Libre, Marcos Galperin, quien se vino a vivir a Uruguay tras las elecciones presidenciales de Argentina.
Incluso el presidente Luis Lacalle Pou se reunió con Galperin en el megatambo que está desarrollando en tierras orientales. Otros ejemplos fueron el de Federico Tomasevich (de Puente) y Gustavo Grobocopatel del grupo Los Grobo.
Estos movimientos de son medianamente inusuales al compás mundial. El último informe del Instituto Internacional de Finanzas señala que “existe una salida extraordinaria de capitales desde los países emergentes hacia activos seguros del mundo desarrollado.” El movimiento de estos grandes capitales argentinos es porque gravitan a nivel regional pero, por otra parte, no pueden competir para invertir en mercados internacionales.
Mientras que Uruguay importa grandes fugadores seriales, exporta materias primas con cifras records. Las exportaciones crecieron 33,4 % en el primer semestre de 2021, sin contar lo vendido desde las zonas francas, anunció este jueves el informe de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU).
Si se compara con junio de 2020, hubo un incremento de 12,6 % en las exportaciones respecto al mismo periodo. La UEU detalla además que, si se incluye lo exportado desde las zonas francas, el aumento registrado es de 43,3 % en junio y de 32,5 % en el primer semestre.
El aumento de las exportaciones hacia China han sido exponenciales, con un 160,49 % por colocaciones de carne, soja, madera y lácteos, o hacia Brasil por un 49,28 % de aumento tras la venta de lácteos y vehículos y hacia Argentina con 23,73 % de suba en exportaciones de plásticos, autopartes y productos farmacéuticos.
El principal destino de las exportaciones uruguayas continúa siendo China (24,1 %), seguido de Brasil (17 %), Estados Unidos (6,8 %), Argentina (4,6 %) y Países Bajos (2,5 %), entre otros.
Todos estos números podrían reflejar cierta bonanza en el campo, pero la realidad plantea otro panorama. La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra) denunció que en 2020 la caída de ingresos en hogares rurales fue del 4,7%, cuando el sector empresarial del agro tuvo exoneraciones de 139 millones de dólares.
En las rondas de negociación salarial el gobierno planteó desregulación laboral proponiendo dos laudos para estos sectores de actividad, en “donde existe resistencia a incorporar cambios más beneficiosos para los trabajadores tanto en mejoras de ingresos, como en condiciones de trabajo y beneficios en un ámbito en donde los mecanismos de contralor denotan dificultad y ciertas ineficacias para garantizar cumplimientos de derechos laborales”, reclama la Unatra.
Esta situación ha obligado a la delegación de trabajadores «revolver como gato entre la leña, para lograr un 3,5% de recuperación de salarios perdidos, y un total de ajuste salarial de un 14% en un convenio a dos años, sorteando los lineamientos”
El Presidente Lacalle Pou finalizó recientemente una gira por Qatar, país donde las libertades individuales mínimas no son respetadas, existe trabajo esclavo, el mundial de fútbol a disputarse el año próximo viene teñido de corrupción y no se han consagrado elecciones desde hace más de cinco décadas. Así y todo Lacalle Pou olvidó su rol de “líder mundial” y paladín de la democracia como quiso posicionarse en la Cumbre de la OEA contra Cuba, Nicaragua y Venezuela.
China sigue siendo el principal socio exportador, y ahora se busca tender una línea con Qatar. La democracia para este gobierno de coalición derechista, es algo relativo, según la inversión que se ponga sobre la mesa.
Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
Licencia para la destrucción
21 diciembre, 2021
El 2021 culminó con un hecho poco común en la política uruguaya. El presidente vetó una ley aprobada en el parlamento. Se trataba del primer intento en más de 40 años de reducir la superficie habilitada para la forestación en el país. Daniel Pena analiza la manera en que las sólidas evidencias sobre los impactos económicos, sociales y ambientales del agronegocio forestal-celulósico comienzan a colarse en la agenda política de Uruguay.
El jueves 16 de diciembre del presente año, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou decidió utilizar la herramienta menos democrática que brinda nuestra constitución: el poder de veto presidencial. Más allá de la polémica por el uso del veto como gobierno, lo más tenso se encuentra en los argumentos esgrimidos para desandar la ley que reformaba parte de las reglas de juego forestales en nuestro país: según fue detallado en el Observador “El texto aprobado por el Parlamento vulnera los derechos de propiedad, libertad y de trabajo establecidos en los artículos 32, 36, 50 inciso 1° y 53 de la Constitución de la República, limitándolos sin que surjan las razones de interés general, constitucionalmente exigidas”.
Según queda expresamente claro, el veto prioriza ante cualquier otro argumento la libertad de los productores a decidir qué y cómo hacer con sus tierras, en primer lugar la defensa de la propiedad privada incluso si esto implica la destrucción del suelo, las cuencas, la capacidad productiva de los vecinos y los ecosistemas. Un veto en defensa de la libertad de destrucción.
Esto desconoce la inmensa bibliografía científica (nacional e internacional) y los relatos de productores de alimentos de nuestro país que fueron presentados ante la comisión del senado correspondiente. Al parecer, la acidificación y salinización de los suelos, la disminución de la capacidad hídrica de las cuencas y la consecuente problemática de falta de agua para productores vecinos y pueblos que encuentran secos sus pozos, la invasión de plagas como jabalí, garrapatas y caranchos, la sistemática pérdida de productores familiares productores de alimentos, la migración rural-urbana intensificada por este modelo, las precarias condiciones del 44% de los trabajadores forestales informales, la destrucción de los tejidos comunitarios rurales y los saberes productivos involucrados, así como la inmensa pérdida de biodiversidad por el avance del monocultivo de eucalyptus en más de un millón de hectáreas; ninguna de esas problemáticas son “razones de interés general”, en un país que prioriza la propiedad privada como máxima absoluta, y fragmenta los ecosistemas en los límites del alambrado. Con su mensaje a la ciudadanía, el presidente nos da a entender que desconoce las evidencias científicas del daño que la forestación está realizando en nuestra fauna, flora y comunidades rurales; y prefiere responder a los intereses de las las multinacionales UPM, Montes del Plata y Lumin (y de paso al puñado de familias uruguayas propietarias de plantaciones, dentro de las cuáles se encuentra su propia familia).
Ahora bien, ¿qué fue lo que vetó el presidente el jueves? El Frente Amplio y Cabildo Abierto (partido de origen militar, integrante de la coalición de gobierno) en el senado, sumados en diputados al Partido Ecologista Radical e Intransigente, aprobaron un ley que reformaba algunos elementos de la Ley Forestal de 1987. Esta reforma no era la ideal claramente, y tenía algunos puntos para corregir y debatir más a fondo, sin embargo significaba algunos cambios relevantes. 1. Restringía los cultivos forestales a las tierras de prioridad forestal (actualmente se puede plantar en cualquier tierra, mediante la presentación de estudios de impacto ambiental, de hecho el 25% de las plantaciones están por fuera de este tipo de suelos). 2. Establecía una superficie máxima a nivel nacional del 10% para la forestación, lo que significaba que 1.600.000 podrían ser forestadas, unas 400.000 hectáreas más que las actualmente afectadas1. 3. Obligaba a las plantaciones de entre 40 y 100 hectáreas a realizar estudio de impacto ambiental. 4. Obligaba a las empresas forestales a restaurar la pastura natural o plantar monte nativo una vez que se decida no volver a forestar, haciéndose cargo parcialmente del daño producido en los campos2.
La reforma enviaba algunas señales claras a las multinacionales forestal-celulósicas y sus familias uruguayas aliadas: su crecimiento tendría un límite, no se podría evadir controles forestando 98 hectáreas por padrón como sistemáticamente hacen actualmente, y deberían sumar en sus costos al menos algo de lo que externalizan a toda la sociedad: la recuperación de la pastura o monte nativo.
Tanto la alianza CA-FA como el veto presidencial fueron un juego político de ganar-ganar para todos los partidos. Por un lado Cabildo Abierto, con su nacionalismo de derecha extrema quedó posicionado como el defensor de la producción nacional, y dio respuesta a algunas demandas del movimiento de productores rurales Un Solo Uruguay. Al mismo tiempo mostró su capacidad de desobedecer la coalición de gobierno. El Frente Amplio barrió bajo la alfombra su historia de facilidades y negocios con las empresas forestal-celulósicas intentando dar una señal de escucha a los movimientos ambientales y la academia, incluso bajo la vergonzosa alianza con la derecha que se abrió de sus filas. Entre una serie de políticas progresistas en defensa de la forestación, fue el gobierno presidido por José Mujica quien amplió a la medida de Montes del Plata la categorización de los suelos 5.02b3 a prioridad forestal para facilitarles el negocio, mientras que el gobierno presidido por Tabaré Vázquez negoció en secreto el bochornoso contrato ROU-UPM en 2018 para su segunda planta, y que los tres gobiernos progresistas brindaron zonas francas, e incluso gran parte del puerto de Montevideo a estas empresas que ganan más de un millón de dólares por día sin pagar impuestos, ni generar nuevos empleos4. El Partido Nacional reafirma su alianza con la élite económica de nuestro país, de la cual es parte, dejando claro su defensa de la propiedad privada como bien supremo.
Los perdedores en la ecuación son los mismos de siempre: las personas de a pie, los productores familiares, los movimientos sociales y ambientales, los ecosistemas de nuestro territorio. Evidencia de esto es la inactividad de la oposición frente a la gravedad que implica una acción de veto: el Frente Amplio no ha generado ni generará ninguna acción de manifestación en defensa de la ley, no fue más que un simulacro mediático del cual prefiere hablar poco para no ser cuestionado por su propia base irritada con la alianza con la ultra derecha.
Como con tantas otras injusticias negadas por la política representativa será necesario defender en la calle y los territorios las transformaciones, seguir sensibilizando a la población con las consecuencias de este modelo extractivista, escuchando la voz de los afectados, y rompiendo las barreras entre las luchas, ya que que las injusticias que las originan operan juntas y superpuestas.
1Este es quizá el punto más polémico de la pretendida reforma, ya que habilitaba la plantación de eucalyptus suficiente como para un cuarta planta de celulosa, y el porcentaje no tenía un trasfondo argumentativo ninguno, sino un número completamente arbitrario.
2 Una síntesis del proceso de discusión parlamentaria puede revisarse en: https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/148848
3 Se puede consultar al respecto el documento “Riesgos al declarar la Unidad de Suelos 5.02b de prioridad forestal”. REDES-Amigos de la Tierra-Uruguay Sustentable. Montevideo. 2011. Acceso: http://www.redes.org.uy
4 Pena y Recoba, (2020) Impactos sociales y culturales de las plantas de celulosa en Fray Bentos y Conchillas.
