Compañías militares privadas, la nueva área de expansión del capitalismo
Ander Moraza
Foto: Los ejércitos han ido delegando espacios y tareas a entidades militares privadas.
Actualmente, las estructuras básicas de gestión del Estado están cambiando. Con el fin de la guerra fría y la victoria de la dinámica de libre mercado, observamos una realidad en la que el sector privado está penetrando en funciones que hasta hace relativamente poco habían pertenecido al Estado. Este proceso de privatizaciones, que abarca desde el control de fronteras o contratación de compañías mercenarias tiene que ver también con el triunfo de la lógica neoliberal, tendencia ideológica bajo la que se defiende que el sector privado es el mejor garante de los servicios y que bajo la regulación de la mano invisible, gestiona de manera competitiva y mejor de lo que el Estado es capaz de conseguir mediante la planificación.
Lo preocupante de esta lógica son los problemas derivados de intentar aplicar las premisas de mercado y de intereses empresariales privados a las dinámicas públicas, pues las prioridades del primero residen en el beneficio económico, mientras que la segunda en proveer servicios de acuerdo a valores que no priman el lucro. Así, hay que analizar la externalización de las funciones de defensa nacional y de la seguridad mediante la contratación de servicios a través de compañías privadas de seguridad militar, la externalización de servicios de control de fronteras y las consecuencias que ello conlleva
El auge del mercenariado
Las compañías militares privadas (CMP) se han convertido en uno de los negocios empresariales del sector bélico que alcanzan un auge imparable desde hace ya más de dos décadas. El funcionamiento, naturaleza y simple existencia de estas corporaciones militares es un negocio mantenido en una incómoda discreción, tanto por las propias empresas, como por los contratistas de las mismas, contratistas que por su parte son variados, pasando por los más esperables; los estados, hasta corporaciones o individuos millonarios.
Los Estados occidentales están observando problemas en reclutar soldados dispuestos a exponerse a la muerte, apostando por la contratación de extranjeros a las filas o la firma con contratistas privados
El “renacimiento” de los cuerpos mercenarios puede achacarse a varios motivos, desde los sociales a los político-económicos. El primero podría atribuirse a la caída del bloque soviético y con él, al fin de la guerra fría, periodo caracterizado por un monopolio total de los Estados desarrollados de cada bloque de las fuerzas armadas y del monopolio de la violencia (en el caso del bloque soviético, también del monopolio de la gestión armamentística). El segundo tiene que ver con lo que se define como sociedad post heroica; el cambio de mentalidad del nuevo siglo, junto al cambio de dinámicas políticas, de estructura democrática, implica que los Estados ya no están dispuestos (ni están legitimados por su ciudadanía) a sacrificar a su población por determinados objetivos que, por ejemplo en el siglo XX y XIX sí habrían estado justificados, tales como el patriotismo, expansionismo, o incluso cuestiones políticas o revolucionarias que suponen costes humanos. De hecho, en base a esta filosofía los Estados occidentales están observando problemas en reclutar soldados dispuestos a exponerse a la muerte, apostando por la contratación de extranjeros a las filas o la firma de las CMP, dos opciones en alza en estos casos.
Pero es posible aventurar que el principal motivo del auge de los ejércitos privados reside en un crecimiento descontrolado de lo que Dwight Eisenhower denominó en su discurso de despedida como presidente, el complejo industrial militar (CIM). Esta idea hace referencia a una economía estatal enfocada a la producción militar, en un contexto como el EEUU de la guerra fría, en el que el mandatario denunciaba el interés de las empresas armamentísticas de mantener un crecimiento en la producción bélica que ofreciera beneficios privados. El peligro del CIM fue señalado por el expresidente por su justificada preocupación de que ese nuevo modelo económico no desapareciera –como la medida temporal para la que se había creado, originándose para que la producción económica se enfocara hacia la guerra a fin de vencer contra el Eje en la Segunda Guerra Mundial- sino que se convirtiera en la dinámica de funcionamiento a perpetuidad, primando los intereses militares, con el temor de que eso conllevara un peligro para la democracia.
Lo cierto es que este elemento de militarización económica implicó a su vez una simultanea militarización política, todo estructurado para hacer frente al conflicto soviético que se avecinaba, formándose así una elite conformada por la clase política, la clase militar y la clase empresarial, todos ellos con una línea común e intereses compartidos. Así, podemos decir que si bien este modelo del CIM es fruto de la guerra fría, se mantiene en la actualidad como una estructura político-económica que, finalizado el conflicto de bloques, se niega a desaparecer. Esto supone un problema, y también un peligro, pues a fin de retroalimentarse y perpetuarse, ha desarrollado desde los noventa una visión de intervención extranjera en nombre de la “seguridad” estadounidense, a falta de un enemigo permanente bajo el que justificar su producción de armas, armamento que también deben comprar terceros países.
De hecho, la máxima de la seguridad como eje central estadounidense en las relaciones internacionales es un punto justificativo de este entramado, lo que unido a su lógica de funcionamiento de la escuela realista (anarquía internacional, búsqueda nacional por el poder y recursos, Estados como actores únicos en el panorama internacional, etc.) y su clara línea económica neoliberal, han degenerado en un híbrido conceptual de ambas formas de pensamiento por el que la seguridad se materialice y se entienda en el sentido estrictamente militar y que la gestión de esa fuerza militar se gestione, de acuerdo a la lógica neoliberal, de la forma más racional y económica posible, es decir, mediante su externalización en base a las CMP.
Problemas de las CMP
Las empresas privadas multinacionales presentan en la actualidad un papel de importancia en el campo de la seguridad internacional, convirtiendo el campo de seguridad, y bélico, en un servicio sujeto al lucro. Esta lógica supone la aparición de un modelo de seguridad paralelo a los ejércitos y cuerpos de seguridad nacionales: el ejército privado. Ésta es una estructura que, si bien no se reconoce estatalmente, mantiene características efectivamente militares, y que opera en base a contratos para los campos gubernamentales (Estados y departamentos de defensa) y privados (multinacionales y corporaciones).
El ejército privado, por su carácter externo al Estado, mantiene enormes diferencias con los ejércitos nacionales, separándose de la lógica territorial y la propia seguridad de la ciudadanía
El ejército privado, por su carácter externo al Estado, mantiene enormes diferencias con los ejércitos nacionales, separándose de la lógica territorial y la propia seguridad de la ciudadanía. La legitimación de estas CMP radica en los intereses económicos de las partes actuantes que promueven su existencia, algo bien distinto de la legitimación del ejército regular, basada en la cesión voluntaria de una fracción de derechos individuales, valores, creencias e intereses compartidos. El funcionamiento de las CMP se basa en procesos productivos, no históricos.
Preocupa también el cuerpo integrante de estas CMP, las cuales, tienden a estar dirigidas por antiguos altos cargos militares que, debido a la naturaleza que requiere una empresa mercenaria, acostumbran a ser individuos ligados a cuerpos militares de dudosa o nula ética, tales como policía secreta del apartheid, líderes de comandos fascistas de Pinochet, veteranos de Vietnam, etc.
Las ventajas que supone para los estados la contratación de estas CMP son varias, y de hecho, ayudan a comprender el porqué de su creciente número. En lo que respecta a los gobiernos, se benefician de las CMP valiéndose de ellas en el plano internacional, consiguiendo desligarse a nivel nacional de las operaciones militares que estas compañías lleven a cabo en su nombre, y evitando tensiones internacionales —o,al menos tensiones oficiales y sanciones internacionales—. Económicamente suponen también una ventaja, al ser los ejércitos nacionales una institución financieramente costosa (desde el despliegue de las tropas, mantenimiento del equipo, sueldo y pensiones de los militares y de viudedad, costes médicos y un larguísimo etc.) frente a un costo elevado en la contratación de las CMP, pero que elimina todo lo anterior, unido a un gasto basado en la temporalidad, es decir, en la duración del contrato. La amortización del costo político también tiene que ver, en tanto en cuanto un mercenario no tiene la representatividad ni unión cultural de un soldado, ni relación alguna con el Estado contratante, además de no contabilizarse como bajas en las estadísticas nacionales, lo que suaviza considerablemente una operación militar frente a la opinión pública.
La propia naturaleza empresarial de las CMP les lleva a una fuerte dinámica de coste-beneficio. Por un lado, se niegan a llevar a cabo más funciones que las especificadas en el contrato, buscando maximizar beneficios con el menor número de pérdidas materiales (y humanas), o una inversión extra que no estaría planteada en un principio. También pueden decidir rescindir el contrato en cualquier momento si ven que la peligrosidad del conflicto va a ser demasiada como para compensar la paga recibida. Tampoco es raro encontrar cobros por servicios no prestados cuando el contrato no especifica exhaustivamente las funciones de las CMPs, haciendo además muy difícil descubrir los sobrecostos e inflaciones de precios que estas compañías puedan llevar a cabo por sus servicios, pues, al contrario que el ejército, no necesitan dar cuenta de sus facturas y gastos, haciendo de su gestión algo opaco.
Al ser un modelo de empresa relativamente joven, las CMP aún no cuentan con un reglamento claro sobre qué entidades pueden requerir sus servicios y cuáles no (huelga decir que precisamente su limbo legal es parte de las ventajas por las que los estados y empresas les contratan). Así como la mayoría de CMP busca dar servicios a Estados democráticos y organizaciones humanitarias, principalmente para mantener una legitimidad del negocio, lo cierto es que el abanico de contratistas de estas compañías no son siempre de este tipo.
Hay CMP como Logistics Group que fueron acusadas de instigar un golpe de estado en países como Guinea ecuatorial, además de saberse que las compañías tienden a dar servicios a dictaduras, carteles de la droga y grupos rebeldes, como el ejército de liberación de Kosovo (KLA) al que dieron entrenamiento táctico. Tampoco existe un control riguroso del personal contratado ni normas que excluyan de las CMP a individuos potencialmente peligrosos. Esto se puede explicar no solo por la necesidad de estas empresas de mantener constantemente personal en nómina para encarar los contratos, sino porque el perfil de los soldados que llevan a cabo las operaciones dentro de las compañías requiere de una personalidad concreta.
Una de las acusaciones contra las empresas militares privadas es las numerosas violaciones de derechos humanos que perpetran, habiendo múltiples ejemplos archivados. Entre los casos que se pueden destacar está la supuesta compraventa y violación de menores durante la guerra de Bosnia
Precisamente una de las acusaciones contra estas compañías es las numerosas violaciones de derechos humanos que perpetran, habiendo múltiples ejemplos archivados. Entre los casos que se pueden destacar está la supuesta compraventa y violación de menores durante la guerra de Bosnia por parte de integrantes de la compañía Dyncorp. El desenlace de este suceso se saldó con los despidos de los encausados, pero ninguno recibió penas judiciales. Lejos de suponer el fin de Dyncorp, esta empresa fue después contratada por el pentágono para el adiestramiento de la policía iraquí. Tampoco hubo repercusión alguna para los mercenarios acusados de torturas en la cárcel de Abu Ghraib en Irak.
La utilización de CMP en lugar de fuerzas militares nacionales puede dañar el vínculo ejército-pueblo por varias razones:El ejército es una institución que está controlada en las democracias occidentales porque hay estructuras que priman el poder civil sobre el militar, así por una dinámica democrática –a priori- tanto en el interior del ejército como entre éste y la sociedad civil. La supeditación de las fuerzas armadas como simple herramienta de las instituciones democráticas dista mucho, y puede verse alterada gravemente por la intrusión del modelo contratista de las CPM: Al encontrarse al margen de la cadena de mando militar y ajena al control de los gobiernos, su control en las actuaciones es más difícil.
Además, el vínculo entre el Estado y el ejército funciona no solo porque el estado es la razón misma de la existencia del ejército, sino que existe una conexión entre éste y la ciudadanía, en el sentido de que los militares “representan” a la población, y es de ella de la que reciben la legitimidad para actuar. Frente a eso, las CMP trabajan para los gobiernos bajo contrapartidas económicas, y su obligación para con ellos reside únicamente en el contrato, lo que no solo mercantiliza la cuestión de la defensa nacional, sino que vuelve su legitimidad más dudosa que las del ejército. Los propios valores de defensa de los principios democráticos y la instrucción en normativa internacional que las fuerzas armadas reciben, son para las CPM innecesarios para sus prioridades, que como empresas que son, se resume a las cuentas y beneficios de su negocio (y que, dadas las actuaciones para las que se les contrata, tampoco tienden a seguir, ni se les exige que sigan).
Este es, por tanto, un preocupante retroceso en la regulación de las fuerzas armadas y del derecho internacional, que amenaza con “feudalizar” de nuevo el panorama de los conflictos (entendiéndolo como la vuelta de ejércitos privados contratados por países o reyes, como ocurría en el pasado), facilitando el descontrol en las operaciones militares y sus consecuentes crímenes de guerra, un panorama en el que conviene analizar quienes son los ganadores de este modelo, pues queda claro quiénes somos los perdedores.
-Azellini, D. (4 Julio 2013). America Latina y la privatización de la guerra. Cuadernos de Marte, 3, 247-262.
-Gadea, G. El Ejército Privado: Nuevo Modelo de Seguridad Internacional. 20/3/2018, de Congreso de Relaciones Internacionales.
-Laboire, M. (2008). La privatizacion de la guerra. El auge de las compañías militares privadas. Dialnet, Nº 307, 83-119. 22/3/2018, De Dialnet Base de datos.
-Rovira, C. (2005). Nuevas y viejas guerras: asimetría y privatización de la violencia. 30/4/2018, de Siglo XXI Editores.
– Shah, R. (Mayo, 2014). Beating Blackwater: Using Domestic Legislation to Enforce the International Code of Conduct for Private Military Companies. Yale Law Journal, 123
Este material se comparte con autorización de El Salto
Covid-19: apartheid sanitario en la “aldea global”
Bihr analiza la doble crisis revelada por la pandemia de Covid-19, la del sistema capitalista pero también la de las fuerzas alternativas
Fragmento del último libro de Alain Bihr: Face au Covid-19: nos exigences, leurs incohérences (Syllepse, 2021).
Cizaña y apartheid en la aldea global
La metáfora de la aldea global, puesta en circulación por primera vez por Marshall Mc Luhan en los años 60, no ha dejado de utilizarse para designar los efectos de la contracción del espacio-tiempo en el que nos hace vivir la globalización capitalista. Una contracción que la pandemia del Covid-19 ilustra de forma espectacular: aparecida en el centro de China (Wuhan) en las últimas semanas de 2019, el coronavirus responsable de la misma tardó sólo unas pocas semanas en extenderse (aunque de manera desigual) por todos los continentes, a la escala y velocidad de la circulación contemporánea de mercancías, capitales y personas. Pero esta pandemia reveló mucho más profundamente ciertos límites, fracturas y, en última instancia, contradicciones dentro de esta globalización que, ayer, algunos periodistas anunciaban como feliz y luminosa. Tanto es así que, bajo el régimen del capital, el planeta no tiene nada en común con una comunidad aldeana unificada y pacífica.
Cuando los Estados se comportan como traperos
Para empezar, y contrariamente a lo que la vulgata neoliberal, reforzada por numerosos estudios académicos, viene sugiriendo desde hace décadas, la globalización no convirtió en absoluto a los Estados en algo obsoleto e inútil, ni siquiera en su forma y dimensión nacional (los Estados-nación). Es cierto que el proceso inmediato de reproducción del capital, la unidad de su proceso de producción y de su proceso de circulación, se ha globalizado: Esto se manifiesta en la globalización de la circulación de mercancías y capitales, así como en la globalización de las cadenas de valor (la segmentación de los procesos de producción entre lugares dispersos, en este caso situados en diferentes Estados, que recurren a fuerzas de trabajo desigualmente calificadas y productivas y desigualmente remuneradas), dando así una dimensión planetaria a la fábrica fluida, flexible, difusa y nómada auspiciada por las empresas transnacionales.
Pero no es así, o lo es a un nivel muy inferior, en lo que tiene que ver con la producción y reproducción de todas las condiciones sociales generales del proceso inmediato de reproducción del capital, del que los Estados siguen siendo los que dictan las normas e incluso, en gran medida, los principales ejecutores. Por ejemplo, a través del aparato familiar (la familia nuclear, su división desigual del trabajo entre los sexos y su tutela estatal), el aparato escolar, el aparato sanitario, el aparato policial y judicial, etc., la reproducción de la fuerza de trabajo social (la que, como hemos visto es indispensable para la valorización del capital) sigue siendo una competencia de los Estados-nación, tanto en sus instancias centrales como en las descentralizadas (regiones, metrópolis, municipios, etc.). Esto es lo que justifica que no se deba hablar de «globalización» sino, más precisamente, de transnacionalización del capitalismo.
Esta arquitectura de la reproducción del capital, que parece funcional y que lo es en el transcurso ordinario de la reproducción, manifiesta, en las condiciones actuales, la contradicción potencial sobre la que se basa: la que existe entre un espacio de reproducción inmediata del capital a escala planetaria mientras que los aparatos que aseguran la (re)producción de sus condiciones sociales generales siguen dimensionados y regulados a escala nacional. Si un virus aparecido en el centro de China fue capaz de provocar una pandemia planetaria en pocas semanas, se debe obviamente a la extensión e intensificación de la circulación de mercancías y personas, inherente a la globalización del proceso de reproducción inmediata del capital.
Pero, al mismo tiempo, se supone que este fenómeno patológico global debe ser frenado por los Estados-nación que actúan de forma dispersa y cada uno por su propia cuenta, erigiendo como prioritaria la defensa de la salud de sus respectivas poblaciones. Esto lleva a la transformación de un mundo que hasta ayer estaba abierto a los cuatro vientos de la globalización (siempre que no se trate de acoger a un migrante económico, un solicitante de asilo o un refugiado climático) en un mosaico de Estados que se cierran unos a otros, levantando de nuevo barreras en sus fronteras y reafirmando, a veces con manu militari, el principio de su soberanía territorial.
En estas condiciones, los sistemas nacionales de salud no sólo se vieron privados de cooperar entre sí, sino que la Organización Mundial de la Salud (OMS) se limitó a emitir en repetidas ocasiones alertas y recomendaciones de prácticas correctas. Los Estados entraron rápidamente en competencia cuando todos se dirigieron al mismo tiempo a las únicas industrias capaces de suministrarles medicamentos y material sanitario para luchar contra el Covid-19. Así, al principio de la pandemia, los Estados miembros de la muy civilizada Unión Europea se disputaron lotes de mascarillas como vulgares ropavejeros. Su competencia era tanto más aguda y feroz cuanto que, además, la globalización del capital había intervenido también dentro de estas industrias, llevando a su deslocalización y concentración en ciertos Estados emergentes (China e India, en particular), por lo que muchos Estados centrales (incluso en Europa) se vieron privados de todos los recursos de este tipo en su propio territorio. Entonces se dieron de cómo este proceso -fomentado también por las políticas neoliberales de restricción presupuestaria- los había hecho dependientes y había precarizado también la seguridad sanitaria de sus poblaciones.
Burlarse del ex tercer mundo, así como del cuarto
Además, y en rigor, la lucha contra la pandemia actual presupone la consecución de una inmunidad colectiva a la misma escala que la pandemia. Esto implica que la mayor parte de la humanidad debería poder beneficiarse de la vacunación, a menos que contemos, también cínicamente, con los efectos de la propia pandemia. Si toleramos que sólo una parte del mundo acceda a la vacunación, o incluso si toleramos que el avance de la vacunación a nivel mundial sea lento, corremos un doble riesgo. El menor de ellos sería perder parte del beneficio de la vacunación: como el virus se perpetúa en las poblaciones no vacunadas y no respeta las fronteras, sobre todo porque las fronteras deben seguir siendo porosas para que el negocio continúe, la pandemia retomaría periódicamente su curso entre las poblaciones que se vacunan; en definitiva, sería una repetición del escenario de las olas sucesivas, pero a nivel global. Peor aún, el hecho de perpetuar la circulación del virus de esta manera multiplicaría las diversas cepas del virus y, con ellas, la probabilidad de que aparezcan cepas aún más contagiosas o más virulentas que las que ya han aparecido, algunas de las cuales podrían llegar a desactivar por completo el efecto protector de las vacunas. En resumen, sería jugar a la ruleta rusa.
Y, sin embargo, los gobiernos de los Estados centrales del mundo se han lanzado en este juego mortal. Estos Estados financiaron en gran medida el desarrollo de las vacunas, fueron también los primeros en poder suministrarlas a sus poblaciones si éstas lo deseaban. Fueron los primeros, y por el momento los únicos. En efecto, a pesar de sus compromisos regularmente renovados, su contribución a la puesta a disposición de las vacunas para las poblaciones de la periferia mundial a través del sistema Covax, creado por la OMS en colaboración con la ONG Gavi, ha sido hasta ahora claramente insuficiente, hasta el punto de que la vacunación sigue siendo casi inexistente en la periferia: “Al ritmo actual de vacunación, los países de bajos ingresos necesitarían 57 años para alcanzar el mismo nivel de protección que el de los países del G7”, según la ONG Oxfam.
Evidentemente, hay razones de peso para este apartheid sanitario mundial. La primera es la financiera. Las vacunas son caras y las finanzas públicas de los Estados centrales, ya minadas por las políticas presupuestarias neoliberales aplicadas durante cuatro décadas, se degradaron aún más por las medidas de apoyo a la economía (es decir, al capital) necesarias por la pandemia. Se podría manejar, desde luego, la posibilidad de obligar a los grupos farmacéuticos que producen las vacunas a entregarlas a su precio de costo, que es mucho más bajo que el precio actual en el mercado. No faltarían argumentos a favor: además del estado de necesidad en que se encuentra la población mundial, los Estados centrales podrían argumentar que financiaron en gran medida el desarrollo de estas vacunas, para suspender o anular así las patentes que actualmente permiten que estos grupos obtengan suntuosos beneficios.
Pero las pocas voces (incluido el reclamo hipócrita de Joe Biden) que se han alzado al respecto han provocado una respuesta unánime de indignación por parte de Boris Johnson, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Ursula von der Leyen [presidenta de la Comisión Europea] y otros: ¡los contratos deben cumplirse y se cumplirán! Es una forma de reafirmar su apego al sacrosanto principio de que, si bien se socializan los costos, los beneficios deben ser privatizados.
Además, hoy más que nunca, en la periferia global (es decir, los suburbios, o incluso los confines, de la aldea global) se concentra la superpoblación relativa, que sirve de ejército de reserva del capital (Marx). Por cierto, la última fase de la globalización capitalista consiste, a través de la liberalización de la circulación internacional del capital, lo que implica en particular la deslocalización de segmentos de los procesos de producción de las formaciones centrales a las formaciones periféricas, en ampliar considerablemente las dimensiones de este ejército de reserva, mediante la expropiación de cientos de millones de campesinos en el campo asiático, africano y latinoamericano, para someter al proletariado de las formaciones centrales a su competencia y obligarlo a aceptar el estancamiento o incluso la caída de sus salarios y la degradación de sus condiciones de empleo y trabajo.
Esta operación ha tenido tanto éxito que las direcciones capitalistas centrales pueden hoy ser aún más indiferentes que antes a la suerte del grueso de estos neoproletarios, así como a la de sus hermanos de clase que ya pertenecían al proletariado, dada la sobreabundancia de los mismos. De este modo, pueden dar rienda suelta a su desprecio de clase hacia ellos y el cinismo puede unirse a los tintes racistas heredados de la época colonial. Si un Macron puede pensar y decir que “una estación de trenes [en París] es un lugar en el que se cruzan personas que tienen éxito en la vida con gente que no es nada”, ¿qué idea puede tener de los migrantes internos chinos que trabajan en los sweatshops [fábricas y talleres] abiertos en las zonas especiales de Guangdong [Cantón] o Fujian, o de las trabajadoras que sólo sirven para generar beneficios en las maquiladoras del norte de México?
El hecho de que, al decir esto, cree las condiciones para un futuro efecto boomerang de la pandemia a nivel planetario, que echará por tierra una vez más su escenario de salida de la crisis, ilustra hasta qué punto sigue siendo prisionero, al igual que sus homólogos extranjeros, de las contradicciones inherentes a las relaciones de producción de las que todos quieren ser fervientes gestores.
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