✪1) Uruguay- Rechazar el proyecto anti popular.
✪2) Chile- Vivir y morir envenenado
✪3) El poder de la Iglesia Católica. Laicismo e ideal republicano.
✪4) En Colombia la Izquierda da un salto
SI. RECHAZAR EL PROYECTO ANTI POPULAR.
El camino de apertura indiscriminada a todo tipo de capitales privados se ha ido agotando. El otorgamiento de múltiples prebendas ya no alcanza para satisfacer a grandes inversores, en la medida que los rubros más apetecidos, han sido absorbidos.
En este escenario el gobierno multicolor redobla la apuesta y aumenta la velocidad. Exige mayores sacrificios a los trabajadores de hoy y a los de ayer para incrementar la rentabilidad de los grupos dominantes.
Uno de sus objetivos centrales consiste en financiar los pagos de intereses, de una deuda pública que agobia las finanzas del Estado. Para ello limita el número de trabajadores, provoca descenso de salarios públicos, reduce inversiones, comprometiendo la calidad de los servicios.
Las ganancias de los entes públicos se destinan a cubrir déficit, se privatizan o desmantelan actividades y su fucionamiento se subordina al “mercado”, es decir a grandes capitales.
La motosierra que prometió Lacalle padre, para recortar el gasto y las inversiones públicas hoy es utilizada por el hijo con el nombre menos agresivo de “regla fiscal”.
Paralelamente el país se endeuda para realizar obras al servicio de UPM y se otorgan más zonas francas para brindar impunidad a grandes inversores privados.
La denominada ley de urgente consideración es una pieza más de esta estrategia que impone a los sectores populares el costo de la crisis y privilegia a los “malla oro”.
La nueva ley instaura limitaciones al derecho de huelga y afina instrumentos de represión contra la protesta social, medidas que van de la mano con su “embestida baguala” contra el salario real. Las patronales pueden contratar “rompe huelgas” con la protección del poder. Se promueve una de las condiciones más tristes del ser humano, la del individuo que boicotea la lucha de otros trabajadores, pero cuando la misma rinde frutos se beneficia de ellos.
La filosofía de la ley establece que un racimo de uvas, vale más que una vida humana. Se instaura el riesgo de pena de muerte para el que carnea una oveja. Su vida queda en manos de un latifundista que puede alegar legítima defensa.
No es casual que la Cámara de comercios y la Asociación rural han expresado su apoyo a la LUC. Su contenido es nítido al servicio de grandes latifundistas, cadenas exportadoras en manos de grupos economicos foráneos, especuladores financieros, grandes importadores.
La ubicación del gobierno multicolor no admite lugar a dudas. Su defensa a ultranza de los grandes grupos de poder y de los acreedores de deuda pública es descarnada y descarada
El anuncio de la próxima reforma de la seguridad social, amenaza imponer fuertes limitaciones a derechos humanos fundamentales que son transformados en mercancías y fuente de ganancia para empresas financieras.
El SI marcaría claramente la voluntad del pueblo de enfrentar estas políticas.
GOTITAS DE ECONOMÍA
- En los dos primeros meses del 2022 el IPC ha icrementado 3.28% superando así el piso del rango meta para todo el año. Pese a políticas de contracción monetaria, al uso del tipo de cambio como ancla y los embates contra salarios reales y pasividadas que descienden en tobogán. Y marzo viene cargado con aumentos de combustible, cereales, carne, leche, huevosy alimentos básicos en general.
- La realidad demuestra claramente que las teorías monetaristas y liberales que consideran la inflación como un fenómeno estricitamente monetario o eventualmente culpan a los salarios por los aumentos de precios, es confundir síntomas con la enfermedad. Coherente con una ideología absolutamente superficial.
- Relaciones de poder, estructuras de mercados, estrategias para redistribuir plusvalía, comportamientos empresariales, constituyen el cerno de las fuerzas que provocan aumentos de precios.
- La tasa de empleo que calcula el INE fue de 57.1 % en enero de 2022 y la de desempleo 7.4%. Además hay aproximadamente 45.000 trabajadores en seguro de paro que se contabilizan como ocupados. Y miles de trabajadores que cansados de buscar empleo infructuosamente son registrados como inactivos. Sumando ¿cuantos desocupados hay?
- Los precios del gas se disparan en Europa. Mientras empresas privadas del rubro aumentan ganancias.
- Las sanciones económicas a Rusia, generan entre un cumulo de consecuencias, dificultades para el suministro de paladio utilizado para la producción de semiconductores y chips, lo que a su vez limita el funcionamiento de diversas ramas industriales.
Fuente: https://joserocca.org/
Vivir y morir envenenado en una “zona de sacrificio” en Chile
Por Angelina de los Santos | @angelinadlsh
¿Cuándo empecé a sentir este escozor en la garganta? Acá hay mar, pero el horizonte no existe. Lo que se ve está teñido por un aire casi palpable: un capote de partículas negras que hacen arder los ojos a cualquiera. ¿Cuándo empecé a tener este dolor de cabeza? Acá hay playa, pero la arena tiene vetas negras de carbón gruesas, y nadie se baña. ¿Cuándo el dolor de cabeza llegó a impedirme pensar? Acá lo que podría estar vivo, está inerte, moribundo o muerto. Acá el cuerpo se siente cansado. Acá, en el “Chernobyl chileno”, lo que vive está enfermo.
A unos 150 kilómetros al noroeste de Santiago de Chile, en la bahía de Quintero-Puchuncaví, aire, tierra y agua están contaminados. Plantas, animales y personas dejan de crecer más rápido, porque empiezan a morir más pronto. Los casi 60.000 habitantes del lugar viven respirando pequeñas dosis de veneno: allí hay decenas de tubos de cemento imponentes que expelen gases tóxicos todo el día. Tienen 150 metros de altura y luces rojas y blancas en la punta. Pertenecen a las 17 fábricas que conforman el Complejo Industrial Ventanas, inaugurado en 1961: termoeléctricas a carbón, industrias químicas, fundiciones de cobre y refinerías de petróleo.
Quintero-Puchuncaví es una de las cinco “zonas de sacrificio” de Chile. Son territorios donde el envenenamiento de personas y ambiente es tolerado por el Estado en pos del desarrollo económico. Así las han definido las organizaciones ambientalistas chilenas, la Institución de Derechos Humanos del país y recientemente las Naciones Unidas, que las concibe como una “injusticia ambiental”, según describió David R. Boyd, relator especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible.
Según cuántos vapores, gases y humos larguen las chimeneas del Complejo Industrial Ventanas, cuánto ruido hagan, hay habitantes de la zona —como la granjera Emilia Palma Vilches, el pescador Juan “Chino” Suárez, o la defensora ambiental Katta Alonso—, que saben si van a sentir un gusto ácido en la garganta, si les va a temblar alguna parte del cuerpo. O si les va a doler la cabeza. Ya son tantos los años que llevan respirando aire contaminado, que lo reconocen.
Pero si una es extraña en el territorio, las molestias llegan sin aviso y el tiempo se cuela entre pequeñas escenas de supervivencia. Cerrar las ventanas y puertas lo más hermético posible. Comprar frutas y verduras en otro poblado, lejos de ahí. No comer pescado. Beber y cocinar con agua embotellada. Disfrutar del cielo limpio después de la lluvia. Tomar duchas pequeñas. Con el correr de los días, cada vez es más difícil determinar cuándo el aire terminó de sacarte el aliento. Cuándo el pelo y la piel se resecaron y cuándo el dolor de cabeza se trasladó a las cervicales. Quizá lo mejor es intentar recorrer el territorio en el menor tiempo posible para volver pronto a casa. Porque eso se siente en una visita de solo unas horas.
Katta Alonso en las manifestaciones de 2018 – Cortesía Felipe Cantillana
La vida en una zona de sacrificio
Las mujeres que habitan ese territorio sufren abortos espontáneos o paren de forma prematura.
Algunos de los hombres que fueron empleados de las industrias, hoy tienen llagas verdes en la cara, bultos callosos en el cuello, escamas amarillentas verdosas en la espalda, pecho, brazos, piernas. A ellos les dicen los “hombres verdes”, como a Luis Pino, hoy defensor ambiental.
Los niños y niñas sufren de dolor de cabeza, vómitos, diarrea, obstrucción bronquial, urticaria y picazón muy frecuentemente. Tienen más probabilidad de tener cáncer porque en su cuerpo tienen mayor concentración de algunos metales pesados como el arsénico, en comparación a jóvenes y adultos, según una investigación de 2019. Ellos y ellas saben que no pueden correr en el patio de su escuela, jugar en el suelo y que tienen que lavarse las manos constantemente.
Los y las jóvenes mueren de cáncer: muchos y muchas tienen una falla en el gen p53, encargado de suprimir tumores en el cuerpo, según un informe de la Universidad de Valparaíso publicado en febrero.
Los suelos son infértiles; los estudios indican que están sobrepasados hasta en 100 veces de contaminantes como el arsénico.
Y los cadáveres de los animales, son verdes.
En la bahía de Quintero-Puchuncaví se han registrado intoxicaciones e incidentes ambientales desde 1988, es la zona de sacrificio más antigua de Chile. Ya en 1994 el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) declaró el territorio como “saturado” por la contaminación. Sin embargo, no hay normas que regulen toda la emisión de gases y las que regulan algunos gases “son antiguas, malas y no siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, dijo Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram.
“El problema que tenemos es que de acuerdo a la legislación vigente, hay contaminación cuando se supera una norma, pero si no hay norma, legalmente o jurídicamente no hay contaminación”, explicó. Por ello y pese al paso del tiempo, siguen habiendo intoxicaciones.
El episodio más grande sucedió entre la mañana del 21 de agosto y las dos primeras semanas de septiembre en 2018. Esos días hubo nubes amarillas en el cielo y al menos 1.700 personas resultaron envenenadas porque —sin saberlo ni poder evitarlo— estuvieron inhalando gases tóxicos. De ellas, 1.500 eran niños y niñas.
El gobierno local declaró alerta amarilla y suspendió las clases; el Gobierno nacional no detuvo la producción de las plantas hasta mucho después. En cambio, puso bajo sospecha el comportamiento de los habitantes. Según contó María Araya, presidenta del Consejo Consultivo de Usuarios del Hospital Adriana Cousiño, en Quintero hubo profesionales de la salud que diagnosticaron a los afectados con “histeria colectiva”. Se dijo que la comunidad había entrado en un estado de psicosis tal, que hizo que tuvieran los síntomas de intoxicación.
A pesar de que las autoridades no han investigado ni explicado qué sucedió exactamente, las organizaciones sociales y sindicatos que hace años estudian la situación socio-ambiental de la bahía, como Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia (Muzosare), la Defensoría Ambiental, FIMA, Fundación Terram y el Sindicato S-24, están convencidos de que hubo envenenamientos por la interacción entre los gases y la presencia de compuestos orgánicos volátiles, para los que Chile no tiene normativa.
A esto se sumó que en esos días se generó un microclima con lloviznas y no hubo viento suficiente para soplar tanta emisión no fiscalizada. Desde la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando se afianzó el modelo neoliberal extractivista, los sucesivos gobiernos no han fiscalizado las producciones del cordón industrial.
El 28 de mayo de 2019, la Defensoría logró junto a FIMA y otras cinco organizaciones sociales, que la Corte Suprema de Chile condenara la violación sistemática de los derechos humanos de los habitantes de la zona.
Manifestaciones en la bahía por las intoxicaciones masivas de 2018- Cortesía Ricardo Quero Arancibia
La sentencia fue calificada como histórica por organizaciones locales e internacionales; Naciones Unidas la denominó “contundente”. El fallo, arraigado en el derecho constitucional a vivir en un ambiente libre de contaminación, sostuvo que el desarrollo económico, como el que se suponía iba a traer la creación del Complejo Industrial Ventanas, “no podía realizarse olvidando ni dejando de lado la conservación y protección del medio ambiente, y no podía comprometer las expectativas de las generaciones futuras”.
Según el informe del relator especial Boyd, “esto constituye un reconocimiento tácito de que las zonas de sacrificio no pueden conciliarse con las obligaciones en materia de derechos humanos, aunque de ellas se deriven supuestos beneficios económicos”.
La Corte ordenó al Estado chileno tomar quince medidas inmediatas, siendo la primera identificar los contaminantes volátiles emitidos por las empresas en la bahía, a fin de detectar el origen de las intoxicaciones masivas. El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) del segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), responsable de llevar adelante las primeras y más importantes medidas, creó una página web donde publica el avance del cumplimiento del fallo. Sin embargo, Liberona aseguró que el MMA “enmascara las medidas que toman, de tal manera que pareciera que se cumple el fallo”.
En ese sentido, Marcos Emilfork, coordinador de acceso a la justicia de FIMA, también señaló que desde las organizaciones han “discutido mucho lo que han ido presentando”, porque la primera medida, de la cual se desprende todo el resto, no se ha cumplido.
“La sentencia define que no está claro cuál es el contaminante y quién lo produce; por lo tanto, lo primero que ordena es estudiar y definir cuál es el método más idóneo para identificar al contaminante, su concentración, características, etcétera. Eso hasta la fecha no existe. Lo que ha subido el MMA y los otros organismos condenados, han sido estudios sobre compuestos que, o bien que ya se saben que existen, o monitoreos, o de regulación de contaminantes vertidos en el medio marino”, explicó.
Las organizaciones denuncian que ninguna de las decisiones de la Corte ha sido implementada completamente. También denuncian que desde entonces han aumentado las amenazas a defensores y defensoras ambientales, y periodistas.
Nuevo Gobierno, nuevos compromisos
A casi tres años de la histórica sentencia judicial, todavía se desconoce la naturaleza y las fuentes de los gases que causaron la crisis masiva en 2018. Mientras, incluso durante la pandemia, las plantas continúan funcionando sin restricciones, y las personas continúan padeciendo los estragos de la contaminación.
A esto se suma un nuevo derrame de petróleo en la bahía, el 22 de diciembre de 2021; el continuo varamiento de carbón en las playas (entre 2009 y 2020 se registraron 832, según organizaciones sociales), y el frecuente sobrepaso de los límites permitidos en las emisiones de los gases normados. El último episodio registrado sucedió a mediados de enero, cuando se dispararon las emisiones de dióxido de azufre —uno de los compuestos derivados del proceso de fundición de cobre—, para el que la norma nacional permite concentraciones 3,7 veces mayores a las recomendadas por la OMS.
Manifestaciones 2018 – Cortesía de Felipe Cantillana
“Hemos estado durante años batallando para que se proteja el ambiente, y esperamos que con las nuevas autoridades esto se comience a materializar”, dijo Liverona. El Gobierno de Gabriel Boric, que asumió el 11 de marzo, tiene como gran desafío “hacer el estudio que pide la Corte en la primera medida, establecer el método. Luego viene el cumplimiento de todas las demás medidas”, señaló Emilfork.
Como presidente electo, Boric y su equipo mantuvieron reuniones con representantes sociales de las zonas de sacrificio de todo el país. A comienzos de marzo Boric participó en un desayuno ciudadano en Viña del Mar (a 40 kilómetros al sur de la bahía de Quintero-Puchuncaví), en el que se comprometió a terminar con las zonas de sacrificio. “No podemos seguir así y él lo tiene clarísimo”, dijo a la prensa local Katta Alonso, de Muzosare. “Es una gran esperanza que este Gobierno parta con la sociedad civil”, agregó.
Por ahora, los habitantes de Quintero-Puchuncaví sólo confían en el viento: saben que cuánto más viento haya, más lejos se llevará “la peste”.
fuente: https://www.montevideo.com.uy/
El poder de la Iglesia Católica. Laicismo e ideal republicano. Entrevista a Ángel Munárriz
Ángel Munárriz
03/2022
Hay excepciones, sí. Y valiosas. Hay también una escuela laica y cooperativa de la que se habla poco al debatir sobre la concertada. Pero, para centrarnos en la Iglesia, hay que hacer un pequeño barrido histórico. El problema es que venimos del franquismo, que entrega la educación a la Iglesia y la convierte en una guardería para niños pobres. Catecismo en mano. De un nivel intelectual y de una altura de miras paupérrima. Eso empieza a cambiar con Villar Palasí, con la ley de los años setenta que trata de adaptar el modelo educativo a las crecientes exigencias de mano de obra de una economía en desarrollo. La Iglesia empieza a perder el monopolio con una reforma salida del propio franquismo, pero mantiene todavía una fuerza brutal. ¿Y qué ocurre en 1985? El primer PSOE se encuentra con que tiene que universalizar la educación, con unos ciertos estándares de calidad, y adaptarse a un transformación enorme en la sociedad española, con un boom demográfico y un cambio cultural y económico imparable. ¿Qué hacer con esa infinidad de colegios congregacionistas? ¿Los estatalizamos? ¿O creamos una solución de circunstancias? Es decir, ¿los financiamos y los incorporamos a la red pública, pero los dejamos en manos de la Iglesia? Esto es lo que se hizo. La opción B. La concertada. La cuestión es que la opción B, que por cierto el escasamente autocrítico Felipe González ha admitido que fue un error, tenía en principio un carácter circunstancial y sujeto al cumplimiento de un compromiso por parte de la Iglesia. Ese compromiso era que la Iglesia católica, sus múltiples entidades que controlan los centros educativos, garantizara que son espacios que, a pesar de ser privados, se rigen por algunos principios, como por ejemplo, muy importante, la gratuidad. ¿Ha cumplido la Iglesia su parte del trato? No, como es habitual. No ha cumplido, por cierto, tampoco los Acuerdos de España con la Santa Sede, porque su autofinanciación ni está ni se la espera. Pero bueno, eso es otra historia.
En lo referente a la educación, ¿qué ha hecho la Iglesia católica con esa posición que se le otorga en 1985? Aprovecharla en su propio beneficio, no en el del conjunto del sistema. Aunque las generalizaciones son siempre inexactas, porque la Iglesia es plural y no son mismo los jesuitas que el Opus, en conjunto podríamos ofrecer la siguiente visión: los centros han ido estableciendo barreras para la segregación de alumnado, mediante la ubicación selectiva y el cobro de cuotas, asunto al que nos hemos dedicado extensamente en infoLibre. La escuela concertada católica —excluiría a la escuela concertada laica, que está inspirada en ocasiones por principios muy parecidos a los de la escuela pública—, en su gran mayoría, está colocada en zonas económicamente favorecidas, no hay más que darse un paseo por la ciudad de Sevilla, en cuyo centro la escuela pública es minoritaria. Ahora vete a un pueblo perdido o a un barrio pobre, donde apenas hay concertada. Esto es así, sin perjuicio de que la Iglesia siempre puede poner un ejemplo de unas monjitas en tal barrio. Lo mayoritario es lo contrario: barrios ricos, cuotas, colegios conectados con los intereses de las editoriales de la propia Iglesia, orientados hacia sus universidades… Y no olvidemos que el carácter religioso del centro ya es en sí mismo una barrera socialmente condicionante. En cuanto al cobro de cuotas, es un hecho grave porque acaba excluyendo alumnado pobre e inmigrante de la red concertada, con lo cual se quiebra la idea con la que se incorporó la red de la Iglesia al sistema. Piensa que las familias, la mayoría, no conocen al detalle la ley, no saben que tienen derecho a exigir no pagar cuotas. Lo que se encuentran el primer día que llegan a preguntar por el colegio es que les explican que hay que pagar un uniforme, una cuota de desgaste de patio, una aportación a la fundación, un complemento de materiales, un profesor de refuerzo de inglés, una señora de la limpieza y un plus covid. Lógicamente, la exclusión de alumnado pobre e inmigrante resulta en una mayor homogeneidad del alumnado de la concertada. No es ningún secreto que los alumnos de mayor nivel socioeconómico obtienen mejores resultados, de modo que la Iglesia presume de que tras pasar por la concertada el alumnado tiene mejores perspectivas laborales porque ha ido a la concertada, dándole la vuelta a la realidad: el alumnado con mejores posibilidades en la vida va a la concertada. Por supuesto, esta explicación es esquemática, hay mil matices. Pero el relato de la Iglesia es claramente falaz. La Conferencia Episcopal llegó a emitir un argumentario en el que afirmaba que el alumnado en la pública incurría en mayor criminalidad, atribuyendo al hecho de que fueras a la escuela pública la comisión de mayor número de delitos, en una trampa argumental de libro pero que tiene calado en parte de eso que se da en llamar «clases medias».
La Iglesia ha logrado compensar en las aulas su declive en el púlpito. Las iglesias se vacían los domingos, pero su red escolar gana prestigio a base de competir en posición de ventaja con la pública. Creo que la posición de la Iglesia en el ámbito educativo ha sido desleal con la idea original de la concertada y que hoy en día es un factor clave en la explicación de los elevadísimos índices de segregación escolar que hay en España. En la práctica, la Iglesia está alineada con el discurso educativo del PP, Ciudadanos y Vox, el de la defensa de la «libertad de elección» de centro por parte de los padres, que es un eufemismo de «obligación del Estado» de pagar mi educación privada católica incluso cuando esta se aparta de los principios de igualdad consagrados en la Constitución, por ejemplo separando a niños y niñas. La educación en España necesita, bajo mi punto de vista, más igualdad y más cohesión en torno a lo público. ¿Cabe ahí la concertada? Sí, pero sujeta con fuerza a unos principios marcados por el Estado.
¿Crees que ahora con el nuevo papado hay más posibilidades de reconducir la situación a una relación más lógica entre la Iglesia, que representa una creencia que no es compartida por todos los contribuyentes, y un Estado que se supone que es aconfesional y denunciar los acuerdos Iglesia-Estado?
La idea de la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede está insistentemente presente en el PSOE diría que desde hace más de una década. Rubalcaba lo decía. ¿Por qué? Porque el laicismo, o más bien un cierto anticlericalismo, es una corriente de pensamiento con mucha presencia en las bases socialistas. Decir que vas a cargarte los acuerdos con el Vaticano, el mal llamado Concordato, es algo que viste muy bien en unas primarias. Sánchez gana sus primarias de 2017, aparte de puño en alto y cantando La Internacional, prometiendo la derogación de los acuerdos con la Santa Sede. Luego, el poder lo modera.
Voy a tratar de ser equilibrado en el análisis. Este es el Gobierno del que la Iglesia católica ha obtenido menos, sin duda, pero lo cierto es que se esperaba más y al final la Iglesia ha mantenido la mayoría y ha perdido muy poco, cuando la teoría decía que tenía que haber una revisión a fondo de las relaciones Iglesia-Estado en muchos ámbitos. El Gobierno ha sufrido mucho la falta de una mayoría parlamentaria consistente. Ni la Lomloe ha llegado lejos, ni desde luego el escándalo de las inmatriculaciones se ha saldado de forma satisfactoria, ni parece que vaya a haber una rebaja significativa de los privilegios fiscales, ni se puede decir que se haya forzado a la Iglesia a una mayor transparencia en la administración del dinero público que recibe, a pesar de que hasta el Tribunal de Cuentas lanzó alertas.
Ha habido desde luego un cambio en las formas, con una modernización clara en las tomas de posesión y los funerales oficiales. Y no ha habido nuevas cesiones que agraven la situación. Además, hay que reconocer una rebaja en el estatus académico de la asignatura de Religión y una Ley de Eutanasia que sin duda eriza a la Iglesia. Está por ver en qué queda todo esto de la investigación de la pederastia.
Si nos atenemos a la historia, hay que temer un posible lavado de cara. En cuanto a los acuerdos con la Santa Sede por los que me preguntabas, los firmados en 1976 y 1979 y que tanto facilitan la posición privilegiada de la Iglesia y su acceso masivo a recursos públicos, creo que es más que probable que no sufran un cambio significativo. Hay que pensar que, en su último congreso, ya con Sánchez en La Moncloa, el PSOE rebajó su compromiso al respecto, pasando de la derogación a la «revisión» en «consenso» con la Iglesia. Yo sé, informado por el Ministerio de Presidencia, que la revisión de los acuerdos no forma parte ahora mismo de las conversaciones entre Félix Bolaños, ministro de Presidencia, y Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, donde sí se está hablando de impuestos. Mis expectativas de resultado de esa mesa son bajas. Porque va a haber un retoque superficial de los privilegios fiscales de la Iglesia que parece que no va a afectar al IBI ni probablemente a la opacidad con la que administra su dinero la Iglesia.
¿Podría haber un cierto cambio de la religión Iglesia-Estado? Podría haberlo, sí. Sería un tanto político para el Gobierno y hasta podría ser vendido como una modernización por la Conferencia Episcopal, que se adaptaría así al rumbo reformista del papa. Pero tengo mis dudas de que se haga y aún más de que no se acabe quedando en un retoque superficial que sirva para que todo se quede como estaba sin ir a lo esencial: educación, dinero, transparencia, neutralidad. Me parece un melón excesivo para lo poco que queda de legislatura.
Fuente: http://www.sinpermiso.info, 11 de marzo 2022
En Colombia la Izquierda da un salto
Ha cerrado uno de los procesos electorales previstos para este año en Colombia. Se trata de la escogencia de los nuevos integrantes del poder legislativo en sus dos cámaras (Senado y Cámara baja) y de la selección de los candidatos presidenciales de las tres coaliciones que se conformaron para definir el nombre que las representara en las votaciones para definir el jefe de la Casa de Nariño para el cuatrienio que se extienden entre el 2022 y el 2026.
Los siguientes son los hechos más significativos de esta histórica jornada que ha sintetizado una de las etapas más intensas de la historia política nacional en que el movimiento social ha protagonizado descomunales acciones contra el neoliberalismo y el régimen político oligárquico.
Primero. La consulta interna del Pacto histórico se acercó a los 6 millones de votos, y en la misma triunfo el Senador Gustavo Petro con 4 millones 500 mil sufragios, seguido por Francia Márquez, una líder afro del cauca que recibió el respaldo de 800 mil electores. El multitudinario respaldo a Petro implica un profundo viraje en el campo político nacional que se inclina hacia una izquierda transformadora en la perspectiva de los derechos fundamentales de millones de colombianos, de repudio a la corrupción y a la violencia del régimen uribista neonazi.
Segundo. La lista al Senado del Pacto Histórico se ubicó en primer lugar con cerca de 17 senadores, lo que refleja el repudio de las mayorías ciudadanas del clientelismo y de la aberrante corrupción de la casta política representada por Uribe Vélez, Ivan Duque, Andrés Pastrana y otros personajes retardatarios de la política regional.
Tercero. La elección de una robusta delegación de Representantes en la Cámara baja, con 25 legisladores que reflejan y representan las provincias y regiones de la nación, incluidas sus organizaciones populares, agrarias y sindicales.
Cuarto. El desplome electoral de las dos estructuras más retardatarias del país como el Centro Democrático de Uribe Vélez y Cambio Radical del ex Vicepresidente German Vargas Lleras.
Quinto. La caída y debilitamiento de poderosas mafias regionales como la de los Char en Barranquilla y la de Dilian Toro en Cali.
Sexto. La mengua del poder y la hegemonía de la ultraderecha uribista y de sus aliados, aunque el ex alcalde de Medellín Federico Gutiérrez fue el señalado para representar el denominado Equipo Colombia en la disputa por la presidencia que será competido por otros derechistas como Rodolfo Hernández, Vargas Lleras y los voceros religiosos de ocasión.
Séptimo. La oxigenación del potente movimiento social y popular que gana espacios para retomar sus banderas por una Renta básica para 5 millones de familias pobres, por la eliminación del Esmad, por la paz, por la reforma agraria, por una Asamblea Constituyente soberana y por la depuración/disolucion de los aparatos armados del Estado infiltrados por las mafias y las redes de corrupción.
Lo previsible es que en los próximos meses regresen las acciones de masas, las huelgas, paros cívicos y marchas populares para desalojar de las instituciones públicas locales los grupos criminales que han secuestrado alcaldías como la de Armenia, la gobernación del Meta, la de la Guajira, la del Valle y Cauca. Para demandar la suspensión del Plan Artemisa del Ejercito que destruye los Parques Naturales de Tinigua, Macarena y Chiribiquete en el Meta; y para exigir la disolución de estructuras militares criminales como la Fudra y la Fuerza Omega en los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá, en donde el Comando sur y el generalato neonazi colombiano desangran a los campesinos con masacres, asesinatos y falsos positivos como los que se han dado recientemente en la parte media del Rio Guayabero a la altura de Puerto Cachicamo, Puerto Nuevo y Nueva Colombia, donde los comandos contraguerrilleros han asesinado, en condiciones de indefensión, a reconocidos líderes agrarios y de los cocaleros, incluyendo sus familias, esposas e hijos.
