Revista ALTERNATIVAS-🌟- n°712

✮ Armas y violencias en Uruguay

✮  Cepal, crisis acumulativa y casi 100 millones de pobres extremos

✮ Uruguay- Secretos de la Caja Militar

✮  Guatemala- El pueblo Q’eqchi’: Resistir para existir

 

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La masacre de Texas como disparador

 

Armas y violencias en Uruguay

 

Fuentes: Rebelión / CLAE

Uruguay es el quinto país del mundo en armas por habitante y comparte el segundo puesto en América con Canadá, detrás de Estados Unidos.

La reciente masacre en Texas dejó al menos 19 niños y dos maestras muertas en un tiroteo en un aula de una escuela primaria. El atacante, identificado como Salvador Ramos, de 18 años, fue abatido por la policía. Antes de atacar la escuela, disparó en la cara a su abuela, que está en estado crítico.

Entre la sorpresa por lo trágico y la “normalización” de estos asesinatos masivos, -el 213 en lo que va del año en Estados Unidos- el debate sobre la portación de armas se abrió en varios países y Uruguay no fue la excepción. El senador del centroizquierdista Frente Amplio, Mario Bergara, presentó un proyecto de ley sobre tenencia de armas.

Uruguay hoy

La situación actual de Uruguay se encuentra en tensión, y lamentablemente las tendencias muestran que no llega al punto álgido, al contrario.  Uruguay es el quinto país del mundo en armas por habitante y comparte el segundo puesto en América con Canadá, detrás de Estados Unidos. Según registros oficiales, existen más de 600 mil armas registradas y se estima que la misma cantidad de armas ilegales.

Ésta es una cifra incierta e incomprobable: el pequeño Uruguay, de 187 mil  quilómetros cuadrados y poco más de tres millones de habitantes cuenta con 34,7 armas por cada 100 habitantes.

El 18 de diciembre de 2020, el presidente derechista Luis Lacalle Pou firmó un decreto que deroga la ley de 2016 que había impulsado el centroizquierdista Tabaré Váquez sobre tenencia de armas. La nueva normativa establece que se consideran de libre importación y comercialización todos los materiales, repuestos y partes, relacionados con las armas de fuego, salvo excepciones, respondiendo en parte a un reclamo de la Asociación Nacional de Cazadores.

En el primer trimestre de 2022 se registró en el país un incremento de 35% de los homicidios. Mayo del corriente cerró con el doble de homicidios que el mismo mes del 2021. Al día de hoy se registra un homicidio cada 22 horas.

El último relevamiento de la Usina de Percepción Ciudadana muestra que la mayoría de la población tiene poca o ninguna confianza en la gestión del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el 83% cree que la inseguridad “aumentó o sigue igual” con el gobierno de la coalición derechista.

Recientemente, a raíz de una enfrentamiento armado, una bala se incrustó en el vidrio de una escuela mientras se estaban impartiendo clases. En la misma semana, pero en un liceo secundario, sucedieron hechos de similares características.

Los docentes denunciaron que en las afueras del liceo se han dado “un sinfín de peleas” en las que los trabajadores del centro tienen que intervenir directamente y que muchas veces deben llamar al 911 (de emergencias) para pedir la intervención policial, pero no siempre reciben respuesta “con la rapidez que se requiere”.

En los alrededores del liceo se han registrado robos de motos y arrebatos a estudiantes y familias, lo que ha generado la desvinculación educativa de adolescentes, quienes “por miedo dejan de asistir”

El exfiscal Jorge Díaz declaró que la política de seguridad “no puede ser un botín político”. Es una realidad que ya está instalada. Es cierto que el frenteamplismo claudicó en varios aspectos en materia de seguridad, porque compró el punitivismo como forma de afrontar la inseguridad.

Se creyó en la ilusión que a mayor crecimiento económico, menor sería la inseguridad. Pero la realidad es más compleja, policausal y existen bolsones de población donde el progresismo siquiera se acercó. Vale decir también que la derecha utilizó la inseguridad y la educación como caballitos de batalla durante los tres lustros de gobierno de centroizquierda. A las pruebas está la realidad de su fracaso.

Cuando decimos que los medios de comunicación operan políticamente, no es sólo un griterío quejoso de impotencia, sino un dato crudo. Cuando el país no había iniciado modificaciones profundas en materia de inseguridad, se produjo un aumento de un 300% en la cobertura de la prensa escrita sobre los temas de seguridad en la campaña electoral de 2009 con respecto a la de 2004. Obviamente, los delitos no aumentaron un 300% en ese quinquenio: los medios vendieron “inseguridad”..

Uruguay, ayer y mañana

Uruguay está inserto en una de las regiones más violentas y desiguales del mundo, que durante la década de los noventa vio crecer de manera alarmante su grado de criminalidad. Más allá de eso, el país muestra algunos rasgos excepcionales.

A pesar de la modificación de algunas características de parte del modelo socioeconómico que supuso el arribo del Frente Amplio en 2005 al gobierno, no se pudo evitar los efectos estructurales que afectaron directamente los aspectos de la integración social desde 1970 en adelante.

Para el criminólogo Ignacio Cano, especializado en el análisis de la violencia letal, hay varias explicaciones: el alto nivel de desigualdad, la amplia circulación de armas y el bajo impacto de los aparatos de justicia. Según Cano, hay una “aceptación” de la violencia como método de control social, lo que ha provocado que se perpetúe.

Gabriel Tenenbaum, investigador y experto en el estudio de la violencia y la seguridad y coautor del libro Relatos de muerte: homicidio de jóvenes montevideanos en ajustes de cuentas y conflictos entre grupos delictivos, coincide con el diagnóstico sobre el aumento de los homicidios:

“Todo apunta a que el aumento de los homicidios de estos meses se debe a conflictos entre grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas”. “Hay evidencia que confirma esta hipótesis: el conocimiento de la integración de los fallecidos en grupos delictivos y la forma en la que se ejecuta”, detalló.

Tiroteos en los barrios, ajustes de cuentas. Homicidios al estilo mafioso acribillando a personas en sus autos. Cuerpos desmembrados apareciendo por partes en distintas bahías de Montevideo. Cuerpos calcinados. Violencias que dan cuenta de que el narcotráfico camina con bota de siete leguas y parece que nadie acusa recibo, más allá de los discursos.

El periodista Gabriel Pereyra en su libro “Matar al mormón. La inseguridad pública, el narcotráfico y el magnicidio que impidió la DEA”, recrea un diálogo entre un policía colombiano y el ex jefe de Policía de Uruguay, Mario Layera. “Acá las cosas aún no son tan complicadas”, dijo el policía uruguayo al colombiano. “Bueno, así empezamos nosotros, respondió el otro”.

Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

 

 

 

 

 

Cepal, crisis acumulativa y casi 100 millones de pobres extremos

Cepal, crisis acumulativa y casi 100 millones de pobres extremos

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala que la desaceleración económica, la mayor inflación y la lenta e incompleta recuperación de los mercados laborales aumentarán la pobreza, la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria en la región en 2022.

El informe titulado Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis?, subraya que 7,8 millones de personas se sumarían a los 86,4 millones cuya seguridad alimentaria ya está en riesgo en la región. La incidencia de la pobreza regional alcanzaría un 33,7% (1,6 puntos porcentuales más que el valor proyectado para 2021), mientras que la pobreza extrema alcanzaría un 14,9% (1,1 puntos porcentuales más que en 2021).

Por ello señala que en lo inmediato es necesario sostener el bienestar de los sectores más pobres y reafirma que la seguridad alimentaria debe ser una prioridad, para lo cualo no se debe restringir el comercio internacional de alimentos y fertilizantes pues hacerlo aceleraría la inflación y dañaría a los más pobres.

Añade la Cepal que se deben considerar acciones como mantener o aumentar los subsidios a alimentos, implementar acuerdos de contención de precios de la canasta básica con productores y cadenas de comercialización, y reducir o eliminar aranceles a la importación de granos y otros productos básicos.

El nuevo informe especial de la Cepal analiza los impactos económicos y sociales de la guerra en Ucrania en la región, el contexto externo de incertidumbre, inflación (en especial de alimentos y energía) y desaceleración de la actividad económica y el comercio, y entrega recomendaciones a sus países sobre cómo enfrentarlos.

El estudio indica que, después de la expansión económica observada en 2021 (6,3% de crecimiento del PIB regional), la región alcanzará en 2022 un crecimiento anual promedio de 1,8% y tiende a regresar al lento patrón de crecimiento de 2014-2019 (solo 0,3% promedio anual, con la consiguiente caída del PIB por habitante).

Los avances en la vacunación, las menores restricciones a la movilidad y la reapertura de las escuelas impulsarán una recuperación de los niveles de participación laboral, en especial de la femenina, que ha sido la más afectada pues las mujeres salieron en mayor proporción del mercado laboral durante la pandemia.

La acción conjunta de una mayor participación laboral y un bajo ritmo de crecimiento, y por lo tanto de la creación de empleos, llevaría a un aumento en la tasa de desocupación en 2022, afirma el informe del organismo de Naciones Unidas.

Las economías de América Latina y el Caribe comenzaron a experimentar un incremento de la tasa de inflación en 2021. Mientras al cierre de 2021, la inflación anual de la región alcanzó un 6,6%, esa tasa aumentó a 8,1% en abril de 2022, al tiempo que muchos bancos centrales anticipan que la inflación se mantendrá elevada en lo que resta de año, agrega el documento, presentado en una conferencia de prensa por el Secretario Ejecutivo Interino de la Comisión, Mario Cimoli.

El informe resalta que la presente coyuntura no debe ser vista como un fenómeno aislado pues sus efectos se combinan con los causados por más de un decenio de crisis acumuladas: la crisis financiera internacional, las tensiones económicas entre Estados Unidos y China, y la pandemia.

Teniendo en cuenta los efectos del lento crecimiento y la aceleración de la inflación, la Cepal prevé que la pobreza y la pobreza extrema se elevarán por sobre los niveles estimados para 2021, lo que refleja el fuerte aumento de los precios de los alimentos. Estos niveles son notoriamente superiores a los observados antes de la pandemia e implican otro retroceso en la lucha contra la pobreza, recalca el informe.

Añade que los mayores precios de las materias primas, el aumento de los costos de transporte y las perturbaciones en las cadenas internacionales de suministro impactarán las exportaciones de bienes de la región.

En diciembre de 2021, la Cepal proyectaba un aumento del 10% del valor de las exportaciones regionales de bienes y del 9% del valor de las importaciones. Pero el alza de los precios de varios de los principales productos que la región comercializa eleva la proyección para 2022 a una expansión del 23% tanto de las exportaciones como de las importaciones.

Para responder a la coyuntura y dinamizar un crecimiento sostenible e inclusivo se requerirán políticas fiscales y monetarias procrecimiento señala la Cepal, que propone seguir utilizando la política fiscal como elemento central de la política de desarrollo, lo que requiere fortalecer los ingresos públicos para ampliar el espacio fiscal.

Señala que es necesario reducir la evasión, reorientar gastos tributarios y fortalecer la progresividad de la estructura tributaria. Para contener las presiones inflacionarias, fundamentalmente impulsadas por factores de oferta, es necesario que la política monetaria utilice el más amplio espectro de herramientas disponibles.

Ello requiere combinar el uso de la tasa de política monetaria con instrumentos macro prudenciales y cambiarios, a fin de enfrentar la inflación minimizando los efectos negativos sobre el crecimiento y la inversión.

A mediano plazo, son necesarias políticas agrícolas e industriales que fortalezcan el apoyo a la producción agropecuaria, así como aumentar la eficiencia en el uso de fertilizantes, priorizando los biofertilizantes. La política industrial es clave para reducir la dependencia de la importación de fertilizantes en el mediano plazo, añade el informe.

En materia de seguridad energética Cepal asegura que es imprescindible avanzar en las fuentes renovables y en la integración energética regional. En la coyuntura, son necesarios mecanismos de estabilización de los precios de los combustibles; así como subsidios focalizados y temporales a los grupos de población más vulnerables y a los sectores productivos orientados al mercado interno, recalca el informe.

Cimoli concluyó que “América Latina y el Caribe enfrenta nuevos escenarios geopolíticos. La ruptura de la globalización puede llevar a diferentes configuraciones regionales que determinarán sus políticas con base en objetivos de soberanía en defensa, energía, alimentos y sectores industriales clave, desde los de más alta tecnología hasta algunos de insumos de amplio uso, como los fertilizantes”, indicó.

“Ante la regionalización de la economía mundial, la región no puede continuar actuando de manera fragmentada. Es necesario aumentar el papel de la articulación regional en las respuestas a la crisis: formular e implementar respuestas de América Latina y el Caribe en su conjunto o de sus bloques de integración”, concluyó el alto directivo de Cepal.

11/06/2022

Por Rodolfo Koé. Periodista económico argentino, analista asociado a al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

 

 

Secretos de la Caja Militar

 

 La reforma de la Caja Militar es el mayor obstáculo para que el gobierno pueda consensuar la reforma de pensiones y jubilaciones con la oposición; y en el tercer año de su período de gobierno, también en la coalición, que dispersa lealtades para marcar ya perfil electoral.

Luego del parejo resultado del referendum sobre 135 artículos de la LUC, la coalición vio estrecharse en mucho sus límites políticos. Quería expresar en la reforma –base material de cualquier otra relación empresaria– sus valores y prioridades, las condiciones que quiere para las empresas y sus inversiones, y al tiempo conservar posibilidades electorales, pero ahora es algo difícil de concretar, si no imposible.

De hecho, el interés de los militares por conservar su situación de privilegio y opacidad sobre sus condiciones de retiro está presente en la coalición, y no solo a través de Cabildo Abierto. También se expresaron sobre el tema, en contra de la mini reforma hecha por el Frente Amplio en 2018, recientemente el actual comandante en Jefe de Ejército, que no consideró que estar en actividad le fuera un impedimento constitucional para una opinión política, ni nadie parece haberlo notado. Y cuando se la trató en Senado, en 2018, lo hicieron en el mismo sentido el hoy presidente Lacalle y el hoy ministro de Defensa Javier García. Es de suponer que coincide con ellos el ex presidente Julio María Sanguinetti; el resto de la coalición guarda un prudente silencio que sugiere que quiere navegar a dos aguas.

Lo que impacta a la población, que es la que vota, son que estos pasivos tengan aguinaldo y el resto de los pasivos no, y el monto de lo que cuesta el aporte de Rentas Generales a la llamada Caja Militar. Es que Rentas Generales le pasa el 85% de sus prestaciones para 51.827 pasivos que cobraban en 2020, mientras el BPS recibe de Rentas Generales el 15% para 800.000 pasivos. Se abundará al respecto en esta nota.

La cifra de aportes que demanda la Caja Militar y lo que proporcionó a la Comisión de Expertos en Seguridad Social, CESS, durante su trabajo en 2021, es de 450,1 millones de dólares en 2019. Pero luego del trabajo de CESS, el contador Ariel Rodriguez Machado hizo un prolijo estudio de los aportes a la Caja Militar a través de las rendiciones de cuentas –ya que otra fuente específica no hay disponible–, de donde surgen novedades.

La cifra de 450,1 millones de dólares en 2019 que maneja la CESS no es todo lo que sale de Rentas Generales hacia la Caja Militar, según el estudio de Rodriguez Machado. En ella no se computan los objetos 571.000 “Jubilaciones” y 572.000 “Pensiones”, que suman 121,1 millones de dólares para el 2019: es lo pagado a militares que al cumplir el tiempo de servicio y la edad reglamentaria, han dejado de prestar sus servicios a los organismos e instituciones públicas (como los servicios de inteligencia que tienen no se sabe si todos los ministerios, y otros no especificados puestos en el Estado), y las prestaciones a los supervivientes de personas amparadas por el régimen de seguridad social. Esto lleva el total proveniente de Rentas Generales en 2019 a 570,2 millones de dólares.

El cambio de nombre de la caja militar a Servicio tiene la implicancia de que, pese a ser ordenador de gastos, su detalle es englobado por el Ministerio de Defensa en su inciso 03, restándole especificidad. Esto sucedió primero en la reforma a la ley orgánica militar que la dictadura se apresuró a hacer en 1974, que lo llamó Servicio de Retiros y Pensiones Militares, y luego en el gobierno de Lacalle Herrera en 1992, que terminó de definir el nombre de “Servicio de Retiros y Pensiones Militares”.

Dado que es unidad ejecutora del MDN, la Caja Militar no presenta balance contable ni estudio contable auditado, con lo que no se puede identificar fielmente sus movimientos financieros. Lo pagado por la Caja Militar se incluye en el presupuesto quinquenal del Poder Ejecutivo, y es actualizado por inflación. No hay control de que las transferencias de Rentas Generales se usen en los destinos descritos. Por lo tento, no hay constancia, por ejemplo, de que a los militares presos en Domingo Arena se les retenga medio sueldo con destino al tesoro de la Caja Militar, como lo establece legislación de 1942 para los oficiales retenidos a disposición de la justicia militar u ordinaria.

Y no es un mero detalle que el costo del funcionamiento, remuneraciones e inversiones de la Caja no se computen en la Asistencia Financiera, en tanto es un servicio de Defensa. Mientras, el personal civil que trabaja en ella aporta al BPS. Ambas cosas son funcionales a reducir el monto que le aporta Rentas Generales.

Creada en 1911, a menos de una semana que José Batlle y Ordoñez asumiera su segunda presidencia, la opacidad ya formaba parte de su funcionamiento, según la economista Mariana Sienra: “esta primera forma de previsión social que se inició en el siglo XIX (1897, con pasividad solo para oficiales) resulta poco transparente, en tanto sus fondos se confundían con rentas generales y por no ser posible distinguir, en los presupuestos, las pensiones graciables de las pensiones otorgadas por derecho”. Ese carácter elitista, la pasividad militar lo recupera, lo mantiene, y lo profundiza en distintas etapas de la historia, con apoyo expreso del Partido Nacional y silencio del Partido Colorado, como se especificará. Y los militares lo justifican en que el estado militar es de por vida, y en las condiciones inherentes al servicio.

En 1960, en el primer gobierno del Partido Nacional en 93 años, el pago a retirados militares pasa de Rentas Generales a la órbita de la Caja Militar, con lo que se aumenta fuertemente la opacidad de su funcionamiento. Y les mejora las condiciones de retiro a través de su rendición de cuentas: “Los militares que hubiesen pasado a situación de retiro, con un cómputo de más de 35 años y menos de 40 de servicios, percibirán el 90 % de los aumentos correspondientes a los de su grado en actividad. Los que hubiesen computado más de 40 años de servicios percibirán el 100 % de los aumentos otorgados en sueldos y compensaciones a los de su grado en actividad.”

En 1974, la dictadura cívico militar reafirma a texto expreso su carácter de servicio dentro de su modificación de la Ley Orgánica Militar. En 1977, un decreto de la Dictadura y autoriza en ciertos casos el traslado de haberes del jubilado que fallece a otros de su familia. Más importante es que via Ley Orgánica Militar, se accedía al regimen jubilatorio con 15 años de trabajo y retiro obligatorio con 45 a 60 años de edad, según el escalafón, con 100% del salario. Luego se introdujeron modificaciones que subieron a 20 los años de servicio.
En 1979, el acto institucional N°9 determina que las asignaciones de jubilación y de pensión serán ajustadas anualmente en función de la variación del Indice Medio de Salarios, y establece una facultad claramente discrecional: “Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer índices diferentes así como diferenciales al igual que adelantos a cuenta del ajuste anual, en forma racionalmente proporcionada a las posibilidades económicas de la República, procurando satisfacer las necesidades reales del beneficiario.”

En 1992, un nuevo gobierno nacionalista, el de Lacalle Herrera, establece un aumento del 5,3% a los pasivos militares que no se toma en cuenta para el cálculo de hogar constituído, para acumular a su retiro los servicios públicos y/o privados ni para la asignación suplementaria a quienes no puedan ascender por carecer de vacantes. También se acumula a su retiro los servicios públicos o privados prestados con anterioridad a su ingreso a las Fuerzas Armadas y los servicios docentes militares (algo solo habilitado a oficiales) prestados en actividad o retiro.

El ajuste de del haber se hará automáticamente en cada oportunidad en que se aumenten los salarios de los funcionarios públicos de la Administración Central. Y también se ajustarán por el Indice Medio de Salarios; y si éste no se produjo, se ajustará temporariamente por el índice provisional de Estadística y Censo.

En 1996, el gobierno de Sanguinetti hizo una reforma de la Seguridad Social en la que no tocó a la Caja Militar, y en 2018, al filo de terminar su tercer gobierno, el Frente Amplio hizo lo que hoy llama “la reforma posible”, pues sin apoyo alguno de la oposición, el texto fue fuertemente condicionado por el imprescindible voto 50, que era el del diputado Darío Pérez, hoy en el Partido Nacional. Esa es la reforma que cuestionó en su momento la entonces oposición herrerista, el entonces comandante en Jefe y hoy senador Guido Manini, y hoy lo hace el actual comandante en Jefe de Ejército, Gerardo Fregossi.

En 2020 el Ministerio de Defensa recibió el 6,37% del presupuesto nacional, siendo el segundo mayor presupuesto luego de Enseñanza, y a través de su inciso 03 ampara y opaca los gastos de la Caja Militar. A su vez, se constata que ese gasto va en aumento. Una de las razones es la disminución de personal activo y por lo tanto, que aporta montepío, en relación a los pasivos, que reciben su jubilación. Esta relación pasó de 1,17 (activos por cada pasivo) en 1988 a 0,52 en 2019.

En una mirada más abarcativa, en 2008, el déficit de la Caja Militar a compensar por Rentas Generales fue del 0,87% del pbi, alcanzó 1% del pbi en 2017 y sigue creciendo: en 2021 fue del 15% del pbi. Según la proyección del Centro de Investigación Económica que cita la diaria, al menos hasta 2040 continuará su trayectoria ascendente. En 2021, el pbi por habitante fue de 14.612,40 dólares, con lo que cada uruguayo contribuyó en el año con 168 dolares a la Caja Militar.

1 “Transferencias de Rentas Generales a la Seguridad Social. Financiamiento de Caja Militar”

junio 2022 https://www.laondadigital.uy/archivos/64024

https://elmuertoquehabla.blogspot.com

 

 

Guatemala

 

El pueblo Q’eqchi’: Resistir para existir

 

El pueblo Q’eqchi’ ha visto llegar a varias hordas de colonizadores a sus tierras ancestrales que circundan el Lago de Izabal, lugar sagrado. Llegaron españoles, ingleses, belgas, estadounidenses, atraídos todos por las riquezas agrícolas y minerales de las montañas. Los rusos de la mina en El Estor son los más recientes. Todos los han querido conquistar con violencia, pero los Q’eqchi’ han resistido a pesar del miedo. Esta es una crónica que reúne varias voces de esa resistencia.

Por Héctor Silva Ávalos

www.prensacomunitaria.org

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Mujeres valientes de Chinebal impidieron que, en octubre de 2021, los palmeros quemaran sus casas en un nuevo intento de desalojo. Crédito: The Store Project/Prensa Comunitaria.
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Las mujeres que pararon el fuego en Chinebal

Brenda Cuc tiene 22 años. El 16 de noviembre de 2021, en un acto de valentía inmensa, puso su cuerpo entre las casas de madera y palma de su comunidad, y docenas de agentes del Estado guatemalteco que protegían a los guardias privados que querían quemarlas todas. Brenda y otras mujeres Maya Q’eqchi’, mayores que ella, evitaron que empleados de la empresa palmera Naturaceites, protegidos y escoltados por agentes de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, terminaran de quemar la comunidad Palestina, ubicada en las postrimerías de la aldea Chinebal, al sur del municipio de El Estor.

A quien recorre los 23 kilómetros que separan Chinebal de la comunidad Chapín Abajo, la principal entrada por el Lago de Izabal cuando se llega en lancha desde El Estor, lo acompaña, tierra adentro, un paisaje que es como una película que se repite: kilómetros y kilómetros de palma aceitera, el monocultivo que, según los Q’eqchi’, ha matado la biodiversidad en estas montañas. Chinebal es la frontera entre el reino de la palma y la tierra ancestral de los mayas que aún no ha sido mutilada del todo.

Cuando conocí a Brenda Cuc en Palestina, unos metros delante de Chinebal, el paisaje era desolador. Era como si un inmenso dragón hubiese pasado por ahí. Fuego y destrucción. A las casas que estaban en pie las rodeaban los cadáveres de otras casas de piso ennegrecido, restos de madera chamuscada; cenizas.

Aquel 16 de noviembre, aprovechándose del estado de sitio que el gobierno de Alejandro Giammattei había decretado en El Estor tras la violencia del 22, 23 y 24 de octubre contras los Q’eqchi’ que se oponen a la mina de níquel de Solway/CGN en el norte del municipio, empleados de Naturaceites intentaron terminar, en la parte sur, una tarea que habían iniciado años atrás, la de desalojar a los comunitarios Maya Q’eqchi’ que llevan décadas viviendo ahí.

Es lo que tiene un monocultivo como la palma aceitera: necesita expandirse, arrasar con lo que encuentra a su paso para mantenerse productivo, rentable, llevando plata a las grandes compañías que la cultivan.

Era martes. Habían pasado ya 24 días desde que Giammattei decretó el estado de sitio en El Estor. En las calles rectas que cruzan las tierras de palma desde Chapín Abajo hasta Chinebal se estacionaron vehículos militares, entre ellos los jeeps J8 artillados que Estados Unidos donó a Guatemala para combatir el tráfico de drogas y que los gobiernos de Jimmy Morales, primero, y de Alejandro Giammattei, después, han utilizado para intimidar a sus críticos y opositores y, en El Estor, a las comunidades Q’eqchi’ que se oponen a la mina rusa de níquel o a la palmera en el sur del municipio.

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Comunitarios de Chapín Abajo, al centro Pedro Cuc, líder de la comunidad. Crédito: The Store Project/Prensa Comunitaria.

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Una tarde de diciembre pasado, estuve en el sur de El Estor. Hablé con varios vecinos que me contaron cómo ocurrieron los eventos del 16 de noviembre.

Policías y soldados se habían estado concentrando la noche anterior en la entrada de la comunidad Palestina, donde, inquietas, las familias se preparaban para lo peor una vez el día despuntara. Los hombres, entonces, tomaron una decisión: huirían a las montañas de la Sierra de las Minas, que están a tiro de piedra.

Aprovechando el miedo que las columnas de policías y los carros militares habían instalado en Palestina y la huida de los hombres, cuadrillas de trabajadores particulares entraron a la comunidad. Un hombre de pantalón oscuro y camisa azul claro, ayudado por al menos otros dos, prendió fuego a varias de las casas.

La quema intencionada de las casas de Palestina quedó grabada en un vídeo que los mismos comunitarios hicieron con algún teléfono y que, ese mismo día, hicieron llegar a Prensa Comunitaria. A partir de ahí, periodistas de este medio corroboraron con testimonios de comunitarios e informes de la Procuraduría de Derechos Humanos, lo que había ocurrido.

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Estos son los restos de las viviendas que los palmeros incendiaron en octubre de 2021, para obligar a la gente de Chinebal a abandonar el lugar. Crédito: The Store Project/Prensa Comunitaria.

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Agentes de la policía y el ejército de Guatemala tenían poco menos de un mes de estar instalados en los alrededores; habían acampado en un campo de fútbol que marca la frontera entre los campos de palma aceitera y el territorio no ocupado que se extiende hacia el sur. Hacia las 8:00 a.m., hasta Palestina llegó la noticia de que los uniformados se moverían para desalojar la comunidad.

Un informe posterior de la PDH, al que Prensa Comunitaria tuvo acceso, detalla que poco después del mediodía, cien patrullas, 12 camionetas y 931 policías cercaron la comunidad Palestina. Un vocero de la PNC dijo que solo habían llegado 500 agentes.

A los uniformados los acompañaban agentes del Ministerio Público que dirige Consuelo Porras y con ellos viajaba una orden de desalojo que había firmado el juez Aníbal Arteaga de Puerto Barrios. Arteaga es un buen amigo de las industrias extractivas asentadas en esta parte de Guatemala. Según documentación interna de la empresa ruso-suiza Solway, propietaria del proyecto minero Fénix cerca de El Estor, en la orilla norte de lago, el juez suele fallar en favor de la mina y de la empresa aceitera en los pleitos por tierras. En la actualidad, Arteaga es investigado por posibles nexos con narcotraficantes que operan en el noreste de Guatemala, hogar de miles de Q’eqchi’.

Amparados en esa orden que firmó Arteaga, los agentes del Estado intentaron desalojar a los Q’eqchi’ de Chinebal. Pero no fueron ellos, los policías, quienes quemaron las casas, fueron empleados de la empresa, según los testimonios recogidos en Chinebal, que confirman el video captado el 16 de noviembre que muestra a un ingeniero de Naturaceites dando fuego a las casas. La empresa, sin presentar pruebas de descargo, intentó desmentir su participación a través de un comunicado.

“Aprovecharon quemar las casas cuando los hombres se fueron corriendo a la montaña y ahí ellos entraron… Como nosotras nos dimos cuenta de que ellos empezaron a quemar las casas, nosotras decidimos y nos juntamos para venir a ver las casas, pero ya no pudimos hacer nada porque las casas ya estaban quemadas”, cuenta Brenda sentada sobre un tronco caído en el suelo de una pequeña colina desde la que se ven los restos de los hogares calcinados.

El hombre de pantalón oscuro y otros guardias -policías de la empresa los describe Brenda-, custodiados por los agentes de la fuerza pública guatemalteca, estaban dispuestos a arrasar con todos los hogares. Era, para ellos, la oportunidad perfecta. El estado de sitio decretado tras la violencia de octubre había llevado a los militares y carros artillados hasta el sur de El Estor, donde los soldados hacían retaguardia.

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Ya antes, al menos en cuatro ocasiones, escuadras paramilitares acompañadas por la fuerza pública habían intentado desalojar a los Q’eqchi’ de la comunidad Palestina. Nunca lo lograron. Tampoco lo lograrían esta vez.

Cuando las mujeres que quedaban en Palestina, tras la huida de los hombres, se dieron cuenta de que los empleados de Naturaceites se disponían a prenderle fuego a todo, tomaron una decisión que, sabían, las pondría a un paso de la muerte. Brenda Cuc, de 22 años, y otras mujeres decidieron poner sus cuerpos como la última barrera ante el fuego.

“Nos pusimos allí en la calle otra vez. Nosotras las mujeres y los niños. Porque nosotras sabemos que sí podemos con nuestros valores. Sabemos que nosotras sí podemos con esos policías que dicen ser policías pero no son policías y, por eso, nosotras nos juntamos para correrlos de aquí, porque aquí no tienen nada que ver, ellos no tienen derecho para entrar aquí en este lugar”, cuenta Brenda desde el tronco de su aldea.

  • “Si no son policías, ¿qué son?”, pregunto a Brenda.
  • “Son cuadrillas. La empresa les paga. Les da dinero para vestirse de policía, pero no lo son”, cuenta la joven.

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Panorámica de las casas de Chinebal que no fueron alcanzadas por las llamas. Crédito: The Store Project/Prensa Comunitaria.

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La empresa también había intentado desligarse de la violencia contra los Q’eqchi’ de Chinebal en 2019 y en 2020, cuando un intento de desalojo también dejó viviendas destruidas y a una persona muerta.

Aquí, en Palestina, la comunidad asentada en las afueras de Chinebal, nadie duda de que los aceiteros están detrás de la violencia, igual que la mina rusa de El Estor ha provocado el acoso y la represión a las comunidades Q’eqchi’, en la orilla norte del Lago de Izabal.

Cuenta Dominga Güitz, otra de las mujeres que acompañó a Brenda a formar el escudo humano para proteger las casas que no habían cedido al fuego, que la decisión de enfrentar a la policía llegó cuando se dieron cuenta de que estaban por perderlo todo. “Nos íbamos a quedar sin nuestras cosas, sin nuestras ollas, tazas, ropa, sin nada”.

Aquel día llovió. Los niños que las acompañaban, dicen Brenda y Dominga, temblaban de frío, algunos quedaron enfermos y, un mes después, aún no se recuperaban. Pero, a pesar del frío, todos se quedaron y eso definió el destino de la comunidad Palestina.

“La policía vio que no podían hacer nada con nosotras y con los niños. Llamaron una maquinaria para destruir todas las casas, pero los niños se pusieron enfrente de la casa… hay algunas casas que estaban un poquito bien y fue porque los niños se pusieron enfrente de la casa para que la policía no pudiera hacer nada”, cuenta Dominga.

Los policías se replegaron, no sin antes pasar la estafeta a otros. Dicen las mujeres Q’eqchi’ que los agentes prestaron uniformes a las cuadrillas para confundir a los comunitarios. Pero, cuenta Dominga Güitz, las mujeres ya habían decidido llegar hasta las última consecuencias en los caminos de tierra roja y pedregosos que son el sistema circulatorio de esta comunidad. Se fueron a la calle principal. Se pararon frente a los invasores:

  • “Mátenos, mejor mátenos. Aquí están nuestros hijos”, recuerda Dominga que gritaron, entre llantos, a los uniformados.

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La comunidad Palestina de Chinebal en diciembre de 2021, tras el intento violento de desalojo. Crédito: The Store Project/Prensa Comunitaria.
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A Brenda Cuc y Dominga Güitz se han unido otras dos mujeres, Margarita Choc Tut e Isabela Caal. Todas son madres. Todas se quedaron en la comunidad Palestina de Chinebal el 16 de noviembre. Todas resistieron.

Una tarde de diciembre de 2021, cuando el estado de sitio impuesto por Giammattei aún estaba vigente y la mina rusa de El Estor seguía operando en el norte de El Estor, las mujeres de Chinebal recordaron por primera vez, frente a una cámara de video y tres periodistas de Prensa Comunitaria, el miedo y la resistencia de noviembre.

  • “¿Cómo pueden resistir ante tantos policías?”, pregunto a las cuatro mujeres, que me ven, serias, desde el tronco de palma caído en el que se han sentado.

  • “Me nace el coraje cuando la empresa me ha dejado en la calle. Mis hijos se quedaron sin nada. Ya no tienen ropa, no tengo ollas para cocinar, ya no tengo cómo cocinarles a mis hijos. Eso, me da coraje y me duele”. Es Dominga la que contesta.

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En esta fotografía se puede ver cómo en la parte superior de Chapín Abajo hay palma africana y en la parte inferior se encuentra el destacamento militar de lado izquierdo al lago. Crédito: The Store Project/Prensa Comunitaria.
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La arenga de Pedro Cuc frente a un destacamento militar

Pedro Cuc, líder indígena y miembro del Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ de Chapín Abajo, nos ayudó a contactar con los comunitarios de Chinebal. Lo encontré en su casa cerca del Lago, horas antes de viajar hasta los confines del bosque de palma aceitera. Varios periodistas habíamos salido muy temprano de El Estor; la mayoría eran reporteros europeos, integrantes del consorcio Forbbiden Stories, que atravesaron el Lago de Izabal para buscar testimonios y pruebas de las afectaciones que provoca en la salud de los comunitarios la contaminación de la mina rusa de níquel. Esa historia, la de la minera rusa, es la más conocida, pero no es la única que habla del miedo y la resistencia en estas tierras Q’eqchi’.

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Comunidad Chapín Abajo, en El Estor, Izabal. Crédito: The Store Project/Prensa Comunitaria.
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Cuando el sábado 23 de octubre de 2021 un contingente de un millar de policías y soldados intentó despejar una protesta pacífica de Q’eqchi’ en la entrada de El Estor, para dar paso a los camiones que llevaban carbón a la mina, los comunitarios de la orilla sur del Lago de Izabal, encabezados por Pedro Cuc, viajaron en lancha para ayudar a quienes ahí resistían.

Varios hombres, incluidos pobladores de Chinebal, navegaron en una lancha cuyo paso la Fuerza Naval guatemalteca, destacada en El Estor, intentó detener. Los Q’eqchi’ se enfrentaron, verbalmente, a los marineros, que, finalmente, los dejaron pasar.

Sobre Cuc, como sobre otros líderes Q’eqchi’ que se han opuesto a la mina o a la aceitera, pesa una orden de captura. La mayor parte del tiempo, vive oculto en las montañas de la zona sur del lago, más allá de Chinebal. Aquel día de diciembre, Cuc volvió a su casa de Chapín Abajo para encontrar a los periodistas y contar su historia.

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Pedro Cuc, líder indígena y miembro del Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ de Chapín Abajo. Crédito: The Store Project/Prensa Comunitaria.
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“Cuando vengo, me protege la comunidad, sino ya me hubieran capturado”, dice.

Cuando el líder Q’eqchi’ se mueve por las calles de la aldea lo rodean decenas de comunitarios que montan a su alrededor una especie de perímetro humano.

Cuando la mayoría de los periodistas europeos se han marchado de Chapín Abajo, tres reporteros de Prensa Comunitaria nos quedamos atrás, para acompañar a Pedro Cuc hasta Chinebal. Antes, el líder indígena nos ofrece mostrarnos uno de los linderos del lago donde empiezan las plantaciones de palma africana. Cruzamos unos pastizales hasta llegar a la orilla. Frente a nosotros, el espejo opaco del Lago de Izabal. A nuestra izquierda, la palma. A la derecha, soldados en un cuartel improvisado.

“Este es el destacamento”, explica Pedro Cuc. Ahí, dice, han llegado los contingentes de soldados que, desde la Ciudad de Guatemala y otras capitales departamentales del país, llegaron a El Estor para reforzar el estado de sitio.

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Cuc frente al destacamento militar de Chapín Abajo. Crédito: The Store Project/Prensa Comunitaria.
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A los soldados no les gusta que un grupo de indígenas, acompañados por cámaras y periodistas deambulen cerca. Se oyen gritos en el destacamento. Soldados, que habían estado sentados bajo la sombra de los árboles, se levantan empuñando sus armas. Algunos se acercan, sin prisa, a la malla metálica que los separa del palmeral y de la comitiva de Cuc.

Pedro Cuc, que ha estado hablando de las luchas por las tierras ancestrales con la empresa aceitera, se da cuenta de lo que su visita ha provocado. Tres de sus compañeros se le acercan para formar alrededor de él un círculo más estrecho, como parapetándolo. Suena el ruido seco de un fusil al cargarse. “Clac”. Pedro Cuc se voltea hacia el destacamento. No parece tener miedo. “Aquí seguiremos aunque chasqueen los rifles”, les dice en voz alta.

Más temprano, cuando Cuc atendía a los periodistas europeos, varios de los comunitarios de su comitiva habían sacado carrera a dos soldados vestidos de paisano que, con la excusa de que paseaban por el pueblo en su camino hacia una peluquería, se habían acercado a la casa del líder Q’eqchi’ para enterarse de qué pasaba. De no ser porque alguien calmó los ánimos, la cosa hubiera terminado a golpes.

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Pedro Cuc visita a la comunidad de Chinebal. Diciembre de 2021. Crédito: The Store Project/Prensa Comunitaria.
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Cuc y los Q’eqchi’, parece, han aprendido a convivir con el miedo que traen los soldados. A dominarlo. Por eso, dicen, cuando el gobierno de Guatemala o las empresas aceitera y minera quieren quebrar la resistencia de los habitantes de El Estor o las mujeres de Chinebal, suelen enviar a centeneras de uniformados, carros de combate, al Ministerio Público. A todo el Estado.

El estado y las empresas, claro, no se detienen. Llevan décadas matando Q’eqchi’, persiguiéndolos, intimidándolos, violando a las mujeres.

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Aldea Cahaboncito. Crédito: The Store Project/Prensa Comunitaria.

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La lucha incombustible de las mujeres del Lote 8

Las mujeres me esperan en una casa de Cahaboncito, una aldea ubicada a pocos minutos de la carretera que une El Estor con el departamento de Alta Verapaz, al oeste. Han despejado un salón de piso de tierra compactada y paredes hechas con tablones de madera. Ellas se sientan en sillas de plástico. Yo me siento al frente en una cama de lazo. Hemos pedido permiso para grabar nuestra conversación. María Choc, una lideresa Q’eqchi’ a la que el Estado de Guatemala lleva años persiguiendo por protestar contra la contaminación de la mina de níquel, es nuestra guía e intérprete pues las mujeres solo hablan en Q’eqchi’.

Han llegado seis mujeres. El familiar de una de ellas vive aquí, en Cahaboncito, pero todas son de Lote 8, un caserío ubicado varios kilómetros montaña arriba. Dos de ellas, Rosa Elbira Coc Ich y Margarita Caal Caal, son las únicas que hablarán a lo largo de casi dos horas de conversación. Ellas han venido a contar, un día de diciembre de 2021, cómo viven el estado de sitio en El Estor. Y a recordar el horror que las marcó hace 15 años.

Lote 8 está enclavada en la cordillera que nace cerca del lindero este del Lago de Izabal y se levanta en paralelo a la orilla norte del lago. Son montañas de tierra roja, ricas en minerales como el níquel y cubiertas, ahí donde la mina no ha llegado, de una espesa capa verde de árboles. En uno de esos cerros al oeste, cerca del límite entre los departamentos de Izabal y Alta Verapaz, el verde esconde a esta comunidad. Es un sitio pequeño, de casas apretadas. Este lugar, como el de decenas de comunidades aquí, está asentado sobre inmensos yacimientos de níquel.

Aquí, el miedo del siglo XX llegó en forma de los soldados que, acuartelados en el vecino pueblo de Panzós, incursionaban durante el conflicto armado guatemalteco en estos territorios como parte de los planes de contrainsurgencia. Pero entrado el Siglo XXI, hasta el Lote 8 llegó uno de los mayores horrores que ahí se recuerdan. Llegó en forma de guardias de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), la empresa nacional que, entonces, explotaba las montañas en asocio con la multinacional canadienses Hudbay Mineral y Skye Resources, una de sus subsidiarias.

Ese horror ocurrió el 17 de enero de 2007. Un proceso judicial abierto en Canadá por los sucesos de aquel día lo describen así:

“A petición de Skye Resources, la corporación que precedió a HudBay Mineral, cientos de agentes de seguridad de la mina, policías y militares expulsaron a la fuerza a pobladores indígenas mayas de la remota comunidad Lote 8. Los indígenas consideran que estas tierras en el este de Guatemala son parte de su hogar ancestral. Durante estos desalojos armados, once mujeres Maya Q’eqchi’ fueron violadas en repetidas ocasiones por policías, militares y personal de seguridad de la mina”, se lee en la demanda referencia CV-1 1-423077 que las mujeres Q’eqchi’ pusieron en la corte superior de justicia en Ontario, Canadá, sede de la casa matriz de la minera que operaba entonces en El Estor.

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Rosa Elbira Choc Cuc es una de las mujeres del Lote 8 que fue violada sexualmente, hace 15 años, por gente de la minera. Crédito: The Store Project/Prensa Comunitaria.
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Rosa Elbira Choc lo cuenta con menos palabras, pero, de ella, el relato suena más duro. Dice que los soldados y los guardias de la mina llegaron en enero de 2007, a intentar desalojarlos a petición de la minera, que quería extender a esa montaña la explotación de níquel. Lo habían intentado dos veces antes en 2006, pero no habían terminado la encomienda.

“Nos quemaron la vivienda, nos quemaron la comida y luego, delante de nuestras familias, de nuestros hijos, fuimos violadas sexualmente”, dice, escueta, Rosa Elbira Choc.

Al horror siguió el silencio. Pasaron días, antes de que las mujeres de Lote 8 se atrevieran a hablar de lo que había pasado. El muro del silencio lo impusieron la vergüenza y el temor a ser señaladas y estigmatizadas por la misma comunidad; el terror de escuchar algo que las víctimas de violaciones sexuales escuchan demasiado a menudo: “fue tu culpa”, “vos los provocaste”. Las palabras se abrieron espacio poco a poco.

“Empezamos a contarnos entre mujeres lo que había pasado y salió el tema del abuso sexual, y luego tomamos una confianza; empezamos a contar todo lo que había pasado y así fue como empezamos a narrar nuestra historia de vida”. Rosa Elbira, ahora, lo cuenta con más tranquilidad. Hablar, dice, le ayudó a sanar, pero no a olvidar. Eso es imposible.

“Si hoy estoy hablando, es porque tal vez ya curé muchas heridas, pero, anteriormente, daba mi testimonio llorando, porque realmente es imborrable todo lo que ha sucedido con nosotras. Está grabado dentro de nuestra memoria”.

Cuando estas mujeres reunieron el valor hablaron no solo de las violaciones que sufrieron, sino que contaron, acaso como nadie lo había hecho antes, cómo funciona la alianza criminal entre el poder político de Guatemala y las empresas locales y extranjeras que explotan los recursos del país, mientras despojan a las comunidades indígenas.

El relato de las mujeres del Lote 8, se convirtió en la demanda judicial ante las autoridades judiciales de Canadá. En 2012, en una resolución en primera instancia, la justicia de aquel país hizo varias determinaciones; las más importantes: que los guardias privados contratados por Hudbay y sus subsidiarias, policías y soldados habían sido responsables de las violaciones, que la empresa canadiense había sido negligente al contratar personal de seguridad con récords de violaciones a los derechos humanos de los indígenas y que el gobierno de Guatemala había jugado un rol determinante en los desalojos violentos de los comunitarios Q’eqchi’ de las tierras apetecidas por la mina.

En uno de los apartados de antecedentes, la demanda judicial en Canadá también hace referencia al patrón constante de masacres y terror con el que las autoridades guatemaltecas y los terratenientes de Izabal y Alta Verapaz han disminuido a la población Q’eqchi’:

“Las poblaciones mayas fueron perseguidas durante la guerra civil, lo que resultó en la ‘exterminación en masa’ de comunidades mayas indefensas a las que se acusó de estar asociadas a la guerrilla, incluidos niños, mujeres y ancianos, a través de métodos cuya crueldad ha provocado la ira de la conciencia moral del mundo civilizado”, cita la corte canadiense. Casi todas las palabras de esa frase, referidas al conflicto interno, aplican a las mujeres de Lote 8.

Además de la referencia a la violencia utilizada y al miedo como herramienta para someter a los Q’eqchi’, hay un párrafo que trae la historia de las mujeres del Lote 8 hasta la actualidad de El Estor, marcada desde 2020, por la complicidad entre el gobierno de Alejandro Giammattei y los rusos de Solway que compraron el derecho de explotación minera a los canadienses de Hudbay.

“En 2006, las Naciones Unidas establecieron que el Estado de Guatemala incumplió la ley internacional al dar derechos de explotación a CGN sin consultar adecuadamente con las comunidades Maya Q’eqchi’. El gobierno y la minera ignoraron estas leyes… En 2011, la más alta corte del país (la Corte de Constitucionalidad) falló que los Maya Q’eqchi’ tienen derechos legales sobre la tierra y ordenó al gobierno de Guatemala que reconociera formalmente los derechos colectivos de las comunidades”, dice la autoridad canadiense.

Adelantemos una década. Lo mismo sigue pasando en El Estor. Hoy, la compañía que maneja la explotación de níquel en El Estor está en manos de oligarcas rusos. El gobierno, que en 2006 presidía Óscar Berger, está hoy en manos de Giammattei. En ambos casos, los políticos de Ciudad de Guatemala permitieron a los mineros operar al margen de la ley y fueron cómplices de la violencia contra los Q’eqchi’.

En octubre de 2021, Giammattei decretó el estado de sitio en El Estor para permitir a los mineros rusos que resolvieran el impasse legal al que los había llevado la Corte de Constitucionalidad que, también en 2019, falló que la mina no operaba legalmente por no haber consultado sobre sus actividades a los Q’eqchi’ y que los permisos ambientales que el gobierno Berger les extendió a mediados de la década 2000, eran ilegales.

Rosa Elbira Choc Cuc, de Lote 8, volvió a sentir, a finales de 2021, un miedo parecido al de 2007. Viajaba en bus de Cahaboncito hacia El Estor y sentía la tensión, el miedo con que los comunitarios vivían en un municipio tomado por la policía y el ejército. Pero, como lo hizo hace 15 años, Rosa Elbira venció al miedo.

“La valentía me nace al decir la verdad. Me recuerdo que yo no estoy cometiendo ningún delito ni ellos tienen miedo de que están violando nuestros derechos y nosotros estamos en nuestra tierra. Aquí nacimos, aquí dejamos nuestros ombligos”, se anima.

Margarita Caal, la mayor de las mujeres que llegaron en diciembre de 2021 a la casa de Cahaboncito a contar su historia, rompe el silencio casi al final de la plática. Tampoco tiene miedo.

“Es una fuerza colectiva de mujeres, entrás en una plática de cómo poder resistir, de cómo poder seguir caminando. Tal vez me daría miedo exigir justica, tal vez me daría miedo de alzar mi voz, pero como hay una realidad vivida dentro de mi ser y mi palabra que llevo es la verdad, por qué debo tener miedo al narrar todo lo que ya viví. Es una gran injusticia lo que han hecho con nosotras y lo que he vivido yo, de esa forma es que yo me voy a la defensa, a la resistencia y exigir justicia, porque ya pasé por todas esas injusticias, violaciones de derechos humanos. No quiero permitir que esté oculto. Tengo que seguir dando y alzando mi voz”, dice Margarita en voz baja pero firme.

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Comunidad de Santa Rosita, Izabal. Crédito: The Store Project/Prensa Comunitaria.
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Un epílogo en Santa Rosita

Julio Paná Chuc es uno de los líderes de la comunidad Santa Rosita, ubicada entre la carretera que lleva de Río Dulce hasta El Estor y los meandros de la orilla norte del Lago de Izabal. Tras contar a un grupo de periodistas la historia de su comunidad, asentada aquí, luego de desalojos en una de las montañas vecinas, se abre paso entre las milpas y matas de frijoles hasta llegar a un pequeño platanar que crece en las orillas de un riachuelo que se deprende del lago.

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Él es Julio Paná Chuc, líder de la comunidad Santa Rosita. Crédito: The Store Project/Prensa Comunitaria.
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Quiere mostrar unos bananos pequeños y unas hojas manchadas; los efectos de la contaminación, dice, de la ceniza que no para de caer, esparcida desde las chimeneas de la planta minera, unos cinco kilómetros al oeste.

A mediados de diciembre de 2021, la policía no había entrado a Santa Rosita, como si lo había hecho ya en Chinebal, al sur del lago, o en Chichipate, una comunidad ubicada también en la orilla norte, entre la mina de Solway y otro sitio minero propiedad de Mayaníquel, empresa también manejada por rusos y la cual, según una investigación del Ministerio Público el año pasado, entregó un soborno al presidente Giammattei.

A Chinebal, las fuerzas del Estado y las cuadrillas de Naturaceites entraron a desalojar y a quemar casas. A Chichipate llegaron los uniformados a amedrentar a los líderes Q’eqchi’ que, desde ahí, se sumaron a la resistencia pacífica de octubre contra la operación ilegal de la mina de Solway.

A Santa Rosita no entraron. Los agentes de la inteligencia estatal guatemalteca que se trasladaron a El Estor durante el estado de sitio, según comprobó Prensa Comunitaria en diciembre, esparcieron en el municipio el rumor de que en la comunidad la resistencia Q’eqchi había escondido armas. Julio habla de los rumores y los descarta con una mueca. Antes, cuando recién habían llegado al lugar tras ser desalojados de sus hogares anteriores, los Q’eqchi’ opusieron férrea resistencia a las autoridades que también quisieron sacarlos de Santa Rosita. Por eso, cree Julio, a la policía no deja de ponérsele mal el cuerpo al pensar entrar en esta comunidad.

Los uniformados no entraron, pero sí se aseguraron de esparcir el miedo de otras formas. Un día, cuenta otro de los comunitarios, estacionaban las patrullas en una cancha de fútbol cercana, sacaban sus fusiles y apuntaban a los niños que caminaban hacia la comunidad. Por las noches, los carros de la policía, luces y bocinas encendidas, pasaban una y otra vez por la carretera, que está muy cerca. Una y otra vez.

“Si entran -dice Julio- resistimos”. Como han resistido al miedo los Q’eqchi’ de El Estor durante años. Como resistieron Brenda y las mujeres de Chinebal. Como resistió Pedro Cuc en Chapín Abajo. Como resisten las mujeres del Lote 8.

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fuente: https://www.prensacomunitaria.org/2022/06/el-estor-los-qeqchi-y-la-resistencia-al-miedo/

tambièn editado en https://publicar.argentina.indymedia.org/?p=8918

 

 

 

 

 

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