⍟ Argentina- El minuto a minuto de los vuelos de la muerte
⍟ Brasil: la impunidad se instala sobre asesinatos de los defensores ambientales indígenas
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La impactante reconstrucción de los colimbas en el juicio al Batallón de Aviación 601 de Campo de Mayo que concluye mañana en San Martín
El minuto a minuto de los vuelos de la muerte
El procedimiento debía ser rápido. Solo las luces reglamentarias quedaban prendidas para que el avión pudiera despegar en la noche. Hasta la pista llegaban camiones o camionetas que muertos o personas que pasarían a estarlo. Los testimonios de los conscriptos, los acusados, las víctimas y las claves de la reconstrucción judicial. “Se confirma la trascendencia que tiene la declaración masiva de conscriptos porque da resultados únicos. Sus aportes permitieron reconstruir casi el minuto a minuto”, evalúa Pablo Llonto en diálogo con Página/12.
El procedimiento debía ser rápido y secreto. Solo las luces reglamentarias quedaban prendidas para que el avión pudiera despegar en la noche profunda en Campo de Mayo. El resto era oscuridad. Hasta la pista llegaban camiones o camionetas –que, en muchos casos, llamaban fiambreras porque trasladaban “fiambres” (muertos o personas que pasarían a estarlo). Los secuestrados bajaban y eran inyectados con drogas que los adormecían. Recién entonces los subían a la aeronave, que partía hacia las aguas para deshacerse de su “carga”. Era la fase final del exterminio que se llevó adelante durante la última dictadura: el último estadío que debía asegurar que esos seres humanos ya no volvieran a aparecer y que no hubiera prueba de ese crimen. Pero sus cuerpos aparecieron en las costas y, hoy, por sus asesinatos, deben responder los responsables del Batallón de Aviación 601 con sede en Campo de Mayo y el multicondenado Santiago Omar Riveros, el comandante de Institutos Militares que estuvo a cargo de la represión en toda la zona. Mañana lunes 4 de julio, por primera vez, un tribunal oral deberá dictar sentencia a quienes estuvieron a cargo de la última etapa de la desaparición de personas en la principal guarnición militar de la Argentina.
Pretendieron que fuera un secreto, un misterio o un fantasma pero la mecánica de los vuelos en Campo de Mayo se conoció a poco de iniciada la dictadura. Uno de los primeros en denunciarla fue Rodolfo Walsh en su carta abierta, redactada y distribuida antes de ser emboscado por una patota de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en marzo de 1977. Siete años después, el sobreviviente Juan Carlos “Cacho” Scarpati explicó cómo se vivían los “traslados” desde el Campito –uno de los centros clandestinos que funcionó en Campo de Mayo. En general, sucedían una vez por semana, pero llegó a haber dos o tres traslados semanales. Los guardias nombraban a algunos de los secuestrados, los hacían salir y subirse a unos camiones que esperaban con sus motores en marcha. Después, los camiones regresaban con la ropa y ésta se quemaba.
Para la misma época, algunos integrantes de los servicios de inteligencia declararon ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). El 10 de enero de 1984, un tal “Pepe” le mandó una carta a Ernesto Sábato –que presidía el organismo encargado de investigar lo sucedido en la dictadura– en la que decía que los vuelos habían sido la mecánica principal adoptada en Campo de Mayo para deshacerse de los detenidos-desaparecidos. Otro exagente del Batallón de Inteligencia 601 se presentó a atestiguar en la misma sintonía. “Estos traslados se efectuaban desde la pista del Batallón de Aviación de Ejército”, precisó Oscar Edgardo Rodríguez. Francisco Valdés, por su parte, habló de los “vuelos sin retorno aguas afuera”.
En los años ‘90 –después de que la confesión del marino Adolfo Scilingo causara una conmoción generalizada– apareció el sargento Víctor Ibáñez hablando de los “vuelos fantasmas” de Campo de Mayo, que, en realidad, no eran tan espectrales porque a él le tocaba limpiar los aviones que regresaban ensangrentados después de la navegación nocturna. Este diario también reveló lo que dijo en 1991 en un reclamo administrativo Eduardo Francisco Stigliano, que había oficiado como jefe de la Sección de Operaciones Especiales (SOE) de Campo de Mayo. Stigliano relató que le habían ordenado matar a las personas que estaban secuestradas a través de los médicos que estaban a su cargo. Para eso les inyectaban con Ketalar, las subían envueltas en nylon a los aviones o helicópteros y las tiraban al Río de La Plata.
La mecánica final
Lo que en los años ‘80 o ‘90 declararon algunos militares o integrantes de los servicios de inteligencia fue confirmado por muchos conscriptos que declararon en el juicio por los vuelos en Campo de Mayo que se inició en octubre de 2020. Entre 1976 y 1977, 804 muchachos hicieron el Servicio Militar Obligatorio (SMO) en el Batallón de Aviación de Campo de Mayo. Muchos de ellos fueron convocados a declarar, impulsado particularmente por el abogado querellante Pablo Llonto.
Uno de ellos relató ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de San Martín un diálogo con su superior que le permitió comprobar para qué se usaban los aviones:
–¿Tiran paracaidistas de noche?– preguntó el conscripto.
–No sea boludo, soldado. ¿No sabe cómo llaman al avión ése? A ese avión le dicen el verdugo.
El avión que volaba en 1976 y que llamaban “verdugo” es el Twin Otter, que actualmente opera para una empresa canadiense, según publicó este diario. Durante ese año también algunos conscriptos mencionaron la presencia de los Fokker de la Fuerza Aérea. Eran aviones de gran porte que el Ejército no tenía. Para principios de 1977, esa falta se compensó con la adquisición de los Fiat G-222, que fueron a buscar a Italia. Hay otros que mencionan que también se emplearon los helicópteros Bell, que permitían volar sin puerta.
Algunos de los conscriptos relataron que encontraron “chucherías” cerca de la pista que se usaba para los vuelos nocturnos. Un zapato de mujer. Una ropa de varón. Otros hallaron ampollas de Ketalar o una jeringa. Siempre les ordenaron el silencio. No preguntar. O hacer cuerpo a tierra para no ver. Otros vieron manchas de sangre y, en general, sabían que los vuelos duraban entre dos o tres horas y que el destino común era Punta Indio.
“Se confirma la trascendencia que tiene la declaración masiva de conscriptos porque da resultados únicos. Sus aportes permitieron reconstruir casi el minuto a minuto“, evalúa Llonto en diálogo con Página/12. “Hemos podido llevar a juicio todo lo sucedido con la aviación del Ejército, la fase final o lo que ellos llamaban la disposición final sobre los cuerpos y así saber qué hacían con las personas mientras sus familiares las buscaban. Son casos complejos porque todo se desarrolla en la clandestinidad”, apunta el fiscal Marcelo García Berro –que intervino en el proceso junto con Mercedes Soiza Reilly. “La única forma de reconstruir lo que sucedió fue a través de los testimonios de los soldados. Algunos conscriptos aportaron los nombres de pilotos de los vuelos, por lo que pedimos que se los investigue”.
Las víctimas
El juicio estuvo centrado en lo que sucedió con cuatro personas que se pudo acreditar que estuvieron secuestradas en el Campito y cuyos restos fueron hallados en la costa argentina.
Juan Carlos Rosace estaba en la secundaria cuando fue secuestrado. Fue en la madrugada del 5 de noviembre de 1976 cuando una patota llegó hasta su casa en Santos Lugares y se lo llevó. En la tarde de ese mismo día, secuestraron a su amigo Adrián Accrescinbeni de la puerta de la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) 2 “Emilio Mitre” de San Martín. Un compañero de estudios y el profesor que fue a hacer la denuncia recordaron que Juan Carlos y Adrián eran muy amigos y estaban juntos todo el tiempo.
Los cuerpos de los dos chicos aparecieron en diciembre de ese año y fueron enterrados en el cementerio de Magdalena como NN. En el caso de Rosace, se comprobó que la causa de la muerte fue asfixia por sumersión. Accrescimbeni murió por la destrucción de su masa encefálica al ser arrojado sobre las aguas –que funcionan como una superficie dura si un cuerpo es tirado desde la altura. En su cuerpo se encontraron, además, las marcas del cautiverio: tenía sogas en muñecas y piernas.
A Roberto Arancibia lo secuestraron el 11 de mayo de 1977. Estaba en su departamento de la avenida Paseo Colón con su compañera, María Eugenia Zago, y con sus hijitos. Los dos militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y fueron parte de una gran redada contra esa organización que tuvo lugar durante ese mes. A la pareja se la llevaron. A los chicos primero los dejaron con unos vecinos y luego la policía los trasladó al orfanato conocido como Instituto Riglos, donde estuvieron cerca de seis meses, pese a que tenían familia. El diario Clarín presentó su caso como el de dos niños abandonados, una falsedad que las partes le pidieron al tribunal que ordene rectificar. El cuerpo de Roberto Arancibia –a quien en la militancia conocían como “Eloy”– apareció el 18 de febrero de 1978 en las playas de Las Toninas. Fue enterrado como NN en el cementerio de General Lavalle.
La familia de Rosa Eugenia Novillo Corvalán no sabe con precisión cuándo fue secuestrada. Estiman que la caída se produjo entre octubre y noviembre de 1976. En abril de ese año se habían llevado a su compañero, Guillermo Abel Pucheta. También ella militaba en el PRT y fue una de las presas que lograron escaparse de la cárcel del Buen Pastor en Córdoba. El cuerpo de “Tota” apareció en Punta Indio el 6 de diciembre de 1976 y fue enterrado en el cementerio de Magdalena. Sus restos habían sido identificados durante la dictadura, pero la policía le ocultó este dato a la familia –que finalmente supo dónde estaba “Tota” gracias a la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“La sentencia de los vuelos en Campo de Mayo va a ser importante en relación con el otro eslabón, que es el hallazgo de los cuerpos“, remarca Llonto. Esa investigación sobre los cadáveres que aparecieron en la costa argentina se lleva adelante en el juzgado federal de Dolores y está centrada en quienes encubrieron a quienes eliminaron a personas secuestradas a través de este mecanismo siniestro.
Los victimarios
El Batallón de Aviación 601 tenía un jefe, un subjefe, una plana mayor y cinco compañías que dependían de él. El Batallón estaba en Campo de Mayo y, por ende, dependía operacionalmente de Riveros a través del Comando de Institutos Militares. Entre diciembre de 1975 y diciembre de 1977, el Batallón estuvo a cargo de Luis del Valle Arce, que durante el juicio negó la existencia de los vuelos de la muerte.
El segundo jefe del Batallón era Delsis Ángel Malacalza. A él lo mencionaron muchos conscriptos como uno de los pilotos de los vuelos de la muerte. Malacalza fue también elegido para viajar a Italia a buscar los aviones Fiat. Eduardo María Lance integraba la Plana Mayor del Batallón. Era el oficial de Operaciones (S3) y también piloto de los Fiat.
Los cuatro –que llegaron al final del juicio– afrontan pedidos de prisión perpetua, que formularon la fiscalía y las querellas de Llonto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense. Los jueces Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini darán a conocer su veredicto el lunes 4 de julio en una audiencia que se transmitirá por las redes del medio La Retaguardia. También hay un pedido para que el TOF inste a la jueza de instrucción, Alicia Vence, a investigar a los pilotos que comandaron los vuelos con los que el Ejército desapareció para siempre a otras miles de víctimas que estuvieron en Campo de Mayo o en otros centros clandestinos que se valían de las facilidades de esa guarnición militar para eliminar a sus quienes tenían secuestrados, torturados y en total estado de indefensión.
El enfermero de los vuelos
Eduardo Saldaño fue enfermero en el Batallón de Aviación 601 con asiento en Campo de Mayo. Si bien los registros indican que falleció, su nombre apareció como uno de los involucrados en los vuelos de la muerte a raíz de un hallazgo que hizo el Programa de Apoyo a los Juicios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
En marzo de 1984, una persona que estaba vinculada a la familia de Saldaño se presentó ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (Consufa) para denunciar que lo había escuchado decir que él les daba las “pichicatas” (inyecciones) a las personas que subían a los aviones “previo a lanzarlas fuera de los mismos”.
En ese momento, primeros meses del regreso de la democracia, los vuelos eran una práctica de exterminio muy poco conocida. Los detalles que el denunciante dio de Saldaño y de su familia coinciden con la información que obra en su legajo. Dijo que había estado destinado a Campo de Mayo y al sur. En efecto, antes de la dictadura, Saldaño prestó servicios en el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia y, para finales de 1976, fue trasladado a Campo de Mayo. En noviembre de 1977, empezó a desempeñarse en el Batallón de Aviación 601 –la estructura que aún estaba a cargo de Luis del Valle Arce–.
Lo que se probó
“Desterramos la idea de que lo ocurrido en Campo de Mayo es un misterio. Los juicios permiten revelarlo”, dice Mercedes Soiza Reilly, la auxiliar fiscal que acompañó a Marcelo García Berro como acusadores públicos en el proceso por los vuelos de la muerte.
“En este juicio se ha dado a conocer públicamente uno de los lados más oscuros de la historia argentina, los llamados vuelos de la muerte, el método de eliminación física de oponentes políticos que fue usado por las estructuras militares y funcionó como un gran dispositivo de muerte”, dice Soiza Reilly, que también representó al Ministerio Público en el juicio en el que se acreditó la existencia de los vuelos de la muerte en la ESMA. “En esta empresa criminal, la aviación del Ejército cumplió un rol central y fueron el nexo causal esencial para que se concrete el último tramo del plan sistemático de exterminio con las víctimas que previamente eran alojadas en el centro de exterminio conocido como el Campito”.
Para Soiza Reilly hay pruebas de sobra acerca de cómo funcionó la maquinaria desaparecedora: “Asistimos al impactante relato de quienes fueron testigos privilegiados e involuntarios, los soldados conscriptos, que echaron luz sobre el funcionamiento de esta metodología de muerte al interior del Batallón de Aviación e individualizamos los aviones de la muerte y determinamos que tuvieron autonomía y capacidad suficiente para arrojar, en vuelo, a las víctimas de este juicio. Además, encontramos estas aeronaves y probamos que estaban íntimamente ligadas a los imputados de este juicio”.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/434114-
Brasil: la impunidad se instala sobre asesinatos de los defensores ambientales indígenas
- Dos años después de la muerte del defensor ambiental indígena Ari Uru-Eu-Wau-Wau, en el estado amazónico de Rondonia, al norte de Brasil, las preguntas sobre quién y por qué lo mataron siguen sin respuesta.
- Los perpetradores de crímenes contra activistas ambientales rara vez son llevados ante la justicia en este país. Un informe del gobierno indica que no hay ninguna condena para las 35 personas muertas en incidentes de violencia en 2021, aproximadamente un tercio de ellos ocurrieron en Rondonia.
- Activistas y expertos señalan que una combinación de la retórica antiindígena del gobierno y el debilitamiento de las organizaciones ambientalistas serían las causas de la actual oleada de invasiones y violencia contra quienes defienden sus tierras en Rondonia y en la Amazonía brasileña en general.
- Tan solo a principios de junio de 2022, en una región más al norte de la Amazonía brasileña, en el Valle de Javarí, el periodista británico Dom Phillips y el ambientalista y defensor de los derechos indígenas Bruno Araujo Pereira fueron asesinados.
Tangãi Uru-Eu-Wau-Wau recuerda la noche del 17 de abril de 2020, cuando su hermano salió de su aldea en lo profundo de la selva amazónica para dar un paseo rutinario en moto. Fue la última vez que Tangãi lo vio con vida. El cuerpo de Ari Uru-Eu-Wau-Wau fue encontrado la mañana siguiente al costado de un camino en el barrio Tarilândia, del municipio de Jaru, en el estado de Rondonia, al norte de Brasil. Según informes del gobierno, fue asesinado con golpes en la cabeza. “Mi sobrino estaba pasando por la zona y lo encontró”, dijo Tangãi a Mongabay en una conversación telefónica.
La muerte de Ari se produjo horas previas al Día de los Pueblos Indígenas, que reconoce y celebra a las comunidades indígenas en todo el mundo. Más de dos años después del asesinato, las preguntas sobre quién y por qué cometió el crimen siguen sin respuesta. “Todavía tenemos el corazón roto. No sabemos exactamente por qué sucedió esto”, dijo Tangãi. “Estamos tristes y enojados”.
Inicialmente, el asesinato se investigó a nivel estatal, después se trasladó a la Policía Federal, dijo Salomão de Matos, jefe de la Policía Civil local, en una llamada telefónica con Mongabay. Cuando el asesinato de una persona indígena parece estar relacionado con violaciones de los derechos indígenas en virtud de la Constitución, se trata como un delito federal. Sin embargo, aunque la oficina de Rondonia de la Policía Federal confirmó que la investigación está en curso, señaló que no podía revelar ningún detalle.
El Ministerio de Justicia, que supervisa a la Policía Federal, tampoco respondió a nuestras consultas sobre este caso.
En 2021, al menos 27 defensores de los derechos humanos y el medio ambiente fueron asesinados en Brasil, incluidos 19 defensores del derecho a la tierra, según un informe de Front Line Defenders. Esto marcó un aumento del 69 % con respecto al año anterior. Además, en el informe de Global Witness de 2020, Brasil se ubicó ese año como el tercer país más letal para los defensores de los derechos ambientales en Latinoamérica, después de Colombia (65 asesinatos) y México (30). En Brasil, los activistas dicen que la muerte de Ari es parte del aumento de la violencia; incremento que también se reflejó con los asesinatos del periodista británico Dom Phillips y del ambientalista y defensor de los derechos indígenas Bruno Araujo Pereira, ocurridos a principios de junio de 2022.
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Justicia que no llega
“Estamos realmente preocupados de que esto vuelva a suceder, especialmente a los activistas que estamos en primera línea, buscando proteger nuestros bosques”, dijo Bitate Uru-Eu-Wau-Wau a Mongabay en una conversación telefónica. Bitate es un pariente lejano de Ari y también vive en el Territorio Indígena Uru-Eu-Uaw-Uaw. “Difícil que existan castigos por los crímenes contra activistas. Es muy complicado [en Brasil]”.
El pueblo Uru-Eu-Wau-Wau dice que duda que los responsables de la muerte de Ari sean identificados y llevados a juicio. “Nos preocupa que [este caso] no pueda resolverse”, agrega Bitate. La justicia es inusual para los brasileños asesinados por defender el medioambiente y los derechos humanos. En 2021, 35 personas murieron a causa de la violencia, un 75% más que el año anterior, según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), afiliada a la Iglesia Católica, que ha estado al tanto del problema desde 1985. Documentos gubernamentales revelan que no hubo condenas para ninguno de esos casos. Un informe de Human Rights Watch reveló que desde 2009 hubo más de 300 muertes relacionadas con conflictos por la tierra en la Amazonía brasileña, de las cuales solo 14 (el 5 %) fueron llevadas a juicio.
Si bien los avances en la investigación del asesinato de Ari permanecen en la incertidumbre para sus familiares, el alto precio que pagó por proteger su territorio no se ha olvidado. En noviembre de 2021, más de un año y medio después de su muerte, Txai Suruí, amiga cercana de Ari y activista indígena de Rondonia, honró su memoria durante su discurso en la cumbre climática COP26 en Glasgow, Escocia. “Mientras cierras los ojos a la realidad, el defensor de la tierra Ari Uru-Eu-Wau-Wau, mi amigo desde que era niño, fue asesinado por defender el bosque”, dijo.
Ari era maestro en su comunidad donde habitan unos 150 Uru-Eu-Wau-Wau, pueblo indígena que habla el idioma tupí y que, hasta 1981, no había sido contactado. Ari también perteneció al equipo de vigilancia Uru-Eu-Wau-Wau. Junto a Tangãi, el grupo recorre el territorio indígena en busca de indicios y señales de invasiones, mientras rastrea a los madereros ilegales y graba en sus teléfonos celulares videos de actividades ilícitas para informar a las autoridades locales.
El territorio indígena Uru-Eu-Wau-Wau se extiende por 1,87 millones de hectáreas (4,61 millones de acres) en el área protegida Parque Nacional Pacaás Nuevos, demarcada en 1991. La ocupación y explotación de los territorios indígenas demarcados está prohibida por ley; estos bosques están reservados para el uso exclusivo de las comunidades indígenas. Sin embargo, eso no ha impedido que ocurran invasiones ilegales en el territorio Uru-Eu-Wau-Wau y otras tierras indígenas en todo Brasil.
“Los Uru-Eu-Wau-Wau son personas que vienen de una lucha histórica en la defensa de sus territorios”, comentó Laura Vicuña, coordinadora regional del Consejo Indigenista Misionero (CIMI) en Rondonia, afiliado a la Iglesia Católica. “Ellos hacen el trabajo de monitoreo y vigilancia de sus bosques, y en algunas situaciones los Uru-Eu-Wau-Wau detienen a los invasores dentro de su territorio y llaman a la policía para que realice su trabajo tras esa detención. [Los indígenas] también destruyen algunos equipos [que usan los delincuentes]. Para los indígenas es una forma de tener el control sobre su territorio”, agregó Vicuña en conversación con Mongabay.
La defensa de los derechos sobre la tierra mediante los patrullajes puede ser peligrosa, debido al riesgo de represalias por parte de las bandas criminales que operan en la zona. “Cuando [los ambientalistas] denuncian delitos, terminan sufriendo represalias, amenazas y venganzas. Los líderes indígenas terminan siendo asesinados”, señala Rodrigo Agostinho, congresista del Partido Socialista Brasileño que ha abogado durante mucho tiempo por los problemas ambientales. “Es un momento realmente triste el que estamos viviendo, especialmente para aquellos que luchan por el bosque”, dijo a Mongabay.
Amenazas que se ignoran
Un comunicado publicado por CIMI reveló que Ari había recibido amenazas de madereros ilegales que operaban dentro del territorio indígena. Las amenazas de muerte contra defensores de los derechos ambientales y territoriales llegan “todo el tiempo” y provienen de quienes están interesados en los recursos naturales de los bosques, asegura Ivanete Bandeira Cardozo, quien dirige la Asociación de Defensa Etnoambiental Kanindé, organización dedicada a defender los derechos de los pueblos indígenas.
En un video grabado por Kanindé en 2019, Awapu Uru-Eu-Wau-Wau, líder del equipo de vigilancia Uru-Eu-Wau-Wau y primo de Ari, dijo: “Nuestra tierra es una de las más deforestadas y peligrosas de Brasil. Sabemos que hoy en día hay miles de mineros, acaparadores de tierras y madereros aquí. Solo este año me amenazaron de muerte tres veces. Ahora invasores armados me buscan cerca de mi pueblo. Incluso dijeron que matarían a nuestros hijos”. Sin embargo, agregó Awapu, “nuestros guerreros seguirán resistiendo, pero no queremos la guerra ni la muerte”.
Los responsables de las amenazas de muerte rara vez son identificados o llevados ante la justicia. En 2021, hubo al menos 132 amenazas de muerte denunciadas en todo Brasil, indica un análisis del CPT. “Ninguno de los perpetradores de las amenazas fue condenado», dijo a Mongabay Josep Iborra Plans, integrante de la CPT. Es probable que el número real de amenazas de muerte sea mayor; sin embargo, no siempre son tomadas en serio por las autoridades. Human Rights Watch descubrió que, a veces, la policía en Brasil se niega a registrar denuncias sobre amenazas de muerte. Un informe de 2018 del CIMI reveló que, en algunos casos, personas indígenas han sido arrestadas por calumnias después de intentar denunciar amenazas de muerte en su contra.
“Los ambientalistas, lamentablemente, para gran parte de la comunidad, son vistos como personas que obstaculizan el crecimiento y desarrollo. Entonces hay un choque, se convierten en blancos”, dice Pablo Hernández Viscardi, fiscal del Ministerio Público del Estado de Rondonia. “Esto impacta todo. Puede incidir en las investigaciones y audiencias sobre hechos delictivos contra su vida y su integridad física. [También impacta] en las acciones del Estado para protegerlos”.
“Hay una parte de la población que, si bien, no apoya estos hechos delictivos, tampoco critica este tipo de acciones peligrosas contra los ambientalistas”, agrega Viscardi. “Así que no tienen mucha protección social”.
Según el informe de Humans Rights Watch, otras razones de la impunidad son que la policía no realizó investigaciones adecuadas sobre los presuntos delitos, a veces porque estos incidentes ocurren en comunidades remotas o lejos de la comisaría más cercana.
Las bandas criminales “se sienten imparables”
El ataque a los ambientalistas en Rondonia y en todo Brasil es anterior a la administración del presidente Jair Bolsonaro, que asumió el poder a principios de 2019. Muchos casos anteriores siguen sin resolverse, como el crimen del líder y activista indígena Manoel Quintino da Silva Kaxarari, en 2017, y el asesinato de la activista de derechos humanos Nilce de Souza Magalhães en 2016; el presunto autor que confesó haber matado a Nilce escapó de la cárcel poco después de su arresto.
Los ataques contra ambientalistas y defensores de los territorios indígenas se han intensificado bajo el régimen de Bolsonaro, según Cardozo de Kanindé y otros activistas en Rondonia y en toda la Amazonía. Cardozo dijo que la retórica del presidente contra las comunidades indígenas y el medio ambiente, junto con el debilitamiento de las instituciones ambientales por parte del gobierno, ha empoderado a los madereros ilegales, acaparadores de tierras y mineros ilegales de oro.
“Desde finales de 2018 hasta ahora [las invasiones de tierras] se han disparado y son más agresivas que antes, porque [las bandas criminales] se sienten imparables”, dice Cardozo. “Actúan sin preocuparse. Invaden tierras indígenas, los amenazan, deforestan sus bosques, los queman, porque están seguros de la impunidad”.
El Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos no respondieron las consultas de Mongabay.
Bitate, junto con otros activistas locales, dijo que las instituciones como Funai (Fundación Nacional del Indio), el organismo del gobierno de Brasil para los asuntos indígenas, y el IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente), entidad federal de protección ambiental, los han abandonado cuando tratan de defender sus territorios y —a ellos mismos— ante las violaciones ambientales. Desde que asumió el cargo, Bolsonaro ha debilitado severamente las facultades de estas instituciones. Como resultado, los pueblos indígenas y los activistas dependen del apoyo de las ONG y de sus propias organizaciones para hacer frente a los crímenes contra su territorio protegido y sus vidas.
“[Las instituciones ambientales] no hacen nada”, dijo Bitate. “No nos protegen. No tenemos ninguna protección”.
El desafío de atender los delitos ambientales
En una respuesta enviada por correo electrónico a Mongabay, Funai dijo que “desde enero de 2020, Funai ha apoyado más de 1200 acciones de inspección territorial”, incluso en el territorio Uru-Eu-Wau-Wau. En junio de este año, publicó un comunicado diciendo que también había participado en un patrullaje en el Territorio Indígena Karipuna, también en Rondonia, destinado a “combatir los delitos ambientales en la región”.
Uno de los mayores desafíos para combatir las violaciones en la Amazonía, según el congresista Agostinho, es que los delitos ambientales no se toman lo suficientemente en serio en Brasil. “Los delitos ambientales se tratan como delitos menores”, dijo. “Hay deficiencias estructurales para combatir estas prácticas. Los fiscales no saben cómo hacer frente a los delitos ambientales. La Policía Federal no sabe cómo lidiar con los delitos ambientales”.
Esta visión de los delitos ambientales es compartida en gran medida entre la generación más antigua de Rondonia y nos remite a la dictadura militar de Brasil, que se extendió desde 1964 hasta 1985, según el fiscal Viscardi. En esa época, el gobierno militar buscó conectar la Amazonía con el resto de Brasil mediante la construcción de carreteras y el desarrollo de la agricultura en la región. El lema del proyecto era “ocupar para evitar la rendición”, basado en la idea de que tener una región amazónica más densamente poblada la protegía de la invasión extranjera. Con zonas en las que se promovió la deforestación, la práctica actual de despejar los bosques para el cultivo a través de la deforestación y la quema no es vista como un crimen por algunos lugareños.
“Existe esta dinámica histórica”, dijo Viscardi. “Es realmente difícil el proceso de investigación y sanción de los delitos ambientales, incluyendo el desarrollo de políticas ambientales tanto para el país como para el estado de Rondonia”.
Las invasiones de tierras protegidas en Rondonia están aumentando. La deforestación en los territorios indígenas del estado aumentó un 29 % entre 2020 y 2021, de 2400 a 3100 hectáreas (5900 a 7700 acres), según datos del Instituto de las Personas y el Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon), organización brasileña sin fines de lucro dedicada a la conservación, compartidos con Mongabay. Un informe de Global Forest Watch mostró que un total de 243 000 hectáreas (600 500 acres) de bosque fueron taladas en el estado de Rondonia en 2021, un aumento del 20 % con respecto al año anterior.
Si bien la deforestación en los bosques indígenas representa una pequeña proporción de la deforestación total en Rondonia, esto no significa que su estatus como territorio protegido esté disuadiendo las invasiones. “No es necesariamente que estas personas que están deforestando el área circundante lo hagan porque respetan los límites”, dijo Larissa Amorim, investigadora de Imazon, a Mongabay. «No. Algunos están deforestando dentro de otras áreas protegidas para la conservación, lo que indica que están avanzando en las áreas protegidas en la región. Ya está sucediendo en el territorio Uru-Eu”.
La tasa de deforestación en el Territorio Indígena Uru-Eu-Wau-Wau aumentó en un 50% entre 2020 y 2021, casi 300 hectáreas (740 acres), según Imazon. En el mismo informe, Imazon mostró que las tierras Uru-Eu-Wau-Wau fueron el territorio indígena en la Amazonía brasileña más amenazada y con el mayor número de alertas de deforestación alrededor de su frontera en 2021. “Esto indica que hay más actividad de deforestación alrededor esta tierra indígena, y existe un mayor riesgo de que estos hechos aumenten también dentro del territorio”, dijo Amorim.
Incluso mientras persiste la amenaza de la deforestación, los activistas continúan protegiendo el medio ambiente y defendiendo su tierra en Rondonia, pero con miedo. “Ahora, con la llegada de las elecciones, está empeorando”, dijo Cardozo de Kanindé, y agregó que los infractores ambientales están aprovechando al máximo el clima actual de impunidad en caso de que la administración de Bolsonaro pierda las elecciones. “Es una situación desesperada. Acaso no es triste. Vivimos aterrorizados en la Amazonía”.
Artículo original publicado en ingles: https://es.mongabay.com/2022/06/la-impunidad-se-instala-sobre-asesinatos-de-los-defensores-ambientales-indigenas-en-brasil/
* Imagen principal: Ari Uru-Eu-Wau-Wau, asesinado en 2020. Ari había sido amenazado de muerte por los invasores de su territorio, pero la pregunta de quién y por qué lo mató sigue sin respuesta. Foto: © Bitate Uru-Eu-Wau-Wau.
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Nota del Editor: Mongabay Latam recibe fondo de Hivos – Todos los Ojos en la Amazonía para desarrollar una serie de artículos de investigación sobre la situación de los pueblos indígenas en Perú, Ecuador y Brasil. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.
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