🌟 Bolsonaro se encamina a la derrota
🌟 Uruguay: la guarida fiscal
🌟 Comunicado de Resistencia Mapuche Pewenche
🌟 Capitalismo “formal”, entre la economía informal y la precariedad laboral
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Bolsonaro se encamina a la derrota
En este artículo el autor reflexiona sobre las nulas posibilidades que tiene el presidente Bolsonaro de revertir los datos que ofrecen las encuestas electorales.
La campaña electoral está empezando en Brasil y ya tiene su diseño esbozado, proyectando una derrota aplastante para Jair Bolsonaro. La oposición entre los dos candidatos favoritos a la presidencia es flagrante, no permitiendo ningún tipo de comparación entre el desempeño de uno y otro.
El principal síntoma de la derrota es que Bolsonaro se comporta como un perdedor. Demuestra que si se cuentan los votos, perderá. Busca exteriorizar responsabilidades, intensificar amenazas.
Bolsonaro no se comporta como un ganador, no transmite, ni siquiera a los suyos, el sentimiento de victoria. Por el contrario, su discurso se estructura en la perspectiva de su derrota. ¿Qué hacer? ¿Sin saber el resultado? ¿Tratar de impedir las elecciones antes de la derrota?
Las diferencias en las encuestas son indiscutibles. No solo en la opción de las mujeres, los pobres, el nordeste, los negros, los jóvenes -que son la gran mayoría de la población-, sino también en el nivel de rechazo a Bolsonaro, que, incluso en las encuestas menos fiables, nunca deja de ser muy alto.
Y, sobre todo, Bolsonaro no revela ninguna capacidad para revertir su descrédito. Ni con las mujeres, ni con los pobres, ni con los nordestinos, ni con los negros, que son la gran mayoría de la población. No solo no tiene un discurso para ellos, sino que su discurso solo acentúa este rechazo.
Su gobierno es un desastre, en todas sus políticas. En educación, en economía, en política de derechos humanos, en seguridad pública, en política de salud pública, en términos de cultura, en política exterior.
No muestra capacidad para obtener nuevo apoyo o recuperar el apoyo perdido. Su discurso y comportamiento, por el contrario, le hacen perder apoyo, distanciarse de aquellos a los que debería tratar de conquistar.
Como si todo esto fuera poco, se enfrenta al político más prestigioso y de apoyo popular de la historia de Brasil. El contraste entre los dos es devastador para él. Lula da Silva recuerda los logros de su gobierno, comparándolos con los desastrosos resultados del gobierno de su oponente.
Bolsonaro será derrotado. No revela, en el tiempo que resta hasta las elecciones, posibilidades de recuperación. Ni con auxilios económicos eventuales, ni con discurso difícil que suavice los rechazos.
Ya expone cómo comportarse ante un muy probable resultado negativo. Tiene la posibilidad de Donald Trump, de cuestionar los resultados. Para ello, se sale con propuestas de conteos paralelos -incluidos los militares- o la absurda e imposible posibilidad de suspender las elecciones, ante eventuales situaciones de inestabilidad generalizada.
En cualquier caso, la postura de Bolsonaro es la del perdedor. Por mucho que de repente sugiera un resultado favorable, nadie en los medios incorpora esta posibilidad. En estos círculos, la duda es si la victoria de Lula se dará en la primera vuelta o en la segunda. Un pasaje a la segunda vuelta ya se daría como un logro por parte de Bolsonaro.
La posibilidad de algún movimiento golpista es cada vez menos factible. Incluso con la eventual participación de los militares, sobre todo porque la administración Biden y los propios militares estadounidenses expresan posiciones claramente en contra de cualquier aventura golpista. Se acuerdan siempre que Bolsonaro es amigo de Trump, lo cual bastaría para no interesarse en que continúe en el gobierno de Brasil.
Tampoco existe, o puede existir, la posibilidad de crear un clima favorable a algún tipo de golpe de Estado en el frente interno. No hay participación de sectores representativos de la sociedad. La actitud favorable de gran parte del gran sector empresarial no reemplaza la participación mayoritaria de la población.
Las aproximadamente 10 semanas que faltan para la primera vuelta de las elecciones presidenciales suelen multiplicar las concentraciones masivas de Lula, mientras que Bolsonaro tiene dificultades para salir del corralito hacia el que sigue encaminado su discurso.
Uruguay: la guarida fiscal
Los sobornos millonarios de Odebrecht
Ningún uruguayo afrontó consecuencias en la Justicia de su país, que rechazó pedidos de colaboración, pese a que estudios, testaferros y bancos administraron millones de dólares de la corrupción
19 de julio de 2022
Hugo Alconada Mon
Seis años después del escándalo hemisférico que provocó Odebrecht, ningún uruguayo afrontó consecuencias penales en su país por participar en el lavado de las coimas que recibieron funcionarios argentinos y de otros países. Al contrario, la Justicia uruguaya archivó denuncias y rechazó pedidos de colaboración o extradición para evitar que los ciudadanos de su país acusados en el extranjero quedaran sometidos a investigaciones, según surge de un análisis desarrollado por la “Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas” que integran periodistas de LA NACION y otros ocho medios de comunicación del hemisferio.
El relevamiento expone que los estudios jurídicos uruguayos que asesoraron en la trama delictiva, los bancos que escondieron los fondos y los testaferros que prestaron sus nombres no afrontaron mayores contratiempos en los tribunales de su país. Y si bien algunos extranjeros fueron detenidos y extraditados por lavar “para la corona” desde Montevideo o Punta del Este, los principales responsables permanecen libres y sin acusaciones ante la Justicia uruguaya o eludieron los pedidos de extradición.
¿Quiénes fueron los engranajes uruguayos que hicieron funcionar la maquinaria del lavado para Odebrecht? Son al menos 17 contadores, abogados y operadores de ese país, según determinó la revista Sudestada. Entre ellos, Carlos Dentone, quien presidió Sabrimol Trading, una sociedad anónima uruguaya que funcionaba en la zona franca de Montevideo y por cuyas cuentas bancarias circularon millones de dólares de las coimas argentinas.
Así, Sabrimol Trading recibió US$2,1 millones de la firma offshore Select Engineering Consulting and Services, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, además de otros US$4,8 millones de la también offshore Klienfeld Services, y US$315.000 de InterTrading Ltd, además de US$1,5 millón de Innovation Research Engineering and Development Ltd y, por último, US$251.000 de la panameña Magna International Corporation.
Todos esos fondos provinieron, en realidad, de la contabilidad paralela de Odebrecht y se destinaron al pago de sobornos a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y de la empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Pero Dentone declaró ante LA NACION y la Justicia argentina que el verdadero dueño de Sabrimol Trading era el lobista argentina Jorge “Corcho” Rodríguez, quien lo negó de manera tajante.
Dentone declaró y se encuentra procesado por la Justicia argentina, pero no afrontó problemas en su país, ni tampoco los otros uruguayos que participaron en la trama local de Sabrimol Trading, como tampoco registró dificultades Andrés Norberto “Betingo” Sanguinetti Barros, otro viejo conocido del capítulo argentino del Lava Jato.
Miembro de la comisión directiva del Club Atlético Peñarol, uno de los clubes “grandes” del fútbol uruguayo, y gestor de cuentas en la sede montevideana de la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde llegó a ocupar una de las vicepresidencias, “Betingo” Sanguinetti pareció encarnar la excepción a la regla uruguaya en 2018, cuando ingresó a una cárcel en Andorra, procesado por el delito de lavado de activos por la jueza Canòlich Mingorance.
Sanguinetti pasó casi dos meses detenido en el principado europeo, pero luego logró volver a Uruguay gracias a un acuerdo que le permite cumplir su condena en libertad, donde retomó sus actividades laborales.
Andrés Norberto “Betingo” Sanguinetti Barros
El cúmulo de pruebas que logró reunir la jueza andorra muestra cómo el medio hermano del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti movió sus influencias personales con el entonces ejecutivo de Odebrecht, Luis Eduardo da Rocha Soares, para que la constructora se convirtiera en cliente del BPA y utilizara su sucursal uruguaya para lavar cientos de millones de dólares –entre otros, de la trama argentina de la corrupción- entre los años 2006 y 2015.
Sanguinetti apareció incluso en los intercambios del sistema Drousys que Odebrecht montó para preservar el anonimato de sus transacciones ilícitas, directamente con su correo electrónico del BPA y con su nombre completo, por lo que no quedaron dudas sobre su participación y relevancia en la operatoria.
“Andrés Sanguinetti es un uruguayo, amigo mío, conocido de mi familia. Él trabajó en el [banco suizo] PKB también en Uruguay y trabajó en el Espirito Santo Bank de Portugal. Fue para la Banca Privada de Andorra, me buscó, y comenzamos a tener una relación. Fui a Andorra y conocí a la cúpula del banco y empezamos a trabajar”, explicó Da Rocha Soares ante la Justicia de Brasil.
Al igual que con la trama alrededor de Dentone y Sabrimol Trading, sin embargo, la Justicia uruguaya no abrió una investigación local sobre la operatoria de “Betingo” Sanguinetti, ni sobre la trama de lavado que desde Uruguay salió a la luz ante la inoperancia de las autoridades que debían ejercer el control de sus actividades.
Jorge “Corcho” Rodríguez
A Dentone y Sanguinetti se sumaron otros uruguayos. Entre ellos, los socios del estudio BGL Asesores Legales y Financieros, Juan Carlos González Lerena y Gonzalo Fernández Ameglio, con sede central en Montevideo. También, sus exsocios Washington Fernando Belhot Fierro y Claudio Marcelo Chakiyian Vázquez, quienes abrieron su propio negocio, el estudio South Capital Partners, que prestó servicios en Holanda y Panamá.
Según declaró el abogado brasileño Rodrigo Tacla Durán ante la Justicia española, Marcelo Odebrecht contrató directamente los servicios de Belhot Fierro y González Lerena, a través de la sucursal uruguaya de Mossack & Fonseca. Pero a pesar de los testimonios y pruebas que los mencionan directamente, tampoco fueron llamados por la Justicia uruguaya para responder por su rol en la estructura delictiva de Odebrecht.
Allí no se acaban los nombres de abogados, contadores y operadores uruguayos vinculados directa o indirectamente al capítulo latinoamericano del Lava Jato por cientos de millones de dólares. También aparecen los responsables del estudio Posadas, Posadas & Vecino (PPV) -vinculado al exministro de Economía uruguayo Ignacio de Posadas– que apareció como asesor y administrador de bienes obtenidos gracias a la corrupción.
Según un informe de la Policía brasileña, ese estudio colaboró con la “administración” de empresas de papel y fondos negros, además de asesorar en el flujo de esos fondos en paraísos fiscales, lo que negó Ignacio Posadas de manera contundente en abril de 2016. “Es un invento”, afirmó. “Nosotros no tenemos nada que ver, y yo menos, estoy retirado. El estudio sigue con mi nombre porque lleva el nombre de mi padre, pero eso ya está todo aclarado y no tuve ningún vínculo”. Pero no fue así, según probó el Ministerio Público Fiscal brasileño.
Al igual que en todos los casos anteriores, sin embargo, la Justicia uruguaya no investigó la participación del estudio PPV en la corrupción que financió Odebrecht, aunque la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) abrió una investigación sobre este y otros buffets. Al final, sin embargo, la pesquisa se demoró tanto que cambió el gobierno y asumió un director al frente de la Senaclaft, Jorge Chediak, quien no dudó en archivar el caso.
Este artículo forma parte de la serie “Viaje al centro de Lava Jato” realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, con la participación de periodistas de La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).
Por Fabián Werner / @fwernerv / Sudestada*
La audiencia que iba a realizarse este lunes 18 en Panamá se suspendió, como en otras ocasiones, por la ausencia de los abogados de varios acusados con diferentes excusas. Así las cosas, la jueza Baloisa Marquínez, suspendió la instancia y la reprogramó para una fecha a confirmar entre el 12 y el 30 de setiembre.
En ese juicio, que tiene 50 imputados por distintos delitos a la causa “Panabrecht”, aparecen tres personas con nacionalidad uruguaya por su participación en la trama que permitió a Odebrecht lavar cientos de millones de dólares. Uruguay y Panamá eran dos de las principales guaridas fiscales donde la constructura brasileña sentó sus bases para el blanqueo de los capitales ilícitos.
Para ello, personajes como Andrés “Betingo” Sanguinetti, Maya Cikurel Spiller y Juan Francisco Mutio fueron fundamentales. Prestaron sus valiosos servicios para abrir cuentas y empresas, ocultar beneficiarios finales y encubrir transacciones dolosas. Todo para eludir a la Justicia y los controles fiscales en América, África y Europa.
En el caso de Betingo, es conocida ya su participación en el esquema que utilizó el expresidente Ricardo Martinelli para ocultar el dinero de las coimas mediante cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), de la que el uruguayo llegó a ser vicepresidente de la filial en Montevideo.
El exdirectivo de la empresa Odebrecht, Luis Eduardo da Rocha Soares, fue uno de los que detalló la intervención
de Sanguinetti en las maniobras, durante una de sus comparecencias ante la Justicia de Brasil. “Indicábamos al BPA, en la persona de Andrés Sanguinetti, para la apertura de cuentas a nombre de testaferros. Entretanto, los reales beneficiarios eran personas políticamente expuestas. Uno de ellos era el hijo del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli”, contó Soares.
“Luisinho”, como le decía Betingo, también detalló que Martinelli usaba las cuentas de dos empresas panameñas (Pachira y Mengil), a las que se transfirieron a su nombre alrededor de 30 millones de dólares gracias a las gestiones de Betingo en BPA. Martinelli y sus dos hijos también están entre los 50 imputados en la causa panameña.
Varios ministros del gobierno panameño también recurrieron a Betingo para lavar sus coimas. Por ejemplo, a través de las offshore Westfall, Ralfim y Randalle, según confesó Soares.
El abogado Rodrigo Tacla Durán también fue uno de los testigos que narró con lujo de detalles cómo Betingo asesoraba a empresarios y testaferros a operar cautelosamente dentro de BPA, según los videos que publicó Sudestada.
La intermediaria
La fiscalía panameña también mencionó entre aquellas personas que “prestaron los servicios o su identidad para elaborar la estructura financiera que le permitiera a la caja 2 de Odebrecht, encubrir, ocultar, transferir la suma de dineros ilícitos hacia los beneficiarios finales” a la contadora uruguaya Maya Cikurel Spiller.
Según los datos obtenidos de cuentas bancarias uruguayas, Cikurel era quien administraba los fondos a nombre de la sociedad panameña Arcadex SA. Esta empresa de papel era “intermediaria en el esquema de ocultamiento de dinero ilícito”, ya que recibía fondos que luego se depositaban en otras cuentas a nombre de fachadas como Baxley Assets Inc, Select Engineering Consulting and Services o Constructora Internacional del Sur.
El exdirectivo de Petrobras Renato de Souza Duque también fue uno de los clientes de Cikurel, ya que como representante de la empresa panameña Milzart Overseas SA recibió dinero desde la cuenta de Arcadex SA a través de bancos suizos.
“Dice el Ministerio Público de la Confederación Suiza, que además pudieron identificar a Barry W. Herman, Maya Cikurel Spiller, Olivio Rodrigues como los beneficiarios finales de las cuentas a nombre de las sociedades controladas por la empresa Constructora Norberto Odebrecht”, explicó la fiscalía.
Juan Francisco Mutio Cerdeiras es el otro uruguayo en la lista de acusados por lavado de dinero ante la Justicia de Panamá. Mutio fue identificado como uno de los “beneficiarios finales de sociedades que alimentaron con dinero ilícito cuentas en las cuales se beneficiaron funcionarios públicos panameños, en razón de coimas por proyectos estatales”.
Mutio asumió el 16 de julio de 2010 la presidencia de Sherkson International, una SA uruguaya que lavó decenas de millones de dólares para Odebrecht, la verdadera dueña de la sociedad. El nombre de Mutio Cerdeiras fue mencionado como gestor de Sherkson por el delator Vinicius Veiga Borin, quien trabajó en el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, encargado de gestionar el pago de coimas.
El rol de este hombre de 59 años en la estructura de lavado fue definida en la acusación fiscal como la de una “interpuesta persona dentro de la conducta del blanqueo de capitales”, ya que tanto él como Cikurel “resultan ser testaferros de la empresa Odebrecht, debido a que su actuar dificultó la identificación del verdadero origen de la transferencia y los verdaderos beneficiarios finales”.
La suerte de Sanguinetti, Cikurel y Mutio se conocerá en setiembre, cuando la jueza Márquez vuelva a convocar a la audiencia en ciudad de Panamá.
Comunicado de Resistencia Mapuche Pewenche
«Marri marri pu lonko, pu machi, pu werken, pu weichabe, pu weñi, pu peñi, pu lamien del Meli witran mapu wallmapuche. Saludamos a todos nuestros hermanos de lucha, a todos los presos políticos mapuche y de la revuelta chilena, a todos los pueblos y naciones conscientes de nuestro weichan. Comunicamos lo siguiente:
Kiñe: wuya día sábado 16 de julio durante la madrugada concretamos el accionar de nuestro weichan rakiduam mapuche pewenche de continuar expulsando a todos los latifundios del pewen mapu. Que se han enriquecido y destrozado nuestro territorio.
Para ello hemos formado una columna de pu weichabe de distintos lob en resistencia saboteó el galpón las casas de los inquilinos del ex fundo los chenkes lote A, que estaban siendo custodiadas por los pacos [policías] trewas quienes estaban instalados en el lugar después de desalojar a nuestros peñi weichabe.
Epü: esta acción es en homenaje a nuestros weichabe caídos en combate, en especial Matías catrileo, Pablo Marchant, Jordan Llempi entre tantos otros que no se rinden contra el capitalismo y colonialismo extractivista.
Kvla: Nuestra lucha es contra el latifundio y el empresariado ladrón y corrupto. Luchamos porque estas tierras bajas fueron nuestras, se las quitaron a nuestros kuibikecheyem que las heredaron durante generaciones y siglos .
Libertad a los presos políticos mapuche y de la revuelta chilena.
No a la carretera hídrica
No a la carretera internacional
Fin al estado de excepción y desmilitarización del wallmapu
Fin al modelo colonial y estractivista de los recursos de nuestro mapu.
Resistencia Mapuche Pewenche.
R.M.P.»
Se informa que personal especializado del GOPE [Grupo de Operaciones Policiales Especiales] se encuentra intentando ingresar al territorio pewenche en recuperación Los Chenques de Pitril en el Alto Biobío, se espera inminente enfrentamiento por parte de pu weichabe pewenche.
Se llama al kelluwun entre las comunidades pewenche para enfrentar la invasión. Y a estar atentos sobre el proceso de recuperación de la comuna pewenche de alto Biobío. Fuera Esquerré, Bunster y todos los winkas extranjeros de nuestro wallmapu.»
Capitalismo “formal”, entre la economía informal y la precariedad laboral
. Fuente: Lo que somos
Muchas veces nos invade el sentimiento que desarrollar un análisis profundo sobre las injusticias del capitalismo, en las “multinacionales del humanismo”, está prohibido, es un tema tabú, no obstante, este es el pecado original por el cual se desatan todas las catástrofes humanitarias, de un sistema condenado por la historia
Por Eduardo Camín*. LQSomos.
La pobreza de los trabajadores, la informalidad y el empleo vulnerable son algunos de los problemas crónicos de los mercados laborales a través del mundo. A pesar de décadas de crecimiento económico, seguimos enfrentando debilidades estructurales – o simplemente las consecuencias de la fase más aguda del capitalismo – en los mercados de trabajo.
El capitalismo entró en el siglo XIX no tan engalanado como tratan de hacernos creer los filósofos, historiadores, y economistas sustentados por el propio sistema. Sus discursos, sus editoriales, pretenden demostrar las virtudes de éste y la pretendida evolución que conllevó al desarrollo de la humanidad.
Claro: para ello es necesario suspender el diálogo con la memoria, e ignorar aquella realidad que condenaba a los obreros a una miseria feroz, al trabajo forzado de los presidiarios en fábricas y minas, al trabajo infantil y la explotación de todas las capas de la sociedad. Se no dirá que seguimos siendo los trasnochados de siempre y que las cosas cambiaron. Tal vez.
Pero más grave aún, en los oasis del capitalismo los altos índices de empleo y el aumento de la productividad, ocultan los persistentes y preocupantes déficits de trabajo decente. Muchas personas, sobre todo en las economías en desarrollo, (eufemismo del capitalismo marginal) o aún en las economías industrializadas, siguen sin tener otra opción que aceptar empleos con malas condiciones de trabajo con contratos parciales, y que no generan ingresos estables, ni los protegen a ellos y a sus familias de la pobreza a largo plazo.
A pesar de las importantes ganancias económicas de las empresas, hay demasiados trabajadores que apenas ganan lo suficiente para sobrevivir.
Por eso es pertinente ampliar el diagnostico, o mejor dicho ver el compromiso de su tratamiento, destacando o enfocando estas realidades desde otra percepción analítica respecto a las crisis económicas en el sistema capitalista y su relación con el empleo. Sabemos que el análisis del materialismo dialéctico, e histórico, señala que es inherente a todo sistema capitalista la existencia de periodos de auge y de depresión en sus economías.
Los periodos de auge, bonanza o prosperidad derivan siempre en crisis de sobreproducción, las que a su vez provocan periodos de depresión o recesión de la actividad económica, con los consiguientes altos niveles de desempleo.
Sin embargo, en la última década y media, el concepto de precariedad laboral ha cobrado fuerza renovada entre los científicos sociales. Una tendencia que se hace más pronunciada tras cada crisis que deja a su paso un período de estancamiento económico profundo que persiste en grandes partes de la economía mundial, agravado con las nuevas iniciativas del núcleo central del capitalismo, que involucran una guerra.
La mayoría de los expertos definen la precariedad en función de lo que los trabajadores carecen, incluyendo factores como el fácil acceso a un empleo remunerado, la protección contra un despido arbitrario, las posibilidades de ascenso, la estabilidad en el empleo a largo plazo, una seguridad adecuada, el desarrollo de nuevas habilidades, salarios dignos o representación sindical.
Contrariamente a las antiguas previsiones, al optimismo sin fundamentos, la informalidad no ha disminuido con el tiempo e incluso está aumentando en muchos países. Las economías informales se caracterizan típicamente por una alta incidencia de pobreza y graves déficit de trabajo decente. Sin formalización, el trabajo decente para todos y la equidad en la sociedad seguirán siendo una ilusión.
En 2015, la OIT adoptó la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, una recomendación considerada como una herramienta poderosa para avanzar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) .
La realidad la medimos en cifras
El discurso dominante durante los últimos años, destaca que un número creciente de países de todo el mundo han desarrollado estrategias y políticas para facilitar la transición a la formalidad. Los interlocutores sociales también están desarrollando sus relaciones con los trabajadores y las empresas de la economía informal. Pero la realidad es que millones de personas se ven obligadas a aceptar condiciones de trabajo deficientes.
Los datos recabados por la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), para elaborar el informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2019, indicaban que la mayoría de los 3.300 millones de personas empleadas en el mundo no gozaba de un nivel suficiente de seguridad económica, bienestar material e igualdad de oportunidades. Es más, la reducción del desempleo a nivel mundial no se ve reflejado en una mejora de la calidad del trabajo: al contrario la precariedad se abre paso.
Una vez más, el informe de la OIT -previo a la pandemia – alude a la persistencia de diversos déficits de trabajo decente, y advierte de que, al ritmo actual, la consecución del objetivo de trabajo decente para todos establecido entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODES), concretamente en el ODS 8 , es inalcanzable para muchos países.
El objetivo octavo no solo se refiere al empleo pleno, sino a la calidad del mismo, y que la igualdad y el trabajo decente son dos de los pilares del desarrollo sostenible. Todos los informes advierten de que los responsables de formular las políticas deben afrontar esta cuestión, pues de lo contrario se corre el riesgo de que algunos de los nuevos modelos empresariales, en particular los propiciados por nuevas tecnologías, socaven los logros conseguidos en el mercado laboral, como la formalidad laboral y seguridad en el empleo, protección social y normas del trabajo.
¿Qué significa la transición a la formalidad?
Abordar la problemática de la informalidad exige que se actúe en el plano de varios de los elementos que impulsan este fenómeno, algunos de los cuales trascienden al mundo del trabajo.
La formalización de la economía es un proceso complejo y a largo plazo que a menudo requiere combinar las intervenciones sobre leyes y reglamentos con las que tienen por objeto fomentar la productividad y la capacidad de generar riqueza. Para una parte de la fuerza de trabajo, la reducción del déficit de trabajo decente es el primer paso hacia una formalización progresiva a largo plazo.
Para las empresas, la formalización significa que éstas pasen a respetar las disposiciones reglamentarias, con las ventajas y las obligaciones que ello conlleva. Implica ampliar la cobertura de las normativas fiscales, laborales y en materia de seguridad social a todas las empresas, cualesquiera que sean su tamaño o sector, su reconocimiento jurídico y su registro; y el cumplimiento de los requisitos legales.
En el caso de los trabajadores independientes, la ubicación de sus empresas en la economía formal o en la economía informal determina, asimismo, su pertenencia a una u otra economía. Para los empleados, la transición a la formalidad significa la recepción de protección laboral y social adecuadas. En función del contexto, ello acarrea las acciones siguientes:
- ampliar la cobertura legal a las personas excluidas o cuya cobertura es insuficiente;
- proporcionar un nivel adecuado de protección legal (por ejemplo, no excluir a nadie del seguro social sobre la base de un umbral en materia de tiempo de trabajo), y
- asegurar el cumplimiento efectivo de la legislación. Para que las actividades de la economía informal se incorporen a la economía formal deben ser declaradas en su totalidad, situarse en el marco de la legislación y dar lugar a una protección efectiva.
Pero sería erróneo considerar que los procesos de formalización se limitan al amparo y al cumplimiento de la legislación. Por ejemplo, el aumento de la productividad es también una condición para la formalización de las microempresas y pequeñas empresas, que generan cerca del 44 por ciento del empleo mundial.
¿Por qué es importante la transición a la formalidad? La formalización no es en sí un objetivo, sino una condición necesaria para alcanzar metas muy importantes. Concretamente, si este proceso no tiene lugar, el acceso al trabajo decente seguirá siendo una ilusión. La formalización reduce la pobreza y conduce a una situación de mayor igualdad entre las personas. Cuando las empresas se formalizan, al aumentar la productividad y mejorar el acceso al mercado, su sostenibilidad aumenta y se impulsa la competencia justa en los mercados nacionales e internacionales.
La formalización de las empresas es también imprescindible para brindar la protección laboral y social adecuada a los trabajadores empleados en ellas. En un plano más general, redunda en beneficio de la sociedad en su conjunto, pues amplía el margen de acción de los gobiernos, sobre todo, al generar un incremento de los ingresos públicos y reforzar el Estado de derecho.
Nadie puede negar la utilidad de estos informes, que se basan en estadísticas, datos, cifras, elocuentes a la vez que se proponen agendas internacionales llena de ilusiones, pero siempre adolecen de un enfoque transformador de la realidad.
Muchas veces nos invade el sentimiento que desarrollar un análisis profundo sobre las injusticias del capitalismo, en las “multinacionales del humanismo”, está prohibido, es un tema tabú, no obstante, este es el pecado original por el cual se desatan todas las catástrofes humanitarias, de un sistema condenado por la historia.
Actualmente en el mundo más de seis de cada diez trabajadores (1) y ocho de cada diez empresas (2) ejercen su actividad en la economía informal. La informalidad es, por consiguiente, un fenómeno de gran magnitud que, contrariamente a las previsiones del pasado, no se ha reducido con el paso del tiempo, e incluso está aumentando en muchos países.
Si bien la economía informal está más extendida en los países en desarrollo, existe en todas las regiones del mundo. Las mujeres se ven más afectadas que los hombres por este fenómeno en los países de ingresos bajos o medios bajos, y, a menudo, se hallan en situaciones de mayor vulnerabilidad
Las contradicciones de las multinacionales del humanismo
La informalidad es, de hecho, un proceso dinámico sujeto a múltiples factores y formas de trabajo que evolucionan con el paso del tiempo, y las políticas deberían dar respuestas a tales cambios. Ahora bien, para asegurar la colaboración entre los organismos de las Naciones Unidas en este ámbito es preciso incorporar la cuestión de la formalización de la economía informal en los sistemas nacionales del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.
En realidad el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo participan con frecuencia, en cooperación con los gobiernos, en el desarrollo de políticas fiscales y monetarias que tienen fuertes repercusiones en el proceso de formalización. Es, pues, necesario que las intervenciones dirigidas a respaldar la transición a la formalidad sean coordinadas con dichas entidades. Los mismos organismos que con sus recetas económicas y recomendaciones generan las condiciones del status quo en el cual nos encontramos en materia social.
Las crisis son esenciales para la reproducción del capitalismo y en ellas sus desequilibrios son confrontados, remodelados y reorganizados para crear una nueva versión de su núcleo dinámico. Tal vez, mucho es lo que se derriba y se deshecha para hacer sitio a lo nuevo. Por eso hay que estar adormecido totalmente por dulces ensueños, para no ver aun hoy este antagonismo.
Las frases rimbombantes sobre el “mundo laboral” en medio de la concentración de los medios de producción, es una falacia más de tantas que nos venden cada día. Estas pruebas se malogran y no porque sean falsas; la arruina el empobrecimiento y el hambre de las capas más vulnerables de la sociedad, son secuelas indudables e inevitables del capitalismo.
1.- El término “trabajadores” hace referencia a todas las personas ocupadas: empleados, trabajadores independientes con o sin empleados y trabajadores familiares auxiliares.
2.- El término “empresas” es usado como equivalente de “unidades económicas”, que es el término utilizado en la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204)
* Periodista uruguayo acreditado en la ONU- Ginebra. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
Fuente=https://info.nodo50.org/
