Revista ALTERNATIVAS -🌟- N° 731

✬  Uruguay – Los dueños de la pelota (la guita del narcotráfico lo compra todo)

✬  Chile – El progresismo sin careta- X Raúl Zibechi

✬ ¿Se acabó la contrainsurgencia en Colombia?

✬  Chile: Acuerdo oficialista sobre la Constitución para tranquilizar a la derecha

 

 

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Uruguay РLos due̱os de la pelota

 

El puerto de Montevideo, en Uruguay, es utilizado por el narcotráfico para enviar drogas a Europa
>>> Habla el dueño del puerto de Montevideo

El gobierno va a “aumentar con tres escáner más” en el puerto de Montevideo para el control del narcotráfico entre otros, dijo el gerente general de Katoen Natie Vincent Vandecauter en el seminario sobre «Tráfico Marítimo de Estupefacientes e Impacto en la imagen país».

 

 

No todo es soja
Uruguay, nueva ruta de tráfico de drogas

“En Uruguay, a menudo descrito como la “Suiza de América Latina”, aparecieron 14 cadáveres en un periodo de 10 días este año. Tres habían sido quemados y uno desmembrado”, menciona el Financial Times en el artículo titulado “El auge del tráfico de cocaína ahora mancha a la mayor parte de América Latina”, publicado el jueves 25.

También rememora el asesinato del fiscal antidroga de Paraguay en una playa colombiana por parte de un “pistolero” que lo ejecutó en su luna de miel, delante de su esposa embarazada. Se refiere al fiscal Marcelo Pecci, presuntamente asesinado por el uruguayo prófugo Sebastián Marset, según la justicia paraguaya.

El artículo explica que detrás de la ola de homicidios están los cárteles de narcotraficantes. Su objetivo es encontrar nuevas rutas para trasladar su producción. La jefa de investigación política de las Américas, para Verisk Maplecroft, Jimena Blanco, lo define así en la nota: “es la culminación de la globalización del tráfico de drogas”.

Rememora que el puerto belga de Amberes incautó en 2021 casi 90 toneladas de estupefacientes, el mayor registro en una terminal marítima europea.

 

>>> Los puertos que domina Katoen Natie

Un pulpo del comercio global
Eliana Gilet
Brecha 11 junio, 2015
La empresa belga Katoen Natie es uno de los gigantes que alimentan las arterias del comercio global. Permite ver la importancia de la intermediación en un mercado cada vez más globalizado, y también cómo se mueve y se concentra el gran capital. Ese imperio que recauda un billón de dólares por año es propiedad de una sola familia.

https://brecha.com.uy/un-pulpo-del-comercio-global/

 

El gobierno de Lacalle involucrado en fuga de narcotraficante del primer cártel uruguayo

Fuentes: Rebelión / CLAE

Se ha destapado en tierras uruguayas una caja de Pandora de los vínculos y operaciones del narcotraficante Sebastián Marset con el poder político, empresarial y delictivo del Cono Sur.

La responsabilidad de las autoridades uruguayas en la fuga del narco, es una papa caliente que se la pasan de mano en mano.

El nombre de Sebastián Marset empezó a ser reconocido a nivel mundial por razones non sanctas. Desde el reciente presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, pasando por cadenas internacionales de prensa y sobre todo en las de Paraguay y Uruguay, se ha hecho conocer.

El caso ha levantado polvareda en altas esferas del gobierno involucrando al propio presidente Lacalle, que el 18 de agosto debió reunirse con su canciller, Francisco Bustillo, y la vicecanciller, Carolina Ache. para pedirles explicaciones por su proceder.

Es que Marset estando detenido en Dubái por problemas con un pasaporte paraguayo adulterado, buscó ayuda para solucionar el impasse contactando a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, e incluso llegando supuestamente a un colaborador del número dos del Palacio de gobierno de Paraguay, el vicepresidente Hugo Velázquez.

Al final, la solución llegó por manos uruguayas, aunque fue en Dubai donde se desarrolló este operativo o cúmulo de coincidencias más que llamativas.

Marset fue detenido en Dubai el 28 de octubre de 2021 por portar un pasaporte apócrifo de Paraguay. Final­mente, la Cancillería uruguaya generó un pasaporte para Mar­set en noviembre de 2021, quien luego quedó en libertad y, ya advertido de las pesquisas en su contra, no vol­vió a Paraguay.

Prado Fabra fue la funcionaria que procedió a tomarle las huellas dactilares a Marset en persona y pidió al menos en dos oportunidades que se le indicara cómo proceder con la solicitud de tramitación del documento al narco uruguayo, debido a las advertencias que le habían llegado, informó el diario El Observador, con base en tres fuentes de Cancillería. VTV noticias confirmó que la diplomática había pedido instrucciones a Montevideo para proceder.

Por esas casualidades, el presidente Lacalle Pou, su exesposa Lorena Ponce de Leon y una comitiva de empresarios se encontraban en Dubai al momento en el que a Marset le hacían el pasaporte de manera personal.

Luego, su pasaporte fue retirado por el abogado penalista Alejandro Balbi, un abogado mediático en Uruguay que se caracteriza por tener clientes siempre poderosos e involucrados en causas turbias.

La Cancillería uruguaya negó haber hablado con Balbi. Luego Balbi dijo que habló con la subsecretaria de Cancillería sobre el tema del pasaporte. Siguiente escena, la número dos de la cartera cambió su declaración y dijo que se había contactado con el abogado de Marset pero que no hablaron por el tema del pasaporte. Para Bustillo, la entrega del pasaporte al narco Marset no afecta “para nada” la reputación del Estado.

Actualmente, Marset está en la lista roja de Interpol debido a sus vínculos con el narcotráfico; concretamente, es buscado por el transporte de al menos 16 toneladas de cocaína hacia Europa, a través de la hidrovía Paraná-Paraguay.

En las últimas horas, Marset envió un video al noticiero de canal 4 de Uruguay negando todo tipo de acusación en su contra y prácticamente saliendo a defender al gobierno uruguayo. Incluso el narcotraficante criticó públicamente al expresidente José Mujica por la legalización de la marihuana.

Los periodistas de canal 4 concluyeron que Marset estaba llamando desde un teléfono con la característica de Sudáfrica. ¿Vale tanto la pena para los gobiernos uruguayo y paraguayo salir a defender al abogado, , a costa de dar cuenta del país donde está, siendo que está requerido por Interpol y la DEA?

El senador del Frente Amplio  Daniel Caggiani apuntó  contra el presidente Luis Lacalle y lo criticó por no haber hecho ninguna declaración respecto al escándalo del narcotráficante Marset y cuestionó que el mandatario no le haya pedido la renuncia al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo. «Cada vez es peor (…) A partir de una decisión política el Uruguay queda metido en un escándalo internacional muy complejo que desprestigia al país», señaló.

¿Quién es Marset?

Marset es el principal señalado como autor intelectual por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en mayo pasado en Colombia, en plena luna de miel. Este hecho ha dejado a la luz una maraña de vínculos políticos, empresariales, del mundo del fútbol y gobiernos con el narcotráfico a nivel continental.

El fiscal paraguayo estaba encargado de la causa “A ultranza py”. Según medios guaraníes, era la causa de narcotráfico y lavado más grande de la historia del país. De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, la principal motivación para el crimen surgió en abril pasado, cuando se dio la orden de captura en Paraguay contra cinco de los siete hermanos Insfrán; Miguel Ángel Insfrán asumió que Pecci era quien estaba detrás de la investigación y ordenó las capturas..

Pecci, fiscal especializado en crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, había investigado a bandas de Brasil, además de lavadores de dinero libaneses de la Triple Frontera de Paraguay, Brasil y Argentina. También estuvo a cargo de casos sonados como el secuestro y asesinato en 2005 de la hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas (1998-1999), y el enjuiciamiento en 2020 del astro del fútbol Ronaldinho, detenido en Asunción por falsificación de documentos

La Operación A Ultranza Py, realizada en febrero de 2022, implicó 107 allanamientos y la incautación de más de 100 millones de dólares, 98 inmuebles, 28 vehículos, diez avionetas, un helicóptero, 12 carretas, 41 tractores, 48 motos y siete embarcaciones.

“El objetivo Sebastián Marset tendría una participación activa en cada una de estas etapas en las que se desarrollan las actividades ilícitas, por lo cual se lo considera el principal ideólogo, organizador y supervisor de las operaciones ilícitas. Además, sería uno de los destinatarios mayoritarios de las ganancias generadas por el esquema de tráfico internacional de drogas”, revela el informe de inteligencia de A Ultranza Py, según reveló el diario paraguayo La Nación.

Es importante mencionar que los miembros de la organización califican al uruguayo como ‘El Jefe’. Sin embargo, se presume que por encima de él estaría ‘El Jefe Mayor’, que en el proceso de la investigación no fue iden­tificado, refieren los investigadores.

La justicia paraguaya acusa al uruguayo de ser quien organizó la partida por la hidrovía de tres cargamentos por un total de 16 toneladas, descubiertos el año pasado en los puertos de Villeta (Paraguay), de Rotterdam (Holanda) y Amberes (Bélgica).

Para eso, tuvo que generar alianzas con mafias de Europa como la Corsa y la ‘Ndrangheta, organización a la que estaba asociado Rocco Morabito, fugado de la ex Cárcel Central de Montevideo y detenido en las playas de Brasil. Además de la investigación que se realizó en Colombia y Paraguay, Marset es investigado por varias causas en Uruguay.

La primera investigación contra Marset en la Justicia uruguaya fue iniciada el 1º de febrero de 2012 por el delito de receptación. En septiembre de 2013 Marset fue investigado por tenencia de estupefacientes no para su consumo. En octubre de 2013 fue procesado por tres delitos de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de organización y en calidad de coautor, tras la incautación de 170 kilos de marihuana.

En octubre de 2013 una investigación coordinada entre la Unidad de Investigación Sensitiva de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de Uruguay logró el procesamiento del tío del expresidente de Paraguay Juan Domingo Viveros Cartes.

Viveros, conocido como Papacho, fue procesado luego de la incautación, en el marco de la operación Wayra, de 450 kilos de marihuana en una avioneta que pertenecía a Horacio Cartes, que aterrizó en un campo cercano a la localidad de José Pedro Varela, en Lavalleja, el 29 de julio de 2012. Marset declaró ante la Justicia ser el destinatario del cargamento incautado.

Otra causa en su legajo es sobre la amenaza que recibió la fiscal Mónica Ferro, la que fue realizada a través de un celular con base en Perú. En este caso también fue imputado el hijo del contratista de futbolistas Gerardo Arias (Uruguay).

La vía del narco

El jefe de los fiscales antidrogas de Paraguay, Marco Alcaraz. Calificó a Marset como “el gerente de la hidrovía”. Prácticamente armó un mercado común del sur de cocaína o un mercasur. Marset tiene vínculos en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay al menos. Sabemos que sus tentáculos llegan hasta Colombia también.

Alcaraz afirmó que la Hidrovía se transformó en un nodo logístico en 2020, en plena pandemia, “luego de que el puerto de Santos, en Brasil, reforzara los controles con escáneres para los contenedores que salían rumbo a Europa y a África”.

Las filtraciones de información y protecciones en pro y contra de Marset, son dardos que se tiran por elevación -y no tan velados- entre los sectores que acompañan a Horacio Cartes y Mario Abdo. Este último, junto con Lacalle han querido relanzar la hidrovía del Paraná-Paraguay. Este punto y la flexibilización del Mercosur han sido dos de los insistentes tópicos de ambos mandatarios en cada cumbre de dicho organismo.

Allan de Abreu, periodista brasilero de investigación para la revista Piauí, ha señalado que la vía fluvial es ampliamente utilizada para transportar cocaína boliviana y peruana a Uruguay, y de allí a Europa.

Menciona específicamente a la empresa PTP Group, de capitales argentinos, que gestiona varios puertos en la hidrovía analizada y que, además, opera en Nueva Palmira (Colonia) y Montevideo. Según la página web del grupo, ofrece “sus servicios desde Montevideo, Uruguay; hasta Puerto Murtinho en Brasil, cubriendo así más de 2.232 kilómetros de la Hidrovía Paraná-Paraguay.”

El senador paraguayo Pedro Santa Cruz apuntó contra la empresa Gregser–PTP Warrant, a la que el expresidente Horacio Cartes –según él– le dio la concesión por 20 años.

Bonus track

Como si le faltara algo a este collar de perlas que tiene sumido al gobierno uruguayo en un incendio que se le cuela por todos lados, dado el alcance internacional que está teniendo este caso; en las últimas horas el periodista Gabriel Pereyra soltó en la red social Twitter otra arista del Marset-gate.

«Cuando el dueño de Cambio Nelson, Francisco Sanabria, estuvo preso en la cárcel de Campanero, quedó estampado varías veces en el registro de visitas un nombre que con el tiempo se haría famoso: Sebastián Marset Cabrera.”

Según el semanario Brecha, en abril de 2017 Sanabria fue procesado con prisión por delitos de apropiación indebida, libramiento de cheques sin fondo y falsificación de documento privado. El pedido de condena quedó en suspenso por interposiciones de la defensa, a cargo del abogado Jorge Barrera, íntimo de Alejandro Balbi, abogado de Sebastián Marset.

Las flagrantes contradicciones del gobierno en las pocas declaraciones que ha efectuado, el silencio sepulcral de consuetudinarios defensores del oficialismo y el curioso video del narco requerido, hacen pensar que en esta trama todavía queda mucho por navegar.

Ya son muchas casualidades por el día de hoy.

 

Fuente:https://rebelion.org/

 

Chile – El progresismo sin careta

 

Por Raúl Zibechi

Ecuador Today

 

La detención de Héctor Llaitul en un restaurante de Cañete, territorio Wall Mapu, enseña el verdadero rostro de esta “nueva izquierda” en el gobierno. No hubiera sido posible sin el concurso directo del gobierno de Gabriel Boric, en el que participa el Partido Comunista, aunque su política es continuidad de la Concertación que gobernó Chile desde el fin de la dictadura de Pinochet.

Llaitul es vocero de la Coordinadora Arauco Malleko (CAM), una de las principales organizaciones anti-capitalistas mapuche, creada en la década de 1990, siendo el primer movimiento autonomista de Chile. Es evidente que la prisión de su vocero no va a mermar la fuerza de la lucha que encabeza la CAM. Llaitul estuvo preso en varias ocasiones, en diversas cárceles de Chile y nunca dejó de ser un luchador comprometido con su pueblo.

Ahora lo acusan de “robo de madera” y de delitos de opinión, lo que nos debe llevar a preguntarnos qué busca el desprestigiado gobierno de Boric (tiene sólo 30% de aprobación en cinco meses de gestión).

Busca complacer a la derecha, decirle que no le va temblar la mano a la hora de reprimir al pueblo mapuche, como desean los grandes empresarios chilenos. No alcanzó con imponer el estado de emergencia en Wall Mapu, aunque se había comprometido a no hacerlo durante la campaña electoral. El temor del progresismo es perder el plebiscito constitucional del 4 de setiembre, ya que sería una derrota demasiado pesada para quienes pretenden blanquearse como progresistas y hasta de izquierda.

Hubo dos momentos decisivos en los cuales Boric mostró de qué se trata su carrera política. El primero fue en noviembre de 2019, semanas después de comenzada la mayor revuelta en la historia del país. Decidió dar los pasos necesarios para debilitar la protesta que recién comenzaba, salvando el pellejo de la derecha en sus dos versiones, la pinochetista y la “progresista” que gobernó Chile con el nombre de Concertación por la Democracia, primero, y Nueva Mayoría después.

En vez de alentar la protesta, de permitir que la movilización popular enterrara el régimen pos-pinochetista y terminara por deslegitimar a sus representantes, Boric decidió salvarlos y aislar a quienes seguían movilizados. Para eso firmó un acuerdo con la derecha y el progresismo por una “nueva Constitución”, sin consultar a su partido que consideró expulsarlo (https://bit.ly/3AtdPym).

De ahí en más, la suerte de la revuelta estaba echada. Por más que surgieran 200 asambleas territoriales y continuaran las manifestaciones, la agenda política mutó radicalmente: de la demanda por la renuncia del presidente derechista Sebastián Piñera, se pasó a debatir la convocatoria de la asamblea constituyente.

El 11 de agosto pasado se registró una segunda maniobra con el mismo objetivo: salvar a los empresarios, a la derecha y a la clase política dominante. Ese día, las coaliciones Socialismo Democrático (heredera de la Concertación) y Apruebo Dignidad (Partido Comunista y Frente Amplio) difundieron un documento con el objetivo de “moderar aún más la propuesta constitucional asegurando importantes nichos de negocios” a los grandes empresarios (https://bit.ly/3TAgv67).

El acuerdo supone revisar algunos aspectos, en caso de que se apruebe el 4 de setiembre la Constitución: no se eliminarán los fondos previsionales privados y se mantendrá su negocio, algo similar en el rubro de la salud con la continuidad de las clínicas privadas y la subvención estatal de colegios privados en la educación. Por si fuera poco, se comprometen a reponer el estado de emergencia en la nueva Constitución y reducir los alcances de la plurinacionalidad.

La Izquierda Diario difundió partes del texto, donde figuran frases como esta: «Proponemos establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar (…) en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho» (https://bit.ly/3TAgv67).

Días después el Movimiento por el Agua y los Territorios y la coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, en documento firmado por decenas de colectivos y movimientos, criticaron con vehemencia la maniobra: “La injerencia del poder constituido en la convención a través del Acuerdo Político dado a conocer el 11 de agosto no es nueva, es la continuidad del llamado Acuerdo por la Paz” (https://bit.ly/3cmMGVS).

El documento le recuerda al gobierno que el proceso constituyente fue consecuencia de una revuelta que tuvo costos humanos muy altos, “no fue un regalo de la clase política, que hoy nuevamente utiliza procedimientos antidemocráticos para seguir administrando el modelo de miseria”. Y agrega: “Sucumbir a las presiones de la derecha conservadora, favorece sólo al sistema político y podría ser un anticipo de otras acciones de estos herederos de la ex Concertación”.

Días después llegaría una nueva acción despreciable: detener a un destacado dirigente mapuche para satisfacer a sectores de la derecha e intentar arrastrar algunos votos conservadores en el plebiscito.

La CAM ha dicho que no va dialogar con el gobierno “si no es por territorio y autonomía”, que seguirán recuperando tierras (que es el gran nudo al que apuntan los empresarios y el gobierno) y que seguirán luchando contra el Estado colonial y su política de integración forzada. “O luchamos de verdad por la reconstrucción nacional mapuche o sólo es discurso y presión para recibir migajas que ofrece el Estado” (https://bit.ly/3Ax2b5h).

Como siempre, de un lado la dignidad y la decisión de luchar. Del otro, la represión y los miserables cálculos de poder.

 

Tomado de: https://clajadep.lahaine.org/?p=32670

 

 

¿Se acabó la contrainsurgencia en Colombia?

Fuentes: Rebelión

El complejo y contradictorio proceso histórico de la Guerra y la Paz en Colombia, desde hace más de 200 años, es decir desde su inicio como Estado Nación integrado en el mercado mundial capitalista, ha sido un largo proceso de despojo capitalista violento sobre las clases explotadas y subordinadas

El Estado colombiano, y su poderoso oligopolio mediático estructura fundamental del Bloque de Poder Contrainsurgente ( la ignorancia es la fuerza, Orwell, 1984) durante todo el tiempo de duración de la guerra contrainsurgente (los últimos 70 años), ha creado la realidad virtual y aparente de que Insurgencia/ Contrainsurgencia es una antinomia real u objetiva sólo superable con la desaparición de la insurgencia, y de ahí, la famosa consigna militar colombiana de que “la victoria es la paz”. Adaptación también de la consiga de 1a “Telepantalla de 1984” de Orwell, de “la guerra es la paz”, con la cual el Bloque de Poder Bipartidista, post-plebiscitario, conformado en 1962 en Colombia con el jefe falangista Laureano Gómez y bajo el auspicio protector del virrey estadounidense Alberto Lleras Camargo, pudo, con el nombre de Frente Nacional, dar carta libre al Capital transnacional para desarrollar a su antojo la guerra de acumulación por despojo en Colombia que hoy se pretende iniciar su conclusión definitiva.

Algunos comentaristas y politólogos autodenominados de “izquierda progresista”, convirtieron dicha antinomia artificial en una “contradicción dialéctica” objetiva, para reforzaron la idea hegemónica (dominante) con un ejemplo idealista traído de los cabellos: algo así como si se acaba la Burguesía se acabará necesariamente el Proletariado (Marx dixit). Y por ende , la “lucha de clases” objetivo máximo de cualquier socialdemocracia que se respete.

Pero la realidad objetiva es muy otra: La contrainsurgencia es una doctrina y una aberrante y cruel práctica imperialista y neocolonial, implementada en sus guerras de despojo para aplastar, dominar y especialmente depredar Pueblos y Naciones de la periferia capitalista, ampliar la riqueza capitalista y el mercado en el mundo conocido. En Colombia para ESTO, se construyó políticamente el Bloque de Poder Contrainsurgente ( BPCi ) en comento, cuyo eje central sobre el cual giran las demás ruedas dentadas de dicha construcción, como se ha repetido hasta el hartazgo, es la Embajada de los EEUU en Bogotá.

Es decir que dicha “coalición estructural” tiene un pie en el Gobierno de los EEUU y otro en territorio colombiano. Tal como lo ha demostrado el pico de la ofensiva contrainsurgente desarrollada por el Plan Colombia ( iniciado en 1997 y continuado hasta la actualidad ) por los gobiernos de Pastrana, Uribe, Santos y Duque; veinticinco 25 años del más cruel sufrimiento y despojo brutal ( 8 millones de despojados, más de un millón de muertos, 100 mil desaparecidos) sufrido por Pueblo alguno, bajo el piadoso nombre de WAR DRUGS. Mientras que la insurgencia colombiana no tiene una estructura nacional-internacional de tales características. Pequeña-Gran diferencia, aunque no la única, que desbarata la teoría progresista de la contradicción objetiva entre Insurgencia/ Contrainsurgencia.

El acuerdo de paz del 2016 entre el Estado y las Farc que todos celebramos como un rayo de esperanza y optimismo, más pronto de lo esperado se convirtió en una perfidia y engaño programado, que con la ayuda de los jefes de esa Insurgencia y los infiltrados, se convirtió la más estruendosa derrota político-militar de que se tenga noticia en el mundo. Se conocían derrotas a organizaciones insurgentes, varias. Pero no de la sordidez, tamaño y alcances de la destrucción en el postconflicto con las Farc. A la trampa de Santos-De la Calle-Jaramillo, para eliminar cualquier pretensión insurgente de modificar así fuera en un renglón la sacrosanta Constitución de Colombia, se le agregó no solo el objetivo “contrainsurgente oficial” de hacer trizas ese maldito papel, de incumplir lo pactado, sino el más cínico objetivo de liquidar uno a uno, tiro-a-tiro, la mayor cantidad posible de guerrilleros desmovilizados, así como de humillar, apabullar y aterrorizar a quienes habían pactado la desmovilización, Tal como lo ha venido a confirmar “oficialmente” el valiente y sincero actual Canciller de Colombia Dr Álvaro Leiva (1), algo que si bien era sabido y denunciado en su momento, es trascendental reconocerlo en estos momentos :

Los jefes guerrilleros como Santrich e Iván Marquez, fueron entrampados por el Estado para obligarlos a continuar en la lucha armada y así poderlos asesinar con todo el Poder del Estado contrainsurgente asistido plenamente desde sus bases militares por los EEUU.

Hoy se afirma que “la Lucha Armada Insurgente ha dejado de existir en Colombia o está en proceso de liquidación”. Sería un ideal. Algo que todo el Pueblo colombiano incluidos los insurgentes alzados han pedido y siguen pidiendo desde hace 70 años. Pero la experiencia (que no entra por cabeza ajena) muestra que todo el complejo y contradictorio proceso histórico de la Guerra y la Paz en Colombia, desde hace más de 200 años, es decir desde su inicio como Estado Nación integrado en el mercado mundial capitalista, ha sido un largo proceso de despojo capitalista violento sobre las clases explotadas y subordinadas, transcurrido a lo largo de ciclos cortos de Paz y largos de Guerra, inseparables y, que muy posiblemente actualmente estemos entrando en otro ciclo (ritual) de Paz que anuncia una nueva era. No hay duda que es bastante bien intencionado y concebido por el nuevo gobierno del Pacto Histórico para acabar de una vez por todas la violencia política en nuestro sufrido país, y al cual todos los insurgentes, sin excepción, deben acogerse. 

Pero (siempre hay un pero) se debe analizar detenidamente la realidad objetiva de esta nueva etapa política, analizando las repercusiones y consecuencias que puedan tener los nichos de los jugosos mercados trasnacionales para la Guerra (planteados a en mi anterior columna de opinión: mercado de armas, mercado de cocaína, mercado de los contratos de la tecnología de la seguridad con el Estado y, el mercado de la tierra), teniendo en cuenta tres consideraciones:

1- Que la lucha de clases seguirá en Colombia como en resto del planeta moviendo cada realidad nacional. Y que si bien los Contrainsurgentes han tenido una derrota electoral transitoria que los privó del gobierno, no por eso el Bloque de Poder que los cohesiona se ha desestructurado o desintegrado. Muy por el contrario, hay un proceso de recomposición y de búsqueda de nuevos dirigentes incluso más extremistas, agresivos y fanáticos que el propio Uribe Vélez a quien tildan de “Mamerto”, quienes aspiran a continuar con la tecnología política que les ha dado tantas ganancias y que ha consistido, simplemente, en invertir durante siglos la famosa sentencia del mariscal von Clauzewitz adaptándola a la Historia de Colombia: “La Política es la continuación de la Guerra por otros medios”

2- Que siguiendo a Gramsci, en Colombia ha sido derrotada irremediablemente la “Guerra de Movimientos” desarrollada por las insurgencias; dados una serie de factores, entre los cuales hay que considerar la inmensa superioridad tecnológica y asistencia de la OTAN brindada al Bloque de Poder Contrainsurgente (BPCi). Se hace pues necesario, iniciar un debate serio y profundo dentro de las clases explotadas y subordinadas para reivindicar y poner por delante la propuesta Gramsciana de la Guerra de Posiciones o trincheras que implica un largo proceso acumulativo y una revitalización y organización para el largo plazo, de lo acumulado por la potente Movilización Social.

3-  La hipótesis contrainsurgente de la Mexicanización del conflicto colombiano, planteada por la conocida periodista del diario oficial EL Tiempo, Maria Isabel Rueda, en su columna (2) “El galimatías de la Paz Total” del 07 de agosto 2022 (a la cual no se le ha puesto la debida atención) que al comentar la política del actual gobierno del Pacto Histórico, dice lo siguiente:

…. “Muy atrás han quedado conceptos tan simples como que el interés de un grupo guerrillero radicaba en tomarse el poder por las armas. Antes de que Fidel Castro falleciera, reconoció que esta vía era una quimera. Entonces, la aparición de docenas de clanes criminales menos interesados en tomarse el poder que en enriquecerse con el narcotráfico fue borrando la tenue raya que separa a la delincuencia política de la común; y lo que terminó sucediendo es que mientras los narcos contaminaron a las guerrillas con el narcotráfico, las guerrillas a los narcos con intereses políticos, abriéndoles un espacio en el conflicto armado que evidentemente hoy ocupan.

Es por eso factible que, en medio de esta amalgama, todos estos grupos de narcoguerrillos se puedan sentar con el nuevo gobierno a discutir una negociación. Con el Eln y las disidencias, el camino que viene ya lo recorrieron las Farc, y probablemente volverá a ser muy parecido: mucha injerencia cubana y de los enviados del Papa a Colombia. Pero como las disidencias de las Farc rechazaron las ofertas que el gobierno Santos les hizo en La Habana, el panorama indica que la vara de premios necesariamente tendrá que ser más alta. Habrá que mejorársela con más plata, más curules; y de extradición, ni hablar” ( 2) ……

Estamos pues entrando en Colombia en otra época, y es imprescindible dentro de la euforia y las esperanzas producidas por el triunfo electoral del Pacto Histórico, guardar siempre la distancia a la hora de analizar la realidad, así nos tilden de aguafiestas o aves de mal agüero.

Notas:

  1. https://noticias.canal1.com.co/nacional/fue-entrampado-y-asesinado-canciller-alvaro-leyva-sobre-la-muerte-de-jesus-santrich/
  2. https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/maria-isabel-rueda/columna-de-maria-isabel-rueda-el-galimatias-de-la-paz-total-692983

Fuente imagen Internet: Foto twitter: @CancilleriaCol

Fuente: https://rebelion.org/

 

 

 

Qué pasó en Neiva, Colombia: así fue el ataque  en Huila

Los campesinos que viven en la localidad de San Luis se encuentran muy preocupados.

Qué pasó en Neiva, Colombia: así fue el asesinato a 7 policías en Huila
Qué pasó en Neiva, Colombia: así fue el asesinato a 7 policías en Huila
Redacción EC

¿QUÉ SUCEDIÓ CON LOS POLICÍAS EN NEIVA, COLOMBIA?

El ataque a los efectivos policiales sucedió a las 2:30 de la tarde del viernes 2 de septiembre, a la altura de la vereda Corozal y a unos 15 minutos del caserío de San Luis, cuando los policías retornaban al cuartel de los oficiales tras asistir a una actividad en el comando de esa institución en Neiva.

El presidente de la Junta de Acción Comunal, Mario Guzmán Alarcón, dijo que “se escucharon explosiones, y disparos durante algunos minutos. La gente que vive cerca de la zona del ataque, nos cuenta que fue una situación terrible, que a lo lejos se escuchaban disparos y bombazos”.

”La camioneta de la policía fue destrozada por los explosivos, y los cuerpos sin vida de los policías quedaron tirados a lado y lado de la carretera”, dijo el líder comunal. Al ver la escena de muerte, los campesinos que pasaban por la zona, presos del pánico, no dudaron en dar aviso, vía celular, a las autoridades y a algunas familias del poblado con lo que la noticia se propagó rápidamente.

Fuente: https://elcomercio.pe/

 

 

Chile: Acuerdo oficialista sobre la Constitución para tranquilizar a la derecha

Cecilia Vergara Mattei

 

Las coaliciones Socialismo Democrático (la exConcertación sin la Democracia Cristiana) y Apruebo Dignidad (Partido Comunista-Frente Amplio), que respaldan al gobierno de Gabriel Boric, publicaron un documento con cinco ejes con las modificaciones que se compromete a hacer en caso de que se apruebe la nueva constitución en el plebiscito del próximo 4 de septiembre.

Vuelve a Chile el mismo entramado del cambiar algo para que nada cambie que se hereda desde el período de la transición a la democracia. Es un documento tranquilizador de la derecha, y los medios hegemónicos que promocionan el rechazo al nuevo texto constitucional que sustituye al impuesto por la dictadura 30 años atrás y que  básicamente contesta a los principales reclamos y demandas de  la derecha, los grandes empresarios y los poderosos de siempre.

A pocos días del plebiscito de salida, el presidente Boric se ha convertido en uno de los principales impugnadores del texto de la nueva Constitución: insiste en aprobar para reformar y ha presionado a los dirigentes de los partidos que forman la base de su gobierno para alcanzar un acuerdo en este sentido, incluso en los artículos o capítulos que es necesario reformar y, para más remate, antes de que se apruebe en el plebiscito.

El acuerdo fue suscrito por 10 partidos políticos: Partido por la Democracia, Partido Liberal, Acción Humanista, Movimiento Unir, Partido Socialista de Chile, Partido Radical de Chile, Revolución Democrática, Federación Regionalista Verde Social, Partido Comunista de Chile, Convergencia Social.

Algunas de las críticas al texto final propuesto por la Convención -como la del expresidente Ricardo Lagos- es que no suscita “consenso”. Otra de las explicaciones es que su articulado, en muchos aspectos, divide a los chilenos y que se necesita una Constitución que los una. Algunos analistas dicen que detrás del acuerdo está la mano de la expresidenta Michelle Bachelet.

¿Una Constitución que ni siquiera ha sido aprobada ni menos promulgada, “divide a los chilenos”? Lo que se aprecia en la campaña del rechazo, es el racismo, el odio, la xenofobia, pero en realidad no es la nueva Constitución la que divide a los chilenos y no desde ahora.

Lo que llama la atención es que Boric sucumba ante la oposición, en vez de escuchar las voces de importantes expertos internacionales, que han exaltado varios aspectos del texto que deberá ser votado. Más de 40 expertos firmaron una carta en la que afirman: “El mundo tiene mucho que aprender de los procesos ejemplares de la Convención y el visionario producto que se votará”. Entre los firmantes, los economistas Tomás Piketty (francés) y el coreano Ha- Joon Chang, sólo por nombrar a los más conocidos en Chile.

La difusión del acuerdo

El objetivo de la difusión del acuerdo entre las fuerzas tradicionales de la política y la centroizquierda es moderar aún más la propuesta constitucional asegurando importantes nichos de negocios. En el documento se asegura que no se eliminarán las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) y se mantendrá su negocio, lo mismo para las clínicas privadas con el negocio de la salud, y de los colegios subvencionados en el caso de la educación.

También se comprometen a reponer el represivo Estado de Emergencia y limitar a su mínima expresión todos los aspectos relevantes de la plurinacionalidad.

Tras el llamado de Boric y las intensas negociaciones entre las coaliciones del oficialismo transó en cinco ejes: Sistema político, Plurinacionalidad, Derechos Sociales, Poder Judicial y Seguridad.

Sobre la Consulta indígena, se establecerá que su alcance se refiere sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas. Sobre el consentimiento previo, «se establecerá explícitamente que sólo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales», satisfaciendo una de las demandas de la derecha sobre el texto.

En cuanto a las autonomías territoriales, el texto plantea que «se establecerá expresamente que las atribuciones de las autonomías territoriales deben ser coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile».

Sobre la justicia indígena, el acuerdo establece que «solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales. La justicia indígena, tal como lo señala la nueva Constitución, siempre estará subordinada a la justicia ordinaria, en particular, a la Corte Suprema».

Los partidos de gobierno proponen reponer el nombre de «Poder Judicial» y «revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces». También plantean «implementar el Recurso de Tutela».

En cuanto a la demanda de la derecha y los empresarios de reponer el Estado de Excepción de Emergencia, el texto establece que «proponemos establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar (…) en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho«.

Avanzando hacia el pasado

Apruebo Dignidad, las y los presidentes de 10 partidos y movimientos de gobierno aseguraron que seguirán existiendo las AFP, las clínicas privadas, los colegios particulares, que tanto reclamaban los empresarios.

En cuanto al sistema político, se establece que se comprometerán a «analizarlo para lograr el mejor equilibrio en el Poder Legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales», una de las demandas que más peso le puso el ex presidente Ricardo Lagos que propone reponer el Senado con todas sus atribuciones.

La posibilidad de que el congreso pueda votar leyes que tengan gasto fiscal, tiene relación con el neoliberal criterio de responsabilidad. Así, en el acuerdo se establece que «creemos necesaria la eliminación de la atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen directamente gastos al Estado. Igualmente, la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley».  También se señala que se eliminará la posibilidad de reelección presidencial de forma «consecutiva«.

El sistema de Pensiones será en base a un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad. Es decir, una garantía expresa que se mantendrán las AFP (en referencia las empresas que administran los fondos de jubilaciones y pensiones) y su negocio en base a los ahorros de las y los trabajadores y jubilados.

Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia.

En cuanto a Salud, se señala que la propuesta constitucional «no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores. La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada«. Se asegura así el negocio de las clínicas privadas. En la misma línea, en cuanto a Educación, se plantea que «la educación como derecho social, y en su implementación legislativa, se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada«.

Cabe destacar que en ningún caso el ejecutivo tiene un rol en la aprobación, expedición o sanción de la nueva Constitución, pero sí cuenta con todo el aparataje como para influir en la decisión popular. Y pareciera ser que cedió a las presiones de la derecha pinochetista confabulada con los Amarillos por Chile, que encabeza Cristián Warnken.

Hugo Murialdo señala en El Clarín que Boric, en su contradicción vital, se debate entre asumir los consejos de su gurú, el expresidente Ricardo Lagos, la derecha histórica; los que se autodefinen como “centroizquierda por el rechazo”; el conglomerado que lo apoya  o lo que dicta el Departamento de Estado estadounidense. Entre sus tribulaciones, añade, jamás podrá estar, aunque sea tangencialmente, la verdadera izquierda.

La presidenta del otrora poderoso Partido Socialista, Paulina Vodánovich es autora de una gran fantochada: “Yo le pediría al alcalde Jadue, recordando al Rey de España, que se quede callado, que nos deje seguir trabajando democráticamente, porque esta discusión está zanjada”. No se le ocurrió nada más democrático que citar a un rey -¿democrático?- muy corrupto, franquista y prepotente que se libró de que el presidente venezolano Hugo Chávez le contestara, debido a que no le escuchó su bravata.

* Periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

 

Fuente: https://estrategia.la/

 

 

 

 

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