✵ Brasil. ¿Cuál es el desafío mayor que le espera a Lula da Silva?
✵ Uruguay Verdades que rompen los ojos – por Hoenir Sarthou
✵ Economía / El negocio del miedo: la mano invisible del mercado
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Brasil. ¿Cuál es el desafío mayor que le espera a Lula da Silva?
El mayor reto que tiene Luis Inácio Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil es lidiar con la crisis política, económica, y social heredada de Bolsonaro.
Esta semana, la cadena HispanTV ha preguntado a los usuarios de su página web qué opinan respecto a los retos que enfrentará el presidente electo de Brasil tras su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ante el ahora presidente saliente, Jair Bolsonaro.
Para la mayoría de los encuestados (66,1 %), el asunto más importante que enfrentará el nuevo gobierno de cambio, liderado por Lula, es lidiar con la crisis política, económica y social heredada del gobierno del mandatario saliente, el ultraderechista Jair Bolsonaro.
Por otro lado, el 24,4 % de los encuestados indica que enfrentar a un legislativo en contra es el desafío principal que tiene por delante el izquierdista Lula.
Mientras tanto, el 9,5 % considera que revertir los proyectos de extracción aprobados por Bolsonaro supone el tema más relevante que tendrá que solucionar el nuevo mandatario brasileño.
Alrededor de 156,4 millones de brasileños fueron convocados el 30 de octubre a las urnas para elegir al presidente del país, en una jornada electoral que para muchos era la más crucial desde el fin de la dictadura militar en 1985. Lula, dos veces presidente y líder del Partido de los Trabajadores (PT), ganó el duelo con el 50,9 % de los votos frente al 49,1 % conseguido por el líder ultraderechista.
Brasil. Fuga del país, prisión o aislamiento político: ¿qué le depara el futuro a Jair Bolsonaro?
Por Igor Carvalho, Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano, noviembre 2022.
Analistas consideran caótico el escenario para el exmilitar que deja el poder el 1 de enero, tras fracaso en las urnas
Atrapado en las sombras del Palacio del Planalto, de donde prácticamente no ha salido desde que se confirmó su derrota ante Luiz Inácio Lula da Silva (PT) el pasado domingo (30), Jair Bolsonaro (PL) vive sus últimas semanas como presidente de la República y ya ha negociado su futuro.
En el horizonte cercano, el candidato derrotado se mantiene como miembro del PL y negocia para ser consultor del partido, con un salario esperado y algunos beneficios. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2023, sin el escudo de mandato, deberá enfrentar la adversidad , según explicó Iván Fernandes, politólogo y profesor de Políticas Públicas de la Universidad Federal del ABC (UFABC).
«Es probable que Bolsonaro termine aislado, desde el punto de vista político. Porque los otros líderes de la derecha pueden acercarse a Lula o pueden intentar la presidencia en 2026. Entonces, tendremos otra gran pregunta, que es qué pasa a partir de un punto de vista legal. con Jair Bolsonaro. Todos los errores cometidos durante su gobierno, principalmente durante la pandemia, protegidos por el secretismo que Lula debe derribar”, explica Fernandes.
Es probable que a fin de año viaje Jair Bolsonaro para no entregar la banda presidencial a Lula durante la ceremonia que tendrá lugar el 1 de enero de 2023, misión que deberá cumplir el vicepresidente Hamilton Mourão. Para la politóloga Rosemary Segurado, es posible que el actual presidente no regrese a Brasil.
“Bolsonaro ya dijo que solo dejaría la presidencia si lo mataban. Todavía está vivo, pero fue derrotado en las urnas. Hace un tiempo, hizo un viaje a Arabia Saudita que generó muchas dudas sobre el contenido. de la visita. si la posibilidad de que viva allí. La cantidad de delitos que puede ser juzgado, puede salir del país y tener una solicitud de repatriación, no es una salida tan simple. En Arabia, estaría más tranquilo , ya que no tenemos una repatriación con ellos”, argumenta.
Politólogo, Licenciado en Ciencias Sociales por la PUC-SP y doctorado por la Unicamp, Rudá Ricci también cree que la justicia le pisará los talones a Bolsonaro, pero que esa persecución no será alimentada por el PT.
“Dudo que Lula vaya tras Bolsonaro. Al contrario, su discurso de victoria fue muy claro. Este es el discurso oficial y debe haber estado de acuerdo con la amplia alianza que lo eligió, que pasa por Alckmin, Tebet y Marina. habla de dejar las armas, para no atacar a Bolsonaro. Lula intentará hacer un gobierno de reemplazo nacional. El primer semestre es fundamental para que él genere esa calma”.
A Brasil de Fato , Juliano Medeiros, presidente nacional del PSOL, dijo que el partido tendrá en su norte la detención de Jair Bolsonaro, por los ilícitos que cometió durante su mandato en la presidencia de la República. «Lucharemos para que él y sus aliados paguen por sus crímenes. Brasil no puede repetir el error de otorgar una amnistía amplia y sin restricciones a asesinos y corruptos».
cultura de la ilegalidad
Pedro Serrano, jurista y especialista en Derecho Constitucional, cree que Bolsonaro tendrá que responder ante la justicia por sus crímenes y dice tener miedo, porque entre los progresistas se crea una «cultura de la ilegalidad, basada en razonamientos estratégicos».
La jurista recuerda los episodios que involucraron a la diputada federal Carla Zambelli (PL-SP) , una bolsonarista de primera línea, que sacó su arma en el centro de São Paulo , en plena calle, contra un periodista lulalista.
Días antes, el exdiputado federal Roberto Jefferson (PTB), también aliado de Bolsonaro, tiró y tiró una granada a agentes de la Policía Federal y tras un día completo de negociación fue detenido, pero ni siquiera esposado.
El 30 de octubre, durante la segunda vuelta de la votación, agentes de la Policía Federal de Carreteras (PRF) bloquearon carreteras en el noreste con barricadas, interrumpiendo el movimiento de los votantes. La región es mayoritariamente lula: el PT ganó el 70% de los votos del Nordeste, contra solo el 30% de Bolsonaro.
Todos estos episodios, según Serrano, no recibieron el debido tratamiento por parte de los tribunales . “Nosotros, como ganó Lula, estamos dejando pasar este tipo de delitos. Cuando Lula esté en el gobierno no será fácil, habrá ataques continuos a la democracia, estamos tratando con la extrema derecha, no es una derecha civilizada y racional «La forma de enfrentar estos ataques será a través de la aplicación rigurosa de la ley, no podemos permitir que se cree una cultura de razonamiento estratégico en la aplicación de la ley. La aplicación de la ley no puede pasar por una lucha de poder. Nosotros, en la izquierda, tiene que ser la primera en defender la aplicación de la ley. Eso no tiene nada que ver con la venganza, claro que no puede y no vamos a usar cargos públicos para vengarnos”, concluye el jurista.
Ricci considera que el actual presidente, aunque sea alcanzado por la Justicia, no retrocederá. “La única salida de Bolsonaro y su núcleo central es subir. Con eso, asustar al Poder Judicial. Si retrocede, el Poder Judicial subirá al Bolsonaro y a los militares involucrados en el fraude. La única oportunidad de Bolsonaro es mantener la ofensiva y No tengo ninguna duda de que mantendrá ese tono».
Otro problema para Bolsonaro, en un horizonte más amplio, podría ser la disputa dentro de la derecha por la sucesión de Lula en 2026, según Fernandes. “Creó futuros líderes de derecha. Tarcísio en São Paulo, Zema, que tenía menos apoyo, el mismo Moro y Castro en Río de Janeiro. Estos son líderes que pueden querer heredar el capital político de Bolsonaro, dejando a Bolsonaro en manos de los líderes que en algún momento puede convertirse en el rostro de una derecha menos radical, como viene diciendo la crónica política, ‘una derecha que come con cuchillo y tenedor’».
Montaje: Nicolau Soares
Uruguay – Verdades que rompen los ojos – Por Hoenir Sarthou
Con las verdades pasa algo muy particular. No importa quién las diga, lo importante es que sean dichas. Porque la verdad tiene peso propio, y, por el solo hecho de ser dicha, produce un efecto saneador.
El lunes pasado, Cabildo Abierto anunció que promovería un proyecto de ley por el cual se impondría la previa aprobación del Senado para la firma, por parte del Estado, de contratos cuyo cumplimiento se extienda en el tiempo más allá del período de gobierno en el que fueron firmados.
Estrictamente, el problema y la solución no son demasiado novedosos. Porque el artículo 216 de la Constitución ya prohíbe a los gobiernos dictar disposiciones presupuestales que excedan a su período de ejercicio. Así como el numeral 7 del artículo 85 impone la aprobación por la Asamblea General de las “los tratados… convenciones o contratos de cualquier naturaleza que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras”.
Sin embargo, como se sabe, “hecha la ley, hecha la trampa”. Ignorando o burlando el espíritu de esas normas, y aprovechando un vacío que deja el texto constitucional, en el que se omitió mencionar a los contratos que se firmen con empresas, los sucesivos gobiernos han optado por suscribir cualquier tipo de contrato con empresas transnacionales, obligando al país por décadas sin pasar por ningún control, ni parlamentario ni de ningún otro tipo.
Basta pensar en los contratos de UPM2, de Katoen Natie, o de Pfizer, negociados en secreto y firmados sin control de nadie, para advertir que se tomaron decisiones de consecuencias muy serias y prolongadas con el completo desconocimiento real de la población y el desconocimiento, al menos formal, del Parlamento.
La mala fe de esas maniobras es obvia. Si el Poder Ejecutivo no puede disponer gastos para más allá de su período de gobierno, y si necesita autorización del Parlamento para celebrar tratados, convenciones o contratos con “potencias extranjeras”, ¿a quién se le ocurre que, por medio de un contrato con una empresa privada, puede contraer muy serias obligaciones en nombre del país por cincuenta o sesenta años, y que puede hacerlo sin ni siquiera informar al Parlamento?
La solución que ahora propone Cabildo Abierto tiene una inspiración similar a la de la Reforma constitucional Uruguay Soberano, para la que se están juntando firmas con la finalidad de someterla a plebiscito en 2024.
Las dos propuestas parten de un hecho contundente, hasta ahora obviado por la casi totalidad del sistema político: los gobernantes están abusando de ese vacío constitucional para obligar al país “de facto”, comprometiéndolo por décadas, sin ningún control de legalidad o de conveniencia.
Las dos propuestas no son idénticas. La de Cabildo Abierto impone una suerte de “venia” dada por el Senado. Esa venia no es una ley, ya que una ley requeriría la aprobación de las dos Cámaras. Por ello, no se habilitaría el recurso de referéndum, ni tampoco la acción judicial de inconstitucionalidad de las leyes. De modo que, desde el punto de vista práctico, bastaría que el Poder Ejecutivo tuviese mayoría simple en el Senado para que pudiera seguir firmando cualquier contrato. Tampoco se establece ningún limite a los contenidos de los contratos, por lo que podría seguir estableciéndose el sometimiento a jurisdicción extranjera y otorgándose a las empresas estabilidad jurídica, es decir la garantía de que nuevas leyes no afectarán sus beneficios.
La reforma Uruguay Soberano, en cambio, exige la aprobación por ley, con mayoría especial de las dos Cámaras, para los contratos que tengan alguna de estas tres características: A) obliguen al país más allá del período de gobierno en curso; B) sometan al país a jurisdicción extranjera; C) concedan a la empresa estabilidad jurídica.
Obviamente, al exigirse la aprobación por ley de esos contratos, si el Parlamento aprobara un contrato inconstitucional o inconveniente, quedarían habilitados el recurso de referéndum y la acción de inconstitucionalidad de las leyes, lo que implica establecer el control popular, y eventualmente el control judicial, para los contratos que afecten seriamente a la soberanía o a los intereses del país.
La última diferencia significativa es que la propuesta de Cabildo consistiría en una ley, modificable o derogable por otra ley futura. En tanto que una reforma constitucional se impone por el voto del cuerpo electoral y no puede ser modificada por el Parlamento.
Sin embargo, el objeto de esta nota no es detallar las diferencias entre las dos soluciones, sino marcar un par de coincidencias realmente importantes entre ellas.
La primera es que las dos dan cuenta de un problema serio que tiene nuestro sistema institucional. Sencillamente, en un régimen democrático, no es posible que los gobernantes puedan atar al país con obligaciones enormes, que comprometen sus recursos por más de medio siglo, sin control de nadie.
La otra coincidencia importantísima es que cualquiera de las dos soluciones hace prácticamente imposible la negociación y firma de contratos en secreto. Ya sea que requieran aprobación del Senado, o de las dos Cámaras por medio de una ley formal, el contenido de lo que quiera firmar el Poder Ejecutivo tendrá que hacerse público.
Termine como termine este asunto, lo bueno es que se ponga sobre la mesa que los poderes monárquicos que se arrogan los sucesivos Poderes Ejecutivos (sean del partido que sean), y el secreto en que pretenden negociar los contratos, no son compatibles con el Estado de derecho ni con la vida democrática.
Bienvenidas todas las voces que pongan en evidencia estas dos verdades que rompen los ojos.
Fuente: http://semanariovoces.com/
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Sólo por considerar lo ocurrido en Estados Unidos después del 11 de septiembre podemos ver que ningún grupo terrorista islámico puso nunca la existencia de este país en peligro, pero en nombre de “la seguridad nacional” se exterminaron derechos de los mismos ciudadanos estadounidenses a la privacidad de su información y se desató una tormenta de censuras y autocensuras en los medios, para no hablar de la escandalosa e impune violación sistemática de los derechos humanos de millones de personas alrededor del mundo.
Poco después de la destrucción nuclear de Hiroshima y Nagasaki, el presidente Truman declaró a la prensa: “Le damos gracias a Dios porque esto haya llegado a nosotros antes que a nuestros enemigos, y rezamos para que Él nos pueda guiar para usarlo según Su forma y Sus propósitos”. Literalmente alguien (Dios, para una mente fanática) puso las bombas atómicas en sus manos, ya que el presidente Truman no supo del Proyecto Manhattan hasta después de la muerte del presidente Roosevelt, unos meses antes, en 1945.
Con frecuencia las agencias secretas saben más que los presidentes que, desde el punto de vista de quienes no deben rendir cuentas al pueblo, son flores de un día. Los presidentes pasan, las agencias secretas permanecen. Esta tradición de espionaje y de ejecución de políticas propias (siempre “por una buena causa”) sufrió un intento de supervisión por parte de comisiones especiales del parlamento, luego de las revelaciones de la comisión Church en 1975, pero nunca fue muy efectiva ni sistemática. Los mismos integrantes de la Comisión de Seguridad del parlamento de Estados Unidos son fanáticos defensores de las intervenciones ilegales en otros países, como el senador de Florida Marco Rubio, o, cuando no lo son, reciben una cuota limitada y fraccionada de información clasificada. “Somos como honguitos” se quejó uno de los miembros de la Comisión Selecta del Senado sobre Inteligencia, Norman Mineta, en los 80s. “Ellos [la CIA] nos dejan en la oscuridad y nos alimentan con un montón de bosta”.
Según la profesora y miembro del directorio de la poderosa contratista militar Kratos, Amy Zegart, “la protección de la información de las fuentes y de los métodos es para la seguridad nacional de Estados Unidos; ninguna democracia puede ser totalmente trasparente”. Cien páginas más adelante, en su libro Spies, Lies, and Algorithms (2022), reconoce: “el trabajo de los espías y de los soldados se ha vuelto indistinguible en muchas formas; los ataques de drones son planeados y ejecutados en conjunto tanto por la CIA como por el Pentágono, a veces juntos y a veces cada cual por su parte”. Según el profesor de la Universidad de Texas, Bobby Chesney, “los ataques con drones de la CIA se realizan bajo la autoridad de acción encubierta del Título 50, lo que significa que las operaciones no deben ser reconocidas ni informadas”.
Claro, tampoco los ciudadanos publican las claves de acceso a sus cuentas de banco, pero ese derecho al “secreto” desaparece cuando el secreto esconde actividades ilegales. La vieja excusa de la “seguridad nacional” radica en la elasticidad semántica del término. Sólo por considerar lo ocurrido en Estados Unidos después de 9/11, podemos ver que ningún grupo terrorista islámico puso nunca la existencia de este país en peligro, como puede serlo una verdadera guerra, pero en nombre de “la seguridad nacional” se exterminaron derechos de los mismos ciudadanos estadounidenses a la privacidad de su información y se desató una tormenta de censuras y autocensuras en los medios, para no hablar de la escandalosa e impune violación sistemática de los derechos humanos de miles y millones de personas alrededor del mundo. John Mueller, profesor de la Universidad Estatal de Ohio lo puso de forma didáctica: “el número de personas que cada año son asesinadas por terroristas musulmanes en todo el mundo es, más o menos (…) la misma cantidad de personas que mueren ahogadas en la bañera”.
Pese a todo, y no por casualidad, el presupuesto de Washington invertido en “seguridad nacional” desde los misteriosos atentados del 11 de septiembre se ha incrementado tanto como toda la economía de Brasil o de cualquier país europeo. Prácticamente nada de esas fortunas hicieron a los ciudadanos estadounidenses más seguros sino más paranoicos y menos libres. En el proceso, unas pocas corporaciones multiplicaron sus fortunas.
La misma existencia de estas super poderosas agencias fue varias veces cuestionada, con resultados trágicos. La primera vez fue cuando fracasó la invasión a Cuba en 1961. El presidente John Kennedy había heredado este plan de la CIA que debía repetir el éxito del golpe de Estado en Guatemala siete años antes. El plan contaba con que la población cubana se iba a unir a los invasores luego de una campaña de propaganda mediática. Pero Ernesto Che Guevara había estado en Guatemala cuando se puso en práctica esta estrategia y, una vez la Revolución cubana expulsó al títere de Washington, Fulgencio Batista, Guevara afirmó: “Cuba no será otra Guatemala”. Se refería al control nacional de la prensa para evitar la inoculación de la CIA en un nuevo sabotaje social. Ocurrió que Guevara estaba en lo cierto y la nueva invasión planeada por la CIA fracasó debido a que los cubanos se pusieron del otro lado. Furioso por el fiasco, Kennedy amenazó con disolver la CIA, despidió a su poderoso director, Allen Dulles y le informó a su vicepresidente, Lyndon Johnson, que no contaría con él para la reelección… Unos meses después fue asesinado en Dallas. El agente cubano de la CIA Antonio Veciana asegurará, en su libro Trained to Kill (2017), que había visto al asesino Lee Oswald unas semanas antes en Texas, hablando con su jefe, David Atlee Phillips.
Un nuevo intento de disolución de la CIA llegó poco después de la Guerra Fría, en 1990. El ex agente de la Agencia y autor de varios libros sobre política internacional, William G. Hyland, en 1991 afirmó que “nunca antes Estados Unidos había estado menos amenazado como ahora”. El teniente General y ex jefe de la NSA, William Odom y el senador Daniel Patrick Moynihan directamente recomendaron abolir la CIA. El New York Times informó: “Sin la amenaza soviética, ¿por qué no abolir la CIA y dejar que el Departamento de Estado se haga cargo? La CIA es el producto por excelencia de la guerra fría y, ahora que la guerra ha terminado, la agencia pertenece al pasado”. En 1991, Moynihan presentó un proyecto de ley para abolir la Agencia. La misma CIA publicó un documento, ahora desclasificado, mencionando los repetidos fracasos de la agencia, incluido su incapacidad para ver los problemas económicos de la Unión Soviética y mucho menos su posterior colapso. Claro que lo más probable es que estos “fracasos” como el que llevó a la Guerra en Irak “basado en información de inteligencia incorrecta” se deban a otra tradición entre los mismos agentes, jefes y funcionarios de estos poderosos agencias secretas: su tendencia a exagerar las amenazas ficticias y no ver (o ver tarde) las amenazas reales, como el ataque a las Torres Gemelas. La idea es alimentar la idea de que son indispensables para la seguridad nacional. Es decir, todo aquello que mantenga y amplifique el estado de paranoia de la población.
Nadie puede abolir agencias que son más poderosas que cualquier congreso y hasta que cualquier gobierno. Menos cuando son la mano invisible de las grandes corporaciones. Como el mismo presidente de la Comisión Permanente sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes Lee Hamilton confirmó en 2007, citando al comic The wizard of ID, “Todos tenemos que vivir según la regla de oro: es decir, quien controla el oro hace las reglas”.
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